Thursday, April 22, 2010

RÉGIMEN DE HIGOS CHUMBOS

http://cambiaelmundodespiertate.wordpress.com/2010/04/22/regimen-de-higos-chumbos%e2%80%8f/

http://acratasnew.blogspot.com/2010/04/juramentos.html#comment-form

Artículo de Hijo de Perra


Al Régimen Global, que es el que ha organizado esta artificial macro-crisis financiera y económica a la que tratamos de sobrevivir, le interesa sobre todo provocar cuantiosas pérdidas a las personas y a las empresas, pues es la manera de imponer su presencia, de extorsionarnos, respaldados por la ignorante ciudadanía controlada por los media. La economía social ha pasado a segundo plano, porque ahora de lo que se trata es de esclavizar a la humanidad no ya mediante el crédito, sino con un hambre física de perro de afilador.

Para comprobar el desprecio de la élite financiera, económica y política por la ciudadanía, basta un ejemplo reciente: las consecuencias para los viajeros europeos —y las aerolíneas— de la nube de humo del volcán islandés
Eyjafjalla, supuestamente perjudicial para los motores de los aviones, lo cual constituye una hipótesis ridícula hasta la risotada, que sólo encuentra parangón en la anterior crisis de la gripe A(1). El caso es asustar y mantener a la gente ocupada en solucionar problemas artificialmente creados, y de menor cuantía, para que no perciba la realidad: que le están robando la libertad, el dinero y la propia vida.

A estas alturas, los lectores de Ácratas ya deben tener claro que el Régimen Global se impone inyectando miedo a la ciudadanía: desde el 11 de septiembre de 2001, estrenando el siglo, en el que "el terrorismo internacional" derribó controladamente, en un alarde de ingeniería de demoliciones, tres rascacielos en Nueva York con Thermite (bien sabéis que no fue a causa del impacto de aquellos cinematográficos aunque impotentes aviones señuelo), y mató a más de tres mil personas, el modelo implementado sigue en vigor. El Régimen Global es el único terrorista mundial de importancia —el Régimen Global es el verdadero Al-Qaeda, es su inventor, es el titiritero que maneja sus hilos y agita sus hollywoodienses imágenes barbudas y aturbantadas— y, de hecho, financia y articula todos los atentados que suceden en el mundo a través de su brazo armado, que es una élite de asesinos sacados de las cloacas del sistema, ex-agentes casi todos de la CIA y del Mossad.
http://www.youtube.com/watch?v=YeEY0GaKt8k&feature=player_embedded
El Régimen Global —y en España es más que evidente, porque es tosco, provinciano y grosero— sólo tiene el objetivo de coartar las libertades públicas individuales y colectivas. Cada vez que el régimen legisla y prohíbe algo más, al tiempo que nos resta libertad, nos hace más irresponsables. Porque, queridos niños de teta que me leéis, convertir a todos los ciudadanos en unos irresponsables es el único y verdadero objetivo sociopolítico del poder. ¿Entendéis ahora ese extravagante y atroz sistema educativo que convierte a nuestros hijos en unos idiotas hedonistas, en incultos melones sobrevalorados?

Pondré un ejemplo: Si el código de la circulación prohíbe todo lo que supone un riesgo —la lista de esas prohibiciones es más larga que la bragueta de una sotana, y las multas se cuentan por millones—, cuando alguien se mata en la carretera, debiera ser el Estado el responsable de esa muerte: Las exhaustivas prohibiciones convierten a los administrados en pollos descabezados, en insensatos descerebrados que acaban por creer que todo lo que no está prohibido puede hacerse y que todo peligro que no se advierte no existe. Hablando recto como un renglón, lo que quiere el poder es hacer de nosotros unos insensatos irreflexivos —que fungen sin embargo de culpables de los accidentes, aunque no tengan libertad ninguna para decidir casi nada, que mueren ahorcados por el cinturón de seguridad, o se lisian por falta de seguridad activa, por circular tan despacio que es imposible sortear los riesgos del tráfico (cualquier motorista sabe a qué me refiero)—. Lo que quiere el poder es vernos conducir a 80 kilómetros por hora a las dos de la madrugada, por una autopista vacía, "para evitar contaminación y accidentes". ¿Quién será el hijo de puta que permite que durante la noche la señalización limitativa se quede clavada en ese ridículo 80? ¿Cuánto le pagamos de nuestros bolsillos a ese cabestro cada mes los contribuyentes? ¿Cuándo volverá a imperar una ley justa que lo condene a trabajos forzados durante un lustro?

Ante la ola de acogotamiento prohibicionista del Régimen Global, a un hombre sólo le caben tres actitudes personales:

1. La opción práctica y desvergonzada: Aprovecharse de los demás, apuntarse al sistema y andar más contento que un maricón montado en un carro de pepinos; hacerse funcionario y pasar la "jornada laboral" rascándose la ventosa (policía, militar, administrativo); o político, financiero, empresario del pelotazo; o apuntarse a la subvención, a la ceja, al PER o a la hostia consagrada; y medrar, ganar dinero con la opresión y la injusticia experimentada en cabeza ajena.

2. La opción permisiva e irresponsable: La actitud de esa parte de la sociedad que traga más que la aduana de Andorra, que asume tranquilamente toda nueva vuelta de tuerca; o peor: que aplaude al poder ante cada nueva ley que éste caga; chusma que dice eso de que: "Es que la gente confunde libertad con libertinaje, y necesita que la sancionen para evitar que se mate". Es la actitud propia de eunucos, de esa horda de padres sin cojones que no pueden manejar a sus hijos, de gentuza que no debiera ni existir, que no son hombres libres ni han deseado serlo jamás, que no pueden ni quieren responsabilizarse de nada, y menos de educar a hombres y mujeres libres; que convertirán a sus hijos en copias de sí mismos, en cabritos cornudos, en morralla, en gente con menos sangre que la compresa de una muñeca.

3. La militante, la digna: Cada vez que una nueva ley prohíba algo absurdo(2), tener como objetivo sortear esa ley y hacer ese algo. Estamos no sólo en nuestro derecho, sino obligados como reacción ante la opresión política a la sociedad civil. Es nuestra obligación moral triturar toda ley injusta o desproporcionada hasta hacerla inoperante, dejarla obsoleta.

Esta resolución, la opción 3, significa declararse enemigo del Régimen y obrar en consecuencia. Una vez localizada la raíz del mal, no hay más remedio que arrancarla de cuajo. Sí, pero ¿cómo? Sabed que el principal daño, el más grande perjuicio que se le puede causar al Régimen Global es retirarle el sustento económico. Aparte de no colaborar con él de ningún otro modo —La Boétie, 1560—, no debemos contribuir con nuestro dinero a un Régimen tiránico, opresor, para que viole nuestros derechos usándolo contra nosotros.

A nivel personal, debéis interiorizar —grabároslo en el pecho del revés, para que lo veáis todos los días al miraros al espejo— el siquiente discurso:

1. No queremos a ningún papá Estado unciéndonos al yugo de los bueyes mansos. En realidad, no necesitamos a un Estado como éste absolutamente para nada.

2. Mientras no exista democracia (lo actual es un paripé de poderes inseparados y corrupción desenfrenada de todos los partidos y los funcionarios) nos arrogamos el derecho a la autogestión y la acracia. Cuando tengamos un problema, no nos lo resolverá el Estado. Más bien lo empeorará, si es que no es en realidad su verdadero causante.

3. No queremos su concepto de seguridad ni sus policías armados, que no son otra cosa que funcionarios que están ahí para reprimirnos a nosotros en lugar de a los delincuentes, porque es menos peligroso joder a las personas honradas, inocentes, desarmadas e inofensivas.

4. Nos negamos a darle ni un euro a este Estado de manera voluntaria, porque:

—Sabemos que ese dinero servirá para sostener sine die el Estado de Partidos y su Administración enviciada.

—Sabemos que todo político o funcionario es incompetente, necio y corrupto. Sin excepción, cada uno de acuerdo con sus posibilidades y su nivel de inteligencia. No hay ni una sola excepción. Al menos, nunca la he conocido.

Así que, a partir de hoy:

—El Estado Cocotero sólo nos sacará el dinero por la fuerza. Pero cada euro que nos robe lo compensaremos con diez, cien, mil euros oponiéndonos al sistema. Esto, técnicamente, se denomina "objeción fiscal".

—Como no existe un trabajo honrado que implique actuar como recaudador de impuestos en la cadena del valor añadido (es una vergüenza intolerable hacernos perseguidores de nuestros conciudadanos), trabajaremos fuera del mismo siempre que podamos, aunque tengamos que irnos a vivir a Liechtenstein.

—No votaremos jamás en ninguna clase de elecciones ni referenda en este sistema político, porque es un repugnante circo para homúnculos castrados.

—Destruiremos en la medida de nuestras posibilidades y pacíficamente todo orden impuesto por el Régimen Cocotero y haremos u opinaremos libremente, aunque le joda.

—No respetaremos de corazón más leyes que las avaladas por la moral natural y por el sentido común. El resto podrán sernos impuestas, pero, al ir contra nuestra voluntad y nuestra ética, nunca lo serán de manera permanente. Y esto se denomina técnicamente
desobediencia civil(3).

—Jamás nos consideraremos superiores en derechos a nadie, pero no admitiremos que nadie ostente más derechos que nosotros. Por lo tanto, arrojaremos siempre la primera piedra(4). Y decimos, y es sólo una piedra entre mil, que una SICAV es una estafa que permite que el gran capital tribute al 1%, y juzgamos que sus beneficiarios debieran pasar unos cuantos años en la cárcel, junto a los legisladores que inventaron las SICAV y las hicieron posibles. Pero mientras sigan existiendo, también tributaremos al 1%, o al mínimo que podamos, porque es lo moralmente justo.

—Estaremos siempre a favor de la libertad política y de la jibarización del Estado, que ha de desaparecer tal y como lo conocemos: debe ser un sirviente, un lacayo de la ciudadanía, y no al contrario como ahora.

—Consideraremos que todo enemigo del Estado Cocotero es colaborador nuestro, aunque sea transitoria y circunstancialmente. Da igual si se trata del abertzalismo independentista vasco(5), el anarquismo radical, Hamas, la nación rusa, o las mismísimas Corea del Norte e Irán: en política, son nuestros aliados. Nos importa una polla que estén equivocados, porque si se enfrentan al Régimen Global o al Estado de Partidos que nos oprime a nosotros, no lo están del todo. El Estado no nos va a engañar desde los medios haciéndonos creer, por ejemplo, que 260.000 vascos son terroristas y no tienen derechos políticos; o que unos cuantos afganos desgraciados, armados con espingardas en el Hindukush, son un peligro para la Humanidad.

Así que atentos, hijos de puta, que vamos a por vosotros... ¡a meteros una ristra de higos chumbos por el mismísimo ojete del culo hasta que os arda como el tubo de escape del Challenger!; ¡hasta que os salga la mierda por la boca y pidáis bicarbonato llorando!

MALDITO HIJO DE PERRA


(1) Las aerolíneas pierden 150 millones de euros diarios con la "crisis del humo" y han caído en Bolsa de manera ostentosa. Si las restricciones no eran auténticamente imprescindibles, Eurocontrol debiera indemnizar a las empresas a las que está arruinando, así como a los viajeros que se han visto perjudicados por las cancelaciones. Eurocontrol explica que la ceniza del humo volcánico "se funde al contactar con los motores de los aviones, lo que afecta al flujo de gases de combustión y provoca la parada de las máquinas". Es algo poco creíble (la ceniza no se funde en ningún caso, ni es combustible); y menos si se tiene en cuenta que altos ejecutivos de las aerolíneas se han subido a sus respectivos aviones y han volado a través del humo tan tranquilamente para dejar claro que lo que dice Eurocontrol es una parida monumental. Si fuera algo peligroso, capaz de "detener las máquinas", y hacer que los aviones cayeran como piedras al suelo, no lo habrían hecho, evidentemente. Parece como si el Poder la tuviera tomada con las líneas aéreas desde el 11-S, cuando eligió precisamente aviones para fingir un atentado terrorista islámico. Desde entonces, el poder no ha dejado de perjudicarlas: las "medidas de seguridad" en los aeropuertos, absolutamente molestas y hasta humillantes para los viajeros (recordad los escáneres que desnudan, los cacheos y los registros), los retrasos, etc. Algo me dice que la parte de la globalización que permite la movilidad de las personas a lo largo y ancho del mundo no les apetece a los poderosos tanto como la movilidad de capitales... ¿No?

(2) Sin salirnos del ejemplo: una prohibición absurda es la de rebasar los 80 kilómetros por hora, a las dos de la madrugada por una autopista vacía, "para evitar contaminación y accidentes". Nuestra obligación moral es averiguar en Internet dónde coño están el par de radares recaudadores y, fuera de estos dos mínimos tramos, conducir a la velocidad correcta, 110 kilómetros por hora, que es la que no produce contaminación (así lo informó el colectivo de ingenieros de automoción) ni accidentes (¡porque a 80 la gente se duerme conduciendo de madrugada!) El carnet de conducir puede ser tan difícil de obtener como el Gobierno considere necesario; pero una vez conseguido, el Estado debe reconocernos la capacidad para tomar decisiones, para responsabilizarnos de la seguridad propia y de la del resto de vehículos que circulan en lo que a nosotros concierne. Como canta el anuncio de Tráfico, ningún repulsivo funcionario del Ministerio del Interior puede conducir por nosotros. Pero es que tampoco toleraremos que lo intente.

Hay otros miles de ejemplos de prohibiciones absurdas. Buscadlas y obrad en consecuencia.


(3) La desobediencia civil es una forma de disidencia política desarrollada por los movimientos en defensa de los derechos civiles y políticos. Consiste “en una quiebra consciente de la legalidad vigente con la finalidad no tanto de buscar una dispensa personal a un deber general de todos los ciudadanos (
objeción de conciencia), sino de suplantar la norma transgredida por otra que es postulada como más acorde con los intereses generales. Intereses que, no obstante, han de ser identificados a través de un procedimiento democrático de formación de la voluntad” (Wikipedia)

(4) En el sentido mesiánico. Aquí no hay incitación a la violencia, y si os lo parece, espías y trolletes, es porque sois unos garrulos izquierdosos que no leéis la Biblia.

(5) Si alguien confunde esto con la kale borroka es que es un inculto y un borrego. El abertzalismo vasco es pacífico.
Consejo: Muchos planes y juramentos contra el N.W.O se parecen, se trata siempre de actuar con más corazón, más ética, más armonía y no pensando únicamente en el beneficio. Está en tu mano poner un granito de arena más en la balanza para ver si ganamos ya de una santa vez la libertad y el paraíso. Puede que falten bastantes granos para desnivelarla a nuestro favor todavía, pero si no haces nada, nunca sabrás si eran tus acciones positivas por la vida, la libertad y la Madre Tierra, las gotas que colmarían este vaso reinante de injusticias, de vilezas, de bajezas ruines como para asesinar "justificadamente" en silencio manipulado a miles cada día.
El plan de actuación individual contra el NWO que expuse se asemeja en muchos aspectos.

http://sovereignambassador.org/NWO.JPG

Necesitamos unirnos con la energía cósmica-solar-terrestre para vencer al materialismo, consumismo del capitaltimo. Cambiar el chip mental y demandar, actúar y buscar el vitalismo frente a materialismo reinante que nos está robando la energía vital.




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Friday, April 16, 2010

Entrevista a Carlos Slepoy, abogado y víctima de la dictadura argentina

Ver como pdf 16-04-2010


Periodismo humano

“Presentamos la querella como consecuencia de la escandalosa paralización de los procedimientos judiciales en España”, cuenta Slepoy por teléfono desde Buenos Aires


Carlos Slepoy sabe de la naturaleza de los regímenes represores. No solo porque es abogado especializado en estos asuntos, sino porque él mismo fue víctima de la dictadura argentina. Fue encarcelado dos semanas antes del golpe de Estado argentino, en marzo de 1976. Pasó por varias prisiones y centros de torturas antes de ser condenado al exilio en noviembre de 1977, cuando se instaló en España.

Veinte años después actuó como abogado de la acusación popular en los juicios que instruyó el juez Baltasar Garzón contra el dictador Videla y otros miembros de la dictadura argentina. De ese modo jugó un papel fundamental en el juicio contra el ex militar argentino Adolfo Scilingo, a quien la justicia española condenó en 2007 a 1.084 años de prisión por crímenes de la dictadura argentina.

También ha participado en el proceso contra el ex capitán Ricardo Cavallo, extraditado desde México a España y desde allí a Buenos Aires, acusado de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, la mayor cárcel ilegal de la dictadura argentina.

Ahora las paradojas de la vida llevan a Slepoy a recorrer el camino inverso: De Madrid a Buenos Aires. En esta ciudad fue presentada este miércoles 14 de abril -día de la República española- una querella para que se juzguen los crímenes de la guerra civil y la dictadura españolas. Entre los demandantes hay varias asociaciones de derechos humanos y por la memoria histórica.

LA QUERELLA

¿En qué se basa la querella que van a presentar?

Se fundamenta en los principios de jurisdicción universal, los mismos en los que se basó Garzón para abrir diligencias por crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina, los mismos en la que se basó la justicia española para condenar a Adolfo Scilingo, los mismos que permitieron la extradición de Ricardo Cavallo o la apertura del caso por genocidio en Guatemala. Es decir, se fundamenta en una idea completamente asentada en la comunidad internacional por la que las leyes de amnistía o punto final no tienen validez ante crímenes contra la humanidad o genocidio.

DELITOS DE GENOCIDIO

¿Cómo califican entonces los delitos cometidos durante la guerra civil y el franquismo?

Son delitos que formaron parte de un genocidio. Así lo recoge Garzón en la causa que inició, y nuestra querella se basa en buena parte en esa causa, fundamentada a su vez en multitud de pruebas, hay incluso documentos y manifestaciones de todo tipo hechas por dirigentes del alzamiento nacional que así lo muestran. En ella se determina que hubo 113.000 desaparecidos y más de 30.000 niños secuestrados y privados de su identidad.

Y, ¿cuál es la definición de genocidio?

En España hubo una planificación estudiada y meditada para perseguir y erradicar a determinados grupos y colectivos con el objetivo de dar origen a otra nación diferente, algo que se logró en gran medida. Eso es un genocidio. Al igual que el nazismo o que la dictadura argentina, los participantes del golpe de estado y la dictadura española buscaban eliminar elementos de una sociedad para crear una sociedad diferente.

¿Qué posibilidades tiene de prosperar esta querella?

Nunca se sabe si prosperará o no, pero nosotros confiamos en que sí; yo tengo plena confianza en que esto vaya a prosperar, porque la querella está asentada sólidamente desde el punto de vista jurídico tanto en el derecho argentino como en el derecho internacional.

DESDE 1936 A 1977

¿Hay alguna diferencia en su querella con los autos de Garzón?

Los autos de Garzón contemplan los delitos cometidos hasta 1952. Nosotros ampliamos el ámbito temporal e incluimos todos los cometidos desde el 17 de julio de 1936, un día antes del golpe de estado, porque ya hubo fusilamiento ese día, hasta el 15 de junio de 1977, cuando se celebran las primeras elecciones democráticas. Hay también una ampliación espacial porque se pide que se investigue desde aquí, desde Argentina.

¿Van a solicitar documentación e información a las autoridades españolas?

Sí, tenemos ya un listado de pruebas a solicitar: pedimos que se busque a los responsables de los crímenes, una lista de todos los ministros de Franco con un certificado de que están vivos, un listado de todos los mandos de la Guardia Civil, la policía militar, la policía civil, la Falange. Pedimos los mapas de las fosas comunes, el número de desaparecidos y juzgados. Esperamos contar con la colaboración de las autoridades españolas; si no, todo será más trabajoso pero se podrá hacer igualmente. Además contemplamos que se haga lo mismo en otros países europeos donde hay documentación que serviría para demostrar todos los delitos. Confiamos en que ocurra algo similar a lo que pasó con Pinochet, se dictó su extradición y tras ello otros países solicitaron también su extradición.

¿Partirán de algún caso concreto?

Partimos del caso de Severino Rivas, alcalde socialista fusilado en 1936. Su caso es ejemplo claro de la persecución planeada que hubo contra determinados grupos: representante político, detenido ilegalmente, fusilado sin previo juicio y desaparecido durante décadas. Su hijo vive en Argentina y presentará la querella con nosotros. Pero desde que esto se ha hecho público nos ha llegado una verdadera lluvia de peticiones de personas que quieren personarse como testigos o como querellantes. En las próximas semanas iremos organizando todo esto. Mi impresión es que va a producirse un fenómeno similar al que ocurrió cuando en España empezaron a juzgarse los crímenes de Argentina. Todas las semanas aparecían nuevos testigos, nuevos querellantes.

UN EFECTO BOOMERANG

¿Qué lectura hace de la respuesta internacional que ha surgido frente al intento de inhabilitar a Garzón?

Mi opinión es que el intento de inhabilitar a Garzón se ha convertido en un boomerang. Es tan descabellado que han disparado la indignación general en todo el mundo de los derechos humanos y organizaciones internacionales y ahora hay ya sectores que se plantean juzgar a aquellos que quieren juzgar a Garzón, a los verdaderos prevaricadores, que saben que la ley de amnistía no tiene validez en este caso.

¿Cómo interpreta que la Justicia haya actuado antes en Argentina que en España?

El franquismo duró mucho más tiempo y Franco dejó todo cerrado con la intención de que no se mirara atrás. Pero lo que pasa en España no es una marca exclusivamente española. Aquí en Argentina ocurrió lo mismo, es un patrón común. Siempre se pretende borrar el pasado, se dictan leyes de punto final, como si uno pudiera seguir hacia adelante sin mirar atrás, ignorando lo que ha vivido antes. En todos los casos hay grupos políticos, económicos y sociales que llevan a cabo un esfuerzo para que los crímenes no se conozcan. Es el pacto de la impunidad, todo queda atado y bien atado por aquellos que participaron en el genocidio. Es absurdo que España haya ejercido un papel muy importante en el plano judicial en Chile y Argentina, pero sea incapaz de actuar en lo relacionado con sus propios crímenes.

EL CASO ARGENTINO

¿Cuántos procesados hay ya en Argentina por crímenes durante la dictadura?

En Argentina hay más de cuarenta condenas y seiscientos procesados ya. Aún así hay críticas, no se abren todos los archivos, nada es perfecto, estos procesos nunca terminan de perfeccionarse. Pero desde luego comparativamente con España esto es un sueño porque se ha terminado con la impunidad legal. Yo mismo voy a comparecer como testigo en un juicio que se acaba de abrir en Argentina contra los carceleros de la prisión de La Plata, donde estuve preso durante la dictadura.

Fuente: http://minotauro.periodismohumano.com/2010/04/11/carlos-slepoy-en-espana-hubo-un-genocidio/

La censura política en los medios españoles

Ver como pdf 16-04-2010



Público


Durante mi largo exilio viví en dos monarquías (Suecia y Gran Bretaña) y en una república (EEUU), y pude ver en los medios de información de aquellos países críticas abundantes a sus jefes de Estado y a los sistemas políticos que representaban, como es de esperar en cualquier país democrático.

No así en España. Cuando me integré de nuevo a mi país vi una situación muy distinta. La gran mayoría de los medios de información ofrecían, y continúan ofreciendo, un blindaje mediático al Rey y a la Monarquía, frente a cualquier tipo de crítica. En realidad, tales medios promocionaban al Rey y a la Monarquía en una campaña propagandística, presentando la Monarquía como un elemento de estabilidad, la manera cortesana de definir el orden profundamente conservador heredado del régimen dictatorial anterior. En tal propaganda, el Rey se presentaba como un demócrata, camuflado durante la dictadura, que nos había traído la democracia. Criticar al Rey se veía como criticar la transición y el establecimiento de la democracia.

Es fácilmente demostrable que esta imagen del Monarca es profundamente falsa. El Rey era un producto del régimen anterior y su comportamiento durante la dictadura y la transición así lo demostró. Su supuesta vocación democrática quedó falseada en las primeras propuestas que el primer gobierno monárquico hizo para establecer la democracia. Tanto en las reglas del proceso democrático como en la limitación en las ofertas políticas al electorado, las propuestas del Rey eran escasamente democráticas. Fueron las movilizaciones populares, y muy en especial las huelgas políticas de la clase trabajadora, las que forzaron una apertura y democratización de aquellas propuestas. La debilidad de las izquierdas, recién salidas de la clandestinidad, y el dominio de las derechas en el aparato del Estado, así como en la sociedad civil, incluidos sus medios de información y persuasión explican, sin embargo, que aquella transición nada modélica diera lugar a una democracia vigilada y enormemente limitada, en la que la cultura promovida por los medios era profundamente conservadora y excluyente de las voces republicanas. El orden profundamente conservador establecido tenía a la Monarquía como su eje, lo cual explica su blindaje mediático.

No fue hasta hace poco que la televisión (el mayor medio de difusión en España) mostró un documental “Els nens perduts del franquisme” (Los niños perdidos del fascismo), que mostró el nivel de represión y horror que representó aquella dictadura. Este documental vio la luz en la televisión pública catalana, documentando que el robo de niños de las familias represaliadas, que se estaba denunciando en Argentina, había ocurrido con creces bajo la dictadura de Franco. En realidad, tal documental causó la integración del caso de los niños robados por el fascismo en la investigación del Juez Garzón sobre los crímenes del régimen anterior. Este documental, que recibió gran número de galardones en el extranjero, tuvo escasa difusión fuera de Cataluña, y las autonomías gobernadas por el PP nunca lo mostraron en sus medios televisivos públicos.

Tal resistencia a conocer aquel pasado fue lo que determinó el caso Garzón. El Tribunal Supremo, presidido por una persona profundamente conservadora, que había jurado lealtad al movimiento fascista, admitió la denuncia del partido fascista, la Falange, en contra del único juez en España, el juez Garzón, que intentó llevar a los tribunales a los responsables de aquellas atrocidades, siendo su causa supervisada por otro miembro del Tribunal, Adolfo Prego (que será el que redactará la sentencia final), admirador del mayor ideólogo que tiene el fascismo en España, Pío Moa.

Mientras, a los autores de aquel documental “Els nens perduts del franquisme” (Montserrat Armengou y Ricard Belis), se les ha prohibido, en la práctica, emitir su nuevo documental, “Monarquía o República”, en el que se daba voz a personas republicanas, críticas del sistema monárquico (algo bastante inédito en los canales públicos), así como partidarios de la Monarquía. Mònica Terribas, directora de TV3, vetó el documental aduciendo, sorprendentemente, que lo hacía para proteger la libertad de los ciudadanos, asumiendo que su prohibición venía motivada por el interés de proteger a la ciudadanía de un posible sesgo republicano en el programa. Tal motivación no impidió, sin embargo, que tal directora aprobara un documental (presentado como ficción), “23F: el día más difícil del Rey”, que era una mera propaganda de la Monarquía y del papel del Rey en el fallido golpe militar del 23 de febrero de 1981. No hay duda de que los portavoces de TV3 y sus apologistas en el mundo mediático negarán que haya habido un veto político, señalando –como hizo Mònica Terribas- que es una mera suspensión temporal hasta que se haya corregido su orientación. Tales declaraciones ignoran que el documental, tal como lo han hecho sus autores, ha sido prohibido, y nunca se mostrará su versión original, a no ser que se modifique. Esto, en una sociedad democrática, se llama censura.

La Vanguardia, el diario monárquico de Cataluña, propiedad de la familia del Conde Godó (uno de los mayores colaboradores que el régimen anterior tuvo en Cataluña), felicitó a Mònica Terribas por su suspensión (el término que se utilizó para definir el veto), indicando que “la objetividad y el rigor que deben ofrecer la actuación de toda la televisión pública, han llevado a suspender la emisión de un documental sobre la República y la Monarquía, que requería un enfoque distinto” (10-04-10), lo cual significa que se desea que se diluyan todavía más las voces republicanas, dilución que, en el caso de La Vanguardia alcanza su máxima expresión, equivalente a eliminación, pues tal rotativo nunca ha publicado un artículo favorable al establecimiento de la República en España. Esto es lo que el establishment mediático define como libertad de expresión.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1956/la-censura-politica-en-los-medios/

Denuncian la persecución sistemática contra líderes populares que luchan por la nacionalización de la energía

Ver como pdf 16-04-2010




El conflicto entre Unión Fenosa y comunidades afectadas por los altos precios y los cortes de suministro llevaron al Gobierno de Guatemala a declarar el estado de sitio en el departamento de San Marcos. Desde octubre de 2009, ocho líderes sociales destacados en la lucha por la expulsión de la multinacional han sido asesinados, cuatro de ellos en marzo de 2010. Señalan vínculos de la compañía con el narcotráfico.

El 24 de octubre de 2009, Víctor Gálvez recibió 32 impactos de bala cuando salía de la oficina donde atendía a los vecinos damnificados por DEOCSA, una de las dos filiales de Unión Fenosa en el país. El asesinato de este destacado opositor local a la eléctrica española conmovió Malacatán, un municipio situado en el departamento de San Marcos, a 250 kilómetros de la capital, cerca de la frontera con México.

El conflicto había comenzado mucho antes. La oposición a la gestión de Unión Fenosa y la lucha por la nacionalización del sector eléctrico, iniciada con su privatización en 1999, había alcanzado a finales de 2009 la dimensión de un conflicto abierto. Ya en noviembre de 2004, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca había determinado que Unión Fenosa, a través de su filial DEOCSA, estaba realizando cobros indebidos mediante un impuesto ilegal, y que debía devolver cerca de 200 millones de euros a los usuarios. Algo que nunca hizo.

90.358 demandas

El 8 de julio de 2009, una carta de 30 organizaciones, movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos del Estado español, con motivo de la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, denunciaba las prácticas habituales de la multinacional en Guatemala. Entre las irregularidades recogidas, además de la violación del dictamen de la Corte, el texto documentaba “cobros indebidos en las facturas (…), represalias de Unión Fenosa contra la población dejando sin suministro eléctrico a las comunidades que protestan por las altas tarifas y la mala calidad del servicio”. Sólo en los primeros cinco meses de 2009, la Comisión Nacional de Energía guatemalteca recibió 90.358 denuncias contra la compañía. “Las tarifas eléctricas para el consumidor final comenzaron a incrementarse de forma exponencial, y el servicio no ha dejado de empeorar. Han sido presentadas innumerables denuncias por los usuarios ante los cobros desproporcionados, los cortes de energía sin aviso previo y el abuso de autoridad de sus funcionarios ante los reclamos de las poblaciones rurales”, relata a DIAGONAL Jesús Carrión, del Observatorio de la Deuda en la Globalización.

Después de una consulta popular para exigir la salida de la filial de Unión Fenosa, numerosas comunidades del departamento de San Marcos se organizaron para no pagar las facturas de la eléctrica española. Las demandas: la expulsión de la multinacional del país, la nacionalización del sector, la creación de empresas municipales de energía y la reforma de la Ley General de Electricidad.

La respuesta de Unión Fenosa, según denuncian las organizaciones sociales, fue el corte del suministro de electricidad a partir del 15 de diciembre del año pasado. “Tras una semana sin energía, los habitantes se quedaron también sin agua, colocados ante el riesgo de enfermedades infecto-contagiosas. En los hospitales y en los centros de salud del área se perdieron alrededor de 40.000 vacunas destinadas para los niños y niñas de los municipios afectados”, relatan desde el Frente Nacional de Lucha por la Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales (FNL). A pesar de que Unión Fenosa adujo problemas técnicos, para la prensa guatemalteca la causa del corte del fluido eléctrico en varias comunidades de San Marcos, entre ellas Malacatán, había que buscarla en los 7,5 millones de euros que los vecinos debían a la compañía: 60.000 personas llevaban un año en huelga de pago como forma de protesta por los “abusos” de Unión Fenosa.

El corte de suministro eléctrico días antes de Navidad encendió a las comunidades. Tras pasar tres días sin luz, centenares de vecinos bloquearon las rutas que comunican México con Guatemala. Se sucedieron tomas de carretera, plantones, marchas y cientos de asambleas informativas. El Gobierno de Colom no tardó en acusar al Frente de Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA), organización a la que pertenecía Víctor Gálvez antes de ser asesinado, de ser responsable de conexiones ilegales, una práctica muy común en la región. El 22 de diciembre, el presidente guatemalteco decretaba el estado de prevención en San Marcos, una especie de estado de sitio, todavía vigente, con el que quedaron suspendidas la mayoría de las libertades y derechos civiles. Hasta el momento el estado de prevención, decretado en principio para 15 días, ha sido prorrogado en seis ocasiones. “De los ocho dirigentes populares que han sido asesinados, siete lo han sido en el marco del Estado de sitio. La población no puede reunirse para articularse, porque es delito que se reúnan más de tres personas”, denuncia a DIAGONAL Roberto Madriz, de la Comisión Política del FNL. “Los sicarios del narcotráfico recorren armados las aldeas, diciéndole a la población ‘o pagan o los matamos’. Al día siguiente de que se decretara el estado de sitio, Unión Fenosa abrió oficinas justo en el edificio desde donde opera el capo del narco de la zona, en un edificio que todo el mundo sabe que es de su propiedad. Con ello, lanza un claro mensaje al pueblo”.

Mantener el negocio

Para la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), el Estado de sitio sólo puede entenderse “como un mecanismo del Estado para resolver el ‘problema’ del servicio eléctrico en el Departamento y la posibilidad de que DEOCSA-Unión Fenosa pudiera mantener su negocio”.

El 13 de enero de 2010, Evelinda Ramírez, presidenta del Comité de FRENA en Chiquirines (Retalhuleu), volvía en coche de la capital hacia su casa, en el municipio de Ocós, en San Marcos. Durante dos días se había reunido con diferentes autoridades del Gobierno para reclamar el esclarecimiento del asesinato de Víctor Gálvez, la suspensión del estado de sitio y la expulsión de Unión Fenosa del país.

Entre los kilómetros 206 y 208 de la Carretera del Pacífico, una camioneta Ford Pick Up blanca con los vidrios polarizados interceptó el coche. Los disparos mataron a Evelinda Ramírez e hirieron a dos de sus acompañantes. También en Malacatán, era asesinado el 29 de enero Pedro García, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad y activista por la nacionalización de la energía en su pueblo, San Pablo. Pocos días atrás, García había denunciado irregularidades cometidas por el Consejo Municipal de Malacatán.

La historia se repite

Un final parecido le esperaba a Octavio Roblero, católico de base, integrante del FRENA, del FNL y uno de los principales líderes de San Marcos en la lucha por la nacionalización del sector energético y la expulsión de Unión Fenosa. El asesinato de su cuñado, Víctor Gálvez, y las amenazas de muerte recibidas, le llevaron a presentar un recurso de protección a la Corte Suprema el 20 de enero. En la tarde del 17 de febrero, mientras Roblero cerraba la puerta de su negocio en la estación de autobuses de Malacatán, fue acribillado por desconocidos desde un coche. Este cuarto asesinato volvió a trascender las fronteras de Guatemala.

El 21 de febrero, una nueva carta de 50 organizaciones, sindicatos y partidos españoles fue enviada a los presidentes Álvaro Colom y Rodríguez Zapatero, a los directivos de Unión Fenosa-Gas Natural y a los principales accionistas de la eléctrica, La Caixa y Repsol. El documento señalaba que estos asesinatos se debían a la “actividad social” de las víctimas y a “su lucha contra los apagones y los cobros excesivos de DEOCSA”, así como “al intento de silenciar la actividad de los movimientos sociales y de los defensores de los derechos humanos”.

Al mismo tiempo, la carta apuntaba a “la responsabilidad del Gobierno español en la impunidad de estos asesinatos” ya que ante estas denuncias “no ha puesto en marcha todas las medidas diplomáticas y políticas necesarias para esclarecer y frenar esta situación”. Exactamente un mes después de la difusión de la carta, el 21 de marzo, tres líderes comunitarios eran “salvajemente asesinados a bala y machete” en el municipio de Ocós, en el departamento de San Marcos, según un comunicado conjunto del FNL, Plataforma Agraria y la organización ecologista Ceiba. Carlos Noel Maldonado Barrios, de 60 años, Leandro Maldonado, de 78 años y Ana María Lorenzo Escobar, de 40 años, habían dedicado su activismo a la expulsión de Unión Fenosa del país y al derecho de las comunidades al libre acceso al agua potable.

Intervención del Ejército

Al día siguiente, en la cercana aldea de Las Brisas, también en San Marcos, el activista Santiago Gamboa era asesinado por “balas del Ejército”, según el FNL. Gamboa era dirigente del Comité de Vecinos en lucha por la nacionalización de la energía eléctrica en la comunidad de Santo Domingo. Aquel día por la mañana, según el mismo comunicado, diez empleados de una subcontrata de Unión Fenosa habían acudido a desconectar el fluido eléctrico. La reacción de la comunidad fue retenerlos y denunciar el hecho a las autoridades. El Gobierno envió 250 soldados para “rescatar a las personas secuestradas por una turba”. Los soldados abrieron fuego contra los manifestantes. Además de Gamboa, que murió en el acto, otros seis vecinos fueron alcanzados por las balas de los soldados.

El operativo del Ejército en Las Brisas fue seguido, según denuncia el FNL, por la persecución de líderes sociales: “Cubiertos con el argumento de que se trata de acciones contra el narcotráfico, han allanado las viviendas de los dirigentes locales del movimiento contra Unión Fenosa, han inundado las calles con tropas amedrentadoras, han creado una situación de terror entre la población”. La organización de derechos humanos UDEFEGUA señala la complicidad entre la multinacional, el Estado y el crimen organizado: “Es inaceptable que en pleno Estado de excepción implantado por el Gobierno para proteger los intereses de una transnacional que roba y viola la ley, las bandas de criminales, al servicio del narcotráfico, del Gobierno y de Unión Fenosa, actúen con total impunidad”.

“La Policía y el Ejército han jugado el papel de matones armados al servicio de Unión Fenosa”, sostiene Roberto Madriz, del FNL. Sin embargo, admite que hasta ahora no hay pruebas que valgan ante un tribunal: “No existe ninguna evidencia que pruebe la complicidad de Unión Fenosa en la ola de asesinatos de dirigentes que se le oponen. Pero ante la ausencia de evidencia que apunte en cualquier otra dirección, no puede tampoco descartarse como sospechosa. De hecho, no hay nadie, en absoluto, implicado como autor material o intelectual. La más absoluta impunidad rodea cada uno de estos hechos”.


Historia de una privatización

JESÚS CARRIÓN (ODG)

Unión Fenosa desembarca en Guatemala a raíz del proceso de privatización que se impulsó por recomendación expresa del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la década de los ‘90. Aduciendo falta de competencia en el sector, recomendaron fraccionar la generación, el transporte, la distribución y consumo final de la energía eléctrica, para que existiera competencia. Pero el resultado de dicha apertura ha sido que la distribución en el país ha quedado en manos de dos empresas españolas: Unión Fenosa e Iberdrola. Para evitar ser acusada de monopolio, Unión Fenosa creó dos empresas: DEOCSA se encargaría de la parte occidental y DEORSA de la parte oriental, cubriendo 20 de los 22 departamentos de Guatemala. En Nicaragua actuó de la misma forma creando DISNORTE y DISSUR. Coincidiendo con la entrada de las transnacionales españolas en Centroamérica, los diferentes Gobiernos españoles han utilizado créditos FAD que contabilizan en parte como Ayuda Oficial al Desarrollo para financiar infraestructuras eléctricas que han favorecido a dichas compañías.

Las organizaciones de defensa de los servicios públicos critican el carácter fraudulento de la privatización, a un valor claramente inferior al tasado. La compra contó con el visto bueno de los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, quienes luego fueron destituidos por la Corte Superior por abuso de poderes en el ejercicio de sus funciones.


La multinacional con sangre entra

Dentro de la dinámica de persecución sindical ejercida por Unión Fenosa, en Colombia han sido documentados hasta la fecha los asesinatos de 27 sindicalistas en el proceso de privatización de las empresas de servicios públicos eléctricos en la Costa Caribe.

Por otra parte, también se tienen documentadas las muertes de 150 personas electrocutadas en Colombia por la negligente política de mantenimiento de redes de distribución eléctrica de Unión Fenosa. Por la misma razón, se tienen registrados casos en Nicaragua. Unión Fenosa no tiene la exclusividad en esta materia. En el informe de Amnistía Internacional de 2004 Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca (Colombia) se acusa a Repsol-YPF y a la empresa estadounidense Oxy de no respetar los derechos humanos, al facilitar ayuda financiera a unidades militares del ejército colombiano “con vínculos probados” con los grupos paramilitares en el departamento de Arauca, la región más militarizada de Colombia, donde se cometen “abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, los paramilitares y la guerrilla”. Estos hechos fueron suficientemente documentados en las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos: Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia, 2006 - 2008 y en la sesión de Lima en mayo de 2008.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Ocho-activistas-opuestos-a-Union.html

Monday, April 12, 2010

De eso ya se habla

Ver como pdf 11-04-2010



Página 12


Poco a poco, la ética se está adentrando en la interpretación de nuestra historia. Hace unos días, en el propio salón de actos de la Legislatura de Buenos Aires, se realizó un encuentro en el cual se puso el acento en lo que nos pasó a los argentinos en el tratamiento de los pueblos originarios que viven desde hace siglos en estas tierras. Sí, justo allí. En ese edificio, donde hace muy poco se echó la culpa de todos nuestros males a los “trapitos” y a los “limpiavidrios”, se hizo un análisis histórico y se debatió con total amplitud cómo fueron traicionados los principios de Mayo en nuestra historia posterior, basada en el derecho del más fuerte, en el poder de los dueños de la tierra, en los políticos personalistas, en dictaduras militares cada vez más repetidas, y en el atroz proceder racista contra los pueblos originarios.

Se discurrió acerca de la docencia sobre la base de la Libertad y la Verdad, el respeto a los intereses mutuos, y cómo llegar a eso que repetimos al cantar el himno: “ved en trono a la noble igualdad”. Cómo concretar esas sabias palabras de Esteban Echeverría, escritas en 1837: “Asociación, progreso, libertad, igualdad, fraternidad, términos correlativos de la gran síntesis social y humanitaria, símbolos divinos del venturoso porvenir de los pueblos de la humanidad. La libertad no puede realizarse sino por medio de la igualdad, y la igualdad, sin el auxilio de la asociación o del concurso de las fuerzas individuales encaminadas a un objeto: el progreso continuo. El camino para llegar a la libertad es la igualdad. La Igualdad y la Libertad son los principios engendradores de la Democracia”.

¿Dónde quedó esa democracia un siglo después, con la serie de dictaduras militares que llegaron a su más alto índice de abyección con el sistema de la desaparición de personas y el robo de los niños a sus madres? Es increíble. Del pensamiento de Mayo a la picana eléctrica de Uriburu-Lugones.

Lo que nos caracteriza a los argentinos de lo que hicimos con el Pensamiento de Mayo de un Mariano Moreno, un Belgrano o un Castelli, lo tenemos allí: en la Diagonal Sur. A esos pensamientos libertarios, tan libertarios que emocionan, los convertimos en el bronce para hacer la estatua del genocida Roca. Justo un producto de aquella Década Infame que comenzó Uriburu en el ’30 y prosiguieron los políticos de la hipocresía desmandada: el Fraude Patriótico. Y desde ese momento, Roca, el genocida, nos ha marcado el ritmo a los argentinos: no el “ved en trono a la noble igualdad en Libertad”, sino el latifundio, los niños con hambre y las villas miseria.

Sí, fue en el salón de la Legislatura donde –no por supuesto por parte de los legisladores, claro está (aunque algunos de ellos estuvieron en las primeras filas del público dando su solidaridad con los estudios históricos que allí se debatieron)– se realizó esa fiesta de la libertad de ideas y de opiniones. Comenzó con un prólogo de música de la tierra, con esa música profunda, sencilla, como ecos de trinos de mil aves distintas. Y se leyeron poesías acerca de la tierra y su gente escritas por monseñor Angelelli, aquel obispo mártir, asesinado por los uniformados de turno. Ese obispo, además de luchador inclaudicable de los derechos de la gente de la tierra, los describía en idioma poético. Poesías para recitar al compás de guitarras gauchas, para enseñar en nuestras aulas. Angelelli, cuyo cuerpo quedó tirado en la ruta sólo porque quería la dignidad para toda su gente, la gente humilde, de andar pausado que sabe acariciar a la naturaleza.

Decíamos que hay como un renacer de esa temática en las nuevas generaciones. Por ejemplo, lo notamos en las creaciones cinematográficas. Acaba de editarse Octubre pilagá, un documental de Valeria Mapelman. Es el relato de la investigación sobre la masacre cometida en 1947, en el norte argentino, con los pilagás, un pueblo ancestral de aquellas regiones. Cientos de pilagás fueron asesinados en la forma más brutal por la Gendarmería Nacional. Fue en el segundo año del gobierno de Perón. Jamás se ordenó una investigación del hecho. Hay todavía testigos sobrevivientes de la matanza. Con sus rostros se ocupan las cámaras. Tienen la sabiduría del tiempo y hablan pausadamente, sin levantar la voz. Relatan cómo se los encerró en un lugar conocido como La Bomba y se los baleó impunemente. Los ojos tristes, la voz pausada. Detalle por detalle. La sabiduría que va dejando la vejez y la vida humilde. No hablan de venganza, sí de lo injusto. De la incomprensión. Rostros formados con tierra generosa. Nos llevan al lugar. Sí, allí cayeron hombres, mujeres, niños. Desarmados. A tiro limpio les quitaron la vida, sin poder defenderse. Algunos hablan mientras realizan, lentamente, sus tareas. Sí, allí fue, allí están enterrados. Jamás se nos dio una explicación... nada. Los rostros de los niños, que nos miran.

Pilagás. Agua. Tierra. Manos que trabajan en silencio. El eterno canto de los pájaros, sus llamados, sus colores. Y de pronto, la muerte.

De eso no se habla.

Me vienen a la memoria esas palabras inspiradas en el pensamiento de San Martín, de septiembre de 1822, en que el Congreso Constituyente del Perú se expresó así sobre los pueblos originarios: “Nobles hijos del Sol, amados hermanos, a vosotros virtuosos indios os dirigimos la palabra y no nos asombre que os llamamos hermanos, lo somos de verdad...”.

Otro film documental que acaba de ver la luz es Por el camino del malón de la paz, realizado por Diego Romero y Soledad Berttendorff. Es la historia –investigada por el historiador Marcelo Valko– de 176 coyas que caminaron 2000 kilómetros desde Abra Pampa, en Jujuy, a Buenos Aires, a reclamar justicia por el abuso y la explotación en los ingenios, realizado por los terratenientes, y exigir que se les devuelvan las tierras comunitarias de las que habían sido expulsados, en las que habían habitado durante generaciones. Expulsados por los mismos dueños de todo. Cuando llegan a Buenos Aires, Perón los recibe y tres de los indígenas suben al balcón de la Casa Rosada frente a una multitud. Pero luego fueron alojados en el Hotel de Inmigrantes –sarcástica ironía–, expulsados y llevados en un tren de carga nuevamente de regreso a Abra Pampa. Luego de 53 años del vergonzoso episodio, quedan todavía cuatro “maloneros” con vida. Y ahí está el relato, más todos los documentos de época.

Se nota en los rostros la injusticia sufrida, que no se ha disipado durante tantos años. Ellos, los hijos de la tierra, vejados por los dueños de esa tierra. Un documental para ver en los institutos de enseñanza y en todos los lugares, para el debate. Los peronistas deben todavía a la ciudadanía una autocrítica por estos dos hechos. Lo mismo que por la masacre de Ezeiza y por las Tres A del “ministro” López Rega. También los radicales deben a nuestra sociedad la autocrítica por las masacres obreras de la Semana Trágica, de 1919, por la represión de las huelgas de peones de las estancias patagónicas, de 1921-22 y por la de los hacheros de La Forestal, del mismo año. Y también los socialistas nos deben una profunda crítica por su apoyo a dictaduras militares, como el caso de Alfredo L. Palacios, que fue embajador en el Uruguay de la dictadura del general Aramburu, y Américo Ghioldi, embajador en Portugal de la dictadura militar de la desaparición de personas.

Esas autocríticas benefician a la democracia. Por algo ha sido que nuestro país tuvo tantas dictaduras militares que interrumpieron gobiernos elegidos por el pueblo. Por los momentos débiles de nuestras democracias.

La misma autocrítica tiene que hacerse nuestra sociedad, mediante la convocatoria de congresos de historiadores, que juzguen nuestro pasado de acuerdo con las normas de la ética, del respeto a la vida y de los derechos de todos. Y así acabar con monumentos y nombre de ciudades de personajes que se basaron en el crimen y en el poder económico.

Pero no nos conformemos con el pasado-actual sino que también vayamos a los problemas del hoy argentino.

Me da mucha pena cuando se persigue a la juventud con encarnizamiento. Relato el episodio: el 19 de mayo del año pasado hubo una protesta de grupos políticos argentinos, en el acto de conmemoración de la fundación del Estado de Israel, por la política de este Estado en cuanto a los palestinos. Ante los gritos y los coros de esos grupos intervinieron la custodia propia israelí y la policía local. Fueron detenidos varios de los participantes de la protesta y se hicieron allanamientos no autorizados. De todas esas intervenciones se solicitó además la captura de Roberto Martino. Debemos decir que Roberto Martino, a quien todos llamamos el Negro, no tiene antecedentes penales y siempre vivió en el mismo lugar declarado. Es decir, se ha llegado a una criminalización de la protesta que es exagerada dentro de las libertades que se debe dar en una democracia. El Negro Martino no hizo ni ostentación de armas ni participó de agresiones. Diversos intelectuales, entre ellos el premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, y la misma organización Apemia, que se organizó para el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA, se han pronunciado a favor del cese de la persecución de Roberto Martino.

Una democracia debe dar libertades a la protesta política, es un derecho de todo ciudadano; claro está, siempre que no se llegue a la agresión ni al deterioro de objetos, como es el caso de aquella protesta en la que estuvo presente Roberto Martino.

La democracia no tiene que temer a la palabra aunque venga en coro de protesta, especialmente de jóvenes que desean ser protagonistas de la vida política de un país.

Esperamos, pues, los amigos del Negro Martino, que de una vez por todas se levante su persecución, así él puede volver a sus estudios y trabajo. Es un pedido también a los miembros de la embajada israelí: un pueblo como el de Israel, que ha sufrido en su larga vida tantas discriminaciones y persecuciones, debería aportar aquí su mano abierta a quien sólo expresó su opinión en un acto público.

La democracia también se funda con generosidad, que en este caso sería verdadera justicia.

Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-143649-2010-04-10.html