¿Un nuevo ciclo de luchas populares?
Las grandes manifestaciones populares de protesta en Brasil demolieron en
la práctica una premisa cultivada por la derecha, y asumida también por
diversas formaciones de izquierda -comenzando por el PT y siguiendo por sus
aliados: si se garantizaba “pan y circo” el pueblo –desorganizado,
despolitizado, decepcionado por diez años de gobierno petista- aceptaría
mansamente que la alianza entre las viejas y las nuevas oligarquías prosiguieran
gobernando sin mayores sobresaltos. La continuidad y eficacia del programa
“Bolsa Familia” aseguraba el pan, y la Copa del Mundo y su preludio, la Copa
Confederación, y luego los Juegos Olímpicos, aportarían el circo necesario
para consolidar la pasividad política de los brasileños. Esta visión, no sólo
equivocada sino profundamente reaccionaria (y casi siempre racista) quedó
hecha añicos en estos días, lo que revela la corta memoria histórica y el
peligroso autismo de la clase dominante y sus representantes políticos a
quienes se les olvidó que el pueblo brasileño supo ser protagonista de
grandes jornadas de lucha y que sus períodos de quietismo y pasividad
alternaron con episodios de súbita movilización que rebasaron los estrechos
marcos oligárquicos de un estado apenas superficialmente democrático. Basta
recordar las multitudinarias movilizaciones populares que impusieron la
elección directa del presidente a comienzos de los años ochentas; las que
precipitaron la renuncia de Fernando Collor de Melo en 1992 y la ola
ascendente de luchas populares que hicieron posible el triunfo de Lula en el
2002. El quietismo posterior, fomentado por un gobierno que optó por gobernar
con y para los ricos y poderosos, creo la errónea impresión de que la expansión
del consumo de un amplio estrato del universo popular era suficiente para
garantizar indefinidamente el consenso social. Una pésima sociología se
combinó con la traidora arrogancia de una tecnocracia estatal que al embotar
la memoria hizo que los acontecimientos de esta semana fueran tan sorpresivos
como un rayo en un día de cielos despejados.La sorpresa enmudeció a una
dirigencia política de discurso fácil y efectista, que no podía comprender -y
mucho menos contener- el tsunami político que irrumpía nada menos que en
medio de los fastos futboleros de la Copa Confederación. Fue notable la
lentitud de la respuesta gubernamental, desde las intendencias municipales
hasta los gobiernos estaduales y el propio gobierno federal.
Opinólogos y analistas adscriptos al gobierno insisten ahora en colocar
bajo la lupa estas manifestaciones, señalando su carácter caótico, su falta
de liderazgo, la ausencia de un proyecto político de recambio. Sería mejor
que en lugar de exaltar las virtudes de un fantasioso “posneoliberalismo” de
Brasilia y de pensar que lo ocurrido tiene que ver con la falta de políticas
gubernamentales hacia un nuevo actor social, la juventud, dirigieran su
mirada hacia los déficits de la gestión gubernativa del PT y sus aliados en
un amplio abanico de temas cruciales para el bienestar de la ciudadanía.
Plantear que las protestas fueron causadas por el aumento de 20 centavos de
real en el transporte público de Sao Paulo es lo mismo que, salvando las
distancias, afirmar que la Revolución Francesa se produjo porque, como es
sabido, algunas panaderías de la zona de la Bastilla habían aumentado en unos
pocos centavos el precio del pan. Confunden estos propagandistas el detonante
de la rebelión popular con las causas profundas que la provocan, que dicen
relación con la enorme deuda social de la democracia brasileña, apenas
atenuada en los últimos años del gobierno Lula. El disparador, el aumento en
el precio del boleto del transporte urbano, tuvo eficacia porque según
algunos cálculos para un trabajador que gana apenas el salario mínimo en Sao
Paulo el costo diario de la transportación para concurrir a su trabajo
equivale a poco más de la cuarta parte de sus ingresos. Pero esto sólo pudo
desencadenar la oleada de protestas porque se combinaba con la pésima situación
de los servicios de salud pública; el sesgo clasista y racista del acceso a
la educación; la corrupción gubernamental (un indicador: la presidenta Dilma
Rousseff ha echado a varios ministros por esta causa), la ferocidad represiva
impropia de un estado que se reclama como democrático y la arrogancia
tecnocrática de los gobernantes, en todos sus niveles, ante las demandas populares que son desoídas sistemáticamente:
caso de la reforma de la previsión social, o de la paralizada Reforma Agraria
o los reclamos de los pueblos originarios ante la construcciones de grandes
represas en la Amazonía. Con estas asignaturas pendientes, hablar de
“posneoliberalismo” revela, en el mejor de los casos, indolencia del espíritu
crítico; en el peor, una deplorable sumisión incondicional al discurso
oficial.
A la explosiva combinación señalada más arriba hay que sumar el creciente
abismo que separa al común de la ciudadanía de la partidocracia gobernante,
incesante tejedora de toda suerte de inescrupulosas alianzas y
transformismos, que burlan la voluntad del electorado sacrificando
identidades partidarias y adscripciones ideológicas. No por casualidad todas
las manifestaciones expresaban su repudio a los partidos políticos. Un
indicador del costo fenomenal de esa partidocracia –que resta recursos al
erario público que podrían destinarse a la inversión social- está dado por lo
que en Brasil se denomina el Fondo Partidario, que financia el mantenimiento
de una maquinaria meramente electoralista y que nada tiene que ver con ese
“príncipe colectivo”, sintetizador de la voluntad nacional-popular del que
hablara Antonio Gramsci. Un solo dato será suficiente: a pesar de que la población
exige infructuosamente mayores presupuestos para mejorar los servicios
básicos que hacen a la calidad de la democracia, el mencionado fondo pasó de
distribuir 729.000 reales en 1994 a la friolera de 350.000.000 de reales en
el 2012, y está por acrecentarse aún más en el curso de este año. Esa enorme
cifra habla con elocuencia del hiato que separa representantes de
representados: ni los salarios reales ni la inversión social en salud,
educación, vivienda y transporte tuvieron la prodigiosa progresión
experimentada por una casta política completamente apartada de su pueblo y
que no vive para la política sino que vive, y muy bien, de la política, a
costa de su propio pueblo.
¿Eso es todo? No, hay algo más que provocó la furia ciudadana. El
exorbitante costo en que incurrió Brasilia a cuenta de una absurda “política
de prestigio” encaminada a convertir al Brasil en un “jugador global” en la
política internacional. La Copa del Mundo de la FIFA y los Juegos Olímpicos
exigirán enormes desembolsos que podrían haber sido utilizados más
provechosamente en solucionar añejos problemas que afectan a las clases
populares. Hubiera sido bueno que se recordara que México no sólo organizó
una sino dos Copas del Mundo en 1970 y 1986, y los Juegos Olímpicos de 1968.
Ninguno de estos grandes fastos convirtió a México en un jugador global de la
política mundial: pero aún, sirvieron para ocultar los problemas reales que
irrumpirían con fuerza en la década de los noventas y que perduran hasta el
día de hoy. Según la ley aprobada por el congreso brasileño la Copa del Mundo
dispone de un presupuesto inicial de 13.600 millones de dólares, que
seguramente aumentará a medida que se acerque la inauguración del evento, y
se estima que los Juegos Olímpicos demandarán una cifra aún mayor. Conviene
aquí recordar una sentencia de Adam Smith, cuando decía que “lo que es
imprudencia y locura en el manejo de las finanzas familiares no puede ser
responsabilidad y sensatez en el manejo de las finanzas del reino.” Quien en
su hogar no dispone de ingresos suficientes que garanticen la salud, la
educación y una adecuada vivienda para su familia no puede ser elogiado
cuando gasta lo que no tiene en una costosísima fiesta.
La dimensión de este despropósito queda graficado, como observa con
perspicacia el sociólogo y economista brasileño Carlos Eduardo Martins,
cuando compara el costo del programa “Bolsa Familia”, 20.000 millones de
reales, con el que devoran los intereses de la deuda pública: 240.000
millones de reales. Es decir, que en un año los tiburones financieros de
Brasil y del exterior, niños mimados del gobierno, reciben como compensación
a sus tramposos préstamos el equivalente doce planes “Bolsa Familia” por año.
Según un estudio de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, en el año 2012 el desembolso
por concepto de intereses y amortizaciones de la deuda pública insumió el
47.19 por ciento del presupuesto nacional; por contraposición, se le dedicó a
la salud pública el 3.98 por ciento, a la educación el 3.18 por ciento y a l
transporte el 1.21 por ciento. Con esto no se quiere disminuir la importancia
del programa “Bolsa Familia” sino de resaltar la escandalosa gravitación de
la sangría originada por una deuda pública-ilegítima hasta la médula- que ha
hecho de los banqueros y especuladores financieros los principales
beneficiarios de la democracia brasileña o, más precisamente, de la
plutocracia reinante en el Brasil. Por eso tiene razón Martins cuando observa
que la dimensión de la crisis exige algo más que reuniones de gabinete y
conversaciones con algunos líderes de los movimientos sociales organizados.
Propone, en cambio, la realización de un plebiscito para una reforma
constitucional que recorte los poderes de la partidocracia y empodere de
verdad a la ciudadanía; o para derogar la ley de auto-amnistía de la
dictadura; o para realizar una auditoría integral sobre la turbia génesis de
la escandalosa deuda pública (como hizo Rafael Correa en el Ecuador). Agrega
también que no basta con decir que el 100 por ciento de los royalties que
origine la explotación del enorme yacimiento petrolero del Pre-Sal serán
dedicados, como lo declaró Rousseff, a la educación, en la medida en que no
se diga cuál será la proporción que el estado captará de las empresas
petroleras. En Venezuela y Ecuador el estado retiene por concepto de
royalties entre el 80 y el 85 por ciento de lo producido en boca de pozo. ¿Y
en Brasil quién fijará ese porcentaje? ¿El mercado? ¿Por qué no establecerlo
mediante una democrática consulta popular?
Como puede colegirse de todo lo
anterior, es imposible reducir la causa de la protesta popular en Brasil a
una eclosión juvenil. Es prematuro prever cual será el futuro de estas
manifestaciones, pero de algo estamos seguros. El “¡Que se vayan todos!” de
la Argentina del 2001-2002 no pudo constituirse como una alternativa de
poder, pero por lo menos señaló los límites que ningún gobierno podría volver
a traspasar so pena de ser derrocado por una nueva insurgencia popular. Más
aún, las grandes movilizaciones populares en Bolivia y Ecuador demostraron
que sus flaquezas y su inorganicidad -como las que hoy hay en Brasil- no le
impidieron tumbar a gobernantes que sólo solo lo hacían a favor de los ricos.
Las masas que salieron a la calle en más de cien ciudades brasileñas pueden
tal vez no saber adónde van, pero en su marcha pueden acabar con un gobierno
que claramente eligió ponerse al servicio del capital. Brasilia haría muy
bien en mirar lo ocurrido en los países vecinos y tomar nota de esta lección
que presagia crecientes niveles de ingobernabilidad si persiste en su alianza
con la derecha, con los monopolios, con el agronegocios, con el capital
financiero, con los especuladores que desangran al presupuesto público de
Brasil. La única salida a todo esto es por la izquierda, potenciando no en el
discurso sino con hechos concretos, el protagonismo popular y adoptando
políticas coherentes con el nuevo sistema de alianzas. No sería exagerado
pronosticar que un nuevo ciclo de ascenso de las luchas populares estaría
dando comienzo en el gigante sudamericano. Si así fuera lo más probable sería
una reorientación de la política brasileña, lo cual sería una muy buena
noticia para la causa de la emancipación de Brasil y de toda Nuestra América.
* Una versión resumida de esta nota salió publicada en la edición
dominical de Página/12, del 23 de Junio del corriente año.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una
licencia de Creative Commons,
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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Monday, June 24, 2013
Friday, April 05, 2013
La PAH y Psicólogos sin Fronteras colaboran en la atención psíquica a personas afectadas por las hipotecas El impacto en la salud mental de los desahucios
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05-04-2013 |
En el año 2012 los
juzgados de Primera Instancia acordaron 101.034 procedimientos de
desalojo de viviendas, locales o fincas (desahucios), según las
estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Pero bajo los
números gélidos asoman dramas personales, impactos psicológicos y
problemas de salud mental que, en los casos más extremos, culminan en el
suicidio.
Javier A., mexicano, firmó en 2007 una hipoteca por valor de 212.000 euros con Bankia. Al perder su empleo como comercial de exportación, se demoró dos mensualidades en el pago de la cuota. Llegaron entonces los problemas. “Me telefonearon del banco con un tono criminalizador, como si fuera un moroso apestado”. ¿Qué se siente en esos casos? “Un pánico terrible; la llamada me dejó temblando y con las manos frías”. En una segunda fase, “cuando digieres el susto, te sobreviene la indignación y la rabia”. Aunque después ha podido enderezar su situación personal, tiene claro que la hipoteca es “como una condena”. Asistió a sesiones de terapia pues la tendencia al aislamiento hizo que se resintiera su relación de pareja y con las amistades. Insomnio, abatimiento, crisis de ansiedad (estuvo año y medio medicándose)… Pero integrarse en la Plataforma de Afectades per les Hipoteques (PAH) de Valencia le ayudó a compartir el problema y romper con el aislamiento.
El caso de Alicia Gabba, argentina de 50 años, roza el surrealismo. Suscribió en mayo de 2006 un préstamo hipotecario de 174.000 euros con el Banco de Valencia y ahora –está amenazada de desahucio- la entidad financiera le reclama 175.000 euros. Mantiene en el hogar familiar a sus dos hijos, con los ingresos de su marido (el subsidio de 426 euros) y los que ella aporta como monitora de tiempo libre (menos de 600 euros al mes). En 2011 dejó de pagar la hipoteca (“Te planteas que o pagas, o comes”). “Al principio tienes mucha ansiedad, es como si se terminara el mundo; pero luego el proceso se dilata y eso hace que te tranquilices algo; ahora bien, cuando me llegó la demanda del juzgado, me quedé paralizada, no sabía que hacer”, recuerda. Le ayudó mucho su capacidad para relativizar y las experiencias pasadas: “soy migrante, he superado un cáncer y, además, lo que más me afectó fue la muerte de mi papá en 2009”. También le ayudó entrar en la PAH de Valencia, donde atiende el teléfono de afectados: “Te da mucha fortaleza el que te digan que no eres culpable de nada y que no has vivido por encima de tus posibilidades”. Pero reconoce los nervios y ansiedad con los que espera el desahucio. Su marido se medica por los problemas de tensión.
La PAH y Psicólogos sin Fronteras (PSF) colaboran en Madrid y Valencia (apoyoencrisis@
“Cuando a alguien se le notifica el desahucio sufre en muchos casos un estado de inseguridad y bloqueo, incluso de vulnerabilidad total, que se puede manifestar por ejemplo en ataques de ansiedad”, explica Gemma Pinilla, una de las profesionales implicadas en el proyecto. Pero admitir que se requiere apoyo psicológico ya representa un avance, pues “implica superar un sentimiento de vergüenza; hay mucha gente que no pide ayuda porque niega u oculta el problema”, asegura la psicóloga. En otros casos, continúa considerándose un estigma la terapia psicológica. Otras veces, tienen prioridad los trámites jurídicos o la negociación con los bancos para impedir un desahucio. El caso es que, por unas razones u otras, muchas personas afectadas no dan el primer paso.
Psicólogos y personas amenazadas de desahucio coinciden en un punto: la mejoría en el estado de ánimo que experimentan estas cuando se vinculan a las plataformas de afectados. Y no sólo por el hecho de recibir información, asesoramiento jurídico y asociarse en torno a un grupo de presión. Las PAH son más que eso. A juicio de Pinilla, “formar parte de una red implica darse cuenta de que no están solos, de que comparten el problema de las hipotecas con mucha más gente; las plataformas constituyen, en definitiva, el suelo donde apoyarse”.
Insomnio, estrés, ansiedad, estado de montaña rusa emocional (al pasar -por ejemplo- de la tristeza a la rabia), pérdida de apetito o ingesta compulsiva de alimentos; úlceras, dermatitis, cefaleas, agotamiento, pérdida de atención y de memoria, susceptibilidad e irritabilidad y numerosas afecciones psicosomáticas (de origen psíquico pero que se manifiestan en el cuerpo)... Juan Miguel Gómez, psicólogo que colabora con PSF y Stop Desahucios, ha constatado muchos de estos síntomas. Y otros de raíz judeocristiana: “hay un sentimiento de culpabilidad muy fuerte, sobre todo en la gente con estudios de grado medio-alto; Se achacan el no prever las consecuencias de firmar la hipoteca, que ven como su sentencia de muerte. Sienten, además, que con esta mala decisión han perjudicado a su familia y se recriminan no haber optado por la vivienda en alquiler”. La culpa y la vergüenza, agrega Gómez, son “emociones que aíslan, que te conducen a la pasividad; por eso resultan decisivas las redes sociales de apoyo, porque amortiguan el conflicto”.
Para aliviar el peso de estas emociones negativas en coyunturas críticas, los psicólogos consultados subrayan una receta, podría decirse que casi una panacea: Hablar del problema y sacarlo de adentro. Exteriorizarlo. Pero (y esto es más decisivo si cabe) en una relación en la el afectado se sienta escuchado por otra persona que en ningún caso pretende juzgarle. Los apoyos personales representan, por tanto, una de las columnas centrales del equilibrio psíquico, más aún en un contexto en el que son frecuentes los conflictos de pareja y los riesgos de desestructuración familiar.
A veces la clave está en “salir de la visión de túnel y abrir las perspectivas -explica la psicóloga María José Lucea- pues a menudo se focaliza en el problema de la hipoteca cuando estas mismas personas disponen en sus vidas de elementos muy positivos, como familia y buena salud”. “También se trata de revertir las energías, de superar estados de negatividad y culpa y pasar a la acción”, agrega. El lema de la PAH (Sí se puede) constituye un buen catalizador.
El proyecto de la PAH y Psicólogos sin Fronteras adopta varias dimensiones. Además de las sesiones con los afectados, la iniciativa abarca la intervención psicosocial, ya que hay casos en que esta resulta más urgente incluso que la cura emocional. Por ello se ayuda a los afectados (o se hace labor de acompañamiento) en casos en que se producen cortes de servicios básicos (luz y agua) o a contactar (en ocasiones, también a presionar) ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Además, para los coordinadores de la PAH se realizan talleres de meditación y relajación. PSF y el equipo jurídico de la PAH estudian también la posibilidad de que los psicólogos elaboren informes periciales (que se presentarían ante el juez en la fase de prueba) sobre los afectados por los desahucios que presenten mayor vulnerabilidad o riesgo de suicidio. “Hay que abrir los ojos a la justicia; las circunstancias psicológicas se consideran en la legislación sobre el aborto o en las penas que se imponen a los presos, pero no en la legislación hipotecaria”, subraya el psicólogo José Miguel Sanz.
Los suicidios y las hipotecas. Continúa el goteo de muertes pero, tras la estampida informativa inicial, los medios de comunicación han echado el freno y desviado el foco. Se agotó la novedad. Sin embargo, el Congreso Nacional de Psiquiatría celebrado en septiembre de 2012 en Bilbao, concluye que la crisis económica es la primera causa de los suicidios en el estado español (factores como el paro o los desahucios estarían detrás de más de un tercio de los casos de suicidio). En el trabajo a pie de obra de PSF y la PAH se le pregunta al usuario, ya en la primera sesión, si ha pensado en quitarse la vida y si tiene ánimo para vivir. De ese modo se evalúa el riesgo. Si detectamos el peligro, explica Juan Miguel Gómez, “lo más importante es que el usuario empiece a verbalizar la ideación y que observe las consecuencias de sus decisiones; otra vez lo decisivo es socializar el problema y establecer tanto vínculos como redes de apoyo”. Critica el activista de PSF y la PAH que la Administración “oculte las cifras de suicidios”. “Parece que exista un acuerdo entre los medios y el gobierno para que no se conozca esta información”, añade. “Se excusan en un supuesto efecto imitación sin que haya estudios que lo avalen”.
Puede que las causas últimas del suicidio sean muy de fondo, casi antropológicas. Un reciente artículo publicado en Gara por el médico psiquiatra Iñaki Márkez, presidente de la Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria (OME-AEN), señalaba que la vivienda de la que a una persona se desahucia “no es simplemente esa estructura arquitectónica e inmobiliaria. Representa y constituye algo muy propio de uno mismo, una prolongación del cuerpo, parte de la vida, del entorno, del refugio y el acogimiento, del acomodo, de la posesión y seguridad. La casa forma parte de la identidad (…). Si me quitan mi casa, me quitan mi vida”.
Muchos afectados no llegan a quitarse la vida. Pero, como apunta el estudio “La vivencia en profundidad de los afectados en un proceso de desahucio”, las personas suelen sufrir en los estadios finales un “estrés postraumático” y un colapso emocional similar al de quienes han padecido un accidente de tráfico. El trabajo, realizado por ESADE y la Fundación Innovación, Acción y Conocimiento con el apoyo de Caritas, resalta las siete emociones que más se repiten durante el proceso: sorpresa, asombro, miedo, temor, asco, rabia y lloro. Los ocho entrevistados para la investigación, asegura su director, Joan Ramis, “han cambiado el modo de ver la vida tras la experiencia. Desde sus hábitos alimentarios, rutinas diarias y círculo de amistades, hasta sus objetivos vitales”.
Además de criminalizar el escrache, ¿qué medidas implementa el gobierno de Rajoy para paliar el sufrimiento que causan los desahucios? Según María José Lucea, colaboradora de Psicólogos sin Fronteras y la PAH, “ninguna, salvo medicación. Muchas personas acaban pasando por el médico de cabecera o el psiquatra, y tomando ansiolíticos o antidepresivos; pero los recursos para la salud mental son muy escasos, tendencia que se ha acentuado con los recortes. La sanidad pública debería disponer de los medios para una atención adecuada. Entre otras razones, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce como elemento de salud el bienestar psicológico”. Sin olvidar, concluye, “las causas estructurales -socioeconómicas y políticas- que subyacen a los desahucios”.
Javier A., mexicano, firmó en 2007 una hipoteca por valor de 212.000 euros con Bankia. Al perder su empleo como comercial de exportación, se demoró dos mensualidades en el pago de la cuota. Llegaron entonces los problemas. “Me telefonearon del banco con un tono criminalizador, como si fuera un moroso apestado”. ¿Qué se siente en esos casos? “Un pánico terrible; la llamada me dejó temblando y con las manos frías”. En una segunda fase, “cuando digieres el susto, te sobreviene la indignación y la rabia”. Aunque después ha podido enderezar su situación personal, tiene claro que la hipoteca es “como una condena”. Asistió a sesiones de terapia pues la tendencia al aislamiento hizo que se resintiera su relación de pareja y con las amistades. Insomnio, abatimiento, crisis de ansiedad (estuvo año y medio medicándose)… Pero integrarse en la Plataforma de Afectades per les Hipoteques (PAH) de Valencia le ayudó a compartir el problema y romper con el aislamiento.
El caso de Alicia Gabba, argentina de 50 años, roza el surrealismo. Suscribió en mayo de 2006 un préstamo hipotecario de 174.000 euros con el Banco de Valencia y ahora –está amenazada de desahucio- la entidad financiera le reclama 175.000 euros. Mantiene en el hogar familiar a sus dos hijos, con los ingresos de su marido (el subsidio de 426 euros) y los que ella aporta como monitora de tiempo libre (menos de 600 euros al mes). En 2011 dejó de pagar la hipoteca (“Te planteas que o pagas, o comes”). “Al principio tienes mucha ansiedad, es como si se terminara el mundo; pero luego el proceso se dilata y eso hace que te tranquilices algo; ahora bien, cuando me llegó la demanda del juzgado, me quedé paralizada, no sabía que hacer”, recuerda. Le ayudó mucho su capacidad para relativizar y las experiencias pasadas: “soy migrante, he superado un cáncer y, además, lo que más me afectó fue la muerte de mi papá en 2009”. También le ayudó entrar en la PAH de Valencia, donde atiende el teléfono de afectados: “Te da mucha fortaleza el que te digan que no eres culpable de nada y que no has vivido por encima de tus posibilidades”. Pero reconoce los nervios y ansiedad con los que espera el desahucio. Su marido se medica por los problemas de tensión.
La PAH y Psicólogos sin Fronteras (PSF) colaboran en Madrid y Valencia (apoyoencrisis@
“Cuando a alguien se le notifica el desahucio sufre en muchos casos un estado de inseguridad y bloqueo, incluso de vulnerabilidad total, que se puede manifestar por ejemplo en ataques de ansiedad”, explica Gemma Pinilla, una de las profesionales implicadas en el proyecto. Pero admitir que se requiere apoyo psicológico ya representa un avance, pues “implica superar un sentimiento de vergüenza; hay mucha gente que no pide ayuda porque niega u oculta el problema”, asegura la psicóloga. En otros casos, continúa considerándose un estigma la terapia psicológica. Otras veces, tienen prioridad los trámites jurídicos o la negociación con los bancos para impedir un desahucio. El caso es que, por unas razones u otras, muchas personas afectadas no dan el primer paso.
Psicólogos y personas amenazadas de desahucio coinciden en un punto: la mejoría en el estado de ánimo que experimentan estas cuando se vinculan a las plataformas de afectados. Y no sólo por el hecho de recibir información, asesoramiento jurídico y asociarse en torno a un grupo de presión. Las PAH son más que eso. A juicio de Pinilla, “formar parte de una red implica darse cuenta de que no están solos, de que comparten el problema de las hipotecas con mucha más gente; las plataformas constituyen, en definitiva, el suelo donde apoyarse”.
Insomnio, estrés, ansiedad, estado de montaña rusa emocional (al pasar -por ejemplo- de la tristeza a la rabia), pérdida de apetito o ingesta compulsiva de alimentos; úlceras, dermatitis, cefaleas, agotamiento, pérdida de atención y de memoria, susceptibilidad e irritabilidad y numerosas afecciones psicosomáticas (de origen psíquico pero que se manifiestan en el cuerpo)... Juan Miguel Gómez, psicólogo que colabora con PSF y Stop Desahucios, ha constatado muchos de estos síntomas. Y otros de raíz judeocristiana: “hay un sentimiento de culpabilidad muy fuerte, sobre todo en la gente con estudios de grado medio-alto; Se achacan el no prever las consecuencias de firmar la hipoteca, que ven como su sentencia de muerte. Sienten, además, que con esta mala decisión han perjudicado a su familia y se recriminan no haber optado por la vivienda en alquiler”. La culpa y la vergüenza, agrega Gómez, son “emociones que aíslan, que te conducen a la pasividad; por eso resultan decisivas las redes sociales de apoyo, porque amortiguan el conflicto”.
Para aliviar el peso de estas emociones negativas en coyunturas críticas, los psicólogos consultados subrayan una receta, podría decirse que casi una panacea: Hablar del problema y sacarlo de adentro. Exteriorizarlo. Pero (y esto es más decisivo si cabe) en una relación en la el afectado se sienta escuchado por otra persona que en ningún caso pretende juzgarle. Los apoyos personales representan, por tanto, una de las columnas centrales del equilibrio psíquico, más aún en un contexto en el que son frecuentes los conflictos de pareja y los riesgos de desestructuración familiar.
A veces la clave está en “salir de la visión de túnel y abrir las perspectivas -explica la psicóloga María José Lucea- pues a menudo se focaliza en el problema de la hipoteca cuando estas mismas personas disponen en sus vidas de elementos muy positivos, como familia y buena salud”. “También se trata de revertir las energías, de superar estados de negatividad y culpa y pasar a la acción”, agrega. El lema de la PAH (Sí se puede) constituye un buen catalizador.
El proyecto de la PAH y Psicólogos sin Fronteras adopta varias dimensiones. Además de las sesiones con los afectados, la iniciativa abarca la intervención psicosocial, ya que hay casos en que esta resulta más urgente incluso que la cura emocional. Por ello se ayuda a los afectados (o se hace labor de acompañamiento) en casos en que se producen cortes de servicios básicos (luz y agua) o a contactar (en ocasiones, también a presionar) ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Además, para los coordinadores de la PAH se realizan talleres de meditación y relajación. PSF y el equipo jurídico de la PAH estudian también la posibilidad de que los psicólogos elaboren informes periciales (que se presentarían ante el juez en la fase de prueba) sobre los afectados por los desahucios que presenten mayor vulnerabilidad o riesgo de suicidio. “Hay que abrir los ojos a la justicia; las circunstancias psicológicas se consideran en la legislación sobre el aborto o en las penas que se imponen a los presos, pero no en la legislación hipotecaria”, subraya el psicólogo José Miguel Sanz.
Los suicidios y las hipotecas. Continúa el goteo de muertes pero, tras la estampida informativa inicial, los medios de comunicación han echado el freno y desviado el foco. Se agotó la novedad. Sin embargo, el Congreso Nacional de Psiquiatría celebrado en septiembre de 2012 en Bilbao, concluye que la crisis económica es la primera causa de los suicidios en el estado español (factores como el paro o los desahucios estarían detrás de más de un tercio de los casos de suicidio). En el trabajo a pie de obra de PSF y la PAH se le pregunta al usuario, ya en la primera sesión, si ha pensado en quitarse la vida y si tiene ánimo para vivir. De ese modo se evalúa el riesgo. Si detectamos el peligro, explica Juan Miguel Gómez, “lo más importante es que el usuario empiece a verbalizar la ideación y que observe las consecuencias de sus decisiones; otra vez lo decisivo es socializar el problema y establecer tanto vínculos como redes de apoyo”. Critica el activista de PSF y la PAH que la Administración “oculte las cifras de suicidios”. “Parece que exista un acuerdo entre los medios y el gobierno para que no se conozca esta información”, añade. “Se excusan en un supuesto efecto imitación sin que haya estudios que lo avalen”.
Puede que las causas últimas del suicidio sean muy de fondo, casi antropológicas. Un reciente artículo publicado en Gara por el médico psiquiatra Iñaki Márkez, presidente de la Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria (OME-AEN), señalaba que la vivienda de la que a una persona se desahucia “no es simplemente esa estructura arquitectónica e inmobiliaria. Representa y constituye algo muy propio de uno mismo, una prolongación del cuerpo, parte de la vida, del entorno, del refugio y el acogimiento, del acomodo, de la posesión y seguridad. La casa forma parte de la identidad (…). Si me quitan mi casa, me quitan mi vida”.
Muchos afectados no llegan a quitarse la vida. Pero, como apunta el estudio “La vivencia en profundidad de los afectados en un proceso de desahucio”, las personas suelen sufrir en los estadios finales un “estrés postraumático” y un colapso emocional similar al de quienes han padecido un accidente de tráfico. El trabajo, realizado por ESADE y la Fundación Innovación, Acción y Conocimiento con el apoyo de Caritas, resalta las siete emociones que más se repiten durante el proceso: sorpresa, asombro, miedo, temor, asco, rabia y lloro. Los ocho entrevistados para la investigación, asegura su director, Joan Ramis, “han cambiado el modo de ver la vida tras la experiencia. Desde sus hábitos alimentarios, rutinas diarias y círculo de amistades, hasta sus objetivos vitales”.
Además de criminalizar el escrache, ¿qué medidas implementa el gobierno de Rajoy para paliar el sufrimiento que causan los desahucios? Según María José Lucea, colaboradora de Psicólogos sin Fronteras y la PAH, “ninguna, salvo medicación. Muchas personas acaban pasando por el médico de cabecera o el psiquatra, y tomando ansiolíticos o antidepresivos; pero los recursos para la salud mental son muy escasos, tendencia que se ha acentuado con los recortes. La sanidad pública debería disponer de los medios para una atención adecuada. Entre otras razones, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce como elemento de salud el bienestar psicológico”. Sin olvidar, concluye, “las causas estructurales -socioeconómicas y políticas- que subyacen a los desahucios”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Thursday, April 04, 2013
Si alguien se ha comportado como una organización violenta ha sido el gobierno
Violencia y rebelión desde el gobierno de España
Colectivo Novecento
El padre del
pensamiento liberal, John Locke, en su Segundo ensayo sobre el gobierno
civil especifica que cuando un gobierno usurpa las libertades, entrega
el gobierno a la sujeción de un poder extranjero, se corrompe, o conduce
la sociedad de un modo distinto al que esta ha prescrito, el derecho de
resistencia ciudadana está más que justificado. Para el inglés los
auténticos rebeldes en este caso son los gobernantes. Locke, basándose
en la raíz latina re-bellare, indica que en cualquiera de estos
supuestos el gobierno está protagonizando una vuelta al estado de
guerra. Ante el desprecio gubernamental por la política, la ciudadanía
debe defenderse para reinstaurarla.
Parece que las acciones del gobierno español casan a la perfección con la descripción lockeana en los cuatro casos mencionados. Pero además de rebelde, el gobierno es violento. ¿Qué significa esto?
Los vínculos del gobierno se han establecido con la oligarquía; a ella favorecen sus decisiones y hasta las leyes. Basta con repasar el relato de la acción gubernamental —socialista y popular— durante la crisis, echar un vistazo a los indicadores de desigualdad, a los de concentración de poder, al fenómeno de las puertas giratorias o recordar su desprecio por el programa electoral. Cuando el gobierno ordena a la policía echar a la gente de sus casas, golpear y detener a quienes solidaria y pacíficamente tratan de impedirlo, está defendiendo una vez más los intereses de unos pocos. En este caso los de los propietarios de los bancos.
Se supone que la policía es una institución pública, pagada por todos y que nos debe obediencia a través del poder político. Si este no nos representa democráticamente, la policía pierde también el vínculo ciudadano. En realidad aceptamos que el monopolio de la violencia reside en el Estado porque el gobierno que lo dirige es democrático. Si hay dudas sobre esto, se quiebra algo imprescindible: la confianza. Dejamos de imaginar “protección” al ver a gente vestida de azul, para sentir inquietud e incluso miedo.
El gobierno de España utiliza así, pervirtiéndola, una fuerza que no es suya —¡es nuestra!— al servicio de intereses espurios. A la vez limita derechos fundamentales como los de reunión o manifestación para contener la protesta. Por todo ello, en lugar de pensar que el gobierno vela por nuestra seguridad a la hora de hacer cumplir las leyes, decimos que es violento.
Si esto es así, ¿cómo hacer frente a la violencia del gobierno, que ya no creemos legítima, cuando se presenta armada en la puerta de tu casa? ¿Qué hacer cuando jóvenes, parados, mayores y niños se ven en la calle, soportando además una deuda impagable?
Hannah Arendt apostaba por distinguir claramente las reglas que rigen política y violencia. En la primera reina la palabra y la escucha a la hora de lidiar con los inherentes conflictos de la ciudad. En la segunda solo hay espacio para el silencio forzado, el grito o los lamentos; domina el rugido de los instrumentos que dañan. En la política las decisiones se toman deliberando entre todos, sin exclusiones, con un poder de decisión equitativamente repartido. Se cuida de lo público desde lo público. Cuando domina la violencia se impone la disciplina jerárquica, la obediencia sin discusión y la construcción del enemigo ante cualquier disidencia. Mientras, la política cultiva la amistad con el diferente, que puede y debe expresarse. Hay libertad de movimiento al pensar, al transitar por el mundo y en las diversas alianzas que se trencen. No hay bandos. La violencia en cambio son hermandades cerradas al combate; es destrucción, aunque su fin declarado sea otro más excelso.
El sentido de la política, lo que la hace marchar, es a cada instante la libertad.
A pesar de la defensa que toda su vida mantuvo por la política, Arendt había escrito a comienzos de los años cuarenta, en la revista neoyorquina Aufbau, una serie de artículos animando la conformación de un ejército judío. Entonces sostuvo que era imprescindible tomar la iniciativa en la autodefensa frente al nazismo, así como erigirse en sujetos de cara a la negociación de una futura paz. Es más, en su polémico libro sobre Adolf Eichmann, había criticado la pasividad de los judíos que eran conducidos a los guetos, a los campos, a las cámaras de gas. Arendt sabía lo que pedía en estos escritos. Reconocía que una vez el ciudadano se torna soldado, cuando posteriormente regresa a la ciudad tras las experiencias sufridas en el frente, se ha convertido en un ciudadano “herido”. La opción por la violencia es trágica. Te introduces en un terreno enfangado de graves renuncias; sobrevienen las jefaturas, el miedo, los enemigos y en última instancia los asesinatos. De racionalizarse, ya solo cabe esperar el Terror. Sus fantasmas te acompañarán de por vida.
¿Qué hacer entonces en la España de 2013? Es un contexto muy distinto, pero ¿nos sirven estas reflexiones?
De las múltiples iniciativas ciudadanas contra este gobierno, ninguna aboga por la violencia. Al contrario, están suponiendo una extraordinaria apuesta por el tipo de política que describió Arendt. El gobierno, medios afines y un partido como UPyD han empleado sin embargo palabras muy gruesas en sentido contrario. Han acusado a familias y ciudadanos agrupados en las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de ejercer la violencia al modo de los terroristas, e incluso de apoyar a ETA.
El gobierno está construyendo un enemigo, no está dialogando. El fin es ejercer la represión más cómodamente, como acaba de demostrar la orden del Ministerio del Interior sobre los escraches. No resulta así casual que quien se haya expresado de forma más contundente estos días haya sido quien manda sobre la policía en Madrid, Cristina Cifuentes. Con esta criminalización tratan asimismo de justificar el rechazo a la propuesta de la PAH en el Parlamento.
Los escraches sobre representantes del partido en el gobierno son un brusco recordatorio a la olvidada responsabilidad de quien gobierna. “Tú me has ignorado, pero estoy aquí”. “Tus firmas burocráticas, tu gesto al apretar un botón, tienen consecuencias sobre personas como yo”. Estas afirmaciones surgen contra la ceguera moral del gobernante, y son el último recurso ante la quiebra de la representación democrática. Armados con silbatos y pegatinas, los desahuciados y quienes con ellos se solidarizan llevan la protesta hasta los espacios privados. Aparece también la persecución. No golpean, y expresamente se identifican como pacíficos.
El riesgo de violencia está presente, qué duda cabe. Cuando los absolutos se introducen en la escena, cuando la rabia ofende tanto el sentido de la justicia que explota y cuando se señala al otro como enemigo para (con)vencerlo sin escucharlo, se renuncia a la construcción democrática de otra política. De ahí que cada paso deba pensarse y toda crítica que no desea marcarte como objetivo deba atenderse. Pues nadie quiere parecerse a aquel frente al que se resiste. Y a la vez nadie quiere que lo echen de su casa. Ni que le dejen sin sanidad pública. Ni que lo golpeen impunemente o le obliguen a pagar una deuda que no es suya. Ahí está la tensión.
Pero no nos equivoquemos. Si alguien se ha comportado como una organización violenta ha sido el gobierno. Es él quien ha apostado por salirse de la política. Se ha rebelado contra la democracia, dejando sin apenas opciones a mucha gente. Las víctimas de los desahucios tan solo renuncian a seguir el camino de las expulsiones con la cabeza gacha. Se erigen como sujetos activos que toman decisiones propias, que apuestan por una resistencia en las lindes de la acción política en defensa de sus derechos y de los nuestros. De ahí que merezcan el apoyo del resto de ciudadanos, lo que tampoco supone un cheque en blanco.
El problema es que el gobierno no desea retornar a la política. Se resiste a dejar de jugar en un campo donde cree tener las de ganar. Ha demostrado además en múltiples ocasiones su torpeza en esta crisis y, si puede, incendiará. Antes de lamentar cualquier punto violento de no retorno es preciso que el poder de los muchos, pacíficamente y en las calles, haga caer a este gobierno rebelde. Si esto no sucede pronto, la responsabilidad de lo que pueda pasar en estadios posteriores también será nuestra. Así que démonos también por enterados.
http://colectivonovecento.org/2013/04/02/violencia-y-rebelion-desde-el-gobierno-de-espana/
Parece que las acciones del gobierno español casan a la perfección con la descripción lockeana en los cuatro casos mencionados. Pero además de rebelde, el gobierno es violento. ¿Qué significa esto?
Los vínculos del gobierno se han establecido con la oligarquía; a ella favorecen sus decisiones y hasta las leyes. Basta con repasar el relato de la acción gubernamental —socialista y popular— durante la crisis, echar un vistazo a los indicadores de desigualdad, a los de concentración de poder, al fenómeno de las puertas giratorias o recordar su desprecio por el programa electoral. Cuando el gobierno ordena a la policía echar a la gente de sus casas, golpear y detener a quienes solidaria y pacíficamente tratan de impedirlo, está defendiendo una vez más los intereses de unos pocos. En este caso los de los propietarios de los bancos.
Se supone que la policía es una institución pública, pagada por todos y que nos debe obediencia a través del poder político. Si este no nos representa democráticamente, la policía pierde también el vínculo ciudadano. En realidad aceptamos que el monopolio de la violencia reside en el Estado porque el gobierno que lo dirige es democrático. Si hay dudas sobre esto, se quiebra algo imprescindible: la confianza. Dejamos de imaginar “protección” al ver a gente vestida de azul, para sentir inquietud e incluso miedo.
El gobierno de España utiliza así, pervirtiéndola, una fuerza que no es suya —¡es nuestra!— al servicio de intereses espurios. A la vez limita derechos fundamentales como los de reunión o manifestación para contener la protesta. Por todo ello, en lugar de pensar que el gobierno vela por nuestra seguridad a la hora de hacer cumplir las leyes, decimos que es violento.
Si esto es así, ¿cómo hacer frente a la violencia del gobierno, que ya no creemos legítima, cuando se presenta armada en la puerta de tu casa? ¿Qué hacer cuando jóvenes, parados, mayores y niños se ven en la calle, soportando además una deuda impagable?
Hannah Arendt apostaba por distinguir claramente las reglas que rigen política y violencia. En la primera reina la palabra y la escucha a la hora de lidiar con los inherentes conflictos de la ciudad. En la segunda solo hay espacio para el silencio forzado, el grito o los lamentos; domina el rugido de los instrumentos que dañan. En la política las decisiones se toman deliberando entre todos, sin exclusiones, con un poder de decisión equitativamente repartido. Se cuida de lo público desde lo público. Cuando domina la violencia se impone la disciplina jerárquica, la obediencia sin discusión y la construcción del enemigo ante cualquier disidencia. Mientras, la política cultiva la amistad con el diferente, que puede y debe expresarse. Hay libertad de movimiento al pensar, al transitar por el mundo y en las diversas alianzas que se trencen. No hay bandos. La violencia en cambio son hermandades cerradas al combate; es destrucción, aunque su fin declarado sea otro más excelso.
El sentido de la política, lo que la hace marchar, es a cada instante la libertad.
A pesar de la defensa que toda su vida mantuvo por la política, Arendt había escrito a comienzos de los años cuarenta, en la revista neoyorquina Aufbau, una serie de artículos animando la conformación de un ejército judío. Entonces sostuvo que era imprescindible tomar la iniciativa en la autodefensa frente al nazismo, así como erigirse en sujetos de cara a la negociación de una futura paz. Es más, en su polémico libro sobre Adolf Eichmann, había criticado la pasividad de los judíos que eran conducidos a los guetos, a los campos, a las cámaras de gas. Arendt sabía lo que pedía en estos escritos. Reconocía que una vez el ciudadano se torna soldado, cuando posteriormente regresa a la ciudad tras las experiencias sufridas en el frente, se ha convertido en un ciudadano “herido”. La opción por la violencia es trágica. Te introduces en un terreno enfangado de graves renuncias; sobrevienen las jefaturas, el miedo, los enemigos y en última instancia los asesinatos. De racionalizarse, ya solo cabe esperar el Terror. Sus fantasmas te acompañarán de por vida.
¿Qué hacer entonces en la España de 2013? Es un contexto muy distinto, pero ¿nos sirven estas reflexiones?
De las múltiples iniciativas ciudadanas contra este gobierno, ninguna aboga por la violencia. Al contrario, están suponiendo una extraordinaria apuesta por el tipo de política que describió Arendt. El gobierno, medios afines y un partido como UPyD han empleado sin embargo palabras muy gruesas en sentido contrario. Han acusado a familias y ciudadanos agrupados en las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de ejercer la violencia al modo de los terroristas, e incluso de apoyar a ETA.
El gobierno está construyendo un enemigo, no está dialogando. El fin es ejercer la represión más cómodamente, como acaba de demostrar la orden del Ministerio del Interior sobre los escraches. No resulta así casual que quien se haya expresado de forma más contundente estos días haya sido quien manda sobre la policía en Madrid, Cristina Cifuentes. Con esta criminalización tratan asimismo de justificar el rechazo a la propuesta de la PAH en el Parlamento.
Los escraches sobre representantes del partido en el gobierno son un brusco recordatorio a la olvidada responsabilidad de quien gobierna. “Tú me has ignorado, pero estoy aquí”. “Tus firmas burocráticas, tu gesto al apretar un botón, tienen consecuencias sobre personas como yo”. Estas afirmaciones surgen contra la ceguera moral del gobernante, y son el último recurso ante la quiebra de la representación democrática. Armados con silbatos y pegatinas, los desahuciados y quienes con ellos se solidarizan llevan la protesta hasta los espacios privados. Aparece también la persecución. No golpean, y expresamente se identifican como pacíficos.
El riesgo de violencia está presente, qué duda cabe. Cuando los absolutos se introducen en la escena, cuando la rabia ofende tanto el sentido de la justicia que explota y cuando se señala al otro como enemigo para (con)vencerlo sin escucharlo, se renuncia a la construcción democrática de otra política. De ahí que cada paso deba pensarse y toda crítica que no desea marcarte como objetivo deba atenderse. Pues nadie quiere parecerse a aquel frente al que se resiste. Y a la vez nadie quiere que lo echen de su casa. Ni que le dejen sin sanidad pública. Ni que lo golpeen impunemente o le obliguen a pagar una deuda que no es suya. Ahí está la tensión.
Pero no nos equivoquemos. Si alguien se ha comportado como una organización violenta ha sido el gobierno. Es él quien ha apostado por salirse de la política. Se ha rebelado contra la democracia, dejando sin apenas opciones a mucha gente. Las víctimas de los desahucios tan solo renuncian a seguir el camino de las expulsiones con la cabeza gacha. Se erigen como sujetos activos que toman decisiones propias, que apuestan por una resistencia en las lindes de la acción política en defensa de sus derechos y de los nuestros. De ahí que merezcan el apoyo del resto de ciudadanos, lo que tampoco supone un cheque en blanco.
El problema es que el gobierno no desea retornar a la política. Se resiste a dejar de jugar en un campo donde cree tener las de ganar. Ha demostrado además en múltiples ocasiones su torpeza en esta crisis y, si puede, incendiará. Antes de lamentar cualquier punto violento de no retorno es preciso que el poder de los muchos, pacíficamente y en las calles, haga caer a este gobierno rebelde. Si esto no sucede pronto, la responsabilidad de lo que pueda pasar en estadios posteriores también será nuestra. Así que démonos también por enterados.
http://colectivonovecento.org/2013/04/02/violencia-y-rebelion-desde-el-gobierno-de-espana/
¿Qué es el 2 abril?
CFK conmemora el 2 de abril
Insiste, en esa fecha, con su pacifismo y su política de recuperación de las islas Malvinas mediante el “diálogo”, en las alturas onunianas, con el Reino Unido. Con lo cual recibe la anuencia y el apoyo de todo lo que se ha diferenciado de la dictadura, de todo lo progresista, moderno, democrático y hasta los sectores K que se autoidentifican como “de izquierda”. Pero la fecha en sí, materialmente considerada, es la expresión de una dictadura atroz y desquiciada que había emprendido la solución de todos los problemas sociales mediante la violencia, la violencia institucional y suprema, bajada desde el estado a los particulares.
Y esta última carga “gloriosa” del 2 de abril ha sido y es muy cara a la derecha más retardataria, no a la que apuesta a Londres como capital política argentina (o la que se ha actualizado apostando ahora a Miami), es decir a la que se podría haber expresado políticamente en su momento a través de la UCD, sino a su variante chovinista, la que podría emparentarse con caras pintadas de diversos maquillajes, ésos que nunca han advertido ni están dispuestos a hacerlo que “la patria” puede (y suele) ser “el último reducto de lo canalla”. [1]
Con lo cual, CFK cosecha apoyos, un 2 de abril, a izquierda y derecha, usando tales calificativos con la circunstancialidad exigible, satelizados en lo que llamaríamos el magma peronista.
Gracias a la dinámica expansiva de la lucha contra los delitos generados por la dictadura, hemos ido adentrándonos –la sociedad argentina in toto− en las complicidades, y más que en las complicidades, en el papel, a veces protagónico, que otros sectores sociales, hasta ahora invisibilizados, han tenido; políticos y funcionarios, jueces y judiciales, banca y empresarios.
Hasta ahora, el foco de las denuncias habían caído sobre militares y fuerzas de seguridad en general y el aparato jerárquico de la Iglesia Católica; curiosa exclusividad que estos dos “agentes” cosecharon, cuando cuesta imaginar que solo religiosos católicos hubiesen brindado apoyo al “Proceso de Reorganizaciòn Nacional”, como pomposamente fue bautizado el despliegue de abuso y muerte del 24/3/1976.
CFK, con su muñeca política, procurará y tendrá probablemente el éxito en cosechar como propio ese saludable avance de las investigaciones sobre los abusos y miserias de la dictadura desaparecedora, aunque soy de los que considera que dicho avance sobre agentes hasta ahora intocados proviene de la misma dinámica generada por la lucha por los derechos humanos, que proviene de Familiares, de Madres, de Abuelas, los juicios contra las juntas, etcétera: la sociedad argentina es la responsable de estas oleadas de lucha por los derechos humanos de la cual la ampliación de los juicios durante la era K es apenas su capítulo más reciente. [2] El mantenimiento de cientos de bebés, niños, ahora adultos, secuestrados ha sido un gran motor que ha mantenido a la sociedad en vilo, buscando raíces y responsables. Las Abuelas han sido protagónicas. Pero también, aunque con un sentido opuesto, la señora de Noble y sus hijos adoptados en tiempo de desapariciones, resistiendo a o burlándose de, una investigación normal y elemental. Durante diez años por lo menos…
Este 2 de abril, verá a la sociedad argentina, una vez más entreverada, como en un cambalache, oficiales torturadores junto a colimbas tratados como esclavos en las islas.
Esos mismos muchachos son ahora tratados como héroes en los cantos patrióticos del después. Se la pueden creer o no. Tal vez el divorcio entre aquella realidad del maltrato y el terror y las loas posteriores hayan generado en más de uno una fractura irremediable.
Pero el patriotismo opera como un enorme curalotodo o cubrelotodo. Así que seguramente no vamos a ver mayores fisuras, aunque siga en la Plaza de Mayo, protestando, un sector de militares que en 1982 estuvieron acuartelados, movilizados, incluso ocasionalmente bombardeados, pero que al no haber puesto pie en las islas, NO son “héroes de Malvinas”.
Las cuentas en el país son difíciles. Acaba de surgir un entredicho entre los cálculos de la UCA sobre pobres en Argentina, registrando un 27% de la población, alrededor de 11 millones, y los del INDEC, que estima para el mismo concepto un 5,5% de habitantes, 2,2 millones…
En el caso de las Malvinas, protestan los acampados por no figurar entre los que realmente fueron afectados por el operativo desencadenado mediante Galtieri y el whisky y a la vez, hay asociaciones de ex-combatientes que consideran que los registros oficiales están inflados con muchos más enlistados y consiguientemente designados como excombatientes de los que realmente anduvieron en el archipiélago…
Es decir que falta por un lado y sobra por otro. Que no están todos los que son ni son todos los que están. Dificultades que parecen ser rasgos de.. ¿argentinidad al palo o hipermodernidad mal asimilada?… vaya uno a saber.
[1] Se entiende por qué. Esa atinada observación del inglés Samuel Johnson, que tiene bastante más de dos siglos de formulada, se refiere al patriotismo inglés. De gran nación, de nación imperial, imperialista. El nacionalismo en sociedades nacionalmente oprimidas adquiere, precisamente, por su condición, una doble faz: hay un nacionalismo que mantiene la función que señala Johnson pero hay otro, u otros, nacionalismos antiimperiales, anticoloniales, con rasgos de emancipación y de lucha contra el racismo y la injusticia estructural, de los cuales el bolivarianismo chavista sería en nuestra región su expresión más reciente.
[2] Aun reconociendo todos los aspectos saludables del strip-tease ideológico y delictual que la sociedad argentina está viviendo, hay que advertir que esta sociedad sigue siendo sensible a los demandas de los sectores ilustrados o con diversos poderes, pero que los victimados del tiempo de la dictadura que no estaban en los lugares del reclamo amparados por dichos poderes, por ejemplo conscriptos pobres asesinados en escaramuzas guerrilleras, siguen perteneciendo a la Argentina negada. Hasta ahí no llegan los derechos humanos, que pondrían en conflicto los derechos humanos consagrados para sectores diz que progresistas.
PIEDAD CÓRDOBA RUIZ
Adolfo Pérez Esquivel y Federico Mayor Zaragoza, entre los más de 200 firmantes
Intelectuales, defensores y políticos de Europa y América respaldan a Piedad Córdoba ante la Corte Constitucional
A la opinión pública mundial, a las autoridades colombianas, en especial a los Magistrados de la Corte Constitucional:
Quienes firmamos esta carta, la dirigimos con profundo respeto y al tiempo con la convicción moral y el derecho que nos asiste para expresar nuestra solidaridad y señalar la gravedad de una decisión equivocada en contra de los derechos no sólo de la dirigente política PIEDAD CÓRDOBA RUIZ sino de los derechos colectivos del pueblo colombiano a construir la paz.
Lo hacemos con la alarma causada por la información de prensa que da cuenta de la posibilidad de que el alto Tribunal constitucional pueda decidir negativamente la acción de tutela interpuesta por la ex Senadora Piedad Córdoba contra la decisión injusta e ilegítima dictada en 2010, hace dos años y medio, por el Procurador General de Colombia, en la que, desbordando su competencia, determinó sancionarla por 18 años, decretando una muerte política, a quien había sido legítimamente elegida por una parte importante de mujeres y hombres de Colombia.
La destitución e inhabilitación que le impusieron nos pareció y nos parece un exabrupto jurídico, ético y político, basado en pruebas manipuladas, como judicialmente está confirmado, con elementos obtenidos ilegalmente en una operación militar violatoria de los más elementales principios del derecho internacional y de los derechos humanos, al vejar la soberanía de un país vecino y amigo como es Ecuador, en la que con poderosos bombardeos se consumó una matanza tras la cual fueron recogidos unos ordenadores en los que supuestamente unos correos indicarían una indebida relación de Piedad Córdoba con la guerrilla de las FARC.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia (18 de Mayo de 2011), determinó que el contenido demostrativo de esos elementos en archivos estáticos que no ligan un origen con un destino es ilegal: “Los documentos electrónicos hallados en los ordenadores de “Raúl Reyes” fueron recogidos por miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, durante una inspección que hicieron en territorio ecuatoriano sin consultar con las autoridades de ese país, desatendiendo frontalmente el “debido proceso” que gobierna la producción de pruebas en el exterior, además de que quienes así procedieron ni siquiera tenían facultades de policía judicial”.
La presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el conjunto de las garantías y del debido proceso no sólo se estarían violando de manera radical con una decisión que la hallara culpable, sino que se estaría violando su derecho y con ella el de una amplia parte de la población colombiana, a construir y participar activamente de la paz, tal y como lo reconocen instrumentos jurídicos suscritos por el Estado colombiano.
La decisión del Procurador, insistimos, no sólo viola los derechos políticos de Piedad Córdoba sino de los colombianos y las colombianas que votaron por ella como representante política. El derecho a ser elegido y a elegir, protegido irrestrictamente, como lo establece el articulo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados, señala la posibilidad de limitarlo por condena emitida por juez competente en un proceso penal, lo cual en absoluto no ha ocurrido, ni siquiera siendo llamada a un evento o instancia de tal naturaleza, lo cual prueba la arbitrariedad del acto del Procurador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si la sanción es aplicada por un órgano distinto a un juez penal competente o no se aplicó como consecuencia de un proceso penal en el que se hubieran cumplido las garantías previstas para la protección del debido proceso, se estaría incurriendo en una clara violación de los derechos a elegir del pueblo colombiano y a ser elegida de Piedad Córdoba, generando o pudiendo demandarse la responsabilidad del Estado colombiano.
Se estaría enviando un claro mensaje de obstrucción política y persecución, no sólo de la persona que puso en riesgo su vida para mediar y obtener la liberación de decenas de civiles y militares en manos de la guerrilla, como lo hizo exitosamente en una delicada tarea de años, reconocida mundialmente, sino de todos los que tienen como objetivo el cese de la violencia. En ello consistieron sus contactos y oficios, dentro de un trato político que contribuyó al indiscutible escenario que hoy día tenemos, el de un vivo y esperanzador proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
Un tal mensaje de castigo es un mensaje de condena de ese proceso, pues si hoy se ahoga la participación de una destacada personalidad como Piedad Córdoba, en la vida política de su país en igualdad de condiciones ¿con qué garantías podrá contar esa gran parte del pueblo colombiano tradicionalmente excluida del poder político? Esa muerte política que equivale a una pena extrema que rompe con el avance del Estado de Derecho en Colombia, esa criminalización resultante, reforzaría lo que judicialmente ya ha sido comprobado en expedientes que obran contra redes y estructuras comprometidas en crímenes de lesa humanidad. Que por todos los medios, incluyendo atentados contra su vida y de sus asesores, interceptaciones de sus comunicaciones, hostigamiento y amenazas, ha existido un propósito espurio contra Piedad Córdoba. Confiamos que una justa decisión de la Corte Constitucional no les de la razón a quienes acudiendo a diversidad de métodos oprobiosos han buscado apartarla de las opciones y alternativas políticas a las que el pueblo colombiano tiene derecho para el logro de la paz.
Expectantes en que sabrán acoger dicha acción de tutela, y que conforme al ordenamiento legal colombiano se tendrán esas pruebas como violatorias del debido proceso, por lo tanto plenamente nulas, confiamos y demandamos con respeto que se le restituya a Piedad Córdoba Ruiz todos sus derechos políticos, su condición de Senadora de la República, cesando así este capítulo deshonroso de persecución política y de intolerancia inadmisible.
Por tanto, quienes suscribimos esta misiva pública desde la comunidad internacional, hacemos un llamado a la Corte Constitucional de Colombia, para que reestablezca la justicia, conscientes de los efectos no sólo hacia su persona y electores, sino de lo que significa política e históricamente para enaltecer así el servicio de la juridicidad a la vocación de paz y reconciliación, incompatibles con el quebrantamiento de los derechos fundamentales y de costosos principios de civilización como son la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso y el ejercicio pleno de los derechos políticos.
4 de abril de 2013
Atentamente,
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Presidente SERPAJ-Argentina, miembro de la Comisión Ética para Colombia
Federico Mayor Zaragoza, Ex Director General de la UNESCO, ex Ministro, Presidente Fundación Cultura de Paz, España
Heike Hänsel, Parlamentaria de Die Linke, presidenta de la Subcomisión de Naciones Unidas del Bundestag, Alemania
Mirta Acuña de Baravalle, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuela de Plaza de Mayo, Miembro de la Comisión Ética para Colombia
Cayo Lara Moya, Coordinador Federal de Izquierda Unida, Diputado, Presidente del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA, Congreso de los Diputados, España
José Luis Centella Gómez, Secretario General del Partido Comunista de España, CE, Diputado, Portavoz del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España
François Houtart, sacerdote, sociólogo, profesor emérito Universidad de Lovaina, Bélgica
Carlos Fernández Liria, filósofo, profesor Universidad Complutense de Madrid – España
Joan Josep Nuet i Pujals, Coordinador General de Esquerra Unida i Alternativa, Diputado IU Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA, congreso de los Diputados, España
Ricardo Sixto Iglesias, Diputado IU Valencia, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España
Belén Gopegui, escritora, España
Santiago Alba Rico, escritor, filósofo, Túnez / España
Agustín Velloso Santisteban, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor universitario y escritor, España
Isaac Rosa, escritor, España
Constantino Bértolo, escritor, editor, España
Ángel Guerra Cabrera, Cuba/México, periodista y catedrático.
Stephen Haymes, Universidad de Paul, Chicago, Estados Unidos
Gaspar Llamazares Trigo, Diputado IU Asturias, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España
Ascensión de las Heras Ladera, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, congreso de los Diputados, España
Caridad García Álvarez, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España
Alberto Garzón Espinosa, Diputado IU Málaga, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España
Chesus Yuste Cabello, Diputado CHA Zaragoza, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España
Laia Ortiz Castellví, Diputada ICV Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España
Enrique Santiago Romero, abogado, jurista experto en derechos humanos y derecho internacional
Gilberto López y Rivas, Profesor-Investigador, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
Paul Rios, Coordinador de Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco.
Aitziber Blanco, Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco.
Juan Domingo Sánchez Estop, escritor, Bruselas, Bélgica
René Vázquez Díaz, escritor, Suecia.
Igor Urrutikoetxea, Secretario de Relaciones Internacionales de la Central sindical vasca LAB y miembro del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial
Fabio Marcelli, investigador Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales del Consejo Nacional de Investigación, Director de la Asociación de Abogados Demócratas y miembro del Bureau de la Asociación Internacional
Julie Cánovas, Doctora, jurista experta en derecho internacional, Universidad de Borgoña, Francia
Salvador López Arnal, profesor, escritor, Catalunya, España
Gabriela Morales Gracia, jurista mexicana, experta en derechos humanos
Antonio Salamanca Serrano, escritor, doctor en filosofía y derecho, experto en derechos humanos, España / Ecuador
Mario Amorós, periodista, historiador, escritor, España
Steven Forti, periodista e investigador en Historia Contemporánea, Universitat Autònoma de Barcelona, España
Unai Aranzadi, Director de la agencia informativa Independent Docs, Suecia
Xabi Puerta, escritor y productor, Presidente de la Asociación Cultural Alfonso Sastre
Joaquim Arrufat Ibáñez, diputado de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa d'Esquerres al Parlament de Catalunya
Carolina del Olmo, Directora de Cultura del Círculo de Bellas Artes, Madrid
Iñaki Markiegi Candina, Presidente Fundación Mundubat
Patricia Rivas Bufala, Periodista, España
Fausto Gianelli, abogado, experto en derecho internacional, Módena, Italia
Amaia Izko, abogada, portavoz de Sortu, País Vasco
José Antonio Gutiérrez D., Analista Político, Latin American Solidarity Centre, Dublín – Irlanda
Adolfo Araiz Flamarique, Abogado, Tafalla, País Vasco, España
Luix Barinagarrementeria Abogado, Donosita, País Vasco
José Mari Esparza, Editorial Txalaparta, Tafalla, País Vasco, España
Iñaki Soto, Director diario Gara, País Vasco
Joseba Álvarez, dirigente político, Portu, País Vasco
Iratxe Urízar, Behatokia, Observatorio Vasco de Derechos Humanos
Jon Iñarritu, Diputado Amaiur, Congreso de los Diputados, España
Iker Urbina, Diputado Amaiur, Congreso de los Diputados, España
Amalur Mendizábal, Senadora Amaiur, Senado de España
José Manuel Mariscal Cifuentes, Senador Izquierda Unida, Senado de España
Urko Aiartza, Senador Amaiur, Senado de España
Francisco Bello, Informativo digital Iniciativa Debate, España
Carlos Alberto Ruiz, jurista, experto en derechos humanos, España
Marina Albiol Guzmán, Diputada de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes.
Javier Moya, CEDSALA, Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia
Bernardino Camilo da Silva - Abogado del Movimiento Sin Tierra – MST, Brasil
Carlos Fazio, catedrático Universidad Autónoma de Méjico - UNAM, Méjico, Grupo Paz con Democracia, México y Red en Defensa de la Humanidad
Lorenzo Loncon, dirigente pueblo Mapuche, Argentina
Elizabeth Deligio, Charity Ryerson, Escuela de las Americas Watch (SOA WAtch)
Y más de 140 firmas más…
Quienes firmamos esta carta, la dirigimos con profundo respeto y al tiempo con la convicción moral y el derecho que nos asiste para expresar nuestra solidaridad y señalar la gravedad de una decisión equivocada en contra de los derechos no sólo de la dirigente política PIEDAD CÓRDOBA RUIZ sino de los derechos colectivos del pueblo colombiano a construir la paz.
Lo hacemos con la alarma causada por la información de prensa que da cuenta de la posibilidad de que el alto Tribunal constitucional pueda decidir negativamente la acción de tutela interpuesta por la ex Senadora Piedad Córdoba contra la decisión injusta e ilegítima dictada en 2010, hace dos años y medio, por el Procurador General de Colombia, en la que, desbordando su competencia, determinó sancionarla por 18 años, decretando una muerte política, a quien había sido legítimamente elegida por una parte importante de mujeres y hombres de Colombia.
La destitución e inhabilitación que le impusieron nos pareció y nos parece un exabrupto jurídico, ético y político, basado en pruebas manipuladas, como judicialmente está confirmado, con elementos obtenidos ilegalmente en una operación militar violatoria de los más elementales principios del derecho internacional y de los derechos humanos, al vejar la soberanía de un país vecino y amigo como es Ecuador, en la que con poderosos bombardeos se consumó una matanza tras la cual fueron recogidos unos ordenadores en los que supuestamente unos correos indicarían una indebida relación de Piedad Córdoba con la guerrilla de las FARC.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia (18 de Mayo de 2011), determinó que el contenido demostrativo de esos elementos en archivos estáticos que no ligan un origen con un destino es ilegal: “Los documentos electrónicos hallados en los ordenadores de “Raúl Reyes” fueron recogidos por miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, durante una inspección que hicieron en territorio ecuatoriano sin consultar con las autoridades de ese país, desatendiendo frontalmente el “debido proceso” que gobierna la producción de pruebas en el exterior, además de que quienes así procedieron ni siquiera tenían facultades de policía judicial”.
La presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el conjunto de las garantías y del debido proceso no sólo se estarían violando de manera radical con una decisión que la hallara culpable, sino que se estaría violando su derecho y con ella el de una amplia parte de la población colombiana, a construir y participar activamente de la paz, tal y como lo reconocen instrumentos jurídicos suscritos por el Estado colombiano.
La decisión del Procurador, insistimos, no sólo viola los derechos políticos de Piedad Córdoba sino de los colombianos y las colombianas que votaron por ella como representante política. El derecho a ser elegido y a elegir, protegido irrestrictamente, como lo establece el articulo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados, señala la posibilidad de limitarlo por condena emitida por juez competente en un proceso penal, lo cual en absoluto no ha ocurrido, ni siquiera siendo llamada a un evento o instancia de tal naturaleza, lo cual prueba la arbitrariedad del acto del Procurador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si la sanción es aplicada por un órgano distinto a un juez penal competente o no se aplicó como consecuencia de un proceso penal en el que se hubieran cumplido las garantías previstas para la protección del debido proceso, se estaría incurriendo en una clara violación de los derechos a elegir del pueblo colombiano y a ser elegida de Piedad Córdoba, generando o pudiendo demandarse la responsabilidad del Estado colombiano.
Se estaría enviando un claro mensaje de obstrucción política y persecución, no sólo de la persona que puso en riesgo su vida para mediar y obtener la liberación de decenas de civiles y militares en manos de la guerrilla, como lo hizo exitosamente en una delicada tarea de años, reconocida mundialmente, sino de todos los que tienen como objetivo el cese de la violencia. En ello consistieron sus contactos y oficios, dentro de un trato político que contribuyó al indiscutible escenario que hoy día tenemos, el de un vivo y esperanzador proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
Un tal mensaje de castigo es un mensaje de condena de ese proceso, pues si hoy se ahoga la participación de una destacada personalidad como Piedad Córdoba, en la vida política de su país en igualdad de condiciones ¿con qué garantías podrá contar esa gran parte del pueblo colombiano tradicionalmente excluida del poder político? Esa muerte política que equivale a una pena extrema que rompe con el avance del Estado de Derecho en Colombia, esa criminalización resultante, reforzaría lo que judicialmente ya ha sido comprobado en expedientes que obran contra redes y estructuras comprometidas en crímenes de lesa humanidad. Que por todos los medios, incluyendo atentados contra su vida y de sus asesores, interceptaciones de sus comunicaciones, hostigamiento y amenazas, ha existido un propósito espurio contra Piedad Córdoba. Confiamos que una justa decisión de la Corte Constitucional no les de la razón a quienes acudiendo a diversidad de métodos oprobiosos han buscado apartarla de las opciones y alternativas políticas a las que el pueblo colombiano tiene derecho para el logro de la paz.
Expectantes en que sabrán acoger dicha acción de tutela, y que conforme al ordenamiento legal colombiano se tendrán esas pruebas como violatorias del debido proceso, por lo tanto plenamente nulas, confiamos y demandamos con respeto que se le restituya a Piedad Córdoba Ruiz todos sus derechos políticos, su condición de Senadora de la República, cesando así este capítulo deshonroso de persecución política y de intolerancia inadmisible.
Por tanto, quienes suscribimos esta misiva pública desde la comunidad internacional, hacemos un llamado a la Corte Constitucional de Colombia, para que reestablezca la justicia, conscientes de los efectos no sólo hacia su persona y electores, sino de lo que significa política e históricamente para enaltecer así el servicio de la juridicidad a la vocación de paz y reconciliación, incompatibles con el quebrantamiento de los derechos fundamentales y de costosos principios de civilización como son la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso y el ejercicio pleno de los derechos políticos.
4 de abril de 2013
Atentamente,
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Presidente SERPAJ-Argentina, miembro de la Comisión Ética para Colombia
Federico Mayor Zaragoza, Ex Director General de la UNESCO, ex Ministro, Presidente Fundación Cultura de Paz, España
Heike Hänsel, Parlamentaria de Die Linke, presidenta de la Subcomisión de Naciones Unidas del Bundestag, Alemania
Mirta Acuña de Baravalle, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuela de Plaza de Mayo, Miembro de la Comisión Ética para Colombia
Cayo Lara Moya, Coordinador Federal de Izquierda Unida, Diputado, Presidente del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA, Congreso de los Diputados, España
José Luis Centella Gómez, Secretario General del Partido Comunista de España, CE, Diputado, Portavoz del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España
François Houtart, sacerdote, sociólogo, profesor emérito Universidad de Lovaina, Bélgica
Carlos Fernández Liria, filósofo, profesor Universidad Complutense de Madrid – España
Joan Josep Nuet i Pujals, Coordinador General de Esquerra Unida i Alternativa, Diputado IU Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA, congreso de los Diputados, España
Ricardo Sixto Iglesias, Diputado IU Valencia, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España
Belén Gopegui, escritora, España
Santiago Alba Rico, escritor, filósofo, Túnez / España
Agustín Velloso Santisteban, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor universitario y escritor, España
Isaac Rosa, escritor, España
Constantino Bértolo, escritor, editor, España
Ángel Guerra Cabrera, Cuba/México, periodista y catedrático.
Stephen Haymes, Universidad de Paul, Chicago, Estados Unidos
Gaspar Llamazares Trigo, Diputado IU Asturias, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España
Ascensión de las Heras Ladera, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, congreso de los Diputados, España
Caridad García Álvarez, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España
Alberto Garzón Espinosa, Diputado IU Málaga, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España
Chesus Yuste Cabello, Diputado CHA Zaragoza, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España
Laia Ortiz Castellví, Diputada ICV Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España
Enrique Santiago Romero, abogado, jurista experto en derechos humanos y derecho internacional
Gilberto López y Rivas, Profesor-Investigador, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
Paul Rios, Coordinador de Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco.
Aitziber Blanco, Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco.
Juan Domingo Sánchez Estop, escritor, Bruselas, Bélgica
René Vázquez Díaz, escritor, Suecia.
Igor Urrutikoetxea, Secretario de Relaciones Internacionales de la Central sindical vasca LAB y miembro del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial
Fabio Marcelli, investigador Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales del Consejo Nacional de Investigación, Director de la Asociación de Abogados Demócratas y miembro del Bureau de la Asociación Internacional
Julie Cánovas, Doctora, jurista experta en derecho internacional, Universidad de Borgoña, Francia
Salvador López Arnal, profesor, escritor, Catalunya, España
Gabriela Morales Gracia, jurista mexicana, experta en derechos humanos
Antonio Salamanca Serrano, escritor, doctor en filosofía y derecho, experto en derechos humanos, España / Ecuador
Mario Amorós, periodista, historiador, escritor, España
Steven Forti, periodista e investigador en Historia Contemporánea, Universitat Autònoma de Barcelona, España
Unai Aranzadi, Director de la agencia informativa Independent Docs, Suecia
Xabi Puerta, escritor y productor, Presidente de la Asociación Cultural Alfonso Sastre
Joaquim Arrufat Ibáñez, diputado de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa d'Esquerres al Parlament de Catalunya
Carolina del Olmo, Directora de Cultura del Círculo de Bellas Artes, Madrid
Iñaki Markiegi Candina, Presidente Fundación Mundubat
Patricia Rivas Bufala, Periodista, España
Fausto Gianelli, abogado, experto en derecho internacional, Módena, Italia
Amaia Izko, abogada, portavoz de Sortu, País Vasco
José Antonio Gutiérrez D., Analista Político, Latin American Solidarity Centre, Dublín – Irlanda
Adolfo Araiz Flamarique, Abogado, Tafalla, País Vasco, España
Luix Barinagarrementeria Abogado, Donosita, País Vasco
José Mari Esparza, Editorial Txalaparta, Tafalla, País Vasco, España
Iñaki Soto, Director diario Gara, País Vasco
Joseba Álvarez, dirigente político, Portu, País Vasco
Iratxe Urízar, Behatokia, Observatorio Vasco de Derechos Humanos
Jon Iñarritu, Diputado Amaiur, Congreso de los Diputados, España
Iker Urbina, Diputado Amaiur, Congreso de los Diputados, España
Amalur Mendizábal, Senadora Amaiur, Senado de España
José Manuel Mariscal Cifuentes, Senador Izquierda Unida, Senado de España
Urko Aiartza, Senador Amaiur, Senado de España
Francisco Bello, Informativo digital Iniciativa Debate, España
Carlos Alberto Ruiz, jurista, experto en derechos humanos, España
Marina Albiol Guzmán, Diputada de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes.
Javier Moya, CEDSALA, Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia
Bernardino Camilo da Silva - Abogado del Movimiento Sin Tierra – MST, Brasil
Carlos Fazio, catedrático Universidad Autónoma de Méjico - UNAM, Méjico, Grupo Paz con Democracia, México y Red en Defensa de la Humanidad
Lorenzo Loncon, dirigente pueblo Mapuche, Argentina
Elizabeth Deligio, Charity Ryerson, Escuela de las Americas Watch (SOA WAtch)
Y más de 140 firmas más…
Thursday, March 28, 2013
A 37 años del golpe
|
26-03-2013 |
Los compañeros desaparecidos viven en cada lucha del pueblo
Organización MONTE
Hace cuatro décadas
los sectores populares en argentina, al igual que en el resto de la
región, expresaban en sus organizaciones revolucionarias la madures
política alcanzada como para lograr una alternativa al sistema
capitalista, dando batalla en todos los terrenos e insertos en frentes
sindicales, estudiantiles y barriales. Más allá de la tendencia política
a la que perteneciera, el Socialismo se presentaba como única variable
para resolver los problemas de raíz para los trabajadores y el pueblo de
nuestra América y el mundo. Esta es la raíz fundamental por la que el
imperialismo y sus socios menores locales planificaron el exterminio
masivo de los activistas revolucionarios, para destruir la organización
independiente de nuestra clase, e imponer a fuego el nuevo esquema socio
económico que aun hoy padecemos a diario.
Hoy 37 años después de la caída de quienes enfrentaron la dictadura genocida, retomamos su ejemplo, su entrega hasta la muerte por la libertad, dispuestos a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias contra la los enemigos del pueblo: la burguesía, el aparato represivo del Estado y sus voceros. Después de haber sufrido un genocidio, consideramos necesario levantar las banderas y ser continuadores del legado de nuestros compañeros, esos 30 mil que desaparecieron físicamente, pero que viven en cada lucha del pueblo. Actualmente cuando ciertas categorías como Revolución, Socialismo, Anticapitalismo o Antimperialismo se encuentran distorsionadas y hasta parte de nuestro pueblo ha dejado de creer en la posibilidad de una revolución en Argentina y el mundo, creemos fundamental rescatar las experiencias y el legado ideológico para dar un salto que cuestione al sistema de raíz. Porque no se trata de resolver algunas de las heridas que nos legó desde el golpe el Neoliberalismo cambiando el modelo, ni sumarse a proyectos progresistas que no nos pertenecen, ya que los protagonistas de los mismos no es la clase trabajadora, sino un sector de la clase dominante que se beneficia económicamente con las medidas impulsadas desde el Estado.
En este tiempo, cuando la movilización, lucha y resistencia de nuestra clase logra imponer otro tiempo político, donde las luchas toman otro carácter y debemos profundizar nuestra organización por los derechos conseguidos y los que debemos lograr, debemos tener presente que ello es la escuela que va formando a nuestros compañeros. Por esto, que ante cualquier atajo oportunista que se nos quiera plantear, el qué hacer de los trabajadores esta en la construcción paciente de una organización donde la clase sea protagonista como motor indispensable, capaz de cambiar el injusto orden social existente, a favor de una sociedad libre, justa y soberana.
Por los derechos humanos de ayer y de hoy.
Por el desprocesamiento y libertad de los perseguidos políticos.
Todo para el Pueblo, nada para la deuda externa fraudulenta e ilegítima.
Por la unidad de los que luchan.
Por la reconstrucción de un proyecto revolucionario.
Hoy 37 años después de la caída de quienes enfrentaron la dictadura genocida, retomamos su ejemplo, su entrega hasta la muerte por la libertad, dispuestos a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias contra la los enemigos del pueblo: la burguesía, el aparato represivo del Estado y sus voceros. Después de haber sufrido un genocidio, consideramos necesario levantar las banderas y ser continuadores del legado de nuestros compañeros, esos 30 mil que desaparecieron físicamente, pero que viven en cada lucha del pueblo. Actualmente cuando ciertas categorías como Revolución, Socialismo, Anticapitalismo o Antimperialismo se encuentran distorsionadas y hasta parte de nuestro pueblo ha dejado de creer en la posibilidad de una revolución en Argentina y el mundo, creemos fundamental rescatar las experiencias y el legado ideológico para dar un salto que cuestione al sistema de raíz. Porque no se trata de resolver algunas de las heridas que nos legó desde el golpe el Neoliberalismo cambiando el modelo, ni sumarse a proyectos progresistas que no nos pertenecen, ya que los protagonistas de los mismos no es la clase trabajadora, sino un sector de la clase dominante que se beneficia económicamente con las medidas impulsadas desde el Estado.
En este tiempo, cuando la movilización, lucha y resistencia de nuestra clase logra imponer otro tiempo político, donde las luchas toman otro carácter y debemos profundizar nuestra organización por los derechos conseguidos y los que debemos lograr, debemos tener presente que ello es la escuela que va formando a nuestros compañeros. Por esto, que ante cualquier atajo oportunista que se nos quiera plantear, el qué hacer de los trabajadores esta en la construcción paciente de una organización donde la clase sea protagonista como motor indispensable, capaz de cambiar el injusto orden social existente, a favor de una sociedad libre, justa y soberana.
Por los derechos humanos de ayer y de hoy.
Por el desprocesamiento y libertad de los perseguidos políticos.
Todo para el Pueblo, nada para la deuda externa fraudulenta e ilegítima.
Por la unidad de los que luchan.
Por la reconstrucción de un proyecto revolucionario.
Friday, February 01, 2013
Entrevista a Enric Valero
Entrevista a Enric Valero, activista social y coordinador de cursos de Agricultura Ecológica y Cooperativismo
“No hay que esperar a la revolución para las pequeñas iniciativas de economía social”
Cuando el sistema cierra las todas las puertas, la gente se ve forzada a buscar respiraderos para sobrevivir. De ahí la constitución de asambleas de parados, cooperativas y todo tipo de iniciativas de economía social. Enric Valero coordina los cursos de Agricultura Ecológica y Cooperativismo de las asambleas de parados de Paterna y Montcada, en la provincia de Valencia. Lleva, además, más de 40 años en el activismo social.
Enric Valero participó en la lucha antifranquista, fue uno de los promotores de CCOO del País Valencià (a finales de los 60 y en los 70) y militó en el Moviment Comunista (MC). También se enroló en los 70 en la pionera Assemblea d’Aturats de l’Horta. Áños después, contribuyó a la fundación de Ca Revolta, centro de actividades de calado sociopolítico y cultural en Valencia, de la que hoy es coordinador.
El capitalismo está en crisis. El estado español roza los 6 millones de parados. ¿Qué hacer?
Estoy convencido de que tenemos una gran oportunidad. Hay mucha gente que en otro momento nunca se plantearía opciones de economía alternativa, porque resulta más cómodo trabajar en una empresa privada. Personalmente, las luchas reivindicativas me parecen muy bien, pero si los parados se juntan y organizan pueden ofrecer respuestas concretas a la situación que padecemos. Hemos de aprovechar la coyuntura para promover una economía solidaria, inclusiva y que no sólo piense en el dinero, en la maximización del beneficio. La rentabilidad hay que medirla en otros términos: la calidad de vida de las personas, el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad a largo plazo.
¿Existen referentes claros o ejemplos de la economía social que describes?
Pienso, sobre todo, en el tercer mundo. No han perdido el sentido comunitario que hace falta para la construcción de una sociedad alternativa. Pero hay numerosos ejemplos próximos. No hay más que mirar a Cataluña. En Euskadi, la mayoría de los productores de agricultura ecológica se encuentran organizados y cuentan con canales muy sólidos de distribución de alimentos. Incluso han constituido una red de consumidores de productos ecológicos. Por lo demás, estas iniciativas de economía social están muy desarrolladas en Francia y Alemania. Lo mismo ocurre en Italia, donde cuentan con una legislación de apoyo a las cooperativas. Se trata de un sector en crecimiento durante los últimos años y que ni mucho menos se limita a la agricultura ecológica: existen iniciativas para el trabajo de imprenta, la construcción de viviendas o la fabricación de muebles con madera reciclada, entre otros muchísimos ejemplos.
¿Cuál consideras que sería el modelo idóneo? ¿Las cooperativas?
Creo que no existen ideales fijos ni un solo modelo. Además, los fines de las iniciativas de economía social pueden ser muy diversos, y eso depende del momento y de las circunstancias. Ahora bien, los valores sí deben estar claros. Que no se explote a los trabajadores, ni se destruya el medio ambiente y, además, que los productos sean de calidad. Lo primero, en todo caso, es conocer los saberes de la gente que pone en marcha la iniciativa. Todos sabemos hacer cosas y todos somos útiles. No existen los maestros imprescindibles.
¿Y a continuación?
En función de los conocimientos de la gente que se organiza, y de las necesidades, hay que observar lo que ocurre en el entorno. Por ejemplo, en un municipio con huerta abandonada alrededor, y donde los productos alimenticios son habitualmente de poca calidad, éste sería un campo de actuación. Luego hay que buscar los medios de financiación. También hay otro punto decisivo. Hemos de apostar por la producción artesanal y de calidad. Por iniciativas que perduren en el tiempo. Se ha de aspirar a un salario justo y ofrecer un buen servicio, no a maximizar el beneficio, como ocurre en el capitalismo.
Hablas de proyectos a largo plazo, pero ¿Cómo garantizar la financiación?
Resulta esencial la financiación pública de las iniciativas. Por mi experiencia, para que los ayuntamientos aporten recursos, hay que luchar mucho. Las asambleas de parados de Montcada y Paterna han obtenido financiación tras “encierros” en los consistorios. Hay que considerar, además, que la Administración se gasta mucho dinero en cursos de formación que no sirven para nada. Ni siquiera han cambiado los temarios a raíz de la crisis. Por el contrario, las asambleas de parados piden muy poca financiación. Y, en sus proyectos, la gente trabaja mientras se forma. Directamente se genera empleo. Pero también hemos de explorar otras vías como el micromecenazgo.
¿Han de ser rentables las iniciativas de economía social?
Rentables y sostenibles a largo plazo, pero alejadas de la obsesión capitalista por maximizar el beneficio. Cuando se le pide dinero a la Administración, ha de ser presentando proyectos serios y viables. Ahora bien, ayuntamientos y gobiernos autonómicos funcionan con las inercias de dar el dinero a sus clientelas. Por eso, siempre verán con recelo las iniciativas de economía social. Y, por eso, hemos de considerar siempre los mecanismos de presión.
¿Cómo funcionan las dos experiencias concretas en las que participas?
Se trata de dos cooperativas, en Paterna y Montcada, de agricultura ecológica y bioconstrucción en caña, que impulsan las asambleas de parados de estos municipios. Consisten, básicamente, en cursos de formación que duran dos o tres años. Pero mientras los trabajadores aprenden, trabajan. Se trata de cursos útiles y prácticos. Dedicamos tiempo a la producción y comercialización de productos ecológicos, pero también a la divulgación (por ejemplo, con pequeños huertos escolares en colegios). El primer paso consiste en aprender el oficio. Y preparar las tierras, poner en marcha los campos para empezar a hacer algunas ventas. Se adquieren conocimientos de todas las fases del cultivo y a trabajar con todos los productos, también a hacer abono orgánico. Y se contacta con granjas y puntos de distribución. También hemos propuesto al Ayuntamiento que disponga un “banco de tierras”, con el fin de poner en cultivo –mediante acuerdos con los propietarios- tierras abandonadas. Finalizada la fase formativa, la cooperativa ya debe dar dinero para que la gente pueda vivir.
¿Tiene viabilidad la agricultura ecológica?
Su potencial es cada vez mayor. Entre otras razones, porque los cultivos no ecológicos resultan cada vez menos rentables. De hecho, es imposible competir con las grandes explotaciones de África y Latinoamérica, que venden a precios muy bajos (por el uso de mano de obra muy barata) y sin reparar en la calidad de los productos. Por lo demás, la viabilidad de la agricultura ecológica responde a que la gente se inclina cada vez más por la alimentación saludable y de calidad. Pero, ojo, hay que pagar estos productos por lo que valen.
¿Qué valores han de impregnar estas iniciativas?
Valores antagónicos a los del capitalismo, que únicamente nos propone agresividad, competitividad y descontrol cultural, social y ambiental. La alternativa ha de partir de una economía solidaria y que reparta los beneficios. También, que la gente se empodere de su destino y no, como ocurre hoy, que una elite tenga el control de la economía y de la sociedad. En definitiva, se trata de fomentar una economía democrática y participativa, que respete la autonomía del individuo y asimismo piense en la comunidad.
Por último, ¿Qué haría falta para arrancar con un proyecto?
Que se junte un grupo de gente. A partir de ahí, seguro que surgen ideas. Todo el mundo tiene algo que aportar y, en el entorno, siempre hay cosas que hacen falta. O cosas que se rechazan y podrían reciclarse. Y sumar conocimientos, por ejemplo, mediante sinergias con la universidad, porque la formación y la investigación resultan decisivas. La gran conclusión es que no hemos de esperar a la revolución para empezar con pequeñas iniciativas de economía social. Hay mucho que podemos hacer ya.
Hermandades y corrupción
Colectivo Novecento
Hoy al Partido Popular se le exige que abandone el gobierno por un caso de corrupción que afecta de lleno a toda su cúpula, incluido al presidente. Ayer era la federación bipartita que gobierna Cataluña la que tenía grandes problemas con comisiones y cuentas suizas. Y el principal partido de la oposición, todavía con un largo historial a cuestas, no logra quedar exento de dificultades. Es preciso no generalizar y decir bien alto que otros partidos no se han corrompido a esos niveles. Que hay representantes, de unos y de otros, que se preocupan por mantener los vínculos democráticos con la ciudadanía. Sin embargo da miedo pensar que los partidos más acosados por la corrupción son, casualmente, los que han tocado poder.
Lo que quiero indicar aquí, partiendo de un modelo que hunde sus raíces en la Grecia antigua, es que los partidos de nuestro país funcionan como hermandades. Con las distinciones de intensidad ya indicadas. Esto nos permitirá comprender mucho mejor sus reacciones, previstas ayer casi al milímetro en el caso del PP por analistas como Carlos E. Cué (“reaccionarán como una piña”) o Isaac Rosa (“lo negarán todo”). Es el funcionamiento esencial de los partidos, por tanto, lo que se debe cambiar.
La némesis de la hermandad es la amistad, de ahí que la comparación entre ambas pueda iluminar mejor estas cuestiones. La amistad —como explican Aristóteles o Cicerón entre los clásicos, y Hannah Arendt, Jacques Derrida o Emilio Lledó entre los contemporáneos— permite vínculos selectivos y libres entre individuos. Su cultivo, como el de la democracia, depende del día a día; entre sus condicionantes está el que tu amigo no cometa lo que consideras una grave injusticia. La hermandad, por el contrario, se sustenta en vínculos de sangre inquebrantables; es por ello que si un hermano comete una injusticia, se silencia o se le apoya sin fisuras.
La amistad permite la diferencia; es más, la celebra, por lo que difícilmente surgirá a su alrededor una organización repleta de temores y silencios. Si mi amigo difiere en mi posición en algún punto, la doctrina clásica establece que el que pueda manifestarla y actuar conforme a ella engrandece nuestra confianza, nuestro entendimiento y nuestra libertad. La lealtad, al contrario que la fidelidad perruna, ofrece un apoyo sólido a la vez que permite un espacio para diferenciarse y no obedecer sin pensar. Es por ello que si mi amigo pretende incendiar el Senado, declara el republicano Cicerón, por muy leal que le sea no lo seguiré; es más, trataré de impedírselo o lo denunciaré. La ruptura de la amistad también es libre.
La hermandad sin embargo se basa en criterios tan ajenos a la libre elección como el sanguíneo. En ella se rinde culto a la homogeneidad y la obediencia. En una hermandad se promete el calor de un grupo cerrado donde —como en un escuadrón ante la batalla— “militar” supone abandonar la fría soledad moderna. Se marcha y se canta conjuntamente; la movilización es perpetua, se repudia al traidor que no repite bien la letra y se busca desesperadamente al enemigo. Tras el líder paternal —que, como todo ídolo, si cae es reemplazado enseguida por otro— solo hay jerarquías de hermanos mayores escalonados a los que obedecer entre soterradas pugnas por el delfinato. Y aquí hablamos de los puestos directivos del partido, tan desconectados del resto de seguidores como las estrellas de rock lo están de sus fans en un estadio. Siguiendo el modelo fraterno, los cuadros dirigentes de los partidos tratan de hablar con una sola voz, persiguen el disenso interno y defienden hasta la evidencia a cada culpable de una injusticia entre sus filas.
Desde tiempos inmemoriales las hermandades han sido un modelo de agrupamiento político entre los seres humanos. Los llamados tiempos heroicos, tan bien narrados por Homero, estaban dominados por fratrías (hermandades) de nobles varones que tenían derechos políticos exclusivos. Tierra, sangre y religión se unían en ellos: dominaban amplios latifundios, estaban ligados por un mismo linaje y solo ellos tenían funciones sacerdotales.
Ya en el siglo dieciocho, algunos ilustrados del Sur de Europa como Giambattista Vico, disconformes con el rumbo que tomaba la moderna construcción europea, criticaron el retorno de este modelo fraterno a los nuevos Estados-nación: se era ciudadano por razón de tierra, sangre y (extraoficialmente, en una secularización fallida) religión. El ius soli y el ius sanguini se marcaron a fuego en nuestros códigos civiles, mientras la matriz cristiana de Europa todavía la discuten sabios de la Unión Europea que se oponen al ingreso de los infieles turcos. Por eso tenemos Centros de Internamiento para Extranjeros que no son ciudadanos, por eso hay redadas xenófobas y deportamos.
Finalmente el modelo fraterno, tan unitario para los de dentro, tan exclusivo para los de fuera, se hizo puro en los movimientos totalitarios de la primera mitad del siglo veinte. Su influencia permeó sobre el resto de partidos de masas, entonces en expansión. El contigo o contra mí, las purgas y el terror al disenso interno, las rígidas jerarquías, el esquema de líderes idolatrados frente a seguidores, marcaron en diversos grados a unos y otros. El dogma o la marca religiosa se sustituía por la ideológica; la tierra se diluía en lo nacional mientras el componente sanguíneo se reforzaba: los militantes eran como hermanos de sangre. No había hueco para aquella amistad política que clásicos y humanistas tanto habían defendido. Con razón los espíritus más libres de aquel tiempo fueron asociados a la disidencia.
El modelo de partido imperante, que copian los sindicatos mayoritarios y otros grupos de poder en nuestras instituciones públicas, bebe de esas fuentes. Debe por tanto cambiar. En otros países se dieron cuenta de ello, y ciertas medidas han tratado de atemperar un modelo que sepulta el debate y la libertad interna. En España, sin embargo, todo se ha ido haciendo cada vez más cerrado, más jerárquico, más silencioso. Funciona la omertà. Incluso el partido más revolucionario, de plegarse al medio ambiente y replicar este modo de funcionamiento, antes o después se verá un día tapando algún escándalo de su dirección.
¿Será capaz una futura unión de izquierdas en este país, animada por las demandas ciudadanas, dar con la tecla para organizarse de un modo plural y democrático? ¿Calaría el ejemplo? ¿Seremos capaces de cultivar la amistad política, de respetar la libertad de cada cual y el respeto a lo que consideremos justo una vez nos agrupemos políticamente?
Hoy estamos todavía lejos de estas expectativas; unos más que otros. Por eso el Partido Popular, como la más férrea de las hermandades, trata de cerrar filas y que nadie repita mal la letra, que nadie se exprese en libertad para decir la verdad. Como los viejos mantras ideológicos de los más fanáticos, los argumentarios partidistas se alejan de la realidad. El que se atreva a murmurar que el emperador está desnudo quedará manchado, se le perseguirá por disidente. Pero las grietas son múltiples y ya hay quien se desmarca, las evidencias pronto darán lugar al juego de los ídolos caídos, de los traidores, de las nuevas fidelidades. Las sectas y las mafias son modelos extremos de hermandad. También las fraternidades estudiantiles, o las propias hermandades religiosas armadas sobre las que tanto sabemos en España. De todos ellos se pueden extraer lecciones para comprender lo incomprensible: que el Partido Popular no pida disculpas, que no destituya a su dirección para, acto seguido, reorganizar de un modo honesto a la derecha de este país.
Mariano Rajoy debe dimitir, aunque en una democracia no tendríamos que esperar su decisión; los ciudadanos deberíamos tener mecanismos para destituirlo. Es preciso convocar así nuevas elecciones. Es más, los partidos políticos deberían facilitar un proceso constituyente donde su propia transformación esté incluida para ayudar a abrir el camino, esta vez sí, hacia la democracia.
http://colectivonovecento.org/2013/02/01/hermandades-y-corrupcion/
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