Monday, April 16, 2012

La "Marca España" es la "Marca Repsol" (y viceversa)

Ver como pdf 16-04-2012





Los rumores de una nacionalización de la filial argentina de Repsol por parte del gobierno de Cristina Kirchner ha generado reacciones que ayudan a entender el mundo en que vivimos. Sobre las andanzas de Repsol en Argentina y en otros países, no es necesario extenderse ahora: hay libros y artículos bien documentados que pueden encontrarse, por ejemplo, en la web del Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), www.omal.info. Sí hay que destacar dos aspectos: el primero, y principal, la constitución de una especie de Troika a los pies de Repsol, integrada por el gobierno del PP, el PSOE (ya se sabe, consensos de Estado ) y la Comisión Europea, amenazando al unísono al gobierno argentino si no se pliega a los intereses de la multinacional, despreciando absolutamente el derecho del Parlamento argentino a legislar lo que considere conveniente sobre una empresa que hace negocios, espléndidos negocios desde hace años, en su territorio.

El segundo, que es en realidad un aspecto concreto del primero, es una clarificación del significado real de la “Marca España”, gran objetivo propagandístico de la política exterior española, que al parecer será presentado en sociedad en los próximos días. La envoltura del asunto, el “relato” dicho en términos de moda, es que toda actividad con un proyección exterior (embajadas, cultura, cooperación al desarrollo,…) tienen que actuar al unísono a favor y bajo el palio común de la “Marca España”. Bueno pues, ahora se confirma que la “Marca España” es la “Marca Repsol” , y mañana será de Telefónica, Endesa, Prisa, Santander o quien lo necesite entre las transnacionales consideradas “españolas”. Recordando a Naomi Klein, hay que responder a esta milonga de las marcas con un claro y fuerte: “¡No logo!”

En los años 50, el presidente Eisenhower nombró secretario de Defensa al presidente de General Motors, entonces la empresa más potente -en la fabricación de armas, entre otros negocios- y símbolo del capitalismo norteamericano. El personaje rechazó cualquier posible conflicto de intereses entre sus nuevas responsabilidades políticas y las empresariales con una frase que se hizo célebre y que cito de memoria: “Lo que es bueno para los EE UU es bueno para General Motors, y viceversa”. Lo fundamental de la frase es el “viceversa”, que indica quien manda.

Ahora el coro de Sáenz de Santamaría, Margallo, Valenciano, el portavoz de la Comisión Europea y el resto de la tropa vienen a decir que: “Lo que es bueno para España es bueno para Repsol…” , y sobre todo, “viceversa”. Hay que rechazar este colonialismo patriotero, sin matiz alguno (¿a cuento de qué viene que Llamazares pida a Repsol que convenza (sic) “a los gobiernos español y argentino que tiene compromisos de rentabilidad, pero también sociales" ) .

Como muy bien dice Ecologistas en Acción en el comunicado que reproducimos a continuación, la nacionalización de YPF sería una buena noticia, cualquiera que sean los motivos del gobierno argentino.

La expropiación de YPF sería una buena noticia

Ecologistas en Acción se muestra favorable a la expropiación el 50’01% de las acciones de YPF por parte del Gobierno argentino a costa del 57’46% que le pertenecen a Repsol. Este es un paso necesario en el avance hacia un mundo post-petrolero más justo.

Ecologistas en Acción considera que es imposible avanzar hacia un mundo post-petrolero mientras el control de los campos y de la actividad petrolera esté en manos de empresas privadas. De este modo, el control público que una empresa como YPF es un paso adelante.

Pero la organización ecologista es plenamente consciente de que las razones por las que el Gobierno argentino se está planteando la nacionalización no son precisamente las ambientales. A pesar de ello, la expropiación sería una buena noticia, ya que un Gobierno en un país con una democracia parlamentaria es más susceptible de avanzar hacia el desmantelamiento de empresas públicas contaminantes gracias a la presión popular, que una corporación privada que solo se rige por la ley de máximo beneficio.

Además la noticia es positiva desde una perspectiva de justicia social. Ecologistas en Acción recuerda que Repsol, una pequeña empresa petrolera entonces, pudo comprar YPF gracias, entre otras cosas, a que el Gobierno de Carlos Ménem puso en venta la otrora empresa pública a precio de saldo y en un proceso plagado de irregularidades. Durante este tiempo, los beneficios de la explotación de los recursos argentinos no se han quedado en Argentina, sino que mayoritariamente han salido fuera de sus fronteras, mientras los impactos de la extracción sí han afectado a la población local. Además, las decisiones sobre temas estratégicos para el país americano, como los energéticos, tampoco se han realizado allí. Por ello, simplemente desde esta perspectiva de justicia social, la nacionalización de YPF es una buena noticia.

Por último, Repsol no es una empresa “española”, sino que es una empresa de sus accionistas. No existe ningún control público sobre sus actividades, ni sus beneficios redundan en la ciudadanía española de forma significativa. Además el 42’00% de las acciones está en manos de fondos de inversión que no tienen su sede en España, a lo que hay que sumar el 9’48% que está en manos de Pemex. Es decir, más de un 50% de la compañía pertenece a personas o entidades radicadas en terceros países.

Para Ecologistas en Acción, la defensa de los intereses de Repsol por parte del Gobierno solo puede ser explicada por una visión colonialista de las relaciones internacionales y por la supeditación de las instituciones públicas a los intereses privados de las empresas, en este caso Repsol.

Fuente: http://www.ecologistasenaccion.org/article22936.html

LOS DAÑOS DE LAS TRANSNACIONALES EN LATINOAMÉRICA


Hedelberto López Blanch

Las compañías transnacionales con el apoyo de los gobiernos donde tienen sus sedes principales (Estados Unidos, Europa, Asia, así como el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional) han destruido durante décadas el medio ambiente, desplazado a habitantes autóctonos y conculcados los derechos humanos de las poblaciones de América Latina en su afán de obtener grandes dividendos de sus suelos.

Esa situación ha sido posible debido al control que a lo largo del siglo XX, Estados Unidos ejerció sobre los gobiernos establecidos en la región que entregaban (y algunos aún entregan) enormes territorios, otorgaban exenciones tributarias, facilitaban las explotaciones mineras, de agua, de biodiversidad, mientras se profundizaba las afectaciones al medio ambiente, a la salud de los pobladores y se desprotegía la fuerza laboral de esas regiones.

Mientras las transnacionales se llevan anualmente miles de millones de dólares, dejan detrás grandes daños a los ecosistemas de América Latina.

Desastres provocados en Ecuador y Brasil por la compañía norteamericana Chevron han llamado la atención de los países latinoamericanos y de los medios de comunicación, debido a que los dos gobiernos nacionalistas que hoy dirigen en Quito y Brasilia, han apoyado las demandas de los afectados.

El desastre ambiental en la amazonia ecuatoriana se inició en 1964 cuando la Texaco (adquirida por Chevron en 2001) empezó a buscar petróleo en la provincia de Sucumbíos junto con la compañía Gulf.

Los estudios efectuados por varios especialistas han llegado a la conclusión de que en esa región ocurrió una de las peores catástrofes ambientales en la historia de la humanidad.

La justicia ecuatoriana sancionó a Chevron a pagar 18 000 dólares por los desastres ocasionados a los pobladores y al medio ambiente pero la transnacional se niega a abonarlo y ha interpuesto varias querellas desde hace 19 años.

El Brasil, el Ministerio Público Federal (fiscalía) comenzó las actuaciones en el juicio donde se acusa a Chevron y a la perforadora Transocean de daños al patrimonio público y falsedad ideológica por el derrame de 2 400 barriles de crudo en noviembre de 2011, y de otro en marzo pasado, en la plataforma ubicada en el océano Atlántico, a 370 kilómetros de la costa de Río de Janeiro.

El Ministerio acusa a las transnacionales de crimen ambiental y daño al patrimonio público por el derrame de crudo en el Campo de Frade en la cuenca de Campos.

La compañía está haciendo numerosas gestiones jurídicas, entrega dinero y trata de comprar a quien sea para salirse del embrollo pero la presidente brasileña Dilma Rousseff ha sido directa al manifestar que "las empresas que vengan, así como las que ya se instalaron aquí, tienen que saber que los protocolos de seguridad existen para ser cumplidos”.

El siglo XX, casi en su totalidad, marcó una larga etapa para América Latina en que Estados Unidos, dueño y señor de la mayoría de la región (a la que consideraba su traspatio) imponía gobierno y políticos afines que entregaban primero a las compañías norteamericanas, y a las transnacionales después, las riquezas de sus países.

Mientras unos pocos funcionarios criollos se enriquecían por otorgarles numerosas prebendas a las compañías mineras y agrícolas extranjeras, estas con mínimas inversiones extraían (y aun extraen) los bienes de esas naciones con la consecuente destrucción del medio ambiente y el empeoramiento de las condiciones económicas y de salud de las poblaciones.

Un informe publicado en 2005 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló que "entre 1990 y 2000 se deforestaron 467 000 km2 en América Latina para destinarlos a la agroindustria, explotaciones mineras, o plantas de celulosa o hidroeléctricas entre otras, y ya en 2005 la deforestación de la Amazonia brasileña era de unos 680 000 km2

El Banco Mundial (BM) ha sido uno de los mayores propulsores de las incursiones de compañías extranjeras en Latinoamérica y de 1994 a 2004, mediante la Corporación Financiera Internacional (CFI) otorgó 900 millones de dólares para proyectos mineros en Bolivia, Brasil, Chile, México y Perú.

Algunas de las transnacionales beneficiadas han sido la Anglo American, BHP- Billiton, Barrick Gold, Mitsubishi, Mitsui, Newmont, Pan American Silver y Rio Tinto.

Son innumerables las empresas que han ocasionado daños graves en países latinoamericanos como el Grupo Anglo Gold/Anglo American que derramó en 1999 centenares de contenedores de cianuro en el río Vila Nova en Amapá Brasil. En Chile, en 2005, la compañía de celulosa Celco vertió mercurio durante más de 10 años y ocultó los hechos.

Argentina, Paraguay y Bolivia sufrieron en el pasado siglo XX la deforestación indiscriminada para propiciar la siembra de soya, maíz o algodón, por parte de las transnacionales. Por esos motivos, Argentina perdió 140 000 km2 de bosques; Paraguay 20 000 y Bolivia 15 000.

Las gigantes suizas Xstrata Plc. y Glencore, dedicadas a la explotación y comercio de minerales y materias primas han dejado un rastro apocalíptico a su paso por varios países del hemisferio sur a la par que han obtenido utilidades superiores a 14 000 millones de dólares anuales.

Xstrata en las minas de carbón de El Cerrejón, en la Guajira colombiana cometió abundantes delitos ambientales, fiscales y de violaciones de los derechos humanos. La explotación y la continua ampliación de los yacimientos deterioraron la calidad y cantidad del agua río Ranchería y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas.

En Perú, la Xstrata labora desde 2006 en la explotación de cobre en el Proyecto Tintaya. Sus acciones han contaminado los ríos Salado y Cañipia y la fiscalía del Cusco le tiene presentada una querella.

Abundantes son las demandas que se mantienen en juzgados de Colombia contra compañías extranjeras que han arruinado el medio ambiente y la vida de sus pobladores. Entre estas aparecen: Coca cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel mining corporation, Glencore-Xstrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold Ashanti, Kedhada, Smurfit Kapa.

Además, Pizano S.A. y su filial Maderas del Darién, Urapalma S.A., Monsanto, Dyncorp, Multifruit S.A. filial de la transnacional Del Monte, Occidental Petroleum Corporation, British Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Canal Isabel II, Canal de Suez, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Brisa S.A.

El daño ha sido catastrófico para Latinoamérica y de eso se han dado cuenta los nuevos gobiernos progresistas y nacionalistas que han surgido en la región, que además no están solos en las acciones de enfrentar las ambiciones de las transnacionales.

Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Nicaragua por citar algunos, están zafándose de las cadenas impuestas durante decenas de años por Estados Unidos y las transnacionales.

Cierto que a todas las naciones les hace falta la inversión de capitales para su desarrollo pero las compañías deben respetar las leyes medioambientales, el hábitat de los pobladores, pagar por posibles daños ocasionados y generar dividendos también para los países donde se instalen.

Ese es el desafío presente y futuro.

Adital - [Enviado por Sur&Sur

ACCIONES DE PROTESTA CONTRA MONSANTO EN TODO EL MUNDO


Angélica Enciso L.

El rechazo de agricultores y consumidores hacia Monsanto, la agroindustria y los alimentos transgénicos se extiende cada día en el mundo. Esa empresa ha arruinado agricultores y dañado comunidades en su afán de dominar la producción de alimentos y controlar este mercado, advierte el informe Combatiendo a Monsanto.

Estos casos se han presentado en India, Europa y América Latina, donde la empresa ha provocado campañas que demandan su expulsión, el establecimiento de prohibiciones del cultivo de sus productos y el rechazo al consumo de sus alimentos, reporta el documento elaborado por Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional y Combat Monsanto.

El área total plantada con productos genéticamente modificados abarca 3 por ciento de la tierra agrícola mundial, sobre todo en Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá. En el resto de la tierra cultivable no está autorizado su consumo. Monsanto posee 400 oficinas en 66 países y en 2011 tuvo ventas por alrededor de 11 mil millones de dólares.

Lo que se ha encontrado, indica el documento, es que el uso de estos productos destruye la diversidad de los cultivos, homogeneiza los alimentos y elimina el conocimiento y la cultura local. “De esta y de otras formas la desigualdad, la pobreza y la explotación de los recursos naturales logran prosperar en el sistema mundial de alimentos, que se centra en la generación de ganancias y no en la producción de alimentos sustentables ni en la soberanía alimentaria”.

Con testimonios y análisis, el informe indica que en India se impuso una moratoria en el cultivo de la berenjena Bt, versión modificada genéticamente de un alimento básico de ese país, y la empresa Mahyco-Monsanto fue demandada legalmente por biopiratería por la Autoridad Nacional de Biodiversidad de la India.

Después de una década de oposición en la India, en agosto de 2011 tomó fuerza el movimiento “Monsanto, deja India”, cuyo objetivo es expulsar a la empresa del país. Esto liberaría a la industria del algodón del dominio actual de esta empresa y “ayudaría a detener los suicidios de pequeños agricultores que terminaron endeudados por los costos cada vez mayores de insumos transgénicos y de agroquímicos”, agrega el documento.

La oposición a esta empresa también crece en América Latina y el Caribe. En Brasil el Movimiento de los trabajadores Sin Tierra y otras iniciativas sociales crearon una campaña permanente en contra del uso de pesticidas y promueven alternativas de soberanía alimentaria. En ese país ya se autorizó el cultivo de maíz, soya y algodón.

El congreso de Perú, en noviembre de 2011, aprobó una moratoria al cultivo y la importación de productos transgénicos con el objetivo de proteger la biodiversidad, la agricultura y la salud pública.

En Haití, alrededor de 10 mil personas, en junio de 2010, protestaron en las calles en oposición a Monsanto y en demanda de la soberanía alimentaria. Esto ocurrió por el anuncio de la empresa, en mayo de ese año, de que había enviado 60 toneladas de maíz híbrido y semillas de hortalizas, las cuales requieren grandes cantidades de pesticidas, y para esto los agricultores deben comprar los químicos a la empresa.

En Guatemala hay advertencias de que a través de las ayudas de Estados Unidos pueden entrar semillas y alimentos transgénicos. En Europa también crece la oposición a la producción de esos alimentos, y varios países tienen prohibiciones al maíz MON810 de Monsanto y a la papa Amflora de Basf.

Aunque en todos los continentes las comunidades luchan contra los transgénicos y demandan la soberanía alimentaria, hay un negocio agrícola sin precedente bajo la bandera de la economía verde que podría permitir a las agroempresas, incluida Monsanto, reafirmar y reforzar su control sobre la alimentación y la agricultura, así como facilitar la propagación de la ingeniería genética con el empeoramiento de la crisis alimentaria y climática, advierte el informe.