¡¡¡Detengamos el rescate del mercado de la vivienda!!!
www.stopthehousingbailout.com
Traducido por Manuel Talens
Este sitio web está dedicado a detener el rescate gubernamental del mercado de la vivienda. Un rescate así exige que los ciudadanos responsables de este país paguen por los actos de banqueros avariciosos, corredores hipotecarios, brokers y compradores de casas endeudados hasta las cejas. En otras palabras, el gobierno quiere que usted pague por las meteduras de pata de otros que sabían lo que estaban haciendo o deberían haberlo sabido.
No menos importante es que un rescate así pondría los precios del mercado de la vivienda fuera del alcance de todos los ciudadanos responsables que han estado ahorrando pacientemente para comprar una casa y que en estos momentos se la pueden permitir. La corrección a la baja de los precios que está teniendo lugar es necesaria para invertir el fenomenal aumento de éstos durante la pasada década. Si el mercado saca de apuros a este mercado impedirá que los precios regresen a niveles asequibles, con lo cual los arrendatarios no podrán comprar casa y los que tienen una no podrán comprar otra mejor.
Un rescate gubernamental del mercado de la vivienda es fiscal y moralmente irresponsable; es un injusto subsidio que se le pretende pagar a los ricos (los banqueros), a los avariciosos (los corredores hipotecarios, los brokers, los especuladores y, sí, algunos propietarios) y los incautos (algunos propietarios), con poco o ningún beneficio para quienes pagarán la factura (los contribuyentes).
¿Por qué deberían verse obligados los ciudadanos responsables de este país a pagar por los errores de otros?
Un rescate es moralmente irresponsable porque fomenta el comportamiento imprudente e irracional. He aquí una breve lista de los muchos "peligros morales" que permite un rescate:
* Un rescate envía un mensaje equivocado sobre la responsabilidad personal. Dice claramente a la ciudadanía que sus decisiones financieras no tienen consecuencia alguna: el gobierno pagará la factura.
* Un rescate dice a los ciudadanos responsables que son imbéciles. Si el ciudadano responsable hubiera sido listo, se habría endeudado por encima de sus posibilidades, habría comprado casas que no podía permitirse y habría obtenido líneas de crédito contra el valor nominal que su propiedad tenía sobre el papel. Luego, a la hora de pagar, le pasaría el muerto al gobierno.
* Un rescate permite que bancos, corredores hipotecarios, especuladores y refinanciadores se beneficien por haber abusado del sistema. Al hacerlo, los anima a seguir actuando de forma irresponsable en el futuro.
* Un rescate obligará a los ciudadanos que actuaron responsablemente a que paguen por los que no lo hicieron. El ciudadano medio –que economizó durante años para comprar una casa pero no pudo hacerlo porque los especuladores y los que se endeudaban por encima de su capacidad aumentaron los precios de la vivienda hasta volverlos inaccesibles– se verá forzado a pagar las casas de los que fueron menos escrupulosos.
* Un rescate tendrá un efecto desproporcionadamente negativo sobre las minorías y los jóvenes. Las minorías y los ciudadanos menores de 35 años están desproporcionadamente infrarrepresentados entre los propietarios de viviendas. Mientras que el 75 % de los blancos no hispanos poseen una, menos del 50% de los negros e hispanos son propietarios. De forma similar, sólo el 42% de los ciudadanos menores de 35 años poseen casas, en comparación con el 80% de los mayores de 55 años. Un rescate gubernamental perpetuará esta brecha racial y generacional al mantener hiperinflados los precios de la vivienda, dejando así a las minorías y a una generación de jóvenes fuera del mercado para siempre. Y por una ironía kafkiana, esa gente tendrá que pagar impuestos para impedirse a sí misma comprar casas.
Un rescate es también fiscalmente irresponsable:
* Un rescate aumenta los precios hiperinflados de la vivienda –poniendo la propiedad de una casa fuera del alcance de familias jóvenes y de ciudadanos responsables que reconocieron que se trataba de una burbuja inmobiliaria. El mercado de la vivienda necesita la corrección que el rescate trata de impedir, porque el ciudadano de a pie no puede permitirse comprar una casa. "¡Nadie puede estar al mismo tiempo a favor de una vivienda asequible y de aumentar los precios de la vivienda!"
* Un rescate crea incentivos perversos. En vez de castigar su comportamiento, apoya la irresponsabilidad fiscal de banqueros, corredores hipotecarios, especuladores y refinanciadores. Esa gente hizo dinero a manos llenas en los pasados nueve años (no olvidemos que quienes se endeudaron ofreciendo su vivienda como garantía recibieron dinero en efectivo para comprar Cadillacs de lujo, vacaciones y electrodomésticos de acero inoxidable… ¡y ahora quieren que usted los pague!). ¿Por qué modificarían su comportamiento si saben que los beneficia?
* Un rescate desvía los riesgos de la caída de los precios desde bancos económicamente seguros al contribuyente. Como consecuencia de ello o bien subirán los impuestos o bien el déficit del gobierno federal se disparará. Se trata de un regalo del gobierno que no podemos permitirnos y que, además, ¡es injusto!
* Un rescate es contrario a los principios de libre mercado sobre los que se basa nuestra economía. Introduce una enorme distorsión en la corrección del mercado, con unos efectos negativos que serán tan graves como prolongados.
Cuando nuestros políticos voten sacar a unos pocos de los apuros de su irresponsabilidad en perjuicio de los muchos que eran responsables será un día triste en USA.
Nosotros, el pueblo usamericano, merecemos algo mejor.
Decídete. ¡Actúa!
Utiliza los enlaces de este sitio web para:
* Ponerte en contacto con tus representantes y senadores. Te animamos a que lo hagas; ¡Funciona!
He aquí otra manera de ponerte en contacto con los políticos.
* Vota en contra del rescate.
* Promete no contribuir con tu dinero a las campañas de políticos que respaldan el rescate.
* Muestra tu apoyo llevando nuestra sudadera o exhibiendo nuestras pegatinas en tu parachoques: Bailout Backlash!! o Stop the Mortgage Bailout.
Fuente: http://www.stopthehousingbailout.com/index2.htm
Manuel Talens es miembro de Cubadebate, Rebelión y Tlaxcala.
Tuesday, September 30, 2008
EEUU, Venezuela, El País y las lesiones de derechos fundamentales
Nada nuevo bajo el sol. Así podríamos titular este artículo que escribo a raíz de un reportaje de David Alandete publicado en El País, en su versión digital, el 24 de septiembre de 2008. En este reportaje se pone de manifiesto la lesión sistemática de derechos que se llevan a cabo en los aeropuertos estadounidenses: te pueden leer todos tus e-mails, tus cuadernos, registrarte los portátiles, aunque no seas sospechoso de tener intenciones de cometer un delito.
Esto es algo que todos sabemos por testimonio de amigos o allegados que han viajado a los Estados Unidos. Sin embargo me he preguntado: ¿Y si Venezuela sacara una ley en la que, entre la seguridad y los derechos fundamentales, prevaleciera la seguridad? Me puse a buscar en la hemeroteca. El resultado fue el siguiente: EEUU, dentro del atropello que significa su legislación antiterrorista, dictó esta normativa que permite estos registros en los dispositivos, electrónicos o no, que puedan almacenar información y, por otro lado, Venezuela dictó la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que, por ejemplo, obligaba bajo pena de sanción a colaborar con las fuerzas de seguridad y agentes de inteligencia.
Está claro que en ambos casos la colisión entre seguridad y derechos fundamentales ha terminado por inclinar la balanza hacia el lado de la seguridad.
¿Cómo se trató desde "El País" la emisión de ambas normativas?
EEUU: Por ejemplo, el 2 de agosto pudimos leer en la versión digital una noticia sobre esa normativa (quizá con algo de retraso, pues ésta fue dictada el 16 de Julio) que, en resumidas cuentas, viene a decir que se ha producido una colisión de derechos y que tendrá que ser el Tribunal Supremo quien diga si es constitucional o no esa regulación. En varias ocasiones se intenta quitar gravedad a la medida: "Aunque no es previsible que los agentes de frontera hagan revisiones constantes, podrían hacerlo." Parece que la iniciativa, claramente lesiva para los derechos fundamentales, goza del beneficio de la duda. Y, haciendo gala de una ética profesional excepcional solo vigente en las noticias negativas referentes a Estados Unidos, no se especula sobre la constitucionalidad de esta normativa porque "Habrá que esperar, no obstante, a que esta cuestión llegue al Tribunal Supremo para que dilucide si esta cuestionable regulación es o no constitucional."
Nótese el uso del "no obstante" en ésta última frase. Esta locución se explica porque en los párrafos anteriores se nos habla sobre varios casos en los que los jueces respaldaron la posición del Gobierno de forma un tanto inexplicable y con argumentos un tanto ridículos. (Espero que Human Right Watch apunte esto y analice el grado de independencia de los jueces norteamericanos en los casos de derechos fundamentales).
VENEZUELA: El tono de la información cambia radicalmente cuando se trata de Venezuela, siendo a priori el mismo caso: una ley que ante el conflicto entre seguridad y derechos fundamentales, se ha decantado por la salvaguarda de la seguridad menoscabando los derechos fundamentales. Para comenzar, el título es bien distinto:"La Ley Patriota de Chávez". Vemos como durante toda la noticia, además de en el título, aparece el nombre de Hugo Chávez, personalizando la actuación, mientras que en las 2 noticias que hemos comentado sobre EEUU no se ha nombrado el nombre de G.W. Bush para nada. Es decir, se intenta dar la sensación de que Venezuela es un gobierno unipersonal, no democrático: si es en Venezuela, es Chávez el que dicta una "ley patriota" y si es en EEUU es el Senado el que dicta una "polémica normativa". La diferencia salta a la vista.
La noticia solo recoge aportaciones de los "críticos". No recoge ninguna explicación de fuentas oficiales ni de organismos del Estado. Por tanto, parece que se toman como verdad única esas opiniones. Por supuesto, podemos leer durante toda la noticia las palabras "atentado a las libertades", "monumento a la inconstitucionalidad", "presunción de inocencia", etc. Es importante apuntar que aquí ya no se hace uso de la ética periodística y se declara inconstitucional por parte del propio medio, sin esperar a que lo haga el Tribunal Supremo (recordemos que en el caso anterior se esperaba la resolución de dicho organismo).
Además, se dice que esta normativa se podría usar contra la oposición, para "silenciarla", para el control de jueces; sin embargo, aquí no se recurre a la fórmula utilizada en el caso de Estados Unidos: parece impensable leer "Aunque no es previsible que Chávez utilice esta legislación para silenciar a la oposición, podría hacerlo". En este caso, pues, no se goza del beneficio de la duda. ¿Por qué no han dado el listado de posibles uso que Bush puede dar a su normativa? ¿Por qué por el hecho de ser Chávez ya no tiene derecho al mismo beneficio de la duda?
¿Cómo se tratan ambas regulaciones una vez pasado el tiempo desde El País?
Parece lógico que, aun teniendo en cuenta la manipulación de El País, se realice una información más positiva de aquel gobierno que haya eliminado esa lesión de derechos. Pues, señoras y señores, ahora vemos que el sentido común es el menos común de los sentidos: para ellos es al revés.
EEUU: En Septiembre hemos podido ver el reportaje que precisamente me movió a escribir estas líneas y del que hablé más arriba. Se dice, con tono de casi asombro, que se ha utilizado más arbitrariamente de lo que se pensaba esta normativa, es decir, que se han lesionado los derechos de muchos ciudadanos que no tenían que haber sufrido esa violación de la intimidad. Sin embargo, se vuelve a intentar explicar esa mayor carga de arbitrariedad, justificando el beneficio de la duda concedido a tal normativa: "Lo que el Gobierno no reveló entonces es que ha revocado una medida de 1986 según la cual, para que se pudiera copiar la información personal de un viajero, los agentes debían tener sospechas razonables de que la persona en cuestión podía tener un historial delictivo o la intención de participar en un atentado terrorista."
Sin embargo, no es así. Desde un principio se sabía que iban a poder registrar a cualquiera, aunque no fuera sospechoso, tal y como dice el otro artículo que aquí hemos citado: "No necesitan alegar que tienen sospechas fundadas de que ese ciudadano haya cometido algún delito para requisar los dispositivos el tiempo que consideren necesario, según una normativa interna del Departamento de Seguridad Interior emitida el pasado 16 de julio."
Ese artículo fue escrito 1 mes antes que el artículo que asegura que el Gobierno no reveló tal característica de la normativa. Entonces, queda como evolución de la normativa, que ha terminado siendo más lesiva de lo que en un principio podía ser (según la opinión de El País).
VENEZUELA: A los pocos días de la publicación del artículo que hemos comentado antes en el apartado de Venezuela, Hugo Chávez, oyendo las críticas y reflexionando al respecto, decidió derogar la Ley, aceptando que había preceptos que eran inconstitucionales e incluso poniendo de ejemplo su época de prisionero, afirmando que nunca jamás hubiera delatado a nadie y que entendía que ese era un derecho que tenían los individuos.
Sin embargo, El País, lejos de reconocer esta loable decisión, busca desesperadamente alguna forma para convertir en negativa esa decisión. Así, podemos leer un día antes de la derogación oficial una noticia donde inexplicablemente se unen dos informaciones que no tienen nada que ver: la rectificación de Chávez y la captura en la frontera con Colombia de un miembro de la Guardia Nacional de Venezuela que portaba armas para venderselas a las FARC. Está claro que El País sigue empeñado en que los lectores relacionen Hugo Chávez y FARC.
Además, como quien no quiere la cosa, se deja caer un leve comentario que parece tachar al gobierno venezolano de caer en contradicciones o cambiar de parecer con facilidad como signo de poca solidez de sus inciativas: "La revisión de esta ley es la tercera rectificación que realiza el Gobierno en menos de dos semanas. Previamente corrigió una norma sobre el uso de imágenes de la televisión estatal por parte de las emisoras privadas. También anuló un decreto de reducción de tarifas de autobús que ocasionó el pasado jueves una huelga parcial de transporte colectivo."
La evolución de la normativa aquí es bien distinta: ésta fue derogada por el propio gobierno venezolano.
CONCLUSIÓN
Para El País, si Venezuela lesiona un derecho fundamental al acometer una regulación legislativa, es un atentado a las libertades, una ley inconstitucional sin esperar a la pronunciación del Tribunal Supremo. Si lo hace EEUU, estaremos ante una polémica decisión que tendrá que ser resuelta por el Tribunal Supremo.
Para El País, si Venezuela, que ha dictado una ley lesiva con los derechos, rectifica, debe ser criticado aunque sea sin sentido y además debe ser tachado de gobierno incoherente. Si EEUU no rectifica y resulta la actuación efectiva más lesiva de lo que parecía ex ante, se intenta explicar que razones han provocado que sea más lesiva de lo estimado, justificando el error de apreciación que se cometió cuando se informo de la aprobación de la ley.
Como vemos, podemos decirle a los estudiantes de periodismo que lean El País, y así sabrán como no hay que informar. O mejor dicho, los magnates de los medios de comunicación enseñarán a los nuevos periodistas a desinformar, recomendándole la lectura de El País.
Thursday, September 25, 2008
La ideología del libre mercado está lejos de su fin
The Guardian/Znet
| Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens |
Sea cual sea el significado de los eventos de esta semana, nadie debiera creer las afirmaciones exageradas de que la crisis del mercado representa la muerte de la ideología del “libre mercado.” La ideología del libre mercado ha servido siempre los intereses del capital, y su presencia sube y baja según su utilidad para esos intereses.
Durante los tiempos de la bonanza, es rentable predicar el laissez faire, porque un gobierno ausente permite que se inflen las burbujas especulativas. Cuando esas burbujas revientan, la ideología se convierte en un obstáculo, y se adormece mientras el gran gobierno parte al rescate. Pero tranquilizaos: la ideología volverá con toda su fuerza cuando los salvatajes hayan terminado. Las masivas deudas que el público está acumulando para rescatar a los especuladores pasarán entonces a formar parte de una crisis presupuestaria global que será la justificación para profundos recortes en programas sociales, y para un nuevo ímpetu para privatizar lo que queda del sector público. También nos dirán que nuestras esperanzas de un futuro verde son, lamentablemente, demasiado costosas.
Lo que no sabemos es como reaccionará el público, Hay que considerar que en Norteamérica todo el que tiene menos de 40 años creció mientras se le decía que el gobierno no puede intervenir para mejorar nuestras vidas, que el gobierno es el problema no la solución, que el laissez faire es la única opción. Ahora, repentinamente, vemos a un gobierno extremadamente activista, intensamente intervencionista, aparentemente dispuesto a hacer cualquier cosa que sea necesaria para salvar de ellos mismos a los inversionistas.
Este espectáculo provoca necesariamente la pregunta: ¿si el Estado puede intervenir para salvar a corporaciones que tomaron riesgos imprudentes en los mercados de la vivienda, por qué no puede intervenir para impedir que millones de estadounidenses sufran inminentes ejecuciones hipotecarias? De la misma manera, si 85.000 millones de dólares pueden ser puestos a disposición instantáneamente para comprar al gigante de los seguros AIG ¿por qué la atención sanitaria de pagador único – que protegería a los estadounidenses de las prácticas depredadores de las compañías de seguro de salud – parece ser un sueño tan inalcanzable? Y si cada vez más corporaciones necesitan fondos públicos para permanecer a flote ¿por qué no pueden los contribuyentes exigir a cambio cosas como topes a la paga de ejecutivos, y una garantía contra más pérdidas de puestos de trabajo?
Ahora, cuando quedó claro que los gobiernos pueden ciertamente actuar en tiempos de crisis, les será mucho más difícil pretender impotencia en el futuro. Otro cambio potencial tiene que ver con las esperanzas del mercado en cuanto a futuras privatizaciones. Durante años, los bancos globales de inversión han estado cabildeando a los políticos a favor de dos nuevos mercados: uno que provendría de la privatización de las pensiones públicas y otro resultante de una nueva ola de carreteras, puentes y sistemas de agua privatizados o parcialmente privatizados. Esos dos sueños acaban de hacerse mucho más difíciles de vender: los estadounidenses no están de humor para confiar una mayor parte de sus activos individuales y colectivos a los imprudentes tahúres de Wall Street, especialmente porque parece más que probable que los contribuyentes tendrán que pagar para recuperar sus propios activos cuando reviente la próxima burbuja.
Ahora, con el descarrilamiento de las conversaciones en la Organización Mundial de Comercio, esta crisis también podría ser un catalizador para un enfoque radicalmente alternativo a la regulación de los mercados y sistemas financieros mundiales. Ya estamos viendo un movimiento hacia la “soberanía alimentaria” en el mundo en desarrollo, en lugar de dejar el acceso a los alimentos a la merced de los caprichos de los negociantes de materias primas. El momento puede haber llegado finalmente para ideas como impuestos al comercio, que retrasaría la inversión especulativa, así como para otros controles del capital global.
Y ahora, cuando nacionalización ya no es una palabrota, las compañías de petróleo y gas debieran tener cuidado: alguien tendrá que pagar por el giro hacia un futuro más verde, y tiene mucho sentido que el grueso de los fondos provengan del sector altamente rentable que tiene la mayor responsabilidad por nuestra crisis climática. Ciertamente tiene más sentido que crear otra peligrosa burbuja en el comercio de carbono.
Pero la crisis que estamos presenciando pide cambios más profundos. El motivo por el que se permitió que proliferaran esos préstamos chatarra no fue sólo porque los reguladores no comprendieron el riesgo. Es porque tenemos un sistema económico que mide nuestra salud colectiva exclusivamente sobre la base del aumento del PIB. Mientras los préstamos chatarra alimentaban el crecimiento económico, nuestros gobiernos los apoyaron activamente. De modo que lo que hay que cuestionar realmente debido a la crisis es el compromiso indiscutido con el crecimiento a todo precio. Esta crisis debiera llevarnos a un camino radicalmente diferente en la forma en la que nuestras sociedades miden la salud y el progreso.
Nada de esto, sin embargo, sucederá sin una inmensa presión pública sobre los políticos en este período crucial. Y no se trata de un cabildeo cortés sino de una vuelta a las calles y al tipo de acción directa que produjo el Nuevo Trato en los años treinta. Sin eso, habrá cambios superficiales y un retorno, lo más rápido posible, a los negocios como si tal cosa.
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