¿Un nuevo ciclo de luchas populares?
Las grandes manifestaciones populares de protesta en Brasil demolieron en
la práctica una premisa cultivada por la derecha, y asumida también por
diversas formaciones de izquierda -comenzando por el PT y siguiendo por sus
aliados: si se garantizaba “pan y circo” el pueblo –desorganizado,
despolitizado, decepcionado por diez años de gobierno petista- aceptaría
mansamente que la alianza entre las viejas y las nuevas oligarquías prosiguieran
gobernando sin mayores sobresaltos. La continuidad y eficacia del programa
“Bolsa Familia” aseguraba el pan, y la Copa del Mundo y su preludio, la Copa
Confederación, y luego los Juegos Olímpicos, aportarían el circo necesario
para consolidar la pasividad política de los brasileños. Esta visión, no sólo
equivocada sino profundamente reaccionaria (y casi siempre racista) quedó
hecha añicos en estos días, lo que revela la corta memoria histórica y el
peligroso autismo de la clase dominante y sus representantes políticos a
quienes se les olvidó que el pueblo brasileño supo ser protagonista de
grandes jornadas de lucha y que sus períodos de quietismo y pasividad
alternaron con episodios de súbita movilización que rebasaron los estrechos
marcos oligárquicos de un estado apenas superficialmente democrático. Basta
recordar las multitudinarias movilizaciones populares que impusieron la
elección directa del presidente a comienzos de los años ochentas; las que
precipitaron la renuncia de Fernando Collor de Melo en 1992 y la ola
ascendente de luchas populares que hicieron posible el triunfo de Lula en el
2002. El quietismo posterior, fomentado por un gobierno que optó por gobernar
con y para los ricos y poderosos, creo la errónea impresión de que la expansión
del consumo de un amplio estrato del universo popular era suficiente para
garantizar indefinidamente el consenso social. Una pésima sociología se
combinó con la traidora arrogancia de una tecnocracia estatal que al embotar
la memoria hizo que los acontecimientos de esta semana fueran tan sorpresivos
como un rayo en un día de cielos despejados.La sorpresa enmudeció a una
dirigencia política de discurso fácil y efectista, que no podía comprender -y
mucho menos contener- el tsunami político que irrumpía nada menos que en
medio de los fastos futboleros de la Copa Confederación. Fue notable la
lentitud de la respuesta gubernamental, desde las intendencias municipales
hasta los gobiernos estaduales y el propio gobierno federal.
Opinólogos y analistas adscriptos al gobierno insisten ahora en colocar
bajo la lupa estas manifestaciones, señalando su carácter caótico, su falta
de liderazgo, la ausencia de un proyecto político de recambio. Sería mejor
que en lugar de exaltar las virtudes de un fantasioso “posneoliberalismo” de
Brasilia y de pensar que lo ocurrido tiene que ver con la falta de políticas
gubernamentales hacia un nuevo actor social, la juventud, dirigieran su
mirada hacia los déficits de la gestión gubernativa del PT y sus aliados en
un amplio abanico de temas cruciales para el bienestar de la ciudadanía.
Plantear que las protestas fueron causadas por el aumento de 20 centavos de
real en el transporte público de Sao Paulo es lo mismo que, salvando las
distancias, afirmar que la Revolución Francesa se produjo porque, como es
sabido, algunas panaderías de la zona de la Bastilla habían aumentado en unos
pocos centavos el precio del pan. Confunden estos propagandistas el detonante
de la rebelión popular con las causas profundas que la provocan, que dicen
relación con la enorme deuda social de la democracia brasileña, apenas
atenuada en los últimos años del gobierno Lula. El disparador, el aumento en
el precio del boleto del transporte urbano, tuvo eficacia porque según
algunos cálculos para un trabajador que gana apenas el salario mínimo en Sao
Paulo el costo diario de la transportación para concurrir a su trabajo
equivale a poco más de la cuarta parte de sus ingresos. Pero esto sólo pudo
desencadenar la oleada de protestas porque se combinaba con la pésima situación
de los servicios de salud pública; el sesgo clasista y racista del acceso a
la educación; la corrupción gubernamental (un indicador: la presidenta Dilma
Rousseff ha echado a varios ministros por esta causa), la ferocidad represiva
impropia de un estado que se reclama como democrático y la arrogancia
tecnocrática de los gobernantes, en todos sus niveles, ante las demandas populares que son desoídas sistemáticamente:
caso de la reforma de la previsión social, o de la paralizada Reforma Agraria
o los reclamos de los pueblos originarios ante la construcciones de grandes
represas en la Amazonía. Con estas asignaturas pendientes, hablar de
“posneoliberalismo” revela, en el mejor de los casos, indolencia del espíritu
crítico; en el peor, una deplorable sumisión incondicional al discurso
oficial.
A la explosiva combinación señalada más arriba hay que sumar el creciente
abismo que separa al común de la ciudadanía de la partidocracia gobernante,
incesante tejedora de toda suerte de inescrupulosas alianzas y
transformismos, que burlan la voluntad del electorado sacrificando
identidades partidarias y adscripciones ideológicas. No por casualidad todas
las manifestaciones expresaban su repudio a los partidos políticos. Un
indicador del costo fenomenal de esa partidocracia –que resta recursos al
erario público que podrían destinarse a la inversión social- está dado por lo
que en Brasil se denomina el Fondo Partidario, que financia el mantenimiento
de una maquinaria meramente electoralista y que nada tiene que ver con ese
“príncipe colectivo”, sintetizador de la voluntad nacional-popular del que
hablara Antonio Gramsci. Un solo dato será suficiente: a pesar de que la población
exige infructuosamente mayores presupuestos para mejorar los servicios
básicos que hacen a la calidad de la democracia, el mencionado fondo pasó de
distribuir 729.000 reales en 1994 a la friolera de 350.000.000 de reales en
el 2012, y está por acrecentarse aún más en el curso de este año. Esa enorme
cifra habla con elocuencia del hiato que separa representantes de
representados: ni los salarios reales ni la inversión social en salud,
educación, vivienda y transporte tuvieron la prodigiosa progresión
experimentada por una casta política completamente apartada de su pueblo y
que no vive para la política sino que vive, y muy bien, de la política, a
costa de su propio pueblo.
¿Eso es todo? No, hay algo más que provocó la furia ciudadana. El
exorbitante costo en que incurrió Brasilia a cuenta de una absurda “política
de prestigio” encaminada a convertir al Brasil en un “jugador global” en la
política internacional. La Copa del Mundo de la FIFA y los Juegos Olímpicos
exigirán enormes desembolsos que podrían haber sido utilizados más
provechosamente en solucionar añejos problemas que afectan a las clases
populares. Hubiera sido bueno que se recordara que México no sólo organizó
una sino dos Copas del Mundo en 1970 y 1986, y los Juegos Olímpicos de 1968.
Ninguno de estos grandes fastos convirtió a México en un jugador global de la
política mundial: pero aún, sirvieron para ocultar los problemas reales que
irrumpirían con fuerza en la década de los noventas y que perduran hasta el
día de hoy. Según la ley aprobada por el congreso brasileño la Copa del Mundo
dispone de un presupuesto inicial de 13.600 millones de dólares, que
seguramente aumentará a medida que se acerque la inauguración del evento, y
se estima que los Juegos Olímpicos demandarán una cifra aún mayor. Conviene
aquí recordar una sentencia de Adam Smith, cuando decía que “lo que es
imprudencia y locura en el manejo de las finanzas familiares no puede ser
responsabilidad y sensatez en el manejo de las finanzas del reino.” Quien en
su hogar no dispone de ingresos suficientes que garanticen la salud, la
educación y una adecuada vivienda para su familia no puede ser elogiado
cuando gasta lo que no tiene en una costosísima fiesta.
La dimensión de este despropósito queda graficado, como observa con
perspicacia el sociólogo y economista brasileño Carlos Eduardo Martins,
cuando compara el costo del programa “Bolsa Familia”, 20.000 millones de
reales, con el que devoran los intereses de la deuda pública: 240.000
millones de reales. Es decir, que en un año los tiburones financieros de
Brasil y del exterior, niños mimados del gobierno, reciben como compensación
a sus tramposos préstamos el equivalente doce planes “Bolsa Familia” por año.
Según un estudio de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, en el año 2012 el desembolso
por concepto de intereses y amortizaciones de la deuda pública insumió el
47.19 por ciento del presupuesto nacional; por contraposición, se le dedicó a
la salud pública el 3.98 por ciento, a la educación el 3.18 por ciento y a l
transporte el 1.21 por ciento. Con esto no se quiere disminuir la importancia
del programa “Bolsa Familia” sino de resaltar la escandalosa gravitación de
la sangría originada por una deuda pública-ilegítima hasta la médula- que ha
hecho de los banqueros y especuladores financieros los principales
beneficiarios de la democracia brasileña o, más precisamente, de la
plutocracia reinante en el Brasil. Por eso tiene razón Martins cuando observa
que la dimensión de la crisis exige algo más que reuniones de gabinete y
conversaciones con algunos líderes de los movimientos sociales organizados.
Propone, en cambio, la realización de un plebiscito para una reforma
constitucional que recorte los poderes de la partidocracia y empodere de
verdad a la ciudadanía; o para derogar la ley de auto-amnistía de la
dictadura; o para realizar una auditoría integral sobre la turbia génesis de
la escandalosa deuda pública (como hizo Rafael Correa en el Ecuador). Agrega
también que no basta con decir que el 100 por ciento de los royalties que
origine la explotación del enorme yacimiento petrolero del Pre-Sal serán
dedicados, como lo declaró Rousseff, a la educación, en la medida en que no
se diga cuál será la proporción que el estado captará de las empresas
petroleras. En Venezuela y Ecuador el estado retiene por concepto de
royalties entre el 80 y el 85 por ciento de lo producido en boca de pozo. ¿Y
en Brasil quién fijará ese porcentaje? ¿El mercado? ¿Por qué no establecerlo
mediante una democrática consulta popular?
Como puede colegirse de todo lo
anterior, es imposible reducir la causa de la protesta popular en Brasil a
una eclosión juvenil. Es prematuro prever cual será el futuro de estas
manifestaciones, pero de algo estamos seguros. El “¡Que se vayan todos!” de
la Argentina del 2001-2002 no pudo constituirse como una alternativa de
poder, pero por lo menos señaló los límites que ningún gobierno podría volver
a traspasar so pena de ser derrocado por una nueva insurgencia popular. Más
aún, las grandes movilizaciones populares en Bolivia y Ecuador demostraron
que sus flaquezas y su inorganicidad -como las que hoy hay en Brasil- no le
impidieron tumbar a gobernantes que sólo solo lo hacían a favor de los ricos.
Las masas que salieron a la calle en más de cien ciudades brasileñas pueden
tal vez no saber adónde van, pero en su marcha pueden acabar con un gobierno
que claramente eligió ponerse al servicio del capital. Brasilia haría muy
bien en mirar lo ocurrido en los países vecinos y tomar nota de esta lección
que presagia crecientes niveles de ingobernabilidad si persiste en su alianza
con la derecha, con los monopolios, con el agronegocios, con el capital
financiero, con los especuladores que desangran al presupuesto público de
Brasil. La única salida a todo esto es por la izquierda, potenciando no en el
discurso sino con hechos concretos, el protagonismo popular y adoptando
políticas coherentes con el nuevo sistema de alianzas. No sería exagerado
pronosticar que un nuevo ciclo de ascenso de las luchas populares estaría
dando comienzo en el gigante sudamericano. Si así fuera lo más probable sería
una reorientación de la política brasileña, lo cual sería una muy buena
noticia para la causa de la emancipación de Brasil y de toda Nuestra América.
* Una versión resumida de esta nota salió publicada en la edición
dominical de Página/12, del 23 de Junio del corriente año.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una
licencia de Creative Commons,
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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Monday, June 24, 2013
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