Reporteros Sin Vergüenza

23-03-2008

Rosa C. Baez

Ria Novosti

Con el propósito de defender la libertad de prensa, Menard siempre se ha asociado con aquellos que más seriamente la amenazan: los grandes consorcios de las comunicaciones. Su relación con Publicis -creadora de las campañas de publicidad para el Ejército de EEUU, la Coca Cola y MacDonalds, y un consultor para la compañía del ron Bacardí, la cual subvenciona el terrorismo anticubano- es particularmente preocupante.

La feroz campaña que RSF sigue desarrollando contra la Revolución Cubana contrasta con su obsequioso silencio cómplice cuando se trata de condenar a gobiernos amigos de Estados Unidos, y al propio gobierno de Estados Unidos, causantes o responsables de la muerte, el secuestro o la censura de periodistas y otras voces disidentes.

Bajo el gobierno de Alvaro Uribe de Colombia, ese país ostenta un record de periodistas asesinados y perseguidos único en el mundo: jamás RSF ha organizado invasiones a las embajadas colombianas por el mundo, como se intentó hacer con la de Cuba en Paris.

El gobierno de Estados Unidos es responsable directo o indirecto de la muerte de numerosos periodistas y reporteros en Irak, entre ellos un camarógrafo de la televisión española asesinado por el disparo de un tanque norteamericano mientras estaba en la habitación de su hotel en Bagdad: jamás RSF ha organizado boicots contra el turismo que desea conocer Disneylandia u otros sitios de Estados Unidos, como si ha intentado hacer, sin resultados, con el turismo que viaja para bañarse en la playa de Varadero.

Ponemos a continuación a disposición de nuestros lectores algunos documentos sobre RSF:

1.- Una 'historia noticiosa' ha circulado recientemente acerca de la restricción en Cuba del acceso a Internet. Una de las fuentes fueron los Reporteros sin Fronteras (RSF) y su vocero Robert Menard, quien ha tenido conexiones con la CIA y otras organizaciones como Bacardí, la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) y Freedom House, opositoras del gobierno cubano. Esto significa que RPSF y Robert Menard no son independientes, objetivos e imparciales con respecto a Cuba. Para más información, vea el siguiente artículo:

Robert 'CIA' Menard: Sensacional Descubrimiento. Reporteros sin Fronteras junto al ejército norteamericano, Bacardí y FNCA, Por Jean-Guy Allard

Las más deshonestas campañas de propaganda anticubana, accionadas por Reporteros sin Fronteras, organización que ha estado atacando febrilmente a Cuba en los últimos años, fueron creadas por Publicis, el gigante mundial de la publicidad.

Entre los más importantes clientes de Publicis están el Ejército de los EEUU, Bacardí y ciertos representantes de la mafia de Miami, incluyendo a algunos que financian a destacados terroristas como Luis Posada Carriles.

El secretario general de los Reporteros sin Fronteras, el oficial operativo de la CIA Robert Menard -quien debutó en la década de 1960 infiltrándose en grupos izquierdistas como las organizaciones trostkystas-, conoce que Saatchi & Saatchi, la famosa agencia de publicidad de Nueva York, está detrás de sus ataques contra Cuba y que la gigantesca empresa de propaganda comercial le proporciona sus servicios 'libres de costo'.

Saatchi & Saatchi no se dedica a desarrollar con benevolencia campañas de publicidad para las organizaciones no gubernamentales (ONGs) ni para obras de caridad. Sus principales clientes son compañías como Dupont, General Mills, Johnson & Johnson, Toyota y Visa.

De hecho, Saatchi & Saatchi Worldwide -para usar su nombre completo- es uno de los tres pilares estratégicos del cuarto grupo más grande de comunicaciones en el mundo: Publicis Group, radicado en París, Francia.

Según sus accionistas del sitio web, Publicis es el número uno en Francia, y el número tres en los Estados Unidos, así como el número uno en el mundo en consultoría y compra de equipos de comunicación.

Como grupo, sus clientes no tienen las características de la ONG de Robert Menard, la cual fue provisionalmente suspendida recientemente debido a actividades como el mal manejo de la organización que no se rige por los lineamientos de las Naciones Unidas. Otros famosos clientes son Coca-Cola, Heinz, Kelloggs, McDonald, Phillip Morris, General Motors, Citibank, United Airlines, Walt Disney, y el Ejército de los EEUU.

'Emoción, aventuras y placer'

El Ejército de los EEUU gasta $100 millones de dólares anualmente en sus campañas de propaganda, dirigidas esencialmente a estimular a los jóvenes a optar por la carrera militar, principalmente para participar en sus guerras de ultramar. A través de su subsidiaria norteamericana, Starcom Mediavest, Publicis ha generado la 'nueva imagen' del ejército imperial, pues las anteriores campañas de publicidad del ejército tuvieron poco impacto en el mercado designado.

La desinformación es el lenguaje usado por Publicis para incitar a los jóvenes norteamericanos a la idea de ir al combate. Tres párrafos del sitio web de la propaganda militar en idioma español creada por aquellos 'generosos' patrocinadores de los Reporteros sin Fronteras dan alguna idea del nivel de demagogia de la operación: 'Los beneficios del Ejército pueden empezar por ti hoy y para el resto de tu vida. Algunos de ellos no tienen precio. Otros merecen sustanciales pagos', así se manifiesta la publicidad de la subsidiaria Publicis.

'Tu entrenamiento en el Ejército pudiera llevarte a lugares que no conoces de los Estados Unidos o del resto del mundo. Podrías recibir un puesto en Hawai, en el Caribe, Alaska, Lejano Oriente o Europa'. Por supuesto, las palabras Irak o Afganistán no forman parte de este 'concepto'.

Y finalmente viene el aspecto sensible del cuidado de la salud para los cuatro millones de familias norteamericanas que no tienen acceso a los servicios médicos: 'Nuestros excelentes servicios de atención a la salud se convertirán en un sustancial beneficio si estás en el Ejército. Tú y tu familia recibirán gratuitamente o a bajo costo los servicios médicos y de estomatología según la disponibilidad'. No hay necesidad de comentar el bajo nivel ético de los engendros del agente Menard en este sitio web dedicado al reclutamiento de 'carne de cañón'.

Publicis, asesor de Bacardí

También está sucediendo que el Consejo de Publicis, la rama de consultoría del grupo, tiene a Bacardí como a uno de sus clientes. Bacardí es el gigante del ron que tiene su oficina central en las Bahamas y una historia como patrocinadora del terrorismo anti-Cuba que data desde enero de 1959.

Según la documentación aparecida en el libro Ron Bacardí: la Guerra Oculta, de Hernando Calvo Ospina y Katlijn Declercq, las relaciones entre los principales líderes y accionistas del ron Bacardí, la Fundación Nacional Cubano-Americana, y el ala ultraderechista de la organización terrorista y la CIA están lejos de alcanzarse.

A través de la arriesgada investigación, Ospina y Declerq muestran cómo este seudonegocio de fabricar ron (Bacardí está básicamente dedicado a promover su producto en el mercado), ha creado su propia red de terrorismo; y ha promovido, organizado y financiado actos de terrorismo; también ha servido como punta de lanza de los fondos de la CIA para los mercenarios paramilitares en Nicaragua y en Angola.

En otra investigación, Ron Bacardí: la CIA, Cuba y la globalización -publicada en Francia por la casa de publicidad belga EPO- Calvo declara que Bacardí ha ayudado a organizar la legislación norteamericana en cuanto a Cuba, con la ayuda de su 'consultante' Otto Reich, empleado de la FNCA y actualmente uno de los principales asesores de George W. Bush sobre Cuba y América Latina. Los abogados de Bacardí influyeron en el proyecto de la Ley Helms-Burton, la cual permite al gobierno norteamericano sancionar el comercio de firmas extranjeras con propiedades expropiadas en Cuba.

Los ocultos vínculos entre Bacardí, la FNCA y Bush, y las 'firmas de ron' relacionadas con el líder español José María Aznar y la extrema derecha europea también han contribuido a la actual confrontación con la Unión Europea.

Publicis en Miami

Publicis también tiene un dedo en el pastel en Miami. Se trata de la compañía Sánchez & Levitan, la cual influye en la comunidad hispanoparlante norteamericana con masivas cuentas tales como Coca Cola y Bell South. Con 100 empleados Sánchez & Levitan tiene un reintegro anual de alrededor de $80 millones de dólares. Es propiedad de Aida Levitan y a Fausto Sánchez, dos emigrantes cubanos.

Aida Levitan, quien fue llevada a la Florida a la edad de cuatro años, fue una de las personas que públicamente expresó su discrepancia por la presencia de la orquesta cubana Los Van Van en Miami en el 2000.

Su nombre apareció recientemente entre otros empresarios que desarrollaron una campaña anticubana en Francia junto a otros individuos famosos más por sus riquezas que por su imagen espiritual: José Valdés-Fauli, anterior presidente del Banco Colonial del Sur de la Florida, un grupo que vale $16 billones de dólares.

Eloy Cepero, otro banquero y propietario de Peninsula Mortgage Bankers; Santiago Morales, fabricante de maquinaria industrial; Richard O'Connell, un millonario de Miami que ahora reside en París, y ¡sorpresa, sorpresa!: el líder extremista Diego Suárez, terrorista y anterior financiero de la Fundación Nacional Cubano-Americana, así como Feliciano Foyo, uno de los miembros más fanáticos y de 'línea dura' del Consejo Cubano de Libertad (CLC) de Ninoska Pérez-Castellón.

Tanto el propietario de Sánchez & Levitan como el secretario de los Reporteros sin Fronteras conocen perfectamente bien que los agentes del CLC promovieron recientemente la campaña de recaudación de fondos para pagar la defensa de Luis Posada Carriles, encarcelado desde hace tres años en Panamá junto a los asesinos a sueldo Guillermo Novo Sampoll, Pedro Crispín Remón y Gaspar Jiménez Escobedo, después de su fallido intento de volar el salón de conferencia en la Universidad de Panamá.

Pero el anteriormente seudotrotskysta Ménard no ha hecho nada por esconder su inclinación hacia los representantes de las fortunas más grandes del mundo. El incluso ha depositado cheques del editor multimillonario François Pinault en su cuenta bancaria en muchas ocasiones, y también de Jean-Guy Lagardére, el acaudalado comerciante de bombas pesadas -recientemente fallecido-, así como de Serge Dassault, otro notorio comerciante de armas.

Chantaje de los medios

Lo realmente cierto es que para los medios franceses Publicis representa una enorme tajada para sus presupuestos publicitarios. Cuando la campaña de desinformación de Ménard alcanza una publicación o una red de televisión que lleva la marca de Saatchi & Saatchi, el mensaje es cada vez más claro y las maniobras de la propaganda están acompañadas de chantaje.

Por lo tanto la penetración de Ménard dentro de varios departamentos editoriales importantes en Francia no debe sorprendernos, ni tampoco su sistemática censura de muchas respuestas dadas por Cuba a estos ataques.

¿Y por qué debería sorprenderse alguien ante la presencia de varias figuras francesas famosas de la 'alta sociedad' en un salón de los Champs-Elysées durante un reciente repliegue anti-Cuba orquestado por Ménard y su maquinaria de publicidad?

Los vínculos de Ménard con varios individuos de la extrema derecha de Miami -quienes dedican su tiempo a atacar a Cuba usando cualquier medio posible, incluyendo el terrorismo- son ya muy bien conocidos. También es conocido que él mantiene relaciones con organizaciones como Freedom House creada desde hace tiempo por el oficial operativo de inteligencia Frank Calzon.

También se conocen las actividades dirigidas por la CIA en la isla para transformar a los favoritos mercenarios de la Sección de Intereses de EEUU en 'periodistas independientes'. Un grupo de individuos fueron reclutados de forma sistemática por la USIS, y su labor es pagada en dólares norteamericanos; ellos se reúnen regularmente en la casa del principal representante diplomático norteamericano en Cuba con el objetivo de recibir instrucciones.

De hecho esto fue demostrado por testimonios de varios patriotas que se infiltraron en las filas de esos mercenarios, algo que la prensa controlada por Ménard omitió totalmente en cualquiera de sus referencias a los arrestos de la red de informantes llamados 'periodistas independientes'.

Y ahora, conociendo que este mismo individuo es un asociado publicitario del Ejército norteamericano, de Bacardí y muchas otras compañías con cuentas multimillonarias para la publicidad, uno se cuetionaría el porqué de la magnitud del gran fraude de los medios en la campaña anti-Cuba desarrollada contra este país por Ménard, a través de los magnates franceses, la USAID y de varias agencias norteamericanas que anualmente dedican cientos de millones de dólares del dinero de los contribuyentes para destruir la imagen de la isla rebelde y su Revolución.

Libertad de expresión al estilo de Reporteros Sin Fronteras

Rodrigo Santillán Peralbo

Rebelión 18-03-2008

Paris, la ciudad Luz de la Revolución Francesa, alberga a una ONG llamada Reporteros sin Fronteras. Siempre pensé que el periodismo honesto, comprometido con las luchas de los pueblos y con los valores universales del humanismo iba más allá de las fronteras; pero el Presidente de esa ONG, Robert Ménard, seguramente cree que Reporteros sin Fronteras debe defender la libertad de expresión del pensamiento si no afecta a Estados Unidos en su fase imperial y que ese valor universal debe ser manipulado para agredir a Cuba y su Revolución por orden de quien le paga; es decir por la CIA, por esa organización neofascista llamada Center for a Free Cuba que es dirigida por Frank Calzón, antiguo dirigente de la mafiosa Fundación Nacional Cubano Americana con sede en Miami y que protege al terrorista Posada Carriles y a otros delincuentes internacionales.

Además, Reporteros sin Fronteras está subvencionada por la Nacional Endowment for Democracy que financia, también, no sólo a los que agreden a Cuba, sino a las actividades ilícitas de las derechas económicas y políticas de América Latina que organizan golpes de Estado para acabar con los gobiernos democráticos y progresistas de América Latina. Esa Fundación ayudó a financiar el golpe de Estado contra el Presidente Chávez e “invierte” millones de dólares para acabar con la Revolución Bolivariana, con los Gobiernos de Evo Morales en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador, de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Por qué el señor Ménard no denuncia con sus Reporteros esos hechos fascistoides?

Reporteros sin Fronteras parece una creación del imperio y su nefasta CIA para atacar a Cuba. El señor Ménard y los suyos deploran que en Cuba haya periodistas encarcelados; pero nada dicen que esas personas se “hicieron periodistas” para recibir dólares de la CIA y ofender a su propia Patria. Si están presos es porque son mercenarios. ¿O será que entre periodistas mercenarios se protegen?

Si de libertad de expresión se trata, ¿por qué Reporteros sin Fronteras no denuncia a Estados Unidos y a la Administración Bush que en nombre de la democracia y la libertad ha suprimido la libertad de expresión en Estados Unidos al prohibir que los “mas media” informen sobre la verdad de las guerras en Irak y Afganistán? Reporteros sin Fronteras calla sobre la misteriosa muerte de escritores y periodistas estadounidenses que han sido fuertes críticos de Bush y sus halcones. Calla también sobre la existencia de centenares de presos políticos que están encerrados en las cárceles del imperio y entre ellos portorriqueños que luchan por la libertad y los propios estadounidenses que reclaman sus derechos y libertades. Los presos políticos en Estados Unidos son los que “atentan contra la seguridad nacional”

A Reporteros sin Fronteras no le preocupa que Cuba sea víctima del bloqueo genocida que hasta impide que tenga acceso a las vías informáticas -internet- porque no puede acceder al cable submarino que pasa cerca de sus costas y que, en consecuencia, tiene que pagar elevados costos por el uso de un satélite para que las computadoras instaladas en centros de trabajo, de organizaciones sociales y centros de estudio tengan ingreso a la Internet. ¿De que libertad de expresión en Internet puede hablar Reporteros sin Fronteras si desconoce la realidad de los pueblos del Tercer Mundo que sumidos en la pobreza por mandato del imperio neoliberal y globalizador no tienen recursos ni para comprar alimentos o medicinas, peor para comprar computadoras y pagar accesos a Internet?

Una organización pagada por el imperio no tiene calidad moral para hablar de libertad de prensa y expresión del pensamiento en ninguna parte del mundo.

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Rodrigo Santillán Peralbo es Doctor en Ciencias de la Comunicación, Ex Presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, Ex Presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha, Ex Vicepresidente de la FELAP y de la OIP y Profesor de la Universidad Central del Ecuador

YPF

La privatización de YPF desde la perspectiva de los trabajadores

Hernán M. Palermo

Argenpress 06-03-2008

Con el apoyo de testimonios vívidos, el autor describe los diversos mecanismos utilizados en la privatización de YPF para prescindir del personal y desactivar toda posibilidad de organización de resistencia.

El ajuste neoliberal instalado en Argentina a partir de mediados de los 70 y cristalizado durante la década de los 90, involucró distintos procesos que transformaron sustancialmente la relación del Estado con el resto de la sociedad, desfavoreciendo claramente a los sectores trabajadores. Lo que se llamó 'Reforma del Estado', incluyó, como una de sus facetas más sustantivas, la política de privatización de las empresas estatales. Sin embargo, no se limitó a las privatizaciones, sino que comprendió toda la reorganización de las administraciones centrales y provinciales, la desregulación y la 'libre' apertura al mercado mundial, la subordinación de la moneda al dólar y la transformación de las leyes laborales.

Estas recetas impulsadas en los '90 por el Consenso de Washington, dirigido a orientar la economía en sentido del neoliberalismo, estuvo -y está- conformado por una compleja interrelación entre el FMI, el BM, el Congreso de los Estados Unidos, grupos concentrados del capital, etc. Estos cambios se fueron dando en un contexto, en el cual Argentina no fue una excepción. No obstante, en materia de privatización, la Argentina llevó adelante un proceso de enajenación de un recurso estratégico y con gran virulencia en las políticas de racionalización del personal, proceso que casi no tuvo antecedentes en América Latina.

Pero más allá de los planteos generales en relación a la implementación de las políticas neoliberales, estas tuvieron consecuencias directas en la vida cotidiana de los trabajadores en general y en YPF en particular.

La racionalización de los trabajadores de YPF

Los procesos de racionalización empresaria han significado la eclosión de los mercados internos de trabajo, particularmente en las empresas privatizadas a inicios y en el transcurso de los años 90.

En primer lugar, se puso en marcha un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para los trabajadores que ya 'no eran necesarios para la empresa' desde el discurso del Gobierno, con el pago de altas indemnizaciones. A esta primera etapa de racionalización de personal se adhirió un gran porcentaje del personal de YPF. Desde la perspectiva de los ex trabajadores 'eran retiros voluntarios obligatorios, que firmabas sí o sí', dado el contexto coercitivo en el que se llevó a cabo esta política de retiros. Las amenazas constantes de las jefaturas eran moneda corriente en el espacio de trabajo. Fundamentalmente, a los que no se adherían a los retiros voluntarios, se los hostigaba con el despido y la pérdida del beneficio de la indemnización.

El sufrimiento por la pérdida inevitable de la empresa, sumado a un contexto que no daba margen para otra opción y la fragmentación del colectivo de trabajo permite pensar a los retiros voluntarios como 'despidos ocultos'.

'Yo me fui, me fui tranquilo, con la conciencia tranquila... Esa noche que yo la tomé, me atajó la guardia ese día y me dijo, 'Nos van a echar a todos'. Entonces yo llamé al encargado, bien ortiva, viste, y le digo '¿Qué pasa acá con la lista de echados?' 'No, es una lista de ranking', me dice, 'No, a mi cantame la justa por que yo no me chupo el dedo' 'No, es una lista de echados'. 'Bueno poneme primero, segundo y tercero'.

Salgo de acá me lleva el micro, llego a casa a las 5 y media de la mañana y le digo: '¡Gorda!', '¿Qué pasa?' me dice. 'Me echaron, no trabajo más en YPF', le digo.'Bueno, por lo menos vas a dormir todas las noches acá'. Eso fue lo que me dijo. Con eso me bastó y alcanzó para dejar la cabeza tranquila.'(Relato de un ex trabajador de la Refinería La Plata)

A principio de los '90 se abrió el camino a un constante hostigamiento, donde el clima de incertidumbre y rumores respecto a los despidos tornaba traumáticas las experiencias individuales de los trabajadores.

Por otra parte, los cursos de capacitación, otra estrategia de racionalización de personal, constituyeron la antesala del despido del trabajador. Con esta política se alejaba de forma definitiva al trabajador del ámbito de trabajo. El trabajador debía elegir entre diversos cursos de capacitación para los que la empresa afrontaba todos los gastos requeridos. Los cursos duraban aproximadamente un año, y durante este tiempo, el empleado percibía normalmente su salario y beneficios sociales, como si se encontrara en el puesto de trabajo. El discurso oficial que justificaba los cursos se centraba en la posibilidad de los despedidos de poder insertarse nuevamente en el mercado laboral. Aunque se trataba de oficios y cursos que no reflejaban una capacitación orientada a las exigencias de un mercado. Los cursos, como estrategia empresaria, aceleraron el proceso de fragmentación de los trabajadores, desarticulando una cotidianeidad compartida durante años y fundamentalmente los alejaba de sus compañeros.

Los emprendimientos fueron una salida de los trabajadores frente a la inminente reestructuración de la empresa. El personal despedido de YPF se organizó tomando distintas formas jurídicas -ya sea como sociedades anónimas, cooperativas o SRL- para ofrecer el mismo trabajo/servicio que antes hacían desde el interior de la empresa, pero ahora como personal subcontratado. En un principio, YPF les aseguraba una subcontratación de dos años, y luego entrarían en la ley de la 'libre competencia'. Pasado el tiempo estipulado de contratación, estos emprendimientos quedaron en su mayoría sin efecto, ya que debieron participar en procesos licitatorios con empresas más competitivas, mejor capacitadas tecnológicamente, frente a su inexperiencia en materia empresaria.

'¿Sabés que fue eso? Engaña pichanga fue eso. Porque le daban la opción, pero qué pasa ¿con quién tenés que competir? Con empresas multinacionales, que van a poner, listo y se terminó'. (Relato de un ex trabajador, Refinería La Plata)

Parte de las consecuencias de una deficitaria política de inserción laboral para los trabajadores despedidos fue, en general, el fracaso de distintas experiencias cuentapropistas que se multiplicaron en las distintas zonas donde la empresa estatal ejercía su influencia.

A estas políticas de racionalización de personal que, en general, se utilizaron a lo largo de las dependencias y refinerías de YPF en todo el país, se suma la estrategia de despidos forzosos con la complicidad de la federación del sindicato. En la Refinería La Plata se llamó por todos los trabajadores 'La Gran Echada'. En 1991 el sindicato filial Ensenada convoca a un paro nacional de actividades debido a un conflicto en la refinería de Salta. Este hecho, una de las últimas movilizaciones masivas convocadas por el sindicato, tuvo un alto acatamiento entre los trabajadores. Luego la huelga es declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y al día siguiente a la movilización, son despedidos aproximadamente 1500 trabajadores.

'Una masacre fue, echaban de a 20 tipos por día. Y vos entrabas todos los días y no sabías si ibas a entrar. Entrabas al laburo como todos los días y había 10 milicos de prefectura con una sábana, que llaman a esos papeles gigantes. Y te decían: 'Nombre', 'Fulanito' y te buscaban en la sábana. Si estabas, no entrabas. Por ahí venía uno atrás tuyo y decían nombre, qué sé yo, 'No puede entrar', listo'. (Relato de actual trabajador de Refinería La Plata)

Estrategias similares se registraron en otras localidades, por ejemplo en Comodoro Rivadavia con lo que se dio en llamar la 'huelga de la traición':

'Con la federación siempre fue horrible la relación. De hecho en aquellos momentos [década de los 90] nos hicieron hacer un paro que después echaron a todos. Fue el paro de la traición. Mandaron al muere a muchos compañeros. Con perforación hicieron un desastre' (Ex delegado del SUPE, filial Comodoro Rivadavia)

La complicidad de la cúpula central del sindicato y su articulación con el proceso privatizador fue fundamental en la racionalización del personal. Desde la perspectiva de los trabajadores, el ex Secretario General Diego Ibáñez es indicado como uno de los responsables de la privatización de YPF.

'Esto más o menos se arregló así. En ese tiempo estaba Estenssoro, cuando se hizo cargo de YPF, es decir, hasta ahí no habían echado a nadie. Se hace un viaje a Alemania entre Menem, Estenssoro y el compañero [irónicamente] Ibáñez...En ese viaje surge la discusión de con cuánta gente esta destilería podría funcionar...Y ahí arreglaron con Ibáñez, se fabricó un paro que no existió, nos sacaron a la calle, y después lo demás ya es historia conocida...' (Relato de ex trabajador de YPF, Refinería La Plata)

Durante mediados de los '90, a pesar de numerosas demostraciones de lucha como marchas, cortes de ruta, y solidaridad entre los trabajadores, el conflicto se logró situar en el plano individual. Los ex trabajadores de YPF a partir del proceso privatizador, fueron conformando experiencias condicionadas por la desocupación. Es decir, que se desestructuró al sujeto trabajador como sujeto social/colectivo y se impuso la experiencia de la desocupación en términos individuales. Dando origen a la fragmentación del colectivo de trabajo, a la vez que actuó como mecanismo de disciplinamiento sobre aquellos trabajadores que mantuvieron sus empleos.

Las distintas estrategias de racionalización de personal desestructuraron la totalidad de las relaciones que se sostenían en torno a la empresa estatal. La privatización de YPF implicó múltiples fracturas en distintos niveles en el colectivo de trabajo. En primer lugar, los que 'quedaron dentro' y lo que 'quedaron afuera'. Los que se sumaron a los retiros voluntarios y los que decidieron resistir. Los que se convirtieron de la noche a la mañana de trabajador a 'empresario' a través de los emprendimientos. Y en el contexto de tercerización laboral y flexibilización, 'los propios de YPF' y 'los de las empresas', estos últimos haciendo referencia a los trabajadores tercerizados.

En la Refinería la Plata hay aproximadamente dos mil quinientos trabajadores, entre operadores de planta, técnicos, profesionales, profesionales inspectores de la tercerización y personal tercerizado, aunque sólo seiscientas personas conforman el personal contratado por YPF. El resto de los mil novecientos trabajadores es personal subcontratado. Esto configura como resultado una distribución de 24% de trabajadores de YPF, mientras que el 76%, es personal tercerizado, que corresponde principalmente al área de mantenimiento.

Una de las características de los trabajadores subcontratados es la profunda heterogeneidad que predomina entre los sujetos. A la diferenciación de los salarios, que varían considerablemente, se le suma el nivel de la formación. Estas diferencias conllevan distintas relaciones con el personal contratado de YPF, que se reflejan en la cotidianeidad del trabajo. Muchos de estos trabajadores deben realizar otros empleos para llegar a una remuneración a fin de mes que les permita la subsistencia, ya que los salarios de algunos de éstos por su trabajo subcontratado son visiblemente bajos.

Esta situación en general lleva a una importante fragmentación del colectivo de trabajo, configurando un espacio en el cual se encuentran en el mismo lugar sujetos de distintas empresas que pertenecen a distintos gremios, con convenios y remuneraciones diferentes y condiciones de trabajo totalmente asimétricas.

A casi una década de la reestructuración y privatización de YPF y de otras empresas estatales, podemos decir que las consecuencias e implicancias que acarreó este proceso privatista, todavía no fueron investigadas ni registradas en su profunda complejidad.

* Hernán M. Palermo es Licenciado en Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Miembro del MORENO.

LATINOAMERICA

Argumentos de por qué Uribe y no Chávez debería ser llevado a la Corte Penal Internacional

Ewa Sapiezynska y Fernando Casado Gutiérrez

Rebelión 08-03-2008

En el medio de la crisis política entre Ecuador, Colombia y Venezuela por el asesinato de Raúl Reyes, el número dos de las FARC, en territorio ecuatoriano, Álvaro Uribe anunció la denuncia de Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional (CPI) “por patrocinio y financiación de genocidas”. Al parecer Uribe había encontrado en una computadora perteneciente a Raúl Reyes, y que sobrevivió al bombardeo del campamento donde se encontraba, información que “prueba” que Chávez donó a las FARC 300 millones de dólares y una dotación de armas.

La CPI sita en la Haya (Países Bajos) fue creada para enjuiciar “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto” (artículo 5 del Estatuto de Roma que regula la CPI). Estos crímenes son genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. Por genocidio se entiende “la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” (art. 6). Dada esta definición del genocidio no es posible aplicarle el calificativo a Chávez, sobre todo teniendo en cuenta que son los documentos supuestamente hallados en una computadora lo que le vincula a las FARC.

Las calumnias vertidas sobre Chávez en realidad no se las cree ni el mismo Uribe, de hecho la mayoría de los miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que integran los ex gobernantes colombianos entre otros, le planteó a Uribe reconsiderar la demanda ante la CPI durante una reunión el martes 4 de marzo en la que analizaron la crisis diplomática con Ecuador y Venezuela. Seguramente la Comisión se dio cuenta de lo ridículo de la acusación, pero el daño ya estaba hecho, aunque el farol de Uribe no llegue a más, los principales medios de comunicación occidentales publicaron la denuncia contra Chávez y muchos de ellos se atrevieron a dar como cierta su relación con las FARC, con lo que la táctica de distracción, en la que el agresor se hizo pasar por víctima, tuvo el efecto esperado.

Ahora en cambio, podríamos estudiar las posibilidades que existen de sentar a Uribe en el banco de los acusados de la CPI. Primero, habría que ver los vínculos que tiene Uribe con los grupos de paramilitares que existen en Colombia, para después establecer si las actividades delictivas de estos grupos criminales podrían caer dentro de la jurisdicción de la CPI.

El llamado escándalo de la “parapolítica”, por el se han descubierto nexos entre altos cargos públicos colombianos y los paramilitares, ha llevado ante las instancias judiciales colombianas hasta ahora a 56 congresistas y muchos altos cargos públicos. Hoy día ya son 22 los congresistas [1] que están en la cárcel, todos pertenecientes a partidos políticos parte de la coalición que apoyó a Álvaro Uribe a conseguir la presidencia. Los últimos 5 curules fueron detenidos a finales de febrero, lo que muestra que el escándalo continúa y para nada se descartan nuevos arrestos en el futuro. La detención uno de esto congresistas, el senador Álvaro Araújo Castro, por sus vínculos con grupos paramilitares, provocó la renuncia de su hermana que fungía en ese momento como Canciller en el gobierno de Uribe.

Entre los funcionarios de alta confianza y nombrados por Uribe implicados en el escándalo y detenido actualmente, encontramos a Jorge Noguera, el ex director del Departamento de Seguridad (DAS). Noguera, ha sido acusado de permitir la infiltración de paramilitares en el DAS. También fue acusado de haber otorgado a los paramilitares una lista con nombres de sindicalistas, muchos de los cuales fueron asesinados subsecuentemente. Su proceso sigue en curso ante la Fiscalía.

El vicepresidente de Uribe, Francisco Santos Calderón, ha sido señalado por un ex jefe desmovilizado del grupo armado ilegal de las AUC, de haberle propuesto crear una organización paramilitar que operara en Bogotá. Por lo que también podría ser llevado a los tribunales si salen a la luz las pruebas necesarias para incriminarle. Incluso el hermano del Presidente, Santiago Uribe, y su primo, el senador Mario Uribe Escobar, podrían estar implicados en delitos de lesa humanidad. Respecto a Santiago, la Justicia informó que "se dictó un auto inhibitorio" y que "si en algún momento aparecen nuevas pruebas, se puede reiniciar la investigación".

Los grupos armados ilegales de extrema derecha, normalmente conocidos como paramilitares, son responsables de una gran cantidad de crímenes que entran dentro de la categoría de lesa humanidad [2] , enjuiciable ante la CPI. Los fiscales de Colombia que investigan a los paramilitares desmovilizados han documentado unos 14.000 crímenes atribuidos a ellos. Son casos de ejecuciones, matanzas, torturas, desapariciones forzadas y expropiación de bienes, entre otros [3] . Estas actividades se han realizado de manera sistemática y donde el blanco han sido justamente los movimientos sociales, organizaciones comunales y partidos políticos de izquierda.

Muchos de los delitos fueron cometidos después de julio de 2002, momento a partir del cual entró en funcionamiento la CPI, y pese a que Colombia realizó, por el artículo 124 del Estatuto de Roma [4] , una salvaguarda respecto de los crímenes de guerra [5] , todavía se pueden juzgar ante la CPI los delitos de lesa humanidad que se han llevado a cabo por los paramilitares, que no son pocos.

De hecho la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una ONG que reúne a 116 organizaciones en cerca de 100 países, ha introducido varias comunicaciones ante la Fiscalía de la CPI para que investigue a los responsables de crímenes bajo su jurisdicción en Colombia. Según la FIDH, la Ley de Justicia y Paz promovida por el gobierno de Uribe para desmantelar los grupos paramilitares es solamente una pantalla, pues en realidad con esta ley se está legitimando la impunidad de sus crímenes.

Dados los estrechos lazos entre los paramilitares (de quienes hay pruebas de la imputación de delitos de lesa humanidad) y el gobierno y familia de Uribe, junto a la impunidad reinante por los delitos cometidos ayudados con la Ley de Justicia y Paz, podría perfectamente presentarse una demanda ante la CPI para que el Fiscal de este organismo investigue la responsabilidad de Uribe y otras personas, a la vez que evalua la Ley de Justicia y Paz.

El miercoles 5 de marzo por la noche, durante una rueda de prensa conjunta con el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, Chávez expresó que quería presentarse ante la CPI, pero acompañado de Uribe. Chávez sabe que él tiene las manos limpias de sangre y Uribe no. En fin, no nos apresuremos, Uribe simplemente quiso hacer un pequeño ”show”, la realidad es que el caso de la parapolítica avanza y que la CPI está consolidándose. Para desgracia de Uribe ya existen precendentes recientes en el que las instancias judiciales extranjeras, la cooperación judicial y la presión internacional han servido para llevar a juicio a ex presidentes criminales, y si no que se lo digan a Pinochet o Fujimori. Lo que esta claro es que tarde o temprano, aunque no creo que demasiado tarde, y por sus propios actos, Uribe también caerá, Chávez si sigue como hasta ahora no.

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[1] Los nombres de estos congresistas son: Álvaro García Romero, Erick Julio Morris, Jairo Merlano, Álvaro Araújo Castro, Dieb Maloof, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Miguel Alfonso de la Espriella, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, José Santos Negrete, William Montes, Óscar Wilchez, Karelly Patricia Lara Vence, Luis Humberto Gómez Gallo, Ciro Ramírez, Luis Fernando Almario, Pompilio Avendaño y Dixon Tapasco y Enrique Emilio Ángel.

[2] El crimen de lesa humanidad se considerará “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; (…) d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física; (…) f) Tortura; g) Violación; (…) h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos;(…) i) Desaparición forzada de personas; (…)k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” Art. 7 del Estatuto de Roma.

[3] La ONG Centro de Investigación y Educación Popular documentó por medio de su Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política 14.476 crímenes de lesa humanidad perpetrados por los paramilitares. El estudio recoge 11.161 casos de personas ejecutadas, 1.869 desaparecidas y 164 torturadas.

[4] El artículo 124 establece: “…al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio…”. Estas categorías establecidas en el artículo 8 son(como se dijo más arriba): genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión.

[5] “(…)A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”: a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber (…): i) El homicidio intencional; ii) La tortura o los tratos inhumanos (…); iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud; iv) La destrucción y la apropiación de bienes (…); v) El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga; (…)vii) La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal;

viii) La toma de rehenes; b) Otras violaciones graves de las leyes (…)” Art. 8 Estatuto de Roma.