Saturday, February 07, 2015

De los atentados (Embajada de Israel y la AMIA) a la muerte de Nisman


Reflexiones sobre una larga historia de encubrimientos




Introducción
Estamos transitando el último acontecimiento (por ahora) de esta historia iniciada con la explosión en la Embajada de Israel y la reciente muerte del Fiscal Alberto Nisman, 23 años después.
No se trata de sumar más opciones a la investigación detectivesca o sembrar nuevas hipótesis judiciales.
Es probable que nunca sepamos las características de lo ocurrido, más allá de que la justicia acuse a tal o cual persona, institución o país. Ello hoy se debate entre el oficialismo y la oposición y sirve para dirimir sus cuentas de corto plazo aunque aporte muy poco a una comprensión cabal de lo que está ocurriendo.
El problema central, que está en el eje de estas reflexiones, tiene que ver con el marco en el que se inscriben tanto los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA y sus encubrimientos como la acusación, por parte del Fiscal Nisman, a la Presidenta, su Canciller y un grupo de argentinos como encubridores del atentado a la AMIA, y la muerte posterior del propio Fiscal.
Lo gravitante, a lo que tenemos que responder como militantes del campo popular, es acerca de los intereses que se mueven en torno a este conjunto de acontecimientos y su evolución.
Lo hacemos convencidos de la confusión que reina en la propia militancia donde corremos el riesgo de prestar mayor atención a voces enemigas que al avasallamiento de nuestra propia soberanía.
Adentrarnos en la búsqueda de los responsables de estos hechos es identificar a quienes están en el origen y la actualidad del saqueo a nuestros recursos y la explotación de nuestros trabajadores. Ubicarlos es encontrar la clave de nuestra dependencia y de quienes son los actores interesados en mantenernos disciplinados y sometidos a sus designios mientras ellos se enseñorean sobre nuestra Patria, sus trabajadores y el conjunto del pueblo.
Los atentados – Muchas denuncias y pocas investigaciones
El 17 marzo de 1992 fue el atentado a la Embajada de Israel y el 18 de julio de 1994 ocurrió lo propio en la sede de la AMIA, Mutual Israelita.
Ambos atentados sumaron más de un centenar de muertos. Esa cifra solo es superada –para toda la segunda mitad del siglo pasado- por la masacre producida por militares y civiles gorilas, en junio de 1955, cuando bombardearon la Plaza de Mayo y sus alrededores.
Sobre los atentados es mucho lo que se ha hablado y denunciado y muy poco lo realmente investigado. En aquellos tiempos gobernaba Carlos Menem. Desde los inicios fue quedando claro que ambos hechos no podían ser desvinculados de cuestiones internacionales. Uno de los comentarios más fuertes, que se fue instalando en la prensa, era que se trataba de una “factura” de algunos países del Medio Oriente, enfrentados a Israel. ¿El motivo? Que Menem habría incumplido con el compromiso de facilitarles información sobre el misil –Cóndor– que la Argentina estaba experimentando. Proyecto que la presión los estadounidenses, junto a la decisión política de Menem de mantener relaciones carnales con ellos, llevó a desmantelar.
De ese enfoque surgieron la “pista siria”, un atisbo –abortado– de una “pista pakistaní” y… por fin la “pista iraní”. Esta fue la que finalmente adoptó Menem, consolidó Eduardo Duhalde y profundizó el kirchnerismo, en todos los casos con la anuencia de la inmensa mayoría de sus respectivas oposiciones y de los principales medios de prensa.
Pero hubo otra versión que, apenas fueron apareciendo pruebas, fue rápidamente silenciada. Según la misma tales atentados estarían vinculados a una “interna” israelí o un hecho accidental, en el caso de la Embajada, producido por un acopio de material explosivo dentro de ese edificio.
Recordemos que el 4 de noviembre de 1995 fue asesinado el Primer Ministro Israelí, Isaac Rabin, promotor -junto a Yasser Arafat- de los Acuerdos de Oslo (13 de setiembre de 1993). Acuerdos fuertemente cuestionados por los sectores más reaccionarios y belicistas de la política israelí, a los que también se vincula con el asesinato de Rabin.
El “atentado a la Embajada de Israel” que dejara un saldo de 29 muertos y 242 heridos fue la primera manifestación de esta trágica saga que se está desarrollando, desde hace más de dos décadas, en nuestro territorio.
Inmediatamente después del hecho, las declaraciones de los diplomáticos israelíes trataron de instalar la responsabilidad de Irán mediante la explosión de un coche-bomba en la puerta de la Embajada, procurando desvirtuar todos los indicios y las declaraciones de los primeros testigos que señalaban la existencia de una implosión.
La maleabilidad de los funcionarios del Gobierno y la Justicia de nuestro país y su escaso espíritu patriótico hicieron que se terminara aceptando el criterio de una explosión exterior y el coche-bomba. Pero antes ocurrieron algunas cuestiones que permiten afirmar la existencia de encubrimientos que durante largos años impusieron e imponen esa lógica.
Entre otras varias responsabilidades vale la pena detenerse en el rol de nuestra Suprema Corte de Justicia, natural instancia jurisdiccional por tratarse de la sede diplomática de un país extranjero.
En el expediente había criterios encontrados acerca del lugar de la explosión. Los de la Policía Federal y Gendarmería indicaban que se había producido en el exterior, un perito de oficio y otro del Ejército la ubicaban en el interior del edificio. Para zanjar la duda Corte solicitó a la Academia Nacional de Ingeniería otro peritaje. La tarea, a cargo de 3 ingenieros estructuralistas y con metodologías diferentes, fue concluyente: La explosión se produjo en el interior. Ese peritaje fue hecho público por la Corte en setiembre de 1996.
Desde el gobierno de Israel se rechazaron esas pericias alegando “que se quería culpar a las víctimas”. Vinieron las presiones y denuncias de antisemitismo. La Corte comenzó a retroceder y realizó una audiencia “reservada” (15-5-97) para “compatibilizar pericias”. Dicha audiencia no alcanzó sus objetivos. Fue resignando tareas de instrucción y en mayo de 1999, mediante una “acordada”, dio por cierta la versión del coche-bomba, sin acusar al gobierno de Irán. No siguió investigando. Los encubridores habían logrado su objetivo.
El “atentado a la AMIA (Mutual Israelita)” producido el 18 de julio de 1994 dejó un saldo de 85 muertos y alrededor de 300 heridos.
Los criterios utilizados para que nunca se pudiera investigar y determinar responsabilidades son conceptualmente semejantes a los aplicados al caso de la Embajada. Se plantaron pruebas (nuevamente un coche-bomba) y se eligió un responsable (el Estado de Irán); lo demás son farragosos trámites e impugnaciones judiciales que permiten que el encubrimiento funcione.
Como en este caso intervenía la Justicia Federal y no la Suprema Corte, como en el caso de la Embajada, las cosas tuvieron más “idas y venidas”.
Desde el primer momento, apareció con un protagonismo mayor la inteligencia israelí, actuando –casi inmediatamente- en el mismo escenario de los hechos. Nuevamente, la inconsistencia de las pruebas respecto a las acusaciones formuladas hizo que las investigaciones se fueran derivando hacia cuestiones secundarias de la llamada “conexión local”. Todo ello culminó en un laberinto de falsedades y corrupciones, que terminó cuando, en setiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal Nº 3 (TOF 3) ordenó la nulidad de lo actuado. Los acusados de haber participado en el ataque de la AMIA recuperaron su libertad. El Juez instructor Juan José Galeano fue apartado de la causa. Idéntico proceder se adoptó respecto a 2 de los 3 fiscales intervinientes, Gabriel Müllen y José Carlos Barbaccia; el tercero, Alberto Nisman, continuó en sus funciones. Los funcionarios judiciales separados, junto al Presidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), Rubén Beraja, y otros involucrados, fueron procesados.
Luego de la separación del juez Galeano, la causa quedó en manos de Rodolfo Canicoba Corral. Se designó al Fiscal Alberto Nisman al frente de la Unidad Fiscal de Investigación para la AMIA (UFI-AMIA). En estos últimos 10 años el Fiscal Nisman fue la voz cantante de dicha “investigación”. Se apoyó en la misma información que había utilizado Galeano y siguiendo la “pista iraní” pidió, junto al Fiscal Marcelo Martínez Burgos, el 25 de octubre de 2006, el procesamiento de 8 iraníes, acusando al gobierno iraní como responsable de su planificación y a Hezbollah de ejecutarlo.
Aquí también el encubrimiento funcionó, en este caso con mayor incidencia que en el caso de la propia Embajada, porque continuó el “guión” de una acusación preparada desde los intereses de potencias imperiales y sus servicios de inteligencia, particularmente la MOSSAD (agencia de inteligencia israelí) y el FBI.
El acompañamiento del gobierno a las políticas imperialistas de aislamiento de Irán y los virajes producidos
Argentina “acompañó” la política norteamericana de colocar al Estado de Irán en el “ojo de la tormenta” como “eje del mal” con las acusaciones que anualmente hacían Néstor y Cristina Kirchner en las Naciones Unidas y con el hecho de dejar en manos del dúo Stiuso-Nisman las investigaciones. Stiuso fue hasta hace poco el director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia. Durante 6 Asambleas Generales de las Naciones Unidas, el kirchnerismo (Néstor en 2007, Cristina en 2008 / 2009 / 2010 / 2011 y 2012) atacó a Irán haciéndolo responsable de los mencionados atentados. De esta manera se comportaba en línea con las políticas de Estados Unidos e Israel, que tenían como propósito el aislamiento de Irán.
Hasta aquí la relación del dúo Stiuso-Nisman y el gobierno transitaba pacíficamente, con una amplia apoyatura y aval del gobierno. Cabe recordar que, en Julio de 2004, Gustavo Béliz, Ministro de Justicia de Néstor Kirchner, confrontó con Stiuso y tuvo que renunciar. Allí, Beliz mostró una foto de Stiuso -lo que le valió un juicio penal- y dijo que Stiuso le hacía mucho mal a la Argentina ya que “manejaba un ministerio de seguridad paralelo que operaba como la Gestapo”.
Hacia el año 2012 se fue consolidando el cambio de política del kirchnerismo respecto al Estado de Irán. El 27 de enero del año 2013, los cancilleres de Argentina e Irán firmaron en la ciudad de Adís Abeba, Etiopía, el Memorándum de Entendimiento, procurando una salida a la situación planteada entre ambos países, a través de una Comisión Internacional de Juristas.
Israel siempre se opuso a ese acuerdo, los Estados Unidos no lo cuestionaron y la comunidad judía –en la Argentina- tuvo posiciones ambiguas.
Eso pasó cuando los Estados Unidos también viraban su propia posición, ante sus necesidades estratégicas -entre otras razones por el retiro de sus tropas de Irak y Afganistán- de aflojar la tensión con Irán. Ello tomó estado público cuando el vicepresidente norteamericano, Joe Biden, propuso negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán en la Conferencia de Seguridad de Munich el 13 de febrero de 2013. Esto ocurría prácticamente en simultáneo con la firma del Memorándum de Entendimiento, que nunca tuvo principio de ejecución.
Esta coincidencia de fecha y reorientación política tiene dos lecturas: una que la Argentina también en este caso “acompañó” la política estadounidense. Dos, que “leyó mal” sobre las razones estratégicas de los cambios estadounidenses y avanzó sin reparar en las consecuencias de su viraje.
A partir de allí la relación con el tándem Stiuso-Nisman se fue tensando. Nisman se opuso al Memorándum de Entendimiento. A eso hay que agregar que, al mismo tiempo –cuestiones de orden interno, como el haber proporcionado informaciones incorrectas sobre el lanzamiento de la candidatura de Sergio Massa por fuera del oficialismo- también contribuyeron al deterioro de las relaciones respecto de Stiuso.
Por ese entonces la Argentina ya comenzaba a tener dificultades económicas, fundamentalmente en el sector externo. La caída de los precios internacionales de los productos primarios afectó a nuestro país y la falta de divisas se hacía evidente. El gobierno creyó que podía obtenerlas restableciendo vínculos con los mercados financieros internacionales, a pesar de las críticas que la Presidenta les venía formulando en foros internacionales. En ese camino se pagaron varios juicios que teníamos ante el CIADI; se acordó el pago al Club de París de una deuda que veníamos arrastrando desde mucho tiempo atrás; se negoció el pago –sin reparar en los denunciados “daños ambientales”- de una indemnización a REPSOL por la nacionalización de YPF. La “frutilla del postre” era lograr que los reclamos, ante la justicia norteamericana, de los bonistas que no habían entrado en los canjes (2005/2010) fueran aplazados. Ello dependía de que la Suprema Corte de los Estados Unidos aceptara una apelación argentina. El fallo negativo (junio 2014) fue un duro golpe a la estrategia del gobierno argentino. El no-pago de sentencias anteriores, dictadas por el juez Thomas Griesa de Nueva York, hizo que la Argentina entrara en un “default selectivo”.
El gobierno argentino endureció su posición. Buscó y logró diversas apoyaturas internacionales para sus denuncias contra ese tipo de fondos. Llevó el tema hasta la Asamblea General de las Naciones. En todos los foros logró significativos apoyos. Ello, obviamente no benefició su posición respecto al sionismo-imperialismo. Debemos tener presente que Paul Singer, uno de los principales “fondos buitre” es un reconocido financiador del sionismo y los sectores más reaccionarios de los Estados Unidos.
En medio de estas controversias Argentina fortaleció sus vínculos con Rusia y China. Con esta última, los acuerdos comerciales y financieros de corto y largo plazo le están permitiendo a nuestro país sobrellevar la compleja situación que atraviesa. Así es, por ejemplo, como los swaps (un intercambio de divisas: pesos por moneda china que puede cambiarse por dólares) con China contribuyen a mantener un buen nivel de reservas en el Banco Central. Las inversiones y actividades chinas en sectores claves (hidrocarburos, transporte, represas, minería) implican una nueva relación estratégica que privilegia estos vínculos sobre los tradicionales con los Estados Unidos.
Esto fue colocando progresivamente a nuestro país en una vereda distinta al bloque de las potencias occidentales.
Fortaleciendo esa misma tendencia, en el reciente mes de diciembre, la Presidenta ordenó cambios en la conducción de la Secretaría de Inteligencia, donde colocó a Oscar Parrilli, un funcionario de su más absoluta confianza. Ello derivó en una “limpieza” que dejó afuera a Jaime Stiuso –después de 42 años– del aparato oficial de inteligencia.
Este conjunto de elementos dan sustento al “combo” que explica la “molestia” de los países occidentales respecto a la actual política internacional de nuestro país.
Atentado de París - Las horrendas dudas sobre su autoría y la actitud del gobierno argentino
Arranca el presente año con un contexto internacional donde encontramos a Estados Unidos procurando redefinir su política exterior y adecuando su situación militar a las nuevas condiciones. Con Francia como principal aliado y colocando los mayores esfuerzos en encontrar la forma de contrarrestar la creciente influencia china. Sabe que además de Ucrania, en Europa, es en el Medio Oriente donde hoy se despliegan las principales estrategias. Luego del fracaso en Siria, por los vetos de Rusia y China en el Consejo de Seguridad y por la resistencia encontrada al interior de ese país, está repensando su estrategia. En ella, ese extraño engendro llamado Estado Islámico tiene un rol importante, al igual que las denominadas “células dormidas” de Al Qaeda.
En ese marco, se produjo en París, el 7 de enero, el ataque a la revista satírica Charlie Hebdo, con un saldo de 19 muertos (12 de ellos periodistas que integraban la redacción de dicho medio).
Diversos factores intervienen para que se produzcan este tipo de situaciones. Componentes religiosos, económico-sociales y geopolíticos deben ser considerados a la hora de analizar ese hecho.
La condena fue universal. Solo lo aplaudió el Estado Islámico, esa extraña fuerza en cuya preparación, fortalecimiento y acciones hay fuertes y naturales sospechas de que estrategias norteamericanas e israelíes algo que tienen que ver.
El mundo que emergió de la Segunda Guerra Mundial, el mundo de la Guerra Fría, fue el reino de la bipolaridad. Estados Unidos y la Unión Soviética fueron sus protagonistas. En términos generales el resto se alineaba en alguno de los bandos de esos grandes decisores universales, en función de las “áreas de influencia” acordadas en Yalta, al final de aquella guerra.
Luego vino la implosión de la Unión Soviética, se impuso la unipolaridad estadounidense y la creencia occidental de que ese momento sería eterno.
Pero las aberraciones culturales e históricas, la injusticia sobre la que estaba construida y la propia crisis del sistema capitalista –en el que se sustenta– hicieron que se abrieran paso manifestaciones de multipolaridad. Otros actores comenzaron a pesar y viejas reivindicaciones de todo tipo ocuparon el escenario mundial.
Ahora el “enemigo” no era uno y fácil de identificar. Para sostener sus intereses y mantener su hegemonía Estados Unidos alimentó conflictos y desató guerras. Junto a sus aliados de la OTAN invadió y ocupó territorios. Algunos casos fueron: Irak, 1990 y 2003; Somalia, 1993 y 2002; Yugoslavia, 1995 y 1999; Sudán, 1998; Afganistán, 1998 y 2001; Pakistán y Yemen 2002; Libia, 2011. Solo en Irak hubo más de un millón de muertos. En muchos de esos casos se enarboló la bandera de la democracia y los derechos humanos como causal que justificara la intervención. Se le incorporaba otro “guión” que parecía un libreto que el Presidente George Bush puso al servicio de aquellas intervenciones militares. Se trata de lo sostenido en los 90 por el filósofo Samuel Huntington, en el sentido que los futuros enfrentamientos estarían sustentados –más que en problemas ideológicos o entre estados– en un “choque de civilizaciones”. Según esa idea, ahora las cuestiones religiosas se irían instalando en el centro de muchos conflictos.
Para el decadente occidente, el islam se fue transformando en una poderosa fuente de confrontaciones. Para evitar un choque directo nada mejor que tomar compromisos con las fuerzas islámicas. Esto se hizo bajo distintas formas, ya sea promoviendo alguna de sus formas de organización o exaltando sus propias contradicciones, en este último caso aprovechándose de las históricas diferencias entre entre sunnitas y chiitas. Así fue como apoyaron a Bin Laden y su Al Qaeda, cuyo poder luego tratarían de debilitar. En tiempos más cercanos están apoyando al Estado Islámico, y lo utilizan para sus propios fines respecto a Siria e Irán, aunque temen por su desarrollo futuro.
De todos estos elementos se alimenta esto que suele denominarse “extremismo islámico”. Es uno de los modos que utiliza, la estrategia sionista y norteamericana, para producir hechos o atentados de “falsa bandera” (operación encubierta para ser atribuida a quienes no son sus responsables), que sirven a sus intereses. Esta es la principal lógica para entender lo ocurrido en París cuando recién se iniciaba el año.
Este hecho, definido por las usinas comunicacionales como “un atentado contra la libertad de prensa” y producido en París, la “capital de los derechos humanos”, debería tener un efecto notable. Así fue y en lo que puede considerarse como “una explotación del objetivo” se hizo la gigantesca Marcha de París. Marcha que fue transmitida de forma permanente y en directo por los canales de televisión argentinos.
Si bien las informaciones sobre la cantidad de participantes no son coincidentes, no caben dudas que se trató de una movida imponente, numéricamente hablando. No parece exagerada la apreciación de muchos periodistas en el sentido que se trató de una marcha tan o más importante que la realizada con motivo del fin de la ocupación de París por parte de los nazis, en la Segunda Guerra Mundial. Se habla de 1,5 a 3 millones de franceses, en su inmensa mayoría, legítimamente preocupados por su futuro. Son parte de una sociedad acorralada por una pinza de la que no logran zafar. La crisis económica cuyo final es un horizonte al que no pueden llegar y los riesgos de una violencia cuya causa no logran descifrar aunque una creciente islamofobia les hace creer que tiene que ver con la creciente presencia de inmigrados musulmanes. Esto último, aunque negado en el discurso oficial, está omnipresente en la vida cotidiana. Ello llega a tal punto que una novela -“Sumisión”- que salió a luz el mismo día de los atentados ironiza con la ficción de un Presidente musulmán para el año 2022.
Si lo dicho vale para la mayoría de un pueblo que -altivo en su gesto y temeroso en su alma- se movilizó el domingo 18 de enero, no puede decirse lo mismo de la cabecera de dicha movilización. Allí primó la hipocresía de la dirigencia de una cincuentena de estados. Allí estaban las máximas autoridades de varios estados integrantes de la OTAN y responsables de miles y miles de asesinatos en varias intervenciones armadas contra pueblos diversos. Dejando en claro el modo en que se usa una vara diferente para medir las muertes si se trata de víctimas occidentales o de otros pueblos. Tampoco faltaron aquellos que ocupan sillones presidenciales, en países emergentes de lo que se conocía como el Tercer Mundo, que fueron electos en “democracias a la occidental” después de haber aceptado las reglas de juego impuestas por esas invasiones militares o dominaciones imperiales.
La foto de esa cabecera –publicada por el diario Le Monde– la muestra fuera de la movilización, ajena al pueblo allí presente y “para la galería”. Ella es una muestra y símbolo de esa contradicción.
En la decadencia del occidente desarrollado, en la miseria y el dolor de sentirse violados e invadidos –que los pueblos musulmanes sometidos padecen cotidianamente– se encuentra el campo fértil para reclutar las desesperaciones juveniles que alimentan al “terrorismo” que cínicamente dicen combatir.
Es por eso que la mayoría de la dirigencia de la Marcha de París está manchada con sangre.
Hizo bien la Presidenta, si lo ordenó, en no permitir que el Canciller asumiera la representación del país en la misma. Aunque después de la muerte de Nisman, la propia Presidenta aludió a su presencia.
Pero los hechos de París no se agotaron en esa marcha y la muerte de quienes habrían sido sus ejecutores.
Mientras tanto, adolescentes de algunas escuelas del París suburbano pobladas por hijos de inmigrantes pobres provenientes de países musulmanes, se negaron a rendir homenaje a las víctimas; el Papa Francisco sostuvo que las religiones merecen respeto –ya que forma parte del respeto que merecen las personas que las practican y las naciones que las asumen– y que “no se puede insultar la fe de los demás” y los redactores sobrevivientes de la masacre a la revista Charlie Hebdo sacaron un número extra, del que sostienen haber vendido 7 millones de ejemplares, con una imagen nuevamente satírica de Mahoma que, en nuestro país, acompañó vergonzosamente –en una reciente edición– la Revista Noticias.
Mientras todo eso acontece trascienden algunas informaciones que provocan horror. Se trata de opiniones en algunos casos, afirmaciones y pruebas en otros, sobre los responsables del atentado realizado en París.
Julian Assange -el fundador de Wikileaks- refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, quien diera a publicidad comunicaciones oficiales que afectan a muchos estados y dirigentes, proporciona algunos detalles que es bueno tener presente. Assange afirma que Francia tiene responsabilidad, por acción u omisión, en el atentado. Por omisión, por la escasa o nula eficacia preventiva. Lo más grave es que plantea que es posible que los servicios franceses dieran protección a los atacantes para facilitar el ataque. Lo explica en el hecho de que ello legitimaría sus escandalosas intervenciones en Libia, Siria y otros lugares.
Para la francesa Red Voltaire y el diario norteamericano McClatchy, los hermanos Kouachi, responsabilizados por las autoridades francesas del ataque, fueron reclutados por el francés David Drugeon, miembro de los servicios de inteligencia franceses. En noviembre de 2014 la cadena norteamericana Fox News anunciaba la muerte de David Drugeon con motivo de ataque con drones, en Siria, reivindicando que trabajaba para los servicios secretos franceses.
Paul Craig Roberts, un conservador norteamericano de 75 años quien fuera Subsecretario del Tesoro en la Administración Reagan, lo ocurrido en París fue una operación de “falsa bandera” destinada a fortalecer el dominio norteamericano sobre Francia y ponerle cuerpo a la amenaza terrorista. Sostiene que el documento perteneciente a uno de los “Kouachi”, encontrado “casualmente” en el lugar de los hechos, confirma la perspectiva en el sentido que la responsabilidad atribuida a los “islámicos” Kouachi está fundada en una mentira que los “pueblos occidentales estúpidos van a creer”.
El Presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía ha hecho responsable al MOSSAD. Es un dato a tener en cuenta, a pesar de que dicho presidente no sea santo de nuestra devoción por reprimir al pueblo turco y a los revolucionarios kurdos del PKK.
Entre nosotros, la periodista Stella Calloni, autora de un irrebatible trabajo sobre el “Plan Cóndor” en nuestra región, sostiene que es común que las potencias occidentales apelen a estos mecanismos. Ella nos recuerda que hace pocas semanas la Corte Penal Internacional aceptó la participación de Palestina en su seno, con el voto afirmativo de Francia. Situación que es un problema para Israel, por las denuncias que lloverán sobre ese Estado. Según Calloni esta podría ser una “devolución de favores” al estado francés por haber apoyado esa decisión. Quienes niegan el rol del imperialismo en el mundo, y ridiculizan con el mote de “teorías conspirativas” cualquier análisis que vincule las disputas dentro de un país con las grandes disputas geopolíticas, deberían revisar sus posiciones, especialmente si políticos y analistas de tan diversas filiaciones ideológicas han planteado la posibilidad de un atentado de “bandera falsa”.
Todo lo anterior lleva a reflexionar sobre el hecho de que lo que se denomina “terrorismo islámico” está en gran parte controlado por las grandes potencias occidentales que lo utilizan al servicio de sus intereses.
Independientemente de si el lector se convenció de que los servicios secretos actuaron por omisión o acción en el atentado de París, hay algo que es innegable: el atentado fue aprovechado por los gobiernos de los países que manejan el mundo. No es muy atrevido pensar que el “atentado de París” y los hechos que lo rodean fueron un detonante para la producción de diferentes acciones posteriores. En este punto ya señalamos algunas de ellas, sucedidas en Francia, inmediatamente después del atentado. Pensamos que lo desencadenado pocos días después en nuestro país con las denuncias y muerte de Nisman, no es totalmente ajeno a ese atentado.
La extraña denuncia del fiscal Nisman y su no menos extraña muerte
Este marco internacional profundiza lo que ya venía aconteciendo con el cambio de conducción en la Secretaría de Inteligencia.
Ese “combo” hizo que los jugadores locales de un ajedrez cuyas piezas se mueven desde otros lugares, tuvieran que acelerar jugadas. Esto explica la oportunidad en que el fiscal Nisman solicitara –en plena feria judicial– la citación a indagatoria de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del Canciller Héctor Timerman y otros ciudadanos argentinos, acusándolos de encubrimiento del atentado a la AMIA.
Los vínculos de Nisman con la Embajada de los Estados Unidos son conocidos. Nisman era indiscutiblemente un agente de intereses extranjeros; era un funcionario traidor con todas las letras.
La importancia de esos atentados para la política de los Estados Unidos lo da el hecho que, según los cables de Wikileaks, hay 196 cables –muchos de ellos “secretos” o “clasificados”– intercambiados entre la Embajada de Buenos Aires y el Departamento de Estado de EEUU, vinculados a esos acontecimientos. Allí están las pruebas sobre la relación de los intereses estadounidenses con el Fiscal Nisman. La investigación sobre dichos cables le permite afirmar a Santiago O´Donnell, autor de “Argenleaks” y “Politileaks” que “Nisman le anticipaba dictámenes a la Embajada, que inclusive los mandaba a corregir, y él los corregía. En los Wikileaks también hay registros de los pedidos de disculpas de Nisman a la embajada norteamericana por no anticipar determinados movimientos”.
Respecto a Stiuso, tampoco caben dudas de sus vínculos con la MOSSAD y los servicios estadounidenses (CIA y FBI). El propio Nisman no ocultaba el hecho de que las informaciones sobre la “pista iraní” se las proporcionaba Stiuso, a quien se las hacían llegar servicios de inteligencia extranjeros.
Es por ello que el encubrimiento sobre el atentado a la AMIA se produjo por parte del propio Fiscal, que tomó como propias las informaciones de estos servicios. Todas ellas estaban fundadas en el famoso coche-bomba que habría explotado en la puerta de acceso de la AMIA, conducido por un autoinmolado yihadista del Hezbollah, quien respondía a directivas del Estado de Irán. Información que se corresponde con el “guión” elaborado desde el inicio por los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Dicha “prueba” fue cuestionada inclusive por las primeras informaciones proporcionadas por la Policía y la Gendarmería.
La inconsistencia de las pruebas llega al punto de que la mayor parte de las investigaciones periodísticas (Salinas, Levinas, Lanata-Goldman) descartan las pruebas sobre la “pista iraní”. Un conocido opositor al gobierno, Jorge Lanata, publicó en la revista Perfil de noviembre de 2006 que “en las 113.600 fojas del expediente usado por Nisman para acusar no hay nada”.
A la hora de calibrar las razones de este exabrupto judicial hay que recordar que según la acusación del Fiscal Nisman los objetivos prácticos del “encubrimiento” serían: poner fin a las “circulares rojas” (el instrumento que tiene INTERPOL para detener sospechosos), que impiden a los iraníes acusados salir de su país a cambio de una mejora en el comercio bilateral. Las “circulares rojas” siguen vigentes y Argentina nunca pidió su levantamiento. Si bien es cierto que en el “punto 7” del Memorándum de Entendimiento se decía: “Este acuerdo, luego de ser firmado, será remitido conjuntamente por ambos cancilleres al Secretario General de Interpol en cumplimiento a requisitos exigidos por Interpol con relación a este caso”. En lo que respecta al comercio con Irán, efectivamente creció, pero ello ocurrió antes del 2012 y la firma del mencionado Memorándum. Nisman trabajaba con información provista por servicios, que muy probablemente estuvieron implicados en el atentado o por lo menos en su encubrimiento. Su interés estaba en que la responsabilidad de los mismos cayese en Irán, u otro de los estados enemigos de los yankis e Israel. Nunca tuvo interés en investigar nada.
Esta saga de acontecimientos no terminó con la acusación de Nisman, producida el 15 de enero. El domingo 18 apareció muerto, con un tiro en la cabeza, en el baño de su departamento.
Su muerte ocurrió en una de las Torres de Puerto Madero. Un barrio hermético, supuestamente seguro, donde residen poderosos –de todo tipo– en una mezcla que haría las delicias del autor de “Cambalache”.
Si el lugar es llamativo, la forma en que aconteció el hecho también lo es. El arma, aparentemente usada, traída por un subordinado; rastros del disparo que no se encuentran en las manos del difunto; puertas y entradas llamativamente fáciles de abrir; custodios que poco custodian; funcionarios de roles ambiguos que rápidamente dicen que fue “suicidio”. En fin… detalles detectivescos que pululan por las pantallas televisivas y los comentaristas de todo tipo que poco aclaran y mucho oscurecen.
Todo lo dicho sobre el lugar y la forma podría ser menor si no tuviéramos en cuenta la oportunidad en la que muere este “personaje”. Fue un domingo y al día siguiente debía concurrir al Congreso para presentar las pruebas sobre las cuales se asentaba la denuncia sobre la Presidenta, el Canciller y un grupo de personas acusadas de encubrimiento del atentado a la AMIA. El diario La Nación aceptó en una nota titulada “Según juristas, a la acusación de Nisman le costará probar el delito” que la denuncia es insostenible. Naturalmente, la oposición igual aprovecha para golpear al gobierno.
La muerte del Fiscal, inédito acusador de la Presidenta, fue la que no solo potenció al hecho investigado, sino que transformó su muerte en una cuestión internacional de primer orden. La denuncia en sí no hubiese tenido demasiado efecto si el fiscal no estuviese muerto. Llamativas miradas internacionales se posaron sobre nuestro gobierno, desacreditando al Estado Argentino por su supuesta responsabilidad, por acción u omisión, sobre ese hecho. Los principales diarios del mundo y diversas organizaciones se hicieron eco –críticamente– de esta muerte. El Secretario General de las Naciones Unidas ha ofrecido colaboración técnica para investigarlo. Estados Unidos han solicitado una “investigación completa e imparcial”. Desde el Estado de Israel llovieron críticas.
Desde el punto de vista de la política interna de nuestro país no quedan dudas de que lo acontecido incomoda al gobierno. Más allá de lo que luego se pueda determinar, es indudable que en el imaginario colectivo se trata de un hecho delictivo del cual el gobierno difícilmente pueda “despegarse” totalmente.
Parece que estamos asistiendo a una “operación de inteligencia” pero… ¿qué es una operación de inteligencia? Se trata de acciones desarrolladas principalmente por Estados que tienen por objetivo producir hechos que parecen haber sido llevados a cabo por otros. Esta muerte y los propios atentados, publicitariamente muy usados aunque escasamente investigados, forman parte de esas “operaciones de inteligencia”, que obviamente no solo involucran a los agentes de inteligencia.
Es por eso que, por la envergadura de los actores más importantes y más allá del “éxito” de la tarea judicial, es posible pensar que descifrar la verdad es una perspectiva que difícilmente podamos ver.
Las diferentes y contradictorias apreciaciones que tuvo la Presidenta sobre la forma en que se produjo la muerte de Nisman ejemplifican el nivel de confusión en el que se mueve el gobierno. Sin embargo el contexto de sus últimas presentaciones parece asomarse a la complejidad de responsabilidades que aquí se señalan, aunque insiste en que no se puede pensar en su encubrimiento dada las múltiples denuncias y acciones en contra del Estado de Irán.
Ideas para seguir
Vemos la necesidad de analizar algunas informaciones y reflexionar sobre las mismas para evitar que sean los enemigos de nuestro pueblo los que nos digan qué pasó, qué tenemos qué pensar y hacer.
Sí tenemos muchas preocupaciones.
Ellas nacen de un hecho fundamental: Las agencias imperialistas, sus voceros y propaladores pagos, ingenuos o “idiotas útiles” contribuyen a moldear un pensamiento funcional a quienes nos someten con el objetivo de disciplinar nuestros comportamiento y tener mejores condiciones para profundizar el saqueo y la explotación.
Nos preocupa el hecho de que la muerte trágica del Fiscal Nisman sea utilizada para reivindicarlo. La tragedia humana no modifica el hecho de que fue un agente al servicio de un “guión” elaborado desde las usinas imperialistas, uno de cuyos objetivos fue el encubrimiento sobre un atentado que debía investigar.
Nos preocupa la islamofobia, una forma de racismo, que se está instalando. Las diferentes culturas merecen todo nuestro respeto. Es lamentable que se las denigre cuando de su seno nacen fuerzas antiimperialistas que procuran luchar contra el sistema de dominación.
Nos preocupa y nos alarma la denuncia contra militantes populares como Yussuf Khalil, Fernando Esteche y Luis D’Elía. Vemos dicha acusación como una advertencia al conjunto de la militancia que se viene manifestando en oposición al sionismo y al imperialismo por la reiteradas masacres y genocidios que practican. En el marco de las llamadas políticas antiterroristas que el imperio despliega, dichas acusaciones se constituyen en una “espada de Damocles” sobre la militancia popular. La vigencia de la Ley Antiterrorista, elaborada por el FMI, es uno de los instrumentos legales que tiene el Estado para esos fines.
Nos preocupa que la situación en la que estamos sea la antítesis de las certezas que –desde hace más de dos décadas- reclaman los familiares de las víctimas. Además, lamentablemente, hay sectores del campo popular que han hecho propia las posiciones de nuestros enemigos, sectores que se centran en un análisis y políticas puntuales escapando al problema de fondo, mientras se ignora el ataque a militantes del campo popular.
La corrupción, mentiras y encubrimientos que rodearon a las presuntas investigaciones han ocupado el lugar de la verdad. Sólo cuando el pueblo recupere la plenitud de su soberanía éstos y otros hechos semejantes podrán ser investigados y habrá una inteligencia al servicio de esa soberanía.
Argentina está metida en un berenjenal de difícil solución. Una auténtica salida, aunque de muy difícil realización, es recuperar el derecho a decir y sostener la verdad. Eso supone poner en cuestión lo “investigado” desde el inicio, incluida –obviamente- la autoría de los atentados. De lo contrario la verdad seguirá oculta entre los escombros de la Embajada y la AMIA. El país seguirá pendiente de enfrentamientos en los que no tiene decisión y de injerencias que violan nuestra soberanía y que, desde el principio, obstruyeron las posibilidades de una real investigación, colocándose en el papel de víctimas y contribuyendo al encubrimiento de lo ocurrido.
Ello seguirá así mientras la política continúe subordinada a las encuestas y los asesores de imagen ocupen el lugar de los estadistas.
Esperamos que cada compañero, desde su lugar de militancia, elabore las propuestas y modos de acción más eficaces para responder a estas provocaciones que van contra los intereses de la inmensa mayoría de los argentinos.
Firman este artículo: Roberto Perdía, Carlos Aznárez, Héctor Carrica, Norman Briski, Vicente Zito Lema y Facundo Guillén
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Monday, June 24, 2013



24-06-2013

¿Un nuevo ciclo de luchas populares?



Las grandes manifestaciones populares de protesta en Brasil demolieron en la práctica una premisa cultivada por la derecha, y asumida también por diversas formaciones de izquierda -comenzando por el PT y siguiendo por sus aliados: si se garantizaba “pan y circo” el pueblo –desorganizado, despolitizado, decepcionado por diez años de gobierno petista- aceptaría mansamente que la alianza entre las viejas y las nuevas oligarquías prosiguieran gobernando sin mayores sobresaltos. La continuidad y eficacia del programa “Bolsa Familia” aseguraba el pan, y la Copa del Mundo y su preludio, la Copa Confederación, y luego los Juegos Olímpicos, aportarían el circo necesario para consolidar la pasividad política de los brasileños. Esta visión, no sólo equivocada sino profundamente reaccionaria (y casi siempre racista) quedó hecha añicos en estos días, lo que revela la corta memoria histórica y el peligroso autismo de la clase dominante y sus representantes políticos a quienes se les olvidó que el pueblo brasileño supo ser protagonista de grandes jornadas de lucha y que sus períodos de quietismo y pasividad alternaron con episodios de súbita movilización que rebasaron los estrechos marcos oligárquicos de un estado apenas superficialmente democrático. Basta recordar las multitudinarias movilizaciones populares que impusieron la elección directa del presidente a comienzos de los años ochentas; las que precipitaron la renuncia de Fernando Collor de Melo en 1992 y la ola ascendente de luchas populares que hicieron posible el triunfo de Lula en el 2002. El quietismo posterior, fomentado por un gobierno que optó por gobernar con y para los ricos y poderosos, creo la errónea impresión de que la expansión del consumo de un amplio estrato del universo popular era suficiente para garantizar indefinidamente el consenso social. Una pésima sociología se combinó con la traidora arrogancia de una tecnocracia estatal que al embotar la memoria hizo que los acontecimientos de esta semana fueran tan sorpresivos como un rayo en un día de cielos despejados.La sorpresa enmudeció a una dirigencia política de discurso fácil y efectista, que no podía comprender -y mucho menos contener- el tsunami político que irrumpía nada menos que en medio de los fastos futboleros de la Copa Confederación. Fue notable la lentitud de la respuesta gubernamental, desde las intendencias municipales hasta los gobiernos estaduales y el propio gobierno federal.
Opinólogos y analistas adscriptos al gobierno insisten ahora en colocar bajo la lupa estas manifestaciones, señalando su carácter caótico, su falta de liderazgo, la ausencia de un proyecto político de recambio. Sería mejor que en lugar de exaltar las virtudes de un fantasioso “posneoliberalismo” de Brasilia y de pensar que lo ocurrido tiene que ver con la falta de políticas gubernamentales hacia un nuevo actor social, la juventud, dirigieran su mirada hacia los déficits de la gestión gubernativa del PT y sus aliados en un amplio abanico de temas cruciales para el bienestar de la ciudadanía. Plantear que las protestas fueron causadas por el aumento de 20 centavos de real en el transporte público de Sao Paulo es lo mismo que, salvando las distancias, afirmar que la Revolución Francesa se produjo porque, como es sabido, algunas panaderías de la zona de la Bastilla habían aumentado en unos pocos centavos el precio del pan. Confunden estos propagandistas el detonante de la rebelión popular con las causas profundas que la provocan, que dicen relación con la enorme deuda social de la democracia brasileña, apenas atenuada en los últimos años del gobierno Lula. El disparador, el aumento en el precio del boleto del transporte urbano, tuvo eficacia porque según algunos cálculos para un trabajador que gana apenas el salario mínimo en Sao Paulo el costo diario de la transportación para concurrir a su trabajo equivale a poco más de la cuarta parte de sus ingresos. Pero esto sólo pudo desencadenar la oleada de protestas porque se combinaba con la pésima situación de los servicios de salud pública; el sesgo clasista y racista del acceso a la educación; la corrupción gubernamental (un indicador: la presidenta Dilma Rousseff ha echado a varios ministros por esta causa), la ferocidad represiva impropia de un estado que se reclama como democrático y la arrogancia tecnocrática de los gobernantes, en todos sus niveles, ante las demandas populares que son desoídas sistemáticamente: caso de la reforma de la previsión social, o de la paralizada Reforma Agraria o los reclamos de los pueblos originarios ante la construcciones de grandes represas en la Amazonía. Con estas asignaturas pendientes, hablar de “posneoliberalismo” revela, en el mejor de los casos, indolencia del espíritu crítico; en el peor, una deplorable sumisión incondicional al discurso oficial.
A la explosiva combinación señalada más arriba hay que sumar el creciente abismo que separa al común de la ciudadanía de la partidocracia gobernante, incesante tejedora de toda suerte de inescrupulosas alianzas y transformismos, que burlan la voluntad del electorado sacrificando identidades partidarias y adscripciones ideológicas. No por casualidad todas las manifestaciones expresaban su repudio a los partidos políticos. Un indicador del costo fenomenal de esa partidocracia –que resta recursos al erario público que podrían destinarse a la inversión social- está dado por lo que en Brasil se denomina el Fondo Partidario, que financia el mantenimiento de una maquinaria meramente electoralista y que nada tiene que ver con ese “príncipe colectivo”, sintetizador de la voluntad nacional-popular del que hablara Antonio Gramsci. Un solo dato será suficiente: a pesar de que la población exige infructuosamente mayores presupuestos para mejorar los servicios básicos que hacen a la calidad de la democracia, el mencionado fondo pasó de distribuir 729.000 reales en 1994 a la friolera de 350.000.000 de reales en el 2012, y está por acrecentarse aún más en el curso de este año. Esa enorme cifra habla con elocuencia del hiato que separa representantes de representados: ni los salarios reales ni la inversión social en salud, educación, vivienda y transporte tuvieron la prodigiosa progresión experimentada por una casta política completamente apartada de su pueblo y que no vive para la política sino que vive, y muy bien, de la política, a costa de su propio pueblo.
¿Eso es todo? No, hay algo más que provocó la furia ciudadana. El exorbitante costo en que incurrió Brasilia a cuenta de una absurda “política de prestigio” encaminada a convertir al Brasil en un “jugador global” en la política internacional. La Copa del Mundo de la FIFA y los Juegos Olímpicos exigirán enormes desembolsos que podrían haber sido utilizados más provechosamente en solucionar añejos problemas que afectan a las clases populares. Hubiera sido bueno que se recordara que México no sólo organizó una sino dos Copas del Mundo en 1970 y 1986, y los Juegos Olímpicos de 1968. Ninguno de estos grandes fastos convirtió a México en un jugador global de la política mundial: pero aún, sirvieron para ocultar los problemas reales que irrumpirían con fuerza en la década de los noventas y que perduran hasta el día de hoy. Según la ley aprobada por el congreso brasileño la Copa del Mundo dispone de un presupuesto inicial de 13.600 millones de dólares, que seguramente aumentará a medida que se acerque la inauguración del evento, y se estima que los Juegos Olímpicos demandarán una cifra aún mayor. Conviene aquí recordar una sentencia de Adam Smith, cuando decía que “lo que es imprudencia y locura en el manejo de las finanzas familiares no puede ser responsabilidad y sensatez en el manejo de las finanzas del reino.” Quien en su hogar no dispone de ingresos suficientes que garanticen la salud, la educación y una adecuada vivienda para su familia no puede ser elogiado cuando gasta lo que no tiene en una costosísima fiesta.
La dimensión de este despropósito queda graficado, como observa con perspicacia el sociólogo y economista brasileño Carlos Eduardo Martins, cuando compara el costo del programa “Bolsa Familia”, 20.000 millones de reales, con el que devoran los intereses de la deuda pública: 240.000 millones de reales. Es decir, que en un año los tiburones financieros de Brasil y del exterior, niños mimados del gobierno, reciben como compensación a sus tramposos préstamos el equivalente doce planes “Bolsa Familia” por año. Según un estudio de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, en el año 2012 el desembolso por concepto de intereses y amortizaciones de la deuda pública insumió el 47.19 por ciento del presupuesto nacional; por contraposición, se le dedicó a la salud pública el 3.98 por ciento, a la educación el 3.18 por ciento y a l transporte el 1.21 por ciento. Con esto no se quiere disminuir la importancia del programa “Bolsa Familia” sino de resaltar la escandalosa gravitación de la sangría originada por una deuda pública-ilegítima hasta la médula- que ha hecho de los banqueros y especuladores financieros los principales beneficiarios de la democracia brasileña o, más precisamente, de la plutocracia reinante en el Brasil. Por eso tiene razón Martins cuando observa que la dimensión de la crisis exige algo más que reuniones de gabinete y conversaciones con algunos líderes de los movimientos sociales organizados. Propone, en cambio, la realización de un plebiscito para una reforma constitucional que recorte los poderes de la partidocracia y empodere de verdad a la ciudadanía; o para derogar la ley de auto-amnistía de la dictadura; o para realizar una auditoría integral sobre la turbia génesis de la escandalosa deuda pública (como hizo Rafael Correa en el Ecuador). Agrega también que no basta con decir que el 100 por ciento de los royalties que origine la explotación del enorme yacimiento petrolero del Pre-Sal serán dedicados, como lo declaró Rousseff, a la educación, en la medida en que no se diga cuál será la proporción que el estado captará de las empresas petroleras. En Venezuela y Ecuador el estado retiene por concepto de royalties entre el 80 y el 85 por ciento de lo producido en boca de pozo. ¿Y en Brasil quién fijará ese porcentaje? ¿El mercado? ¿Por qué no establecerlo mediante una democrática consulta popular?
Como puede colegirse de todo lo anterior, es imposible reducir la causa de la protesta popular en Brasil a una eclosión juvenil. Es prematuro prever cual será el futuro de estas manifestaciones, pero de algo estamos seguros. El “¡Que se vayan todos!” de la Argentina del 2001-2002 no pudo constituirse como una alternativa de poder, pero por lo menos señaló los límites que ningún gobierno podría volver a traspasar so pena de ser derrocado por una nueva insurgencia popular. Más aún, las grandes movilizaciones populares en Bolivia y Ecuador demostraron que sus flaquezas y su inorganicidad -como las que hoy hay en Brasil- no le impidieron tumbar a gobernantes que sólo solo lo hacían a favor de los ricos. Las masas que salieron a la calle en más de cien ciudades brasileñas pueden tal vez no saber adónde van, pero en su marcha pueden acabar con un gobierno que claramente eligió ponerse al servicio del capital. Brasilia haría muy bien en mirar lo ocurrido en los países vecinos y tomar nota de esta lección que presagia crecientes niveles de ingobernabilidad si persiste en su alianza con la derecha, con los monopolios, con el agronegocios, con el capital financiero, con los especuladores que desangran al presupuesto público de Brasil. La única salida a todo esto es por la izquierda, potenciando no en el discurso sino con hechos concretos, el protagonismo popular y adoptando políticas coherentes con el nuevo sistema de alianzas. No sería exagerado pronosticar que un nuevo ciclo de ascenso de las luchas populares estaría dando comienzo en el gigante sudamericano. Si así fuera lo más probable sería una reorientación de la política brasileña, lo cual sería una muy buena noticia para la causa de la emancipación de Brasil y de toda Nuestra América.
* Una versión resumida de esta nota salió publicada en la edición dominical de Página/12, del 23 de Junio del corriente año.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


Friday, April 05, 2013

La PAH y Psicólogos sin Fronteras colaboran en la atención psíquica a personas afectadas por las hipotecas El impacto en la salud mental de los desahucios

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En el año 2012 los juzgados de Primera Instancia acordaron 101.034 procedimientos de desalojo de viviendas, locales o fincas (desahucios), según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Pero bajo los números gélidos asoman dramas personales, impactos psicológicos y problemas de salud mental que, en los casos más extremos, culminan en el suicidio.
Javier A., mexicano, firmó en 2007 una hipoteca por valor de 212.000 euros con Bankia. Al perder su empleo como comercial de exportación, se demoró dos mensualidades en el pago de la cuota. Llegaron entonces los problemas. “Me telefonearon del banco con un tono criminalizador, como si fuera un moroso apestado”. ¿Qué se siente en esos casos? “Un pánico terrible; la llamada me dejó temblando y con las manos frías”. En una segunda fase, “cuando digieres el susto, te sobreviene la indignación y la rabia”. Aunque después ha podido enderezar su situación personal, tiene claro que la hipoteca es “como una condena”. Asistió a sesiones de terapia pues la tendencia al aislamiento hizo que se resintiera su relación de pareja y con las amistades. Insomnio, abatimiento, crisis de ansiedad (estuvo año y medio medicándose)… Pero integrarse en la Plataforma de Afectades per les Hipoteques (PAH) de Valencia le ayudó a compartir el problema y romper con el aislamiento.
El caso de Alicia Gabba, argentina de 50 años, roza el surrealismo. Suscribió en mayo de 2006 un préstamo hipotecario de 174.000 euros con el Banco de Valencia y ahora –está amenazada de desahucio- la entidad financiera le reclama 175.000 euros. Mantiene en el hogar familiar a sus dos hijos, con los ingresos de su marido (el subsidio de 426 euros) y los que ella aporta como monitora de tiempo libre (menos de 600 euros al mes). En 2011 dejó de pagar la hipoteca (“Te planteas que o pagas, o comes”). “Al principio tienes mucha ansiedad, es como si se terminara el mundo; pero luego el proceso se dilata y eso hace que te tranquilices algo; ahora bien, cuando me llegó la demanda del juzgado, me quedé paralizada, no sabía que hacer”, recuerda. Le ayudó mucho su capacidad para relativizar y las experiencias pasadas: “soy migrante, he superado un cáncer y, además, lo que más me afectó fue la muerte de mi papá en 2009”. También le ayudó entrar en la PAH de Valencia, donde atiende el teléfono de afectados: “Te da mucha fortaleza el que te digan que no eres culpable de nada y que no has vivido por encima de tus posibilidades”. Pero reconoce los nervios y ansiedad con los que espera el desahucio. Su marido se medica por los problemas de tensión.
La PAH y Psicólogos sin Fronteras (PSF) colaboran en Madrid y Valencia (apoyoencrisis@psicologossinfronteras.org) en un proyecto para prestar apoyo emocional a personas afectadas por las hipotecas que no pueden costearse un tratamiento; la iniciativa pretende ampliarse a Alicante, Castellón y Murcia. Entre los objetivos que se persiguen figura dotar a los usuarios de herramientas para manejar el estrés; potenciar, como medida protectora, las redes sociales de apoyo; y trabajar en la detección e intervención de casos con alto riesgo de suicidio. Nacida hace 13 años, la ONG Psicólogos sin Fronteras lleva dos atendiendo a personas amenazadas de desahucio. Aseguran que los síntomas de los afectados (estado de shock o sentido de pérdida, entre otros muchos) y los protocolos de actuación de la ONG resultan similares en los desalojados de sus hogares y en los damnificados por catástrofes naturales (por ejemplo, el terremoto de Haití).
“Cuando a alguien se le notifica el desahucio sufre en muchos casos un estado de inseguridad y bloqueo, incluso de vulnerabilidad total, que se puede manifestar por ejemplo en ataques de ansiedad”, explica Gemma Pinilla, una de las profesionales implicadas en el proyecto. Pero admitir que se requiere apoyo psicológico ya representa un avance, pues “implica superar un sentimiento de vergüenza; hay mucha gente que no pide ayuda porque niega u oculta el problema”, asegura la psicóloga. En otros casos, continúa considerándose un estigma la terapia psicológica. Otras veces, tienen prioridad los trámites jurídicos o la negociación con los bancos para impedir un desahucio. El caso es que, por unas razones u otras, muchas personas afectadas no dan el primer paso.
Psicólogos y personas amenazadas de desahucio coinciden en un punto: la mejoría en el estado de ánimo que experimentan estas cuando se vinculan a las plataformas de afectados. Y no sólo por el hecho de recibir información, asesoramiento jurídico y asociarse en torno a un grupo de presión. Las PAH son más que eso. A juicio de Pinilla, “formar parte de una red implica darse cuenta de que no están solos, de que comparten el problema de las hipotecas con mucha más gente; las plataformas constituyen, en definitiva, el suelo donde apoyarse”.
Insomnio, estrés, ansiedad, estado de montaña rusa emocional (al pasar -por ejemplo- de la tristeza a la rabia), pérdida de apetito o ingesta compulsiva de alimentos; úlceras, dermatitis, cefaleas, agotamiento, pérdida de atención y de memoria, susceptibilidad e irritabilidad y numerosas afecciones psicosomáticas (de origen psíquico pero que se manifiestan en el cuerpo)... Juan Miguel Gómez, psicólogo que colabora con PSF y Stop Desahucios, ha constatado muchos de estos síntomas. Y otros de raíz judeocristiana: “hay un sentimiento de culpabilidad muy fuerte, sobre todo en la gente con estudios de grado medio-alto; Se achacan el no prever las consecuencias de firmar la hipoteca, que ven como su sentencia de muerte. Sienten, además, que con esta mala decisión han perjudicado a su familia y se recriminan no haber optado por la vivienda en alquiler”. La culpa y la vergüenza, agrega Gómez, son “emociones que aíslan, que te conducen a la pasividad; por eso resultan decisivas las redes sociales de apoyo, porque amortiguan el conflicto”.
Para aliviar el peso de estas emociones negativas en coyunturas críticas, los psicólogos consultados subrayan una receta, podría decirse que casi una panacea: Hablar del problema y sacarlo de adentro. Exteriorizarlo. Pero (y esto es más decisivo si cabe) en una relación en la el afectado se sienta escuchado por otra persona que en ningún caso pretende juzgarle. Los apoyos personales representan, por tanto, una de las columnas centrales del equilibrio psíquico, más aún en un contexto en el que son frecuentes los conflictos de pareja y los riesgos de desestructuración familiar.
A veces la clave está en “salir de la visión de túnel y abrir las perspectivas -explica la psicóloga María José Lucea- pues a menudo se focaliza en el problema de la hipoteca cuando estas mismas personas disponen en sus vidas de elementos muy positivos, como familia y buena salud”. “También se trata de revertir las energías, de superar estados de negatividad y culpa y pasar a la acción”, agrega. El lema de la PAH (Sí se puede) constituye un buen catalizador.
El proyecto de la PAH y Psicólogos sin Fronteras adopta varias dimensiones. Además de las sesiones con los afectados, la iniciativa abarca la intervención psicosocial, ya que hay casos en que esta resulta más urgente incluso que la cura emocional. Por ello se ayuda a los afectados (o se hace labor de acompañamiento) en casos en que se producen cortes de servicios básicos (luz y agua) o a contactar (en ocasiones, también a presionar) ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Además, para los coordinadores de la PAH se realizan talleres de meditación y relajación. PSF y el equipo jurídico de la PAH estudian también la posibilidad de que los psicólogos elaboren informes periciales (que se presentarían ante el juez en la fase de prueba) sobre los afectados por los desahucios que presenten mayor vulnerabilidad o riesgo de suicidio. “Hay que abrir los ojos a la justicia; las circunstancias psicológicas se consideran en la legislación sobre el aborto o en las penas que se imponen a los presos, pero no en la legislación hipotecaria”, subraya el psicólogo José Miguel Sanz. 
Los suicidios y las hipotecas. Continúa el goteo de muertes pero, tras la estampida informativa inicial, los medios de comunicación han echado el freno y desviado el foco. Se agotó la novedad. Sin embargo, el Congreso Nacional de Psiquiatría celebrado en septiembre de 2012 en Bilbao, concluye que la crisis económica es la primera causa de los suicidios en el estado español (factores como el paro o los desahucios estarían detrás de más de un tercio de los casos de suicidio). En el trabajo a pie de obra de PSF y la PAH se le pregunta al usuario, ya en la primera sesión, si ha pensado en quitarse la vida y si tiene ánimo para vivir. De ese modo se evalúa el riesgo. Si detectamos el peligro, explica Juan Miguel Gómez, “lo más importante es que el usuario empiece a verbalizar la ideación y que observe las consecuencias de sus decisiones; otra vez lo decisivo es socializar el problema y establecer tanto vínculos como redes de apoyo”. Critica el activista de PSF y la PAH que la Administración “oculte las cifras de suicidios”. “Parece que exista un acuerdo entre los medios y el gobierno para que no se conozca esta información”, añade. “Se excusan en un supuesto efecto imitación sin que haya estudios que lo avalen”.
Puede que las causas últimas del suicidio sean muy de fondo, casi antropológicas. Un reciente artículo publicado en Gara por el médico psiquiatra Iñaki Márkez, presidente de la Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria (OME-AEN), señalaba que la vivienda de la que a una persona se desahucia “no es simplemente esa estructura arquitectónica e inmobiliaria. Representa y constituye algo muy propio de uno mismo, una prolongación del cuerpo, parte de la vida, del entorno, del refugio y el acogimiento, del acomodo, de la posesión y seguridad. La casa forma parte de la identidad (…). Si me quitan mi casa, me quitan mi vida”.
Muchos afectados no llegan a quitarse la vida. Pero, como apunta el estudio “La vivencia en profundidad de los afectados en un proceso de desahucio”, las personas suelen sufrir en los estadios finales un “estrés postraumático” y un colapso emocional similar al de quienes han padecido un accidente de tráfico. El trabajo, realizado por ESADE y la Fundación Innovación, Acción y Conocimiento con el apoyo de Caritas, resalta las siete emociones que más se repiten durante el proceso: sorpresa, asombro, miedo, temor, asco, rabia y lloro. Los ocho entrevistados para la investigación, asegura su director, Joan Ramis, “han cambiado el modo de ver la vida tras la experiencia. Desde sus hábitos alimentarios, rutinas diarias y círculo de amistades, hasta sus objetivos vitales”.
Además de criminalizar el escrache, ¿qué medidas implementa el gobierno de Rajoy para paliar el sufrimiento que causan los desahucios? Según María José Lucea, colaboradora de Psicólogos sin Fronteras y la PAH, “ninguna, salvo medicación. Muchas personas acaban pasando por el médico de cabecera o el psiquatra, y tomando ansiolíticos o antidepresivos; pero los recursos para la salud mental son muy escasos, tendencia que se ha acentuado con los recortes. La sanidad pública debería disponer de los medios para una atención adecuada. Entre otras razones, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce como elemento de salud el bienestar psicológico”. Sin olvidar, concluye, “las causas estructurales -socioeconómicas y políticas- que subyacen a los desahucios”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Thursday, April 04, 2013

Si alguien se ha comportado como una organización violenta ha sido el gobierno



Violencia y rebelión desde el gobierno de España

Colectivo Novecento


El padre del pensamiento liberal, John Locke, en su Segundo ensayo sobre el gobierno civil especifica que cuando un gobierno usurpa las libertades, entrega el gobierno a la sujeción de un poder extranjero, se corrompe, o conduce la sociedad de un modo distinto al que esta ha prescrito, el derecho de resistencia ciudadana está más que justificado. Para el inglés los auténticos rebeldes en este caso son los gobernantes. Locke, basándose en la raíz latina re-bellare, indica que en cualquiera de estos supuestos el gobierno está protagonizando una vuelta al estado de guerra. Ante el desprecio gubernamental por la política, la ciudadanía debe defenderse para reinstaurarla.

Parece que las acciones del gobierno español casan a la perfección con la descripción lockeana en los cuatro casos mencionados. Pero además de rebelde, el gobierno es violento. ¿Qué significa esto?

Los vínculos del gobierno se han establecido con la oligarquía; a ella favorecen sus decisiones y hasta las leyes. Basta con repasar el relato de la acción gubernamental —socialista y popular— durante la crisis, echar un vistazo a los indicadores de desigualdad, a los de concentración de poder, al fenómeno de las puertas giratorias o recordar su desprecio por el programa electoral. Cuando el gobierno ordena a la policía echar a la gente de sus casas, golpear y detener a quienes solidaria y pacíficamente tratan de impedirlo, está defendiendo una vez más los intereses de unos pocos. En este caso los de los propietarios de los bancos.

Se supone que la policía es una institución pública, pagada por todos y que nos debe obediencia a través del poder político. Si este no nos representa democráticamente, la policía pierde también el vínculo ciudadano. En realidad aceptamos que el monopolio de la violencia reside en el Estado porque el gobierno que lo dirige es democrático. Si hay dudas sobre esto, se quiebra algo imprescindible: la confianza. Dejamos de imaginar “protección” al ver a gente vestida de azul, para sentir inquietud e incluso miedo.

El gobierno de España utiliza así, pervirtiéndola, una fuerza que no es suya —¡es nuestra!— al servicio de intereses espurios. A la vez limita derechos fundamentales como los de reunión o manifestación para contener la protesta. Por todo ello, en lugar de pensar que el gobierno vela por nuestra seguridad a la hora de hacer cumplir las leyes, decimos que es violento.

Si esto es así, ¿cómo hacer frente a la violencia del gobierno, que ya no creemos legítima, cuando se presenta armada en la puerta de tu casa? ¿Qué hacer cuando jóvenes, parados, mayores y niños se ven en la calle, soportando además una deuda impagable?

Hannah Arendt apostaba por distinguir claramente las reglas que rigen política y violencia. En la primera reina la palabra y la escucha a la hora de lidiar con los inherentes conflictos de la ciudad. En la segunda solo hay espacio para el silencio forzado, el grito o los lamentos; domina el rugido de los instrumentos que dañan. En la política las decisiones se toman deliberando entre todos, sin exclusiones, con un poder de decisión equitativamente repartido. Se cuida de lo público desde lo público. Cuando domina la violencia se impone la disciplina jerárquica, la obediencia sin discusión y la construcción del enemigo ante cualquier disidencia. Mientras, la política cultiva la amistad con el diferente, que puede y debe expresarse. Hay libertad de movimiento al pensar, al transitar por el mundo y en las diversas alianzas que se trencen. No hay bandos. La violencia en cambio son hermandades cerradas al combate; es destrucción, aunque su fin declarado sea otro más excelso.

El sentido de la política, lo que la hace marchar, es a cada instante la libertad.

A pesar de la defensa que toda su vida mantuvo por la política, Arendt había escrito a comienzos de los años cuarenta, en la revista neoyorquina Aufbau, una serie de artículos animando la conformación de un ejército judío. Entonces sostuvo que era imprescindible tomar la iniciativa en la autodefensa frente al nazismo, así como erigirse en sujetos de cara a la negociación de una futura paz. Es más, en su polémico libro sobre Adolf Eichmann, había criticado la pasividad de los judíos que eran conducidos a los guetos, a los campos, a las cámaras de gas. Arendt sabía lo que pedía en estos escritos. Reconocía que una vez el ciudadano se torna soldado, cuando posteriormente regresa a la ciudad tras las experiencias sufridas en el frente, se ha convertido en un ciudadano “herido”. La opción por la violencia es trágica. Te introduces en un terreno enfangado de graves renuncias; sobrevienen las jefaturas, el miedo, los enemigos y en última instancia los asesinatos. De racionalizarse, ya solo cabe esperar el Terror. Sus fantasmas te acompañarán de por vida.

¿Qué hacer entonces en la España de 2013? Es un contexto muy distinto, pero ¿nos sirven estas reflexiones?

De las múltiples iniciativas ciudadanas contra este gobierno, ninguna aboga por la violencia. Al contrario, están suponiendo una extraordinaria apuesta por el tipo de política que describió Arendt. El gobierno, medios afines y un partido como UPyD han empleado sin embargo palabras muy gruesas en sentido contrario. Han acusado a familias y ciudadanos agrupados en las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de ejercer la violencia al modo de los terroristas, e incluso de apoyar a ETA.

El gobierno está construyendo un enemigo, no está dialogando. El fin es ejercer la represión más cómodamente, como acaba de demostrar la orden del Ministerio del Interior sobre los escraches. No resulta así casual que quien se haya expresado de forma más contundente estos días haya sido quien manda sobre la policía en Madrid, Cristina Cifuentes. Con esta criminalización tratan asimismo de justificar el rechazo a la propuesta de la PAH en el Parlamento.

Los escraches sobre representantes del partido en el gobierno son un brusco recordatorio a la olvidada responsabilidad de quien gobierna. “Tú me has ignorado, pero estoy aquí”. “Tus firmas burocráticas, tu gesto al apretar un botón, tienen consecuencias sobre personas como yo”. Estas afirmaciones surgen contra la ceguera moral del gobernante, y son el último recurso ante la quiebra de la representación democrática. Armados con silbatos y pegatinas, los desahuciados y quienes con ellos se solidarizan llevan la protesta hasta los espacios privados. Aparece también la persecución. No golpean, y expresamente se identifican como pacíficos.

El riesgo de violencia está presente, qué duda cabe. Cuando los absolutos se introducen en la escena, cuando la rabia ofende tanto el sentido de la justicia que explota y cuando se señala al otro como enemigo para (con)vencerlo sin escucharlo, se renuncia a la construcción democrática de otra política. De ahí que cada paso deba pensarse y toda crítica que no desea marcarte como objetivo deba atenderse. Pues nadie quiere parecerse a aquel frente al que se resiste. Y a la vez nadie quiere que lo echen de su casa. Ni que le dejen sin sanidad pública. Ni que lo golpeen impunemente o le obliguen a pagar una deuda que no es suya. Ahí está la tensión.

Pero no nos equivoquemos. Si alguien se ha comportado como una organización violenta ha sido el gobierno. Es él quien ha apostado por salirse de la política. Se ha rebelado contra la democracia, dejando sin apenas opciones a mucha gente. Las víctimas de los desahucios tan solo renuncian a seguir el camino de las expulsiones con la cabeza gacha. Se erigen como sujetos activos que toman decisiones propias, que apuestan por una resistencia en las lindes de la acción política en defensa de sus derechos y de los nuestros. De ahí que merezcan el apoyo del resto de ciudadanos, lo que tampoco supone un cheque en blanco.

El problema es que el gobierno no desea retornar a la política. Se resiste a dejar de jugar en un campo donde cree tener las de ganar. Ha demostrado además en múltiples ocasiones su torpeza en esta crisis y, si puede, incendiará. Antes de lamentar cualquier punto violento de no retorno es preciso que el poder de los muchos, pacíficamente y en las calles, haga caer a este gobierno rebelde. Si esto no sucede pronto, la responsabilidad de lo que pueda pasar en estadios posteriores también será nuestra. Así que démonos también por enterados.

http://colectivonovecento.org/2013/04/02/violencia-y-rebelion-desde-el-gobierno-de-espana/

¿Qué es el 2 abril?




CFK conmemora el 2 de abril



Insiste, en esa fecha, con su pacifismo y su política de recuperación de las islas Malvinas mediante el “diálogo”, en las alturas onunianas, con el Reino Unido. Con lo cual recibe la anuencia y el apoyo de todo lo que se ha diferenciado de la dictadura, de todo lo progresista, moderno, democrático y hasta los sectores K que se autoidentifican como “de izquierda”. Pero la fecha en sí, materialmente considerada, es la expresión de una dictadura atroz y desquiciada que había emprendido la solución de todos los problemas sociales mediante la violencia, la violencia institucional y suprema, bajada desde el estado a los particulares.
Y esta última carga “gloriosa” del 2 de abril ha sido y es muy cara a la derecha más retardataria, no a la que apuesta a Londres como capital política argentina (o la que se ha actualizado apostando ahora a Miami), es decir a la que se podría haber expresado políticamente en su momento a través de la UCD, sino a su variante chovinista, la que podría emparentarse con caras pintadas de diversos maquillajes, ésos que nunca han advertido ni están dispuestos a hacerlo que “la patria” puede (y suele) ser “el último reducto de lo canalla”. [1]
Con lo cual, CFK cosecha apoyos, un 2 de abril, a izquierda y derecha, usando tales calificativos con la circunstancialidad exigible, satelizados en lo que llamaríamos el magma peronista.
Gracias a la dinámica expansiva de la lucha contra los delitos generados por la dictadura, hemos ido adentrándonos –la sociedad argentina in toto− en las complicidades, y más que en las complicidades, en el papel, a veces protagónico, que otros sectores sociales, hasta ahora invisibilizados, han tenido; políticos y funcionarios, jueces y judiciales, banca y empresarios.
Hasta ahora, el foco de las denuncias habían caído sobre militares y fuerzas de seguridad en general y el aparato jerárquico de la Iglesia Católica; curiosa exclusividad que estos dos “agentes” cosecharon, cuando cuesta imaginar que solo religiosos católicos hubiesen brindado apoyo al “Proceso de Reorganizaciòn Nacional”, como pomposamente fue bautizado el despliegue de abuso y muerte del 24/3/1976.
CFK, con su muñeca política, procurará y tendrá probablemente el éxito en cosechar como propio ese saludable avance de las investigaciones sobre los abusos y miserias de la dictadura desaparecedora, aunque soy de los que considera que dicho avance sobre agentes hasta ahora intocados proviene de la misma dinámica generada por la lucha por los derechos humanos, que proviene de Familiares, de Madres, de Abuelas, los juicios contra las juntas, etcétera: la sociedad argentina es la responsable de estas oleadas de lucha por los derechos humanos de la cual la ampliación de los juicios durante la era K es apenas su capítulo más reciente. [2] El mantenimiento de cientos de bebés, niños, ahora adultos, secuestrados ha sido un gran motor que ha mantenido a la sociedad en vilo, buscando raíces y responsables. Las Abuelas han sido protagónicas. Pero también, aunque con un sentido opuesto, la señora de Noble y sus hijos adoptados en tiempo de desapariciones, resistiendo a o burlándose de, una investigación normal y elemental. Durante diez años por lo menos…
Este 2 de abril, verá a la sociedad argentina, una vez más entreverada, como en un cambalache, oficiales torturadores junto a colimbas tratados como esclavos en las islas.
Esos mismos muchachos son ahora tratados como héroes en los cantos patrióticos del después. Se la pueden creer o no. Tal vez el divorcio entre aquella realidad del maltrato y el terror y las loas posteriores hayan generado en más de uno una fractura irremediable.
Pero el patriotismo opera como un enorme curalotodo o cubrelotodo. Así que seguramente no vamos a ver mayores fisuras, aunque siga en la Plaza de Mayo, protestando, un sector de militares que en 1982 estuvieron acuartelados, movilizados, incluso ocasionalmente bombardeados, pero que al no haber puesto pie en las islas, NO son “héroes de Malvinas”.
Las cuentas en el país son difíciles. Acaba de surgir un entredicho entre los cálculos de la UCA sobre pobres en Argentina, registrando un 27% de la población, alrededor de 11 millones, y los del INDEC, que estima para el mismo concepto un 5,5% de habitantes, 2,2 millones…
En el caso de las Malvinas, protestan los acampados por no figurar entre los que realmente fueron afectados por el operativo desencadenado mediante Galtieri y el whisky y a la vez, hay asociaciones de ex-combatientes que consideran que los registros oficiales están inflados con muchos más enlistados y consiguientemente designados como excombatientes de los que realmente anduvieron en el archipiélago…
Es decir que falta por un lado y sobra por otro. Que no están todos los que son ni son todos los que están. Dificultades que parecen ser rasgos de.. ¿argentinidad al palo o hipermodernidad mal asimilada?… vaya uno a saber.


[1] Se entiende por qué. Esa atinada observación del inglés Samuel Johnson, que tiene bastante más de dos siglos de formulada, se refiere al patriotismo inglés. De gran nación, de nación imperial, imperialista. El nacionalismo en sociedades nacionalmente oprimidas adquiere, precisamente, por su condición, una doble faz: hay un nacionalismo que mantiene la función que señala Johnson pero hay otro, u otros, nacionalismos antiimperiales, anticoloniales, con rasgos de emancipación y de lucha contra el racismo y la injusticia estructural, de los cuales el bolivarianismo chavista sería en nuestra región su expresión más reciente.
[2] Aun reconociendo todos los aspectos saludables del strip-tease ideológico y delictual que la sociedad argentina está viviendo, hay que advertir que esta sociedad sigue siendo sensible a los demandas de los sectores ilustrados o con diversos poderes, pero que los victimados del tiempo de la dictadura que no estaban en los lugares del reclamo amparados por dichos poderes, por ejemplo conscriptos pobres asesinados en escaramuzas guerrilleras, siguen perteneciendo a la Argentina negada. Hasta ahí no llegan los derechos humanos, que pondrían en conflicto los derechos humanos consagrados para sectores diz que progresistas.