Friday, April 05, 2013

La PAH y Psicólogos sin Fronteras colaboran en la atención psíquica a personas afectadas por las hipotecas El impacto en la salud mental de los desahucios

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En el año 2012 los juzgados de Primera Instancia acordaron 101.034 procedimientos de desalojo de viviendas, locales o fincas (desahucios), según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Pero bajo los números gélidos asoman dramas personales, impactos psicológicos y problemas de salud mental que, en los casos más extremos, culminan en el suicidio.
Javier A., mexicano, firmó en 2007 una hipoteca por valor de 212.000 euros con Bankia. Al perder su empleo como comercial de exportación, se demoró dos mensualidades en el pago de la cuota. Llegaron entonces los problemas. “Me telefonearon del banco con un tono criminalizador, como si fuera un moroso apestado”. ¿Qué se siente en esos casos? “Un pánico terrible; la llamada me dejó temblando y con las manos frías”. En una segunda fase, “cuando digieres el susto, te sobreviene la indignación y la rabia”. Aunque después ha podido enderezar su situación personal, tiene claro que la hipoteca es “como una condena”. Asistió a sesiones de terapia pues la tendencia al aislamiento hizo que se resintiera su relación de pareja y con las amistades. Insomnio, abatimiento, crisis de ansiedad (estuvo año y medio medicándose)… Pero integrarse en la Plataforma de Afectades per les Hipoteques (PAH) de Valencia le ayudó a compartir el problema y romper con el aislamiento.
El caso de Alicia Gabba, argentina de 50 años, roza el surrealismo. Suscribió en mayo de 2006 un préstamo hipotecario de 174.000 euros con el Banco de Valencia y ahora –está amenazada de desahucio- la entidad financiera le reclama 175.000 euros. Mantiene en el hogar familiar a sus dos hijos, con los ingresos de su marido (el subsidio de 426 euros) y los que ella aporta como monitora de tiempo libre (menos de 600 euros al mes). En 2011 dejó de pagar la hipoteca (“Te planteas que o pagas, o comes”). “Al principio tienes mucha ansiedad, es como si se terminara el mundo; pero luego el proceso se dilata y eso hace que te tranquilices algo; ahora bien, cuando me llegó la demanda del juzgado, me quedé paralizada, no sabía que hacer”, recuerda. Le ayudó mucho su capacidad para relativizar y las experiencias pasadas: “soy migrante, he superado un cáncer y, además, lo que más me afectó fue la muerte de mi papá en 2009”. También le ayudó entrar en la PAH de Valencia, donde atiende el teléfono de afectados: “Te da mucha fortaleza el que te digan que no eres culpable de nada y que no has vivido por encima de tus posibilidades”. Pero reconoce los nervios y ansiedad con los que espera el desahucio. Su marido se medica por los problemas de tensión.
La PAH y Psicólogos sin Fronteras (PSF) colaboran en Madrid y Valencia (apoyoencrisis@psicologossinfronteras.org) en un proyecto para prestar apoyo emocional a personas afectadas por las hipotecas que no pueden costearse un tratamiento; la iniciativa pretende ampliarse a Alicante, Castellón y Murcia. Entre los objetivos que se persiguen figura dotar a los usuarios de herramientas para manejar el estrés; potenciar, como medida protectora, las redes sociales de apoyo; y trabajar en la detección e intervención de casos con alto riesgo de suicidio. Nacida hace 13 años, la ONG Psicólogos sin Fronteras lleva dos atendiendo a personas amenazadas de desahucio. Aseguran que los síntomas de los afectados (estado de shock o sentido de pérdida, entre otros muchos) y los protocolos de actuación de la ONG resultan similares en los desalojados de sus hogares y en los damnificados por catástrofes naturales (por ejemplo, el terremoto de Haití).
“Cuando a alguien se le notifica el desahucio sufre en muchos casos un estado de inseguridad y bloqueo, incluso de vulnerabilidad total, que se puede manifestar por ejemplo en ataques de ansiedad”, explica Gemma Pinilla, una de las profesionales implicadas en el proyecto. Pero admitir que se requiere apoyo psicológico ya representa un avance, pues “implica superar un sentimiento de vergüenza; hay mucha gente que no pide ayuda porque niega u oculta el problema”, asegura la psicóloga. En otros casos, continúa considerándose un estigma la terapia psicológica. Otras veces, tienen prioridad los trámites jurídicos o la negociación con los bancos para impedir un desahucio. El caso es que, por unas razones u otras, muchas personas afectadas no dan el primer paso.
Psicólogos y personas amenazadas de desahucio coinciden en un punto: la mejoría en el estado de ánimo que experimentan estas cuando se vinculan a las plataformas de afectados. Y no sólo por el hecho de recibir información, asesoramiento jurídico y asociarse en torno a un grupo de presión. Las PAH son más que eso. A juicio de Pinilla, “formar parte de una red implica darse cuenta de que no están solos, de que comparten el problema de las hipotecas con mucha más gente; las plataformas constituyen, en definitiva, el suelo donde apoyarse”.
Insomnio, estrés, ansiedad, estado de montaña rusa emocional (al pasar -por ejemplo- de la tristeza a la rabia), pérdida de apetito o ingesta compulsiva de alimentos; úlceras, dermatitis, cefaleas, agotamiento, pérdida de atención y de memoria, susceptibilidad e irritabilidad y numerosas afecciones psicosomáticas (de origen psíquico pero que se manifiestan en el cuerpo)... Juan Miguel Gómez, psicólogo que colabora con PSF y Stop Desahucios, ha constatado muchos de estos síntomas. Y otros de raíz judeocristiana: “hay un sentimiento de culpabilidad muy fuerte, sobre todo en la gente con estudios de grado medio-alto; Se achacan el no prever las consecuencias de firmar la hipoteca, que ven como su sentencia de muerte. Sienten, además, que con esta mala decisión han perjudicado a su familia y se recriminan no haber optado por la vivienda en alquiler”. La culpa y la vergüenza, agrega Gómez, son “emociones que aíslan, que te conducen a la pasividad; por eso resultan decisivas las redes sociales de apoyo, porque amortiguan el conflicto”.
Para aliviar el peso de estas emociones negativas en coyunturas críticas, los psicólogos consultados subrayan una receta, podría decirse que casi una panacea: Hablar del problema y sacarlo de adentro. Exteriorizarlo. Pero (y esto es más decisivo si cabe) en una relación en la el afectado se sienta escuchado por otra persona que en ningún caso pretende juzgarle. Los apoyos personales representan, por tanto, una de las columnas centrales del equilibrio psíquico, más aún en un contexto en el que son frecuentes los conflictos de pareja y los riesgos de desestructuración familiar.
A veces la clave está en “salir de la visión de túnel y abrir las perspectivas -explica la psicóloga María José Lucea- pues a menudo se focaliza en el problema de la hipoteca cuando estas mismas personas disponen en sus vidas de elementos muy positivos, como familia y buena salud”. “También se trata de revertir las energías, de superar estados de negatividad y culpa y pasar a la acción”, agrega. El lema de la PAH (Sí se puede) constituye un buen catalizador.
El proyecto de la PAH y Psicólogos sin Fronteras adopta varias dimensiones. Además de las sesiones con los afectados, la iniciativa abarca la intervención psicosocial, ya que hay casos en que esta resulta más urgente incluso que la cura emocional. Por ello se ayuda a los afectados (o se hace labor de acompañamiento) en casos en que se producen cortes de servicios básicos (luz y agua) o a contactar (en ocasiones, también a presionar) ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Además, para los coordinadores de la PAH se realizan talleres de meditación y relajación. PSF y el equipo jurídico de la PAH estudian también la posibilidad de que los psicólogos elaboren informes periciales (que se presentarían ante el juez en la fase de prueba) sobre los afectados por los desahucios que presenten mayor vulnerabilidad o riesgo de suicidio. “Hay que abrir los ojos a la justicia; las circunstancias psicológicas se consideran en la legislación sobre el aborto o en las penas que se imponen a los presos, pero no en la legislación hipotecaria”, subraya el psicólogo José Miguel Sanz. 
Los suicidios y las hipotecas. Continúa el goteo de muertes pero, tras la estampida informativa inicial, los medios de comunicación han echado el freno y desviado el foco. Se agotó la novedad. Sin embargo, el Congreso Nacional de Psiquiatría celebrado en septiembre de 2012 en Bilbao, concluye que la crisis económica es la primera causa de los suicidios en el estado español (factores como el paro o los desahucios estarían detrás de más de un tercio de los casos de suicidio). En el trabajo a pie de obra de PSF y la PAH se le pregunta al usuario, ya en la primera sesión, si ha pensado en quitarse la vida y si tiene ánimo para vivir. De ese modo se evalúa el riesgo. Si detectamos el peligro, explica Juan Miguel Gómez, “lo más importante es que el usuario empiece a verbalizar la ideación y que observe las consecuencias de sus decisiones; otra vez lo decisivo es socializar el problema y establecer tanto vínculos como redes de apoyo”. Critica el activista de PSF y la PAH que la Administración “oculte las cifras de suicidios”. “Parece que exista un acuerdo entre los medios y el gobierno para que no se conozca esta información”, añade. “Se excusan en un supuesto efecto imitación sin que haya estudios que lo avalen”.
Puede que las causas últimas del suicidio sean muy de fondo, casi antropológicas. Un reciente artículo publicado en Gara por el médico psiquiatra Iñaki Márkez, presidente de la Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria (OME-AEN), señalaba que la vivienda de la que a una persona se desahucia “no es simplemente esa estructura arquitectónica e inmobiliaria. Representa y constituye algo muy propio de uno mismo, una prolongación del cuerpo, parte de la vida, del entorno, del refugio y el acogimiento, del acomodo, de la posesión y seguridad. La casa forma parte de la identidad (…). Si me quitan mi casa, me quitan mi vida”.
Muchos afectados no llegan a quitarse la vida. Pero, como apunta el estudio “La vivencia en profundidad de los afectados en un proceso de desahucio”, las personas suelen sufrir en los estadios finales un “estrés postraumático” y un colapso emocional similar al de quienes han padecido un accidente de tráfico. El trabajo, realizado por ESADE y la Fundación Innovación, Acción y Conocimiento con el apoyo de Caritas, resalta las siete emociones que más se repiten durante el proceso: sorpresa, asombro, miedo, temor, asco, rabia y lloro. Los ocho entrevistados para la investigación, asegura su director, Joan Ramis, “han cambiado el modo de ver la vida tras la experiencia. Desde sus hábitos alimentarios, rutinas diarias y círculo de amistades, hasta sus objetivos vitales”.
Además de criminalizar el escrache, ¿qué medidas implementa el gobierno de Rajoy para paliar el sufrimiento que causan los desahucios? Según María José Lucea, colaboradora de Psicólogos sin Fronteras y la PAH, “ninguna, salvo medicación. Muchas personas acaban pasando por el médico de cabecera o el psiquatra, y tomando ansiolíticos o antidepresivos; pero los recursos para la salud mental son muy escasos, tendencia que se ha acentuado con los recortes. La sanidad pública debería disponer de los medios para una atención adecuada. Entre otras razones, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce como elemento de salud el bienestar psicológico”. Sin olvidar, concluye, “las causas estructurales -socioeconómicas y políticas- que subyacen a los desahucios”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Thursday, April 04, 2013

Si alguien se ha comportado como una organización violenta ha sido el gobierno



Violencia y rebelión desde el gobierno de España

Colectivo Novecento


El padre del pensamiento liberal, John Locke, en su Segundo ensayo sobre el gobierno civil especifica que cuando un gobierno usurpa las libertades, entrega el gobierno a la sujeción de un poder extranjero, se corrompe, o conduce la sociedad de un modo distinto al que esta ha prescrito, el derecho de resistencia ciudadana está más que justificado. Para el inglés los auténticos rebeldes en este caso son los gobernantes. Locke, basándose en la raíz latina re-bellare, indica que en cualquiera de estos supuestos el gobierno está protagonizando una vuelta al estado de guerra. Ante el desprecio gubernamental por la política, la ciudadanía debe defenderse para reinstaurarla.

Parece que las acciones del gobierno español casan a la perfección con la descripción lockeana en los cuatro casos mencionados. Pero además de rebelde, el gobierno es violento. ¿Qué significa esto?

Los vínculos del gobierno se han establecido con la oligarquía; a ella favorecen sus decisiones y hasta las leyes. Basta con repasar el relato de la acción gubernamental —socialista y popular— durante la crisis, echar un vistazo a los indicadores de desigualdad, a los de concentración de poder, al fenómeno de las puertas giratorias o recordar su desprecio por el programa electoral. Cuando el gobierno ordena a la policía echar a la gente de sus casas, golpear y detener a quienes solidaria y pacíficamente tratan de impedirlo, está defendiendo una vez más los intereses de unos pocos. En este caso los de los propietarios de los bancos.

Se supone que la policía es una institución pública, pagada por todos y que nos debe obediencia a través del poder político. Si este no nos representa democráticamente, la policía pierde también el vínculo ciudadano. En realidad aceptamos que el monopolio de la violencia reside en el Estado porque el gobierno que lo dirige es democrático. Si hay dudas sobre esto, se quiebra algo imprescindible: la confianza. Dejamos de imaginar “protección” al ver a gente vestida de azul, para sentir inquietud e incluso miedo.

El gobierno de España utiliza así, pervirtiéndola, una fuerza que no es suya —¡es nuestra!— al servicio de intereses espurios. A la vez limita derechos fundamentales como los de reunión o manifestación para contener la protesta. Por todo ello, en lugar de pensar que el gobierno vela por nuestra seguridad a la hora de hacer cumplir las leyes, decimos que es violento.

Si esto es así, ¿cómo hacer frente a la violencia del gobierno, que ya no creemos legítima, cuando se presenta armada en la puerta de tu casa? ¿Qué hacer cuando jóvenes, parados, mayores y niños se ven en la calle, soportando además una deuda impagable?

Hannah Arendt apostaba por distinguir claramente las reglas que rigen política y violencia. En la primera reina la palabra y la escucha a la hora de lidiar con los inherentes conflictos de la ciudad. En la segunda solo hay espacio para el silencio forzado, el grito o los lamentos; domina el rugido de los instrumentos que dañan. En la política las decisiones se toman deliberando entre todos, sin exclusiones, con un poder de decisión equitativamente repartido. Se cuida de lo público desde lo público. Cuando domina la violencia se impone la disciplina jerárquica, la obediencia sin discusión y la construcción del enemigo ante cualquier disidencia. Mientras, la política cultiva la amistad con el diferente, que puede y debe expresarse. Hay libertad de movimiento al pensar, al transitar por el mundo y en las diversas alianzas que se trencen. No hay bandos. La violencia en cambio son hermandades cerradas al combate; es destrucción, aunque su fin declarado sea otro más excelso.

El sentido de la política, lo que la hace marchar, es a cada instante la libertad.

A pesar de la defensa que toda su vida mantuvo por la política, Arendt había escrito a comienzos de los años cuarenta, en la revista neoyorquina Aufbau, una serie de artículos animando la conformación de un ejército judío. Entonces sostuvo que era imprescindible tomar la iniciativa en la autodefensa frente al nazismo, así como erigirse en sujetos de cara a la negociación de una futura paz. Es más, en su polémico libro sobre Adolf Eichmann, había criticado la pasividad de los judíos que eran conducidos a los guetos, a los campos, a las cámaras de gas. Arendt sabía lo que pedía en estos escritos. Reconocía que una vez el ciudadano se torna soldado, cuando posteriormente regresa a la ciudad tras las experiencias sufridas en el frente, se ha convertido en un ciudadano “herido”. La opción por la violencia es trágica. Te introduces en un terreno enfangado de graves renuncias; sobrevienen las jefaturas, el miedo, los enemigos y en última instancia los asesinatos. De racionalizarse, ya solo cabe esperar el Terror. Sus fantasmas te acompañarán de por vida.

¿Qué hacer entonces en la España de 2013? Es un contexto muy distinto, pero ¿nos sirven estas reflexiones?

De las múltiples iniciativas ciudadanas contra este gobierno, ninguna aboga por la violencia. Al contrario, están suponiendo una extraordinaria apuesta por el tipo de política que describió Arendt. El gobierno, medios afines y un partido como UPyD han empleado sin embargo palabras muy gruesas en sentido contrario. Han acusado a familias y ciudadanos agrupados en las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de ejercer la violencia al modo de los terroristas, e incluso de apoyar a ETA.

El gobierno está construyendo un enemigo, no está dialogando. El fin es ejercer la represión más cómodamente, como acaba de demostrar la orden del Ministerio del Interior sobre los escraches. No resulta así casual que quien se haya expresado de forma más contundente estos días haya sido quien manda sobre la policía en Madrid, Cristina Cifuentes. Con esta criminalización tratan asimismo de justificar el rechazo a la propuesta de la PAH en el Parlamento.

Los escraches sobre representantes del partido en el gobierno son un brusco recordatorio a la olvidada responsabilidad de quien gobierna. “Tú me has ignorado, pero estoy aquí”. “Tus firmas burocráticas, tu gesto al apretar un botón, tienen consecuencias sobre personas como yo”. Estas afirmaciones surgen contra la ceguera moral del gobernante, y son el último recurso ante la quiebra de la representación democrática. Armados con silbatos y pegatinas, los desahuciados y quienes con ellos se solidarizan llevan la protesta hasta los espacios privados. Aparece también la persecución. No golpean, y expresamente se identifican como pacíficos.

El riesgo de violencia está presente, qué duda cabe. Cuando los absolutos se introducen en la escena, cuando la rabia ofende tanto el sentido de la justicia que explota y cuando se señala al otro como enemigo para (con)vencerlo sin escucharlo, se renuncia a la construcción democrática de otra política. De ahí que cada paso deba pensarse y toda crítica que no desea marcarte como objetivo deba atenderse. Pues nadie quiere parecerse a aquel frente al que se resiste. Y a la vez nadie quiere que lo echen de su casa. Ni que le dejen sin sanidad pública. Ni que lo golpeen impunemente o le obliguen a pagar una deuda que no es suya. Ahí está la tensión.

Pero no nos equivoquemos. Si alguien se ha comportado como una organización violenta ha sido el gobierno. Es él quien ha apostado por salirse de la política. Se ha rebelado contra la democracia, dejando sin apenas opciones a mucha gente. Las víctimas de los desahucios tan solo renuncian a seguir el camino de las expulsiones con la cabeza gacha. Se erigen como sujetos activos que toman decisiones propias, que apuestan por una resistencia en las lindes de la acción política en defensa de sus derechos y de los nuestros. De ahí que merezcan el apoyo del resto de ciudadanos, lo que tampoco supone un cheque en blanco.

El problema es que el gobierno no desea retornar a la política. Se resiste a dejar de jugar en un campo donde cree tener las de ganar. Ha demostrado además en múltiples ocasiones su torpeza en esta crisis y, si puede, incendiará. Antes de lamentar cualquier punto violento de no retorno es preciso que el poder de los muchos, pacíficamente y en las calles, haga caer a este gobierno rebelde. Si esto no sucede pronto, la responsabilidad de lo que pueda pasar en estadios posteriores también será nuestra. Así que démonos también por enterados.

http://colectivonovecento.org/2013/04/02/violencia-y-rebelion-desde-el-gobierno-de-espana/

¿Qué es el 2 abril?




CFK conmemora el 2 de abril



Insiste, en esa fecha, con su pacifismo y su política de recuperación de las islas Malvinas mediante el “diálogo”, en las alturas onunianas, con el Reino Unido. Con lo cual recibe la anuencia y el apoyo de todo lo que se ha diferenciado de la dictadura, de todo lo progresista, moderno, democrático y hasta los sectores K que se autoidentifican como “de izquierda”. Pero la fecha en sí, materialmente considerada, es la expresión de una dictadura atroz y desquiciada que había emprendido la solución de todos los problemas sociales mediante la violencia, la violencia institucional y suprema, bajada desde el estado a los particulares.
Y esta última carga “gloriosa” del 2 de abril ha sido y es muy cara a la derecha más retardataria, no a la que apuesta a Londres como capital política argentina (o la que se ha actualizado apostando ahora a Miami), es decir a la que se podría haber expresado políticamente en su momento a través de la UCD, sino a su variante chovinista, la que podría emparentarse con caras pintadas de diversos maquillajes, ésos que nunca han advertido ni están dispuestos a hacerlo que “la patria” puede (y suele) ser “el último reducto de lo canalla”. [1]
Con lo cual, CFK cosecha apoyos, un 2 de abril, a izquierda y derecha, usando tales calificativos con la circunstancialidad exigible, satelizados en lo que llamaríamos el magma peronista.
Gracias a la dinámica expansiva de la lucha contra los delitos generados por la dictadura, hemos ido adentrándonos –la sociedad argentina in toto− en las complicidades, y más que en las complicidades, en el papel, a veces protagónico, que otros sectores sociales, hasta ahora invisibilizados, han tenido; políticos y funcionarios, jueces y judiciales, banca y empresarios.
Hasta ahora, el foco de las denuncias habían caído sobre militares y fuerzas de seguridad en general y el aparato jerárquico de la Iglesia Católica; curiosa exclusividad que estos dos “agentes” cosecharon, cuando cuesta imaginar que solo religiosos católicos hubiesen brindado apoyo al “Proceso de Reorganizaciòn Nacional”, como pomposamente fue bautizado el despliegue de abuso y muerte del 24/3/1976.
CFK, con su muñeca política, procurará y tendrá probablemente el éxito en cosechar como propio ese saludable avance de las investigaciones sobre los abusos y miserias de la dictadura desaparecedora, aunque soy de los que considera que dicho avance sobre agentes hasta ahora intocados proviene de la misma dinámica generada por la lucha por los derechos humanos, que proviene de Familiares, de Madres, de Abuelas, los juicios contra las juntas, etcétera: la sociedad argentina es la responsable de estas oleadas de lucha por los derechos humanos de la cual la ampliación de los juicios durante la era K es apenas su capítulo más reciente. [2] El mantenimiento de cientos de bebés, niños, ahora adultos, secuestrados ha sido un gran motor que ha mantenido a la sociedad en vilo, buscando raíces y responsables. Las Abuelas han sido protagónicas. Pero también, aunque con un sentido opuesto, la señora de Noble y sus hijos adoptados en tiempo de desapariciones, resistiendo a o burlándose de, una investigación normal y elemental. Durante diez años por lo menos…
Este 2 de abril, verá a la sociedad argentina, una vez más entreverada, como en un cambalache, oficiales torturadores junto a colimbas tratados como esclavos en las islas.
Esos mismos muchachos son ahora tratados como héroes en los cantos patrióticos del después. Se la pueden creer o no. Tal vez el divorcio entre aquella realidad del maltrato y el terror y las loas posteriores hayan generado en más de uno una fractura irremediable.
Pero el patriotismo opera como un enorme curalotodo o cubrelotodo. Así que seguramente no vamos a ver mayores fisuras, aunque siga en la Plaza de Mayo, protestando, un sector de militares que en 1982 estuvieron acuartelados, movilizados, incluso ocasionalmente bombardeados, pero que al no haber puesto pie en las islas, NO son “héroes de Malvinas”.
Las cuentas en el país son difíciles. Acaba de surgir un entredicho entre los cálculos de la UCA sobre pobres en Argentina, registrando un 27% de la población, alrededor de 11 millones, y los del INDEC, que estima para el mismo concepto un 5,5% de habitantes, 2,2 millones…
En el caso de las Malvinas, protestan los acampados por no figurar entre los que realmente fueron afectados por el operativo desencadenado mediante Galtieri y el whisky y a la vez, hay asociaciones de ex-combatientes que consideran que los registros oficiales están inflados con muchos más enlistados y consiguientemente designados como excombatientes de los que realmente anduvieron en el archipiélago…
Es decir que falta por un lado y sobra por otro. Que no están todos los que son ni son todos los que están. Dificultades que parecen ser rasgos de.. ¿argentinidad al palo o hipermodernidad mal asimilada?… vaya uno a saber.


[1] Se entiende por qué. Esa atinada observación del inglés Samuel Johnson, que tiene bastante más de dos siglos de formulada, se refiere al patriotismo inglés. De gran nación, de nación imperial, imperialista. El nacionalismo en sociedades nacionalmente oprimidas adquiere, precisamente, por su condición, una doble faz: hay un nacionalismo que mantiene la función que señala Johnson pero hay otro, u otros, nacionalismos antiimperiales, anticoloniales, con rasgos de emancipación y de lucha contra el racismo y la injusticia estructural, de los cuales el bolivarianismo chavista sería en nuestra región su expresión más reciente.
[2] Aun reconociendo todos los aspectos saludables del strip-tease ideológico y delictual que la sociedad argentina está viviendo, hay que advertir que esta sociedad sigue siendo sensible a los demandas de los sectores ilustrados o con diversos poderes, pero que los victimados del tiempo de la dictadura que no estaban en los lugares del reclamo amparados por dichos poderes, por ejemplo conscriptos pobres asesinados en escaramuzas guerrilleras, siguen perteneciendo a la Argentina negada. Hasta ahí no llegan los derechos humanos, que pondrían en conflicto los derechos humanos consagrados para sectores diz que progresistas.

PIEDAD CÓRDOBA RUIZ



Adolfo Pérez Esquivel y Federico Mayor Zaragoza, entre los más de 200 firmantes
Intelectuales, defensores y políticos de Europa y América respaldan a Piedad Córdoba ante la Corte Constitucional



A la opinión pública mundial, a las autoridades colombianas, en especial a los Magistrados de la Corte Constitucional:

Quienes firmamos esta carta, la dirigimos con profundo respeto y al tiempo con la convicción moral y el derecho que nos asiste para expresar nuestra solidaridad y señalar la gravedad de una decisión equivocada en contra de los derechos no sólo de la dirigente política PIEDAD CÓRDOBA RUIZ sino de los derechos colectivos del pueblo colombiano a construir la paz.

Lo hacemos con la alarma causada por la información de prensa que da cuenta de la posibilidad de que el alto Tribunal constitucional pueda decidir negativamente la acción de tutela interpuesta por la ex Senadora Piedad Córdoba contra la decisión injusta e ilegítima dictada en 2010, hace dos años y medio, por el Procurador General de Colombia, en la que, desbordando su competencia, determinó sancionarla por 18 años, decretando una muerte política, a quien había sido legítimamente elegida por una parte importante de mujeres y hombres de Colombia.

La destitución e inhabilitación que le impusieron nos pareció y nos parece un exabrupto jurídico, ético y político, basado en pruebas manipuladas, como judicialmente está confirmado, con elementos obtenidos ilegalmente en una operación militar violatoria de los más elementales principios del derecho internacional y de los derechos humanos, al vejar la soberanía de un país vecino y amigo como es Ecuador, en la que con poderosos bombardeos se consumó una matanza tras la cual fueron recogidos unos ordenadores en los que supuestamente unos correos indicarían una indebida relación de Piedad Córdoba con la guerrilla de las FARC.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia (18 de Mayo de 2011), determinó que el contenido demostrativo de esos elementos en archivos estáticos que no ligan un origen con un destino es ilegal: “Los documentos electrónicos hallados en los ordenadores de “Raúl Reyes” fueron recogidos por miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, durante una inspección que hicieron en territorio ecuatoriano sin consultar con las autoridades de ese país, desatendiendo frontalmente el “debido proceso” que gobierna la producción de pruebas en el exterior, además de que quienes así procedieron ni siquiera tenían facultades de policía judicial”.

La presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el conjunto de las garantías y del debido proceso no sólo se estarían violando de manera radical con una decisión que la hallara culpable, sino que se estaría violando su derecho y con ella el de una amplia parte de la población colombiana, a construir y participar activamente de la paz, tal y como lo reconocen instrumentos jurídicos suscritos por el Estado colombiano.

La decisión del Procurador, insistimos, no sólo viola los derechos políticos de Piedad Córdoba sino de los colombianos y las colombianas que votaron por ella como representante política. El derecho a ser elegido y a elegir, protegido irrestrictamente, como lo establece el articulo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados, señala la posibilidad de limitarlo por condena emitida por juez competente en un proceso penal, lo cual en absoluto no ha ocurrido, ni siquiera siendo llamada a un evento o instancia de tal naturaleza, lo cual prueba la arbitrariedad del acto del Procurador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si la sanción es aplicada por un órgano distinto a un juez penal competente o no se aplicó como consecuencia de un proceso penal en el que se hubieran cumplido las garantías previstas para la protección del debido proceso, se estaría incurriendo en una clara violación de los derechos a elegir del pueblo colombiano y a ser elegida de Piedad Córdoba, generando o pudiendo demandarse la responsabilidad del Estado colombiano.

Se estaría enviando un claro mensaje de obstrucción política y persecución, no sólo de la persona que puso en riesgo su vida para mediar y obtener la liberación de decenas de civiles y militares en manos de la guerrilla, como lo hizo exitosamente en una delicada tarea de años, reconocida mundialmente, sino de todos los que tienen como objetivo el cese de la violencia. En ello consistieron sus contactos y oficios, dentro de un trato político que contribuyó al indiscutible escenario que hoy día tenemos, el de un vivo y esperanzador proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.

Un tal mensaje de castigo es un mensaje de condena de ese proceso, pues si hoy se ahoga la participación de una destacada personalidad como Piedad Córdoba, en la vida política de su país en igualdad de condiciones ¿con qué garantías podrá contar esa gran parte del pueblo colombiano tradicionalmente excluida del poder político? Esa muerte política que equivale a una pena extrema que rompe con el avance del Estado de Derecho en Colombia, esa criminalización resultante, reforzaría lo que judicialmente ya ha sido comprobado en expedientes que obran contra redes y estructuras comprometidas en crímenes de lesa humanidad. Que por todos los medios, incluyendo atentados contra su vida y de sus asesores, interceptaciones de sus comunicaciones, hostigamiento y amenazas, ha existido un propósito espurio contra Piedad Córdoba. Confiamos que una justa decisión de la Corte Constitucional no les de la razón a quienes acudiendo a diversidad de métodos oprobiosos han buscado apartarla de las opciones y alternativas políticas a las que el pueblo colombiano tiene derecho para el logro de la paz.

Expectantes en que sabrán acoger dicha acción de tutela, y que conforme al ordenamiento legal colombiano se tendrán esas pruebas como violatorias del debido proceso, por lo tanto plenamente nulas, confiamos y demandamos con respeto que se le restituya a Piedad Córdoba Ruiz todos sus derechos políticos, su condición de Senadora de la República, cesando así este capítulo deshonroso de persecución política y de intolerancia inadmisible.

Por tanto, quienes suscribimos esta misiva pública desde la comunidad internacional, hacemos un llamado a la Corte Constitucional de Colombia, para que reestablezca la justicia, conscientes de los efectos no sólo hacia su persona y electores, sino de lo que significa política e históricamente para enaltecer así el servicio de la juridicidad a la vocación de paz y reconciliación, incompatibles con el quebrantamiento de los derechos fundamentales y de costosos principios de civilización como son la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso y el ejercicio pleno de los derechos políticos.

4 de abril de 2013

Atentamente,

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Presidente SERPAJ-Argentina, miembro de la Comisión Ética para Colombia

Federico Mayor Zaragoza, Ex Director General de la UNESCO, ex Ministro, Presidente Fundación Cultura de Paz, España

Heike Hänsel, Parlamentaria de Die Linke, presidenta de la Subcomisión de Naciones Unidas del Bundestag, Alemania

Mirta Acuña de Baravalle, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuela de Plaza de Mayo, Miembro de la Comisión Ética para Colombia

Cayo Lara Moya, Coordinador Federal de Izquierda Unida, Diputado, Presidente del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA, Congreso de los Diputados, España

José Luis Centella Gómez, Secretario General del Partido Comunista de España, CE, Diputado, Portavoz del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España

François Houtart, sacerdote, sociólogo, profesor emérito Universidad de Lovaina, Bélgica

Carlos Fernández Liria, filósofo, profesor Universidad Complutense de Madrid – España

Joan Josep Nuet i Pujals, Coordinador General de Esquerra Unida i Alternativa, Diputado IU Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA, congreso de los Diputados, España

Ricardo Sixto Iglesias, Diputado IU Valencia, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España

Belén Gopegui, escritora, España

Santiago Alba Rico, escritor, filósofo, Túnez / España

Agustín Velloso Santisteban, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor universitario y escritor, España

Isaac Rosa, escritor, España

Constantino Bértolo, escritor, editor, España

Ángel Guerra Cabrera, Cuba/México, periodista y catedrático.

Stephen Haymes, Universidad de Paul, Chicago, Estados Unidos

Gaspar Llamazares Trigo, Diputado IU Asturias, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España

Ascensión de las Heras Ladera, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, congreso de los Diputados, España

Caridad García Álvarez, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España

Alberto Garzón Espinosa, Diputado IU Málaga, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España

Chesus Yuste Cabello, Diputado CHA Zaragoza, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España

Laia Ortiz Castellví, Diputada ICV Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España

Enrique Santiago Romero, abogado, jurista experto en derechos humanos y derecho internacional

Gilberto López y Rivas, Profesor-Investigador, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México

Paul Rios, Coordinador de Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco.

Aitziber Blanco, Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco.

Juan Domingo Sánchez Estop, escritor, Bruselas, Bélgica

René Vázquez Díaz, escritor, Suecia.

Igor Urrutikoetxea, Secretario de Relaciones Internacionales de la Central sindical vasca LAB y miembro del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial

Fabio Marcelli, investigador Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales del Consejo Nacional de Investigación, Director de la Asociación de Abogados Demócratas y miembro del Bureau de la Asociación Internacional

Julie Cánovas, Doctora, jurista experta en derecho internacional, Universidad de Borgoña, Francia

Salvador López Arnal, profesor, escritor, Catalunya, España

Gabriela Morales Gracia, jurista mexicana, experta en derechos humanos

Antonio Salamanca Serrano, escritor, doctor en filosofía y derecho, experto en derechos humanos, España / Ecuador

Mario Amorós, periodista, historiador, escritor, España

Steven Forti, periodista e investigador en Historia Contemporánea, Universitat Autònoma de Barcelona, España

Unai Aranzadi, Director de la agencia informativa Independent Docs, Suecia

Xabi Puerta, escritor y productor, Presidente de la Asociación Cultural Alfonso Sastre

Joaquim Arrufat Ibáñez, diputado de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa d'Esquerres al Parlament de Catalunya

Carolina del Olmo, Directora de Cultura del Círculo de Bellas Artes, Madrid

Iñaki Markiegi Candina, Presidente Fundación Mundubat

Patricia Rivas Bufala, Periodista, España

Fausto Gianelli, abogado, experto en derecho internacional, Módena, Italia

Amaia Izko, abogada, portavoz de Sortu, País Vasco

José Antonio Gutiérrez D., Analista Político, Latin American Solidarity Centre, Dublín – Irlanda

Adolfo Araiz Flamarique, Abogado, Tafalla, País Vasco, España

Luix Barinagarrementeria Abogado, Donosita, País Vasco

José Mari Esparza, Editorial Txalaparta, Tafalla, País Vasco, España

Iñaki Soto, Director diario Gara, País Vasco

Joseba Álvarez, dirigente político, Portu, País Vasco

Iratxe Urízar, Behatokia, Observatorio Vasco de Derechos Humanos

Jon Iñarritu, Diputado Amaiur, Congreso de los Diputados, España

Iker Urbina, Diputado Amaiur, Congreso de los Diputados, España

Amalur Mendizábal, Senadora Amaiur, Senado de España

José Manuel Mariscal Cifuentes, Senador Izquierda Unida, Senado de España

Urko Aiartza, Senador Amaiur, Senado de España

Francisco Bello, Informativo digital Iniciativa Debate, España

Carlos Alberto Ruiz, jurista, experto en derechos humanos, España

Marina Albiol Guzmán, Diputada de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes.

Javier Moya, CEDSALA, Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia

Bernardino Camilo da Silva - Abogado del Movimiento Sin Tierra – MST, Brasil

Carlos Fazio, catedrático Universidad Autónoma de Méjico - UNAM, Méjico, Grupo Paz con Democracia, México y Red en Defensa de la Humanidad

Lorenzo Loncon, dirigente pueblo Mapuche, Argentina

Elizabeth Deligio, Charity Ryerson, Escuela de las Americas Watch (SOA WAtch)

Y más de 140 firmas más…