La PAH y Psicólogos sin Fronteras colaboran en la atención psíquica a personas afectadas por las hipotecas El impacto en la salud mental de los desahucios

05-04-2013

Enric Llopis

Rebelión

En el año 2012 los juzgados de Primera Instancia acordaron 101.034 procedimientos de desalojo de viviendas, locales o fincas (desahucios), según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Pero bajo los números gélidos asoman dramas personales, impactos psicológicos y problemas de salud mental que, en los casos más extremos, culminan en el suicidio.
Javier A., mexicano, firmó en 2007 una hipoteca por valor de 212.000 euros con Bankia. Al perder su empleo como comercial de exportación, se demoró dos mensualidades en el pago de la cuota. Llegaron entonces los problemas. “Me telefonearon del banco con un tono criminalizador, como si fuera un moroso apestado”. ¿Qué se siente en esos casos? “Un pánico terrible; la llamada me dejó temblando y con las manos frías”. En una segunda fase, “cuando digieres el susto, te sobreviene la indignación y la rabia”. Aunque después ha podido enderezar su situación personal, tiene claro que la hipoteca es “como una condena”. Asistió a sesiones de terapia pues la tendencia al aislamiento hizo que se resintiera su relación de pareja y con las amistades. Insomnio, abatimiento, crisis de ansiedad (estuvo año y medio medicándose)… Pero integrarse en la Plataforma de Afectades per les Hipoteques (PAH) de Valencia le ayudó a compartir el problema y romper con el aislamiento.
El caso de Alicia Gabba, argentina de 50 años, roza el surrealismo. Suscribió en mayo de 2006 un préstamo hipotecario de 174.000 euros con el Banco de Valencia y ahora –está amenazada de desahucio- la entidad financiera le reclama 175.000 euros. Mantiene en el hogar familiar a sus dos hijos, con los ingresos de su marido (el subsidio de 426 euros) y los que ella aporta como monitora de tiempo libre (menos de 600 euros al mes). En 2011 dejó de pagar la hipoteca (“Te planteas que o pagas, o comes”). “Al principio tienes mucha ansiedad, es como si se terminara el mundo; pero luego el proceso se dilata y eso hace que te tranquilices algo; ahora bien, cuando me llegó la demanda del juzgado, me quedé paralizada, no sabía que hacer”, recuerda. Le ayudó mucho su capacidad para relativizar y las experiencias pasadas: “soy migrante, he superado un cáncer y, además, lo que más me afectó fue la muerte de mi papá en 2009”. También le ayudó entrar en la PAH de Valencia, donde atiende el teléfono de afectados: “Te da mucha fortaleza el que te digan que no eres culpable de nada y que no has vivido por encima de tus posibilidades”. Pero reconoce los nervios y ansiedad con los que espera el desahucio. Su marido se medica por los problemas de tensión.
La PAH y Psicólogos sin Fronteras (PSF) colaboran en Madrid y Valencia (apoyoencrisis@psicologossinfronteras.org) en un proyecto para prestar apoyo emocional a personas afectadas por las hipotecas que no pueden costearse un tratamiento; la iniciativa pretende ampliarse a Alicante, Castellón y Murcia. Entre los objetivos que se persiguen figura dotar a los usuarios de herramientas para manejar el estrés; potenciar, como medida protectora, las redes sociales de apoyo; y trabajar en la detección e intervención de casos con alto riesgo de suicidio. Nacida hace 13 años, la ONG Psicólogos sin Fronteras lleva dos atendiendo a personas amenazadas de desahucio. Aseguran que los síntomas de los afectados (estado de shock o sentido de pérdida, entre otros muchos) y los protocolos de actuación de la ONG resultan similares en los desalojados de sus hogares y en los damnificados por catástrofes naturales (por ejemplo, el terremoto de Haití).
“Cuando a alguien se le notifica el desahucio sufre en muchos casos un estado de inseguridad y bloqueo, incluso de vulnerabilidad total, que se puede manifestar por ejemplo en ataques de ansiedad”, explica Gemma Pinilla, una de las profesionales implicadas en el proyecto. Pero admitir que se requiere apoyo psicológico ya representa un avance, pues “implica superar un sentimiento de vergüenza; hay mucha gente que no pide ayuda porque niega u oculta el problema”, asegura la psicóloga. En otros casos, continúa considerándose un estigma la terapia psicológica. Otras veces, tienen prioridad los trámites jurídicos o la negociación con los bancos para impedir un desahucio. El caso es que, por unas razones u otras, muchas personas afectadas no dan el primer paso.
Psicólogos y personas amenazadas de desahucio coinciden en un punto: la mejoría en el estado de ánimo que experimentan estas cuando se vinculan a las plataformas de afectados. Y no sólo por el hecho de recibir información, asesoramiento jurídico y asociarse en torno a un grupo de presión. Las PAH son más que eso. A juicio de Pinilla, “formar parte de una red implica darse cuenta de que no están solos, de que comparten el problema de las hipotecas con mucha más gente; las plataformas constituyen, en definitiva, el suelo donde apoyarse”.
Insomnio, estrés, ansiedad, estado de montaña rusa emocional (al pasar -por ejemplo- de la tristeza a la rabia), pérdida de apetito o ingesta compulsiva de alimentos; úlceras, dermatitis, cefaleas, agotamiento, pérdida de atención y de memoria, susceptibilidad e irritabilidad y numerosas afecciones psicosomáticas (de origen psíquico pero que se manifiestan en el cuerpo)... Juan Miguel Gómez, psicólogo que colabora con PSF y Stop Desahucios, ha constatado muchos de estos síntomas. Y otros de raíz judeocristiana: “hay un sentimiento de culpabilidad muy fuerte, sobre todo en la gente con estudios de grado medio-alto; Se achacan el no prever las consecuencias de firmar la hipoteca, que ven como su sentencia de muerte. Sienten, además, que con esta mala decisión han perjudicado a su familia y se recriminan no haber optado por la vivienda en alquiler”. La culpa y la vergüenza, agrega Gómez, son “emociones que aíslan, que te conducen a la pasividad; por eso resultan decisivas las redes sociales de apoyo, porque amortiguan el conflicto”.
Para aliviar el peso de estas emociones negativas en coyunturas críticas, los psicólogos consultados subrayan una receta, podría decirse que casi una panacea: Hablar del problema y sacarlo de adentro. Exteriorizarlo. Pero (y esto es más decisivo si cabe) en una relación en la el afectado se sienta escuchado por otra persona que en ningún caso pretende juzgarle. Los apoyos personales representan, por tanto, una de las columnas centrales del equilibrio psíquico, más aún en un contexto en el que son frecuentes los conflictos de pareja y los riesgos de desestructuración familiar.
A veces la clave está en “salir de la visión de túnel y abrir las perspectivas -explica la psicóloga María José Lucea- pues a menudo se focaliza en el problema de la hipoteca cuando estas mismas personas disponen en sus vidas de elementos muy positivos, como familia y buena salud”. “También se trata de revertir las energías, de superar estados de negatividad y culpa y pasar a la acción”, agrega. El lema de la PAH (Sí se puede) constituye un buen catalizador.
El proyecto de la PAH y Psicólogos sin Fronteras adopta varias dimensiones. Además de las sesiones con los afectados, la iniciativa abarca la intervención psicosocial, ya que hay casos en que esta resulta más urgente incluso que la cura emocional. Por ello se ayuda a los afectados (o se hace labor de acompañamiento) en casos en que se producen cortes de servicios básicos (luz y agua) o a contactar (en ocasiones, también a presionar) ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Además, para los coordinadores de la PAH se realizan talleres de meditación y relajación. PSF y el equipo jurídico de la PAH estudian también la posibilidad de que los psicólogos elaboren informes periciales (que se presentarían ante el juez en la fase de prueba) sobre los afectados por los desahucios que presenten mayor vulnerabilidad o riesgo de suicidio. “Hay que abrir los ojos a la justicia; las circunstancias psicológicas se consideran en la legislación sobre el aborto o en las penas que se imponen a los presos, pero no en la legislación hipotecaria”, subraya el psicólogo José Miguel Sanz. 
Los suicidios y las hipotecas. Continúa el goteo de muertes pero, tras la estampida informativa inicial, los medios de comunicación han echado el freno y desviado el foco. Se agotó la novedad. Sin embargo, el Congreso Nacional de Psiquiatría celebrado en septiembre de 2012 en Bilbao, concluye que la crisis económica es la primera causa de los suicidios en el estado español (factores como el paro o los desahucios estarían detrás de más de un tercio de los casos de suicidio). En el trabajo a pie de obra de PSF y la PAH se le pregunta al usuario, ya en la primera sesión, si ha pensado en quitarse la vida y si tiene ánimo para vivir. De ese modo se evalúa el riesgo. Si detectamos el peligro, explica Juan Miguel Gómez, “lo más importante es que el usuario empiece a verbalizar la ideación y que observe las consecuencias de sus decisiones; otra vez lo decisivo es socializar el problema y establecer tanto vínculos como redes de apoyo”. Critica el activista de PSF y la PAH que la Administración “oculte las cifras de suicidios”. “Parece que exista un acuerdo entre los medios y el gobierno para que no se conozca esta información”, añade. “Se excusan en un supuesto efecto imitación sin que haya estudios que lo avalen”.
Puede que las causas últimas del suicidio sean muy de fondo, casi antropológicas. Un reciente artículo publicado en Gara por el médico psiquiatra Iñaki Márkez, presidente de la Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria (OME-AEN), señalaba que la vivienda de la que a una persona se desahucia “no es simplemente esa estructura arquitectónica e inmobiliaria. Representa y constituye algo muy propio de uno mismo, una prolongación del cuerpo, parte de la vida, del entorno, del refugio y el acogimiento, del acomodo, de la posesión y seguridad. La casa forma parte de la identidad (…). Si me quitan mi casa, me quitan mi vida”.
Muchos afectados no llegan a quitarse la vida. Pero, como apunta el estudio “La vivencia en profundidad de los afectados en un proceso de desahucio”, las personas suelen sufrir en los estadios finales un “estrés postraumático” y un colapso emocional similar al de quienes han padecido un accidente de tráfico. El trabajo, realizado por ESADE y la Fundación Innovación, Acción y Conocimiento con el apoyo de Caritas, resalta las siete emociones que más se repiten durante el proceso: sorpresa, asombro, miedo, temor, asco, rabia y lloro. Los ocho entrevistados para la investigación, asegura su director, Joan Ramis, “han cambiado el modo de ver la vida tras la experiencia. Desde sus hábitos alimentarios, rutinas diarias y círculo de amistades, hasta sus objetivos vitales”.
Además de criminalizar el escrache, ¿qué medidas implementa el gobierno de Rajoy para paliar el sufrimiento que causan los desahucios? Según María José Lucea, colaboradora de Psicólogos sin Fronteras y la PAH, “ninguna, salvo medicación. Muchas personas acaban pasando por el médico de cabecera o el psiquatra, y tomando ansiolíticos o antidepresivos; pero los recursos para la salud mental son muy escasos, tendencia que se ha acentuado con los recortes. La sanidad pública debería disponer de los medios para una atención adecuada. Entre otras razones, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce como elemento de salud el bienestar psicológico”. Sin olvidar, concluye, “las causas estructurales -socioeconómicas y políticas- que subyacen a los desahucios”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Si alguien se ha comportado como una organización violenta ha sido el gobierno

Violencia y rebelión desde el gobierno de España

Víctor Alonso Rocafort

Colectivo Novecento

El padre del pensamiento liberal, John Locke, en su Segundo ensayo sobre el gobierno civil especifica que cuando un gobierno usurpa las libertades, entrega el gobierno a la sujeción de un poder extranjero, se corrompe, o conduce la sociedad de un modo distinto al que esta ha prescrito, el derecho de resistencia ciudadana está más que justificado. Para el inglés los auténticos rebeldes en este caso son los gobernantes. Locke, basándose en la raíz latina re-bellare, indica que en cualquiera de estos supuestos el gobierno está protagonizando una vuelta al estado de guerra. Ante el desprecio gubernamental por la política, la ciudadanía debe defenderse para reinstaurarla.

Parece que las acciones del gobierno español casan a la perfección con la descripción lockeana en los cuatro casos mencionados. Pero además de rebelde, el gobierno es violento. ¿Qué significa esto?

Los vínculos del gobierno se han establecido con la oligarquía; a ella favorecen sus decisiones y hasta las leyes. Basta con repasar el relato de la acción gubernamental —socialista y popular— durante la crisis, echar un vistazo a los indicadores de desigualdad, a los de concentración de poder, al fenómeno de las puertas giratorias o recordar su desprecio por el programa electoral. Cuando el gobierno ordena a la policía echar a la gente de sus casas, golpear y detener a quienes solidaria y pacíficamente tratan de impedirlo, está defendiendo una vez más los intereses de unos pocos. En este caso los de los propietarios de los bancos.

Se supone que la policía es una institución pública, pagada por todos y que nos debe obediencia a través del poder político. Si este no nos representa democráticamente, la policía pierde también el vínculo ciudadano. En realidad aceptamos que el monopolio de la violencia reside en el Estado porque el gobierno que lo dirige es democrático. Si hay dudas sobre esto, se quiebra algo imprescindible: la confianza. Dejamos de imaginar “protección” al ver a gente vestida de azul, para sentir inquietud e incluso miedo.

El gobierno de España utiliza así, pervirtiéndola, una fuerza que no es suya —¡es nuestra!— al servicio de intereses espurios. A la vez limita derechos fundamentales como los de reunión o manifestación para contener la protesta. Por todo ello, en lugar de pensar que el gobierno vela por nuestra seguridad a la hora de hacer cumplir las leyes, decimos que es violento.

Si esto es así, ¿cómo hacer frente a la violencia del gobierno, que ya no creemos legítima, cuando se presenta armada en la puerta de tu casa? ¿Qué hacer cuando jóvenes, parados, mayores y niños se ven en la calle, soportando además una deuda impagable?

Hannah Arendt apostaba por distinguir claramente las reglas que rigen política y violencia. En la primera reina la palabra y la escucha a la hora de lidiar con los inherentes conflictos de la ciudad. En la segunda solo hay espacio para el silencio forzado, el grito o los lamentos; domina el rugido de los instrumentos que dañan. En la política las decisiones se toman deliberando entre todos, sin exclusiones, con un poder de decisión equitativamente repartido. Se cuida de lo público desde lo público. Cuando domina la violencia se impone la disciplina jerárquica, la obediencia sin discusión y la construcción del enemigo ante cualquier disidencia. Mientras, la política cultiva la amistad con el diferente, que puede y debe expresarse. Hay libertad de movimiento al pensar, al transitar por el mundo y en las diversas alianzas que se trencen. No hay bandos. La violencia en cambio son hermandades cerradas al combate; es destrucción, aunque su fin declarado sea otro más excelso.

El sentido de la política, lo que la hace marchar, es a cada instante la libertad.

A pesar de la defensa que toda su vida mantuvo por la política, Arendt había escrito a comienzos de los años cuarenta, en la revista neoyorquina Aufbau, una serie de artículos animando la conformación de un ejército judío. Entonces sostuvo que era imprescindible tomar la iniciativa en la autodefensa frente al nazismo, así como erigirse en sujetos de cara a la negociación de una futura paz. Es más, en su polémico libro sobre Adolf Eichmann, había criticado la pasividad de los judíos que eran conducidos a los guetos, a los campos, a las cámaras de gas. Arendt sabía lo que pedía en estos escritos. Reconocía que una vez el ciudadano se torna soldado, cuando posteriormente regresa a la ciudad tras las experiencias sufridas en el frente, se ha convertido en un ciudadano “herido”. La opción por la violencia es trágica. Te introduces en un terreno enfangado de graves renuncias; sobrevienen las jefaturas, el miedo, los enemigos y en última instancia los asesinatos. De racionalizarse, ya solo cabe esperar el Terror. Sus fantasmas te acompañarán de por vida.

¿Qué hacer entonces en la España de 2013? Es un contexto muy distinto, pero ¿nos sirven estas reflexiones?

De las múltiples iniciativas ciudadanas contra este gobierno, ninguna aboga por la violencia. Al contrario, están suponiendo una extraordinaria apuesta por el tipo de política que describió Arendt. El gobierno, medios afines y un partido como UPyD han empleado sin embargo palabras muy gruesas en sentido contrario. Han acusado a familias y ciudadanos agrupados en las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de ejercer la violencia al modo de los terroristas, e incluso de apoyar a ETA.

El gobierno está construyendo un enemigo, no está dialogando. El fin es ejercer la represión más cómodamente, como acaba de demostrar la orden del Ministerio del Interior sobre los escraches. No resulta así casual que quien se haya expresado de forma más contundente estos días haya sido quien manda sobre la policía en Madrid, Cristina Cifuentes. Con esta criminalización tratan asimismo de justificar el rechazo a la propuesta de la PAH en el Parlamento.

Los escraches sobre representantes del partido en el gobierno son un brusco recordatorio a la olvidada responsabilidad de quien gobierna. “Tú me has ignorado, pero estoy aquí”. “Tus firmas burocráticas, tu gesto al apretar un botón, tienen consecuencias sobre personas como yo”. Estas afirmaciones surgen contra la ceguera moral del gobernante, y son el último recurso ante la quiebra de la representación democrática. Armados con silbatos y pegatinas, los desahuciados y quienes con ellos se solidarizan llevan la protesta hasta los espacios privados. Aparece también la persecución. No golpean, y expresamente se identifican como pacíficos.

El riesgo de violencia está presente, qué duda cabe. Cuando los absolutos se introducen en la escena, cuando la rabia ofende tanto el sentido de la justicia que explota y cuando se señala al otro como enemigo para (con)vencerlo sin escucharlo, se renuncia a la construcción democrática de otra política. De ahí que cada paso deba pensarse y toda crítica que no desea marcarte como objetivo deba atenderse. Pues nadie quiere parecerse a aquel frente al que se resiste. Y a la vez nadie quiere que lo echen de su casa. Ni que le dejen sin sanidad pública. Ni que lo golpeen impunemente o le obliguen a pagar una deuda que no es suya. Ahí está la tensión.

Pero no nos equivoquemos. Si alguien se ha comportado como una organización violenta ha sido el gobierno. Es él quien ha apostado por salirse de la política. Se ha rebelado contra la democracia, dejando sin apenas opciones a mucha gente. Las víctimas de los desahucios tan solo renuncian a seguir el camino de las expulsiones con la cabeza gacha. Se erigen como sujetos activos que toman decisiones propias, que apuestan por una resistencia en las lindes de la acción política en defensa de sus derechos y de los nuestros. De ahí que merezcan el apoyo del resto de ciudadanos, lo que tampoco supone un cheque en blanco.

El problema es que el gobierno no desea retornar a la política. Se resiste a dejar de jugar en un campo donde cree tener las de ganar. Ha demostrado además en múltiples ocasiones su torpeza en esta crisis y, si puede, incendiará. Antes de lamentar cualquier punto violento de no retorno es preciso que el poder de los muchos, pacíficamente y en las calles, haga caer a este gobierno rebelde. Si esto no sucede pronto, la responsabilidad de lo que pueda pasar en estadios posteriores también será nuestra. Así que démonos también por enterados.

http://colectivonovecento.org/2013/04/02/violencia-y-rebelion-desde-el-gobierno-de-espana/

¿Qué es el 2 abril?

CFK conmemora el 2 de abril

Luis E. Sabini Fernández

Rebelión

Insiste, en esa fecha, con su pacifismo y su política de recuperación de las islas Malvinas mediante el “diálogo”, en las alturas onunianas, con el Reino Unido. Con lo cual recibe la anuencia y el apoyo de todo lo que se ha diferenciado de la dictadura, de todo lo progresista, moderno, democrático y hasta los sectores K que se autoidentifican como “de izquierda”. Pero la fecha en sí, materialmente considerada, es la expresión de una dictadura atroz y desquiciada que había emprendido la solución de todos los problemas sociales mediante la violencia, la violencia institucional y suprema, bajada desde el estado a los particulares.
Y esta última carga “gloriosa” del 2 de abril ha sido y es muy cara a la derecha más retardataria, no a la que apuesta a Londres como capital política argentina (o la que se ha actualizado apostando ahora a Miami), es decir a la que se podría haber expresado políticamente en su momento a través de la UCD, sino a su variante chovinista, la que podría emparentarse con caras pintadas de diversos maquillajes, ésos que nunca han advertido ni están dispuestos a hacerlo que “la patria” puede (y suele) ser “el último reducto de lo canalla”. [1]
Con lo cual, CFK cosecha apoyos, un 2 de abril, a izquierda y derecha, usando tales calificativos con la circunstancialidad exigible, satelizados en lo que llamaríamos el magma peronista.
Gracias a la dinámica expansiva de la lucha contra los delitos generados por la dictadura, hemos ido adentrándonos –la sociedad argentina in toto− en las complicidades, y más que en las complicidades, en el papel, a veces protagónico, que otros sectores sociales, hasta ahora invisibilizados, han tenido; políticos y funcionarios, jueces y judiciales, banca y empresarios.
Hasta ahora, el foco de las denuncias habían caído sobre militares y fuerzas de seguridad en general y el aparato jerárquico de la Iglesia Católica; curiosa exclusividad que estos dos “agentes” cosecharon, cuando cuesta imaginar que solo religiosos católicos hubiesen brindado apoyo al “Proceso de Reorganizaciòn Nacional”, como pomposamente fue bautizado el despliegue de abuso y muerte del 24/3/1976.
CFK, con su muñeca política, procurará y tendrá probablemente el éxito en cosechar como propio ese saludable avance de las investigaciones sobre los abusos y miserias de la dictadura desaparecedora, aunque soy de los que considera que dicho avance sobre agentes hasta ahora intocados proviene de la misma dinámica generada por la lucha por los derechos humanos, que proviene de Familiares, de Madres, de Abuelas, los juicios contra las juntas, etcétera: la sociedad argentina es la responsable de estas oleadas de lucha por los derechos humanos de la cual la ampliación de los juicios durante la era K es apenas su capítulo más reciente. [2] El mantenimiento de cientos de bebés, niños, ahora adultos, secuestrados ha sido un gran motor que ha mantenido a la sociedad en vilo, buscando raíces y responsables. Las Abuelas han sido protagónicas. Pero también, aunque con un sentido opuesto, la señora de Noble y sus hijos adoptados en tiempo de desapariciones, resistiendo a o burlándose de, una investigación normal y elemental. Durante diez años por lo menos…
Este 2 de abril, verá a la sociedad argentina, una vez más entreverada, como en un cambalache, oficiales torturadores junto a colimbas tratados como esclavos en las islas.
Esos mismos muchachos son ahora tratados como héroes en los cantos patrióticos del después. Se la pueden creer o no. Tal vez el divorcio entre aquella realidad del maltrato y el terror y las loas posteriores hayan generado en más de uno una fractura irremediable.
Pero el patriotismo opera como un enorme curalotodo o cubrelotodo. Así que seguramente no vamos a ver mayores fisuras, aunque siga en la Plaza de Mayo, protestando, un sector de militares que en 1982 estuvieron acuartelados, movilizados, incluso ocasionalmente bombardeados, pero que al no haber puesto pie en las islas, NO son “héroes de Malvinas”.
Las cuentas en el país son difíciles. Acaba de surgir un entredicho entre los cálculos de la UCA sobre pobres en Argentina, registrando un 27% de la población, alrededor de 11 millones, y los del INDEC, que estima para el mismo concepto un 5,5% de habitantes, 2,2 millones…
En el caso de las Malvinas, protestan los acampados por no figurar entre los que realmente fueron afectados por el operativo desencadenado mediante Galtieri y el whisky y a la vez, hay asociaciones de ex-combatientes que consideran que los registros oficiales están inflados con muchos más enlistados y consiguientemente designados como excombatientes de los que realmente anduvieron en el archipiélago…
Es decir que falta por un lado y sobra por otro. Que no están todos los que son ni son todos los que están. Dificultades que parecen ser rasgos de.. ¿argentinidad al palo o hipermodernidad mal asimilada?… vaya uno a saber.

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[1] Se entiende por qué. Esa atinada observación del inglés Samuel Johnson, que tiene bastante más de dos siglos de formulada, se refiere al patriotismo inglés. De gran nación, de nación imperial, imperialista. El nacionalismo en sociedades nacionalmente oprimidas adquiere, precisamente, por su condición, una doble faz: hay un nacionalismo que mantiene la función que señala Johnson pero hay otro, u otros, nacionalismos antiimperiales, anticoloniales, con rasgos de emancipación y de lucha contra el racismo y la injusticia estructural, de los cuales el bolivarianismo chavista sería en nuestra región su expresión más reciente.
[2] Aun reconociendo todos los aspectos saludables del strip-tease ideológico y delictual que la sociedad argentina está viviendo, hay que advertir que esta sociedad sigue siendo sensible a los demandas de los sectores ilustrados o con diversos poderes, pero que los victimados del tiempo de la dictadura que no estaban en los lugares del reclamo amparados por dichos poderes, por ejemplo conscriptos pobres asesinados en escaramuzas guerrilleras, siguen perteneciendo a la Argentina negada. Hasta ahí no llegan los derechos humanos, que pondrían en conflicto los derechos humanos consagrados para sectores diz que progresistas.

PIEDAD CÓRDOBA RUIZ

Adolfo Pérez Esquivel y Federico Mayor Zaragoza, entre los más de 200 firmantes

Intelectuales, defensores y políticos de Europa y América respaldan a Piedad Córdoba ante la Corte Constitucional

Rebelión

A la opinión pública mundial, a las autoridades colombianas, en especial a los Magistrados de la Corte Constitucional:

Quienes firmamos esta carta, la dirigimos con profundo respeto y al tiempo con la convicción moral y el derecho que nos asiste para expresar nuestra solidaridad y señalar la gravedad de una decisión equivocada en contra de los derechos no sólo de la dirigente política PIEDAD CÓRDOBA RUIZ sino de los derechos colectivos del pueblo colombiano a construir la paz.

Lo hacemos con la alarma causada por la información de prensa que da cuenta de la posibilidad de que el alto Tribunal constitucional pueda decidir negativamente la acción de tutela interpuesta por la ex Senadora Piedad Córdoba contra la decisión injusta e ilegítima dictada en 2010, hace dos años y medio, por el Procurador General de Colombia, en la que, desbordando su competencia, determinó sancionarla por 18 años, decretando una muerte política, a quien había sido legítimamente elegida por una parte importante de mujeres y hombres de Colombia.

La destitución e inhabilitación que le impusieron nos pareció y nos parece un exabrupto jurídico, ético y político, basado en pruebas manipuladas, como judicialmente está confirmado, con elementos obtenidos ilegalmente en una operación militar violatoria de los más elementales principios del derecho internacional y de los derechos humanos, al vejar la soberanía de un país vecino y amigo como es Ecuador, en la que con poderosos bombardeos se consumó una matanza tras la cual fueron recogidos unos ordenadores en los que supuestamente unos correos indicarían una indebida relación de Piedad Córdoba con la guerrilla de las FARC.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia (18 de Mayo de 2011), determinó que el contenido demostrativo de esos elementos en archivos estáticos que no ligan un origen con un destino es ilegal: “Los documentos electrónicos hallados en los ordenadores de “Raúl Reyes” fueron recogidos por miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, durante una inspección que hicieron en territorio ecuatoriano sin consultar con las autoridades de ese país, desatendiendo frontalmente el “debido proceso” que gobierna la producción de pruebas en el exterior, además de que quienes así procedieron ni siquiera tenían facultades de policía judicial”.

La presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el conjunto de las garantías y del debido proceso no sólo se estarían violando de manera radical con una decisión que la hallara culpable, sino que se estaría violando su derecho y con ella el de una amplia parte de la población colombiana, a construir y participar activamente de la paz, tal y como lo reconocen instrumentos jurídicos suscritos por el Estado colombiano.

La decisión del Procurador, insistimos, no sólo viola los derechos políticos de Piedad Córdoba sino de los colombianos y las colombianas que votaron por ella como representante política. El derecho a ser elegido y a elegir, protegido irrestrictamente, como lo establece el articulo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados, señala la posibilidad de limitarlo por condena emitida por juez competente en un proceso penal, lo cual en absoluto no ha ocurrido, ni siquiera siendo llamada a un evento o instancia de tal naturaleza, lo cual prueba la arbitrariedad del acto del Procurador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si la sanción es aplicada por un órgano distinto a un juez penal competente o no se aplicó como consecuencia de un proceso penal en el que se hubieran cumplido las garantías previstas para la protección del debido proceso, se estaría incurriendo en una clara violación de los derechos a elegir del pueblo colombiano y a ser elegida de Piedad Córdoba, generando o pudiendo demandarse la responsabilidad del Estado colombiano.

Se estaría enviando un claro mensaje de obstrucción política y persecución, no sólo de la persona que puso en riesgo su vida para mediar y obtener la liberación de decenas de civiles y militares en manos de la guerrilla, como lo hizo exitosamente en una delicada tarea de años, reconocida mundialmente, sino de todos los que tienen como objetivo el cese de la violencia. En ello consistieron sus contactos y oficios, dentro de un trato político que contribuyó al indiscutible escenario que hoy día tenemos, el de un vivo y esperanzador proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.

Un tal mensaje de castigo es un mensaje de condena de ese proceso, pues si hoy se ahoga la participación de una destacada personalidad como Piedad Córdoba, en la vida política de su país en igualdad de condiciones ¿con qué garantías podrá contar esa gran parte del pueblo colombiano tradicionalmente excluida del poder político? Esa muerte política que equivale a una pena extrema que rompe con el avance del Estado de Derecho en Colombia, esa criminalización resultante, reforzaría lo que judicialmente ya ha sido comprobado en expedientes que obran contra redes y estructuras comprometidas en crímenes de lesa humanidad. Que por todos los medios, incluyendo atentados contra su vida y de sus asesores, interceptaciones de sus comunicaciones, hostigamiento y amenazas, ha existido un propósito espurio contra Piedad Córdoba. Confiamos que una justa decisión de la Corte Constitucional no les de la razón a quienes acudiendo a diversidad de métodos oprobiosos han buscado apartarla de las opciones y alternativas políticas a las que el pueblo colombiano tiene derecho para el logro de la paz.

Expectantes en que sabrán acoger dicha acción de tutela, y que conforme al ordenamiento legal colombiano se tendrán esas pruebas como violatorias del debido proceso, por lo tanto plenamente nulas, confiamos y demandamos con respeto que se le restituya a Piedad Córdoba Ruiz todos sus derechos políticos, su condición de Senadora de la República, cesando así este capítulo deshonroso de persecución política y de intolerancia inadmisible.

Por tanto, quienes suscribimos esta misiva pública desde la comunidad internacional, hacemos un llamado a la Corte Constitucional de Colombia, para que reestablezca la justicia, conscientes de los efectos no sólo hacia su persona y electores, sino de lo que significa política e históricamente para enaltecer así el servicio de la juridicidad a la vocación de paz y reconciliación, incompatibles con el quebrantamiento de los derechos fundamentales y de costosos principios de civilización como son la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso y el ejercicio pleno de los derechos políticos.

4 de abril de 2013

Atentamente,

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Presidente SERPAJ-Argentina, miembro de la Comisión Ética para Colombia

Federico Mayor Zaragoza, Ex Director General de la UNESCO, ex Ministro, Presidente Fundación Cultura de Paz, España

Heike Hänsel, Parlamentaria de Die Linke, presidenta de la Subcomisión de Naciones Unidas del Bundestag, Alemania

Mirta Acuña de Baravalle, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuela de Plaza de Mayo, Miembro de la Comisión Ética para Colombia

Cayo Lara Moya, Coordinador Federal de Izquierda Unida, Diputado, Presidente del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA, Congreso de los Diputados, España

José Luis Centella Gómez, Secretario General del Partido Comunista de España, CE, Diputado, Portavoz del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España

François Houtart, sacerdote, sociólogo, profesor emérito Universidad de Lovaina, Bélgica

Carlos Fernández Liria, filósofo, profesor Universidad Complutense de Madrid – España

Joan Josep Nuet i Pujals, Coordinador General de Esquerra Unida i Alternativa, Diputado IU Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA, congreso de los Diputados, España

Ricardo Sixto Iglesias, Diputado IU Valencia, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España

Belén Gopegui, escritora, España

Santiago Alba Rico, escritor, filósofo, Túnez / España

Agustín Velloso Santisteban, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor universitario y escritor, España

Isaac Rosa, escritor, España

Constantino Bértolo, escritor, editor, España

Ángel Guerra Cabrera, Cuba/México, periodista y catedrático.

Stephen Haymes, Universidad de Paul, Chicago, Estados Unidos

Gaspar Llamazares Trigo, Diputado IU Asturias, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España

Ascensión de las Heras Ladera, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, congreso de los Diputados, España

Caridad García Álvarez, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España

Alberto Garzón Espinosa, Diputado IU Málaga, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España

Chesus Yuste Cabello, Diputado CHA Zaragoza, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España

Laia Ortiz Castellví, Diputada ICV Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España

Enrique Santiago Romero, abogado, jurista experto en derechos humanos y derecho internacional

Gilberto López y Rivas, Profesor-Investigador, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México

Paul Rios, Coordinador de Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco.

Aitziber Blanco, Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco.

Juan Domingo Sánchez Estop, escritor, Bruselas, Bélgica

René Vázquez Díaz, escritor, Suecia.

Igor Urrutikoetxea, Secretario de Relaciones Internacionales de la Central sindical vasca LAB y miembro del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial

Fabio Marcelli, investigador Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales del Consejo Nacional de Investigación, Director de la Asociación de Abogados Demócratas y miembro del Bureau de la Asociación Internacional

Julie Cánovas, Doctora, jurista experta en derecho internacional, Universidad de Borgoña, Francia

Salvador López Arnal, profesor, escritor, Catalunya, España

Gabriela Morales Gracia, jurista mexicana, experta en derechos humanos

Antonio Salamanca Serrano, escritor, doctor en filosofía y derecho, experto en derechos humanos, España / Ecuador

Mario Amorós, periodista, historiador, escritor, España

Steven Forti, periodista e investigador en Historia Contemporánea, Universitat Autònoma de Barcelona, España

Unai Aranzadi, Director de la agencia informativa Independent Docs, Suecia

Xabi Puerta, escritor y productor, Presidente de la Asociación Cultural Alfonso Sastre

Joaquim Arrufat Ibáñez, diputado de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa d'Esquerres al Parlament de Catalunya

Carolina del Olmo, Directora de Cultura del Círculo de Bellas Artes, Madrid

Iñaki Markiegi Candina, Presidente Fundación Mundubat

Patricia Rivas Bufala, Periodista, España

Fausto Gianelli, abogado, experto en derecho internacional, Módena, Italia

Amaia Izko, abogada, portavoz de Sortu, País Vasco

José Antonio Gutiérrez D., Analista Político, Latin American Solidarity Centre, Dublín – Irlanda

Adolfo Araiz Flamarique, Abogado, Tafalla, País Vasco, España

Luix Barinagarrementeria Abogado, Donosita, País Vasco

José Mari Esparza, Editorial Txalaparta, Tafalla, País Vasco, España

Iñaki Soto, Director diario Gara, País Vasco

Joseba Álvarez, dirigente político, Portu, País Vasco

Iratxe Urízar, Behatokia, Observatorio Vasco de Derechos Humanos

Jon Iñarritu, Diputado Amaiur, Congreso de los Diputados, España

Iker Urbina, Diputado Amaiur, Congreso de los Diputados, España

Amalur Mendizábal, Senadora Amaiur, Senado de España

José Manuel Mariscal Cifuentes, Senador Izquierda Unida, Senado de España

Urko Aiartza, Senador Amaiur, Senado de España

Francisco Bello, Informativo digital Iniciativa Debate, España

Carlos Alberto Ruiz, jurista, experto en derechos humanos, España

Marina Albiol Guzmán, Diputada de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes.

Javier Moya, CEDSALA, Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia

Bernardino Camilo da Silva - Abogado del Movimiento Sin Tierra – MST, Brasil

Carlos Fazio, catedrático Universidad Autónoma de Méjico - UNAM, Méjico, Grupo Paz con Democracia, México y Red en Defensa de la Humanidad

Lorenzo Loncon, dirigente pueblo Mapuche, Argentina

Elizabeth Deligio, Charity Ryerson, Escuela de las Americas Watch (SOA WAtch)

Y más de 140 firmas más…

A 37 años del golpe

26-03-2013

Los compañeros desaparecidos viven en cada lucha del pueblo

Organización MONTE

Hace cuatro décadas los sectores populares en argentina, al igual que en el resto de la región, expresaban en sus organizaciones revolucionarias la madures política alcanzada como para lograr una alternativa al sistema capitalista, dando batalla en todos los terrenos e insertos en frentes sindicales, estudiantiles y barriales. Más allá de la tendencia política a la que perteneciera, el Socialismo se presentaba como única variable para resolver los problemas de raíz para los trabajadores y el pueblo de nuestra América y el mundo. Esta es la raíz fundamental por la que el imperialismo y sus socios menores locales planificaron el exterminio masivo de los activistas revolucionarios, para destruir la organización independiente de nuestra clase, e imponer a fuego el nuevo esquema socio económico que aun hoy padecemos a diario.
Hoy 37 años después de la caída de quienes enfrentaron la dictadura genocida, retomamos su ejemplo, su entrega hasta la muerte por la libertad, dispuestos a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias contra la los enemigos del pueblo: la burguesía, el aparato represivo del Estado y sus voceros. Después de haber sufrido un genocidio, consideramos necesario levantar las banderas y ser continuadores del legado de nuestros compañeros, esos 30 mil que desaparecieron físicamente, pero que viven en cada lucha del pueblo. Actualmente cuando ciertas categorías como Revolución, Socialismo, Anticapitalismo o Antimperialismo se encuentran distorsionadas y hasta parte de nuestro pueblo ha dejado de creer en la posibilidad de una revolución en Argentina y el mundo, creemos fundamental rescatar las experiencias y el legado ideológico para dar un salto que cuestione al sistema de raíz. Porque no se trata de resolver algunas de las heridas que nos legó desde el golpe el Neoliberalismo cambiando el modelo, ni sumarse a proyectos progresistas que no nos pertenecen, ya que los protagonistas de los mismos no es la clase trabajadora, sino un sector de la clase dominante que se beneficia económicamente con las medidas impulsadas desde el Estado.
En este tiempo, cuando la movilización, lucha y resistencia de nuestra clase logra imponer otro tiempo político, donde las luchas toman otro carácter y debemos profundizar nuestra organización por los derechos conseguidos y los que debemos lograr, debemos tener presente que ello es la escuela que va formando a nuestros compañeros. Por esto, que ante cualquier atajo oportunista que se nos quiera plantear, el qué hacer de los trabajadores esta en la construcción paciente de una organización donde la clase sea protagonista como motor indispensable, capaz de cambiar el injusto orden social existente, a favor de una sociedad libre, justa y soberana.
Por los derechos humanos de ayer y de hoy.
Por el desprocesamiento y libertad de los perseguidos políticos.
Todo para el Pueblo, nada para la deuda externa fraudulenta e ilegítima.
Por la unidad de los que luchan.
Por la reconstrucción de un proyecto revolucionario.

Entrevista a Enric Valero

Entrevista a Enric Valero, activista social y coordinador de cursos de Agricultura Ecológica y Cooperativismo

“No hay que esperar a la revolución para las pequeñas iniciativas de economía social”

Enric Llopis

Cuando el sistema cierra las todas las puertas, la gente se ve forzada a buscar respiraderos para sobrevivir. De ahí la constitución de asambleas de parados, cooperativas y todo tipo de iniciativas de economía social. Enric Valero coordina los cursos de Agricultura Ecológica y Cooperativismo de las asambleas de parados de Paterna y Montcada, en la provincia de Valencia. Lleva, además, más de 40 años en el activismo social.
Enric Valero participó en la lucha antifranquista, fue uno de los promotores de CCOO del País Valencià (a finales de los 60 y en los 70) y militó en el Moviment Comunista (MC). También se enroló en los 70 en la pionera Assemblea d’Aturats de l’Horta. Áños después, contribuyó a la fundación de Ca Revolta, centro de actividades de calado sociopolítico y cultural en Valencia, de la que hoy es coordinador.
El capitalismo está en crisis. El estado español roza los 6 millones de parados. ¿Qué hacer?
Estoy convencido de que tenemos una gran oportunidad. Hay mucha gente que en otro momento nunca se plantearía opciones de economía alternativa, porque resulta más cómodo trabajar en una empresa privada. Personalmente, las luchas reivindicativas me parecen muy bien, pero si los parados se juntan y organizan pueden ofrecer respuestas concretas a la situación que padecemos. Hemos de aprovechar la coyuntura para promover una economía solidaria, inclusiva y que no sólo piense en el dinero, en la maximización del beneficio. La rentabilidad hay que medirla en otros términos: la calidad de vida de las personas, el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad a largo plazo.
¿Existen referentes claros o ejemplos de la economía social que describes?
Pienso, sobre todo, en el tercer mundo. No han perdido el sentido comunitario que hace falta para la construcción de una sociedad alternativa. Pero hay numerosos ejemplos próximos. No hay más que mirar a Cataluña. En Euskadi, la mayoría de los productores de agricultura ecológica se encuentran organizados y cuentan con canales muy sólidos de distribución de alimentos. Incluso han constituido una red de consumidores de productos ecológicos. Por lo demás, estas iniciativas de economía social están muy desarrolladas en Francia y Alemania. Lo mismo ocurre en Italia, donde cuentan con una legislación de apoyo a las cooperativas. Se trata de un sector en crecimiento durante los últimos años y que ni mucho menos se limita a la agricultura ecológica: existen iniciativas para el trabajo de imprenta, la construcción de viviendas o la fabricación de muebles con madera reciclada, entre otros muchísimos ejemplos.
¿Cuál consideras que sería el modelo idóneo? ¿Las cooperativas?
Creo que no existen ideales fijos ni un solo modelo. Además, los fines de las iniciativas de economía social pueden ser muy diversos, y eso depende del momento y de las circunstancias. Ahora bien, los valores sí deben estar claros. Que no se explote a los trabajadores, ni se destruya el medio ambiente y, además, que los productos sean de calidad. Lo primero, en todo caso, es conocer los saberes de la gente que pone en marcha la iniciativa. Todos sabemos hacer cosas y todos somos útiles. No existen los maestros imprescindibles.
¿Y a continuación?
En función de los conocimientos de la gente que se organiza, y de las necesidades, hay que observar lo que ocurre en el entorno. Por ejemplo, en un municipio con huerta abandonada alrededor, y donde los productos alimenticios son habitualmente de poca calidad, éste sería un campo de actuación. Luego hay que buscar los medios de financiación. También hay otro punto decisivo. Hemos de apostar por la producción artesanal y de calidad. Por iniciativas que perduren en el tiempo. Se ha de aspirar a un salario justo y ofrecer un buen servicio, no a maximizar el beneficio, como ocurre en el capitalismo.
Hablas de proyectos a largo plazo, pero ¿Cómo garantizar la financiación?
Resulta esencial la financiación pública de las iniciativas. Por mi experiencia, para que los ayuntamientos aporten recursos, hay que luchar mucho. Las asambleas de parados de Montcada y Paterna han obtenido financiación tras “encierros” en los consistorios. Hay que considerar, además, que la Administración se gasta mucho dinero en cursos de formación que no sirven para nada. Ni siquiera han cambiado los temarios a raíz de la crisis. Por el contrario, las asambleas de parados piden muy poca financiación. Y, en sus proyectos, la gente trabaja mientras se forma. Directamente se genera empleo. Pero también hemos de explorar otras vías como el micromecenazgo.
¿Han de ser rentables las iniciativas de economía social?
Rentables y sostenibles a largo plazo, pero alejadas de la obsesión capitalista por maximizar el beneficio. Cuando se le pide dinero a la Administración, ha de ser presentando proyectos serios y viables. Ahora bien, ayuntamientos y gobiernos autonómicos funcionan con las inercias de dar el dinero a sus clientelas. Por eso, siempre verán con recelo las iniciativas de economía social. Y, por eso, hemos de considerar siempre los mecanismos de presión.
¿Cómo funcionan las dos experiencias concretas en las que participas?
Se trata de dos cooperativas, en Paterna y Montcada, de agricultura ecológica y bioconstrucción en caña, que impulsan las asambleas de parados de estos municipios. Consisten, básicamente, en cursos de formación que duran dos o tres años. Pero mientras los trabajadores aprenden, trabajan. Se trata de cursos útiles y prácticos. Dedicamos tiempo a la producción y comercialización de productos ecológicos, pero también a la divulgación (por ejemplo, con pequeños huertos escolares en colegios). El primer paso consiste en aprender el oficio. Y preparar las tierras, poner en marcha los campos para empezar a hacer algunas ventas. Se adquieren conocimientos de todas las fases del cultivo y a trabajar con todos los productos, también a hacer abono orgánico. Y se contacta con granjas y puntos de distribución. También hemos propuesto al Ayuntamiento que disponga un “banco de tierras”, con el fin de poner en cultivo –mediante acuerdos con los propietarios- tierras abandonadas. Finalizada la fase formativa, la cooperativa ya debe dar dinero para que la gente pueda vivir.
¿Tiene viabilidad la agricultura ecológica?
Su potencial es cada vez mayor. Entre otras razones, porque los cultivos no ecológicos resultan cada vez menos rentables. De hecho, es imposible competir con las grandes explotaciones de África y Latinoamérica, que venden a precios muy bajos (por el uso de mano de obra muy barata) y sin reparar en la calidad de los productos. Por lo demás, la viabilidad de la agricultura ecológica responde a que la gente se inclina cada vez más por la alimentación saludable y de calidad. Pero, ojo, hay que pagar estos productos por lo que valen.
¿Qué valores han de impregnar estas iniciativas?
Valores antagónicos a los del capitalismo, que únicamente nos propone agresividad, competitividad y descontrol cultural, social y ambiental. La alternativa ha de partir de una economía solidaria y que reparta los beneficios. También, que la gente se empodere de su destino y no, como ocurre hoy, que una elite tenga el control de la economía y de la sociedad. En definitiva, se trata de fomentar una economía democrática y participativa, que respete la autonomía del individuo y asimismo piense en la comunidad.
Por último, ¿Qué haría falta para arrancar con un proyecto?
Que se junte un grupo de gente. A partir de ahí, seguro que surgen ideas. Todo el mundo tiene algo que aportar y, en el entorno, siempre hay cosas que hacen falta. O cosas que se rechazan y podrían reciclarse. Y sumar conocimientos, por ejemplo, mediante sinergias con la universidad, porque la formación y la investigación resultan decisivas. La gran conclusión es que no hemos de esperar a la revolución para empezar con pequeñas iniciativas de economía social. Hay mucho que podemos hacer ya.

Hermandades y corrupción

Víctor Alonso Rocafort

Colectivo Novecento

Hoy al Partido Popular se le exige que abandone el gobierno por un caso de corrupción que afecta de lleno a toda su cúpula, incluido al presidente. Ayer era la federación bipartita que gobierna Cataluña la que tenía grandes problemas con comisiones y cuentas suizas. Y el principal partido de la oposición, todavía con un largo historial a cuestas, no logra quedar exento de dificultades. Es preciso no generalizar y decir bien alto que otros partidos no se han corrompido a esos niveles. Que hay representantes, de unos y de otros, que se preocupan por mantener los vínculos democráticos con la ciudadanía. Sin embargo da miedo pensar que los partidos más acosados por la corrupción son, casualmente, los que han tocado poder.

Lo que quiero indicar aquí, partiendo de un modelo que hunde sus raíces en la Grecia antigua, es que los partidos de nuestro país funcionan como hermandades. Con las distinciones de intensidad ya indicadas. Esto nos permitirá comprender mucho mejor sus reacciones, previstas ayer casi al milímetro en el caso del PP por analistas como Carlos E. Cué (“reaccionarán como una piña”) o Isaac Rosa (“lo negarán todo”). Es el funcionamiento esencial de los partidos, por tanto, lo que se debe cambiar.

La némesis de la hermandad es la amistad, de ahí que la comparación entre ambas pueda iluminar mejor estas cuestiones. La amistad —como explican Aristóteles o Cicerón entre los clásicos, y Hannah Arendt, Jacques Derrida o Emilio Lledó entre los contemporáneos— permite vínculos selectivos y libres entre individuos. Su cultivo, como el de la democracia, depende del día a día; entre sus condicionantes está el que tu amigo no cometa lo que consideras una grave injusticia. La hermandad, por el contrario, se sustenta en vínculos de sangre inquebrantables; es por ello que si un hermano comete una injusticia, se silencia o se le apoya sin fisuras.

La amistad permite la diferencia; es más, la celebra, por lo que difícilmente surgirá a su alrededor una organización repleta de temores y silencios. Si mi amigo difiere en mi posición en algún punto, la doctrina clásica establece que el que pueda manifestarla y actuar conforme a ella engrandece nuestra confianza, nuestro entendimiento y nuestra libertad. La lealtad, al contrario que la fidelidad perruna, ofrece un apoyo sólido a la vez que permite un espacio para diferenciarse y no obedecer sin pensar. Es por ello que si mi amigo pretende incendiar el Senado, declara el republicano Cicerón, por muy leal que le sea no lo seguiré; es más, trataré de impedírselo o lo denunciaré. La ruptura de la amistad también es libre.

La hermandad sin embargo se basa en criterios tan ajenos a la libre elección como el sanguíneo. En ella se rinde culto a la homogeneidad y la obediencia. En una hermandad se promete el calor de un grupo cerrado donde —como en un escuadrón ante la batalla— “militar” supone  abandonar la fría soledad moderna. Se marcha y se canta conjuntamente; la movilización es perpetua, se repudia al traidor que no repite bien la letra y se busca desesperadamente al enemigo. Tras el líder paternal —que, como todo ídolo, si cae es reemplazado enseguida por otro— solo hay jerarquías de hermanos mayores escalonados a los que obedecer entre soterradas pugnas por el delfinato. Y aquí hablamos de los puestos directivos del partido, tan desconectados del resto de seguidores como las estrellas de rock lo están de sus fans en un estadio. Siguiendo el modelo fraterno, los cuadros dirigentes de los partidos tratan de hablar con una sola voz, persiguen el disenso interno y defienden hasta la evidencia a cada culpable de una injusticia entre sus filas.

Desde tiempos inmemoriales las hermandades han sido un modelo de agrupamiento político entre los seres humanos. Los llamados tiempos heroicos, tan bien narrados por Homero, estaban dominados por fratrías (hermandades) de nobles varones que tenían derechos políticos exclusivos. Tierra, sangre y religión se unían en ellos: dominaban amplios latifundios, estaban ligados por un mismo linaje y solo ellos tenían funciones sacerdotales.

Ya en el siglo dieciocho, algunos ilustrados del Sur de Europa como Giambattista Vico, disconformes con el rumbo que tomaba la moderna construcción europea, criticaron el retorno de este modelo fraterno a los nuevos Estados-nación: se era ciudadano por razón de tierra, sangre y (extraoficialmente, en una secularización fallida) religión. El ius soli y el ius sanguini se marcaron a fuego en nuestros códigos civiles, mientras la matriz cristiana de Europa todavía la discuten sabios de la Unión Europea que se oponen al ingreso de los infieles turcos. Por eso tenemos Centros de Internamiento para Extranjeros que no son ciudadanos, por eso hay redadas xenófobas y deportamos.

Finalmente el modelo fraterno, tan unitario para los de dentro, tan exclusivo para los de fuera, se hizo puro en los movimientos totalitarios de la primera mitad del siglo veinte. Su influencia permeó sobre el resto de partidos de masas, entonces en expansión. El contigo o contra mí, las purgas y el terror al disenso interno, las rígidas jerarquías, el esquema de líderes idolatrados frente a seguidores, marcaron en diversos grados a unos y otros. El dogma o la marca religiosa se sustituía por la ideológica; la tierra se diluía en lo nacional mientras el componente sanguíneo se reforzaba: los militantes eran como hermanos de sangre. No había hueco para aquella amistad política que clásicos y humanistas tanto habían defendido. Con razón los espíritus más libres de aquel tiempo fueron asociados a la disidencia.

El modelo de partido imperante, que copian los sindicatos mayoritarios y otros grupos de poder en nuestras instituciones públicas, bebe de esas fuentes. Debe por tanto cambiar. En otros países se dieron cuenta de ello, y ciertas medidas han tratado de atemperar un modelo que sepulta el debate y la libertad interna. En España, sin embargo, todo se ha ido haciendo cada vez más cerrado, más jerárquico, más silencioso. Funciona la omertà. Incluso el partido más revolucionario, de plegarse al medio ambiente y replicar este modo de funcionamiento, antes o después se verá un día tapando algún escándalo de su dirección.

¿Será capaz una futura unión de izquierdas en este país, animada por las demandas ciudadanas, dar con la tecla para organizarse de un modo plural y democrático? ¿Calaría el ejemplo? ¿Seremos capaces de cultivar la amistad política, de respetar la libertad de cada cual y el respeto a lo que consideremos justo una vez nos agrupemos políticamente?

Hoy estamos todavía lejos de estas expectativas; unos más que otros. Por eso el Partido Popular, como la más férrea de las hermandades, trata de cerrar filas y que nadie repita mal la letra, que nadie se exprese en libertad para decir la verdad. Como los viejos mantras ideológicos de los más fanáticos, los argumentarios partidistas se alejan de la realidad. El que se atreva a murmurar que el emperador está desnudo quedará manchado, se le perseguirá por disidente. Pero las grietas son múltiples y ya hay quien se desmarca, las evidencias pronto darán lugar al juego de los ídolos caídos, de los traidores, de las nuevas fidelidades. Las sectas y las mafias son modelos extremos de hermandad. También las fraternidades estudiantiles, o las propias hermandades religiosas armadas sobre las que tanto sabemos en España. De todos ellos se pueden extraer lecciones para comprender lo incomprensible: que el Partido Popular no pida disculpas, que no destituya a su dirección para, acto seguido, reorganizar de un modo honesto a la derecha de este país.

Mariano Rajoy debe dimitir, aunque en una democracia no tendríamos que esperar su decisión; los ciudadanos deberíamos tener mecanismos para destituirlo. Es preciso convocar así nuevas elecciones. Es más, los partidos políticos deberían facilitar un proceso constituyente donde su propia transformación esté incluida para ayudar a abrir el camino, esta vez sí, hacia la democracia.

http://colectivonovecento.org/2013/02/01/hermandades-y-corrupcion/

Ley DE Medios en Argentina

Por qué la Ley de Medios de Argentina es referencia fundamental para América Latina

Denis de Moraes

Alainet

I – Introducción

El actual proceso de transformaciones políticas, socioeconómicas y culturales en América Latina tiene, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina, uno de sus marcos más significativos. Por primera vez en la historia de la región, un país formula, aprueba y hace cumplir una legislación que protege y valoriza la diversidad informativa y cultural, a través de un marco regulatorio democráticamente discutido e instituido.

Nuestro objetivo, en el presente artículo, es poner en evidencia la importancia de la legislación argentina como fuente de inspiración de medidas antimonopólicas al alcance de los demás gobiernos progresistas latinoamericanos, en sintonía con la agenda de reivindicaciones de entidades y movimientos sociales que defienden la comunicación como derecho humano.

Lo que parecía ser un ideal distante, casi impracticable, se convirtió en una certeza que comenzó a esparcirse por el continente. Se trata de un proceso que hace converger las voluntades transformadoras de los estados con la de amplios segmentos de la sociedad civil.

La nueva ley trajo el convencimiento de que es viable el conocido dicho “otra comunicación es posible”, descentralizada y plural, conquistada de forma equilibrada y participativa.

El texto que se presenta a continuación está dividido en dos partes. En la primera se focaliza en el cuadro de concentración de medios de América Latina y sus implicancias, con el propósito de situar en un contexto adverso que llevó a gobiernos progresistas a intervenir, con diversa intensidad según cada país, en los sistemas de difusión.

En la segunda parte, se aborda la correspondencia entre las disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las aspiraciones sociales en torno a una comunicación más democrática. Se apuntan medidas, reclamadas o en preparación en otros países, que se materializan, pioneramente, en la legislación argentina, lo que la transforma en una referencia obligatoria.

II – El escenario que debe cambiar

Para evaluar la pertinencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como instrumento de reestructuración de los sectores de la información y la cultura en moldes mas pluralistas, es esencial explicitar el intrincado escenario mediático de América Latina.

La últimas décadas acentuaron la concentración de medios latinoamericanos en un puñado de megagrupos. Ese modelo de concentración prosperó en medio de la convergencia de los sistemas, redes y plataformas de producción, transmisión y recepción de datos, imágenes y sonidos. La digitalización extendió y extiende el acceso a las tecnologías a franjas más amplias de la sociedad –aunque de manera bastante desigual- e impulsa el crecimiento de la oferta de productos y servicios en diferentes plataformas, redes, canales y soportes digitales, sobre el control estricto de grupos nacionales y trasnacionales. Los focos de las políticas de comercialización se expanden ininterrumpidamente de los mercados consumidores, disminuyendo los costos industriales y produciendo enormes ganancias en productividad a través de las economías de escala.

La expansión de las industrias de medios en América Latina se vincula históricamente a intereses privados y trasnacionales, favorecidos por la fragilidad de los mecanismos de regulación y control de los flujos audiovisuales y del capital que cruzan fronteras por satélites y redes infoelectrónicas. La baja inversión de los gobiernos en tecnología y producción cultural, las políticas públicas inconsistentes o inexistentes y la inercia regulatoria apartaron al Estado del protagonismo en las áreas de la información, el entretenimiento y las telecomunicaciones.

Las desregulaciones y privatizaciones neoliberales durante los años 1980 y 1990 favorecieron la acumulación de la propiedad, de los medios y las tecnologías, permitiendo la constitución de verdaderos latifundios mediáticos, que exploran simultáneamente las cadenas de producción, distribución, circulación y consumo de datos, sonidos e imágenes, en busca de dividendos competitivos y lucros acelerados (Moraes, 2011: 33-34).

En la escalada de la internacionalización, corporaciones trasnacionales como News Corporation, Viacom, Time Warner, Disney, Bertelsmann, Sony y Prisa adquirieron activos de medios y/o establecieron acuerdos con grupos multimediáticos regionales, ampliando exponencialmente sus actuaciones multisectoriales en los mercados para sus productos y servicios. El resultado no podría ser diferente: 85,5% de las importaciones audiovisuales de América Latina provienen de los Estados Unidos. Mensualmente, 150 mil horas de films, series y eventos deportivos norteamericanos son presentados en las emisoras de televisión de nuestro continente (Moraes, 2006:46).

Para los cuatro mayores conglomerados latinoamericanos –Globo de Brasil; Televisa de México; Cisneros de Venezuela y Clarín de Argentina-, estas asociaciones representan la posibilidad de entrecruzar negocios y establecer alianzas con los actores de mayor peso del plano internacional, que les ofrecen lógicas sólidas, financiamiento e inserción en el mercado (Bustamante, 2009: 79-80).

Globo, Televisa, Cisneros y Clarín retienen el 60% de la facturación total de los mercados y de las audiencias, distribuidos de la siguiente manera: Clarín controla el 31% de la circulación de los diarios, el 40,5% de la TV abierta y el 23,2% de la TV de pago; Globo responde por el 16,2% de los medios impresos, 56% de la TV abierta y el 44% de la TV de pago; Televisa y TV Azteca forman un duopolio, acumulando el 69% y el 31,37% de la TV abierta, respectivamente. Brasil, México y Argentina reúnen más de la mitad de los diarios y emisoras de radio y televisión y el 75% de las salas de cine de la región.

Entre los impactos más graves de la concentración mediática en América Latina se puede apuntar: las políticas de precios depredatoria destinadas a eliminar o a restringir severamente la concurrencia, los controles oligopólicos sobre la producción, distribución y difusión de contenidos; y la acumulación de patentes y derechos de propiedad intelectual por parte de los grupos empresariales. Hay también el riesgo de unificación de las líneas editoriales y de predominio de las ambiciones empresarias por encima de los intereses del conjunto de la sociedad. Las conveniencias corporativas se basan frecuentemente en estrategias de maximización de la ganancia, sin prestar mayor atención a la formación educativa y cultural de la audiencia y, menos aún, a los valores y sentidos de pertenencia que conforman las identidades nacionales y regionales.

III- La Ley que impulsó “otra comunicación es posible”

En los últimos años, gobiernos electos con el compromiso de revertir desigualdades e injusticias sociales –agravadas por la sumisión de sus antecesores a los dictámenes del neoliberalismo-, incluían la democratización de la comunicación entre sus prioridades.

Entre estos gobiernos existe un consenso acerca de que es indispensable la participación del poder público en los sistemas de información y difusión cultural, a partir de entender lo que las cuestiones comunicacionales dicen respecto a los intereses colectivos. No pueden limitarse a las voluntades particulares o a los cálculos corporativos, pues incluyen múltiples puntos de vista existentes en la sociedad.

La acción regulatoria del Estado debe velar por el equilibrio entre lo que debe ser público y lo que debe ser privado, inclusive explicando a la población que las empresas de radio y televisión no son las propietarias de las frecuencias, sino que apenas son concesionarias de un servicio público con plazos establecidos por la ley, pudiendo ser estos renovados, o no.

Un hecho alentador es la concreción de alguna de estas premisas en políticas públicas de comunicación, incluyendo medidas para deshacer los monopolios de las empresas de radiodifusión; apoyar medios alternativos y comunitarios; incentivar la producción audiovisual independiente, garantizar mayor ecuanimidad en los accesos al conocimiento de las tecnologías y promover la generación y distribución de contenidos regionales y locales sin fines comerciales.

La Ley de Comunicación Audiovisual de la Argentina se proyecta como un instrumento innovador de regulación, fiscalización, fomento y diversificación de las actividades informativas y culturales. Los cambios introducidos por la normativa tienen como supuesto el entender a la comunicación como derecho humano y no como mero negocio. Los principios antimonopólicos tienden a garantizar la pluralidad de voces y la horizontalidad informativa, fijando un marco regulatorio completo para la comunicación mediática, incluyendo la convergencia digital entre la TV de cable, la telefonía y la Internet en un régimen que otorga licencias en condiciones equitativas y no discriminatorias.

Son varios los puntos de identificación entre la legislación argentina y los anhelos de los organismos y movimientos sociales que reivindican una comunicación democrática en América Latina. El primer ítem a destacar es la metodología adoptada por la presidenta Cristina Kirchner para la definición del anteproyecto de ley. Las consultas públicas a los sectores representativos de la sociedad civil consagrando un proceso democrático de diálogo, consulta y negociación ético-político entre los actores involucrados. La propia Cristina presidió reuniones en la Casa Rosada con empresarios, líderes sindicales y estudiantiles, propietarios de empresas de comunicación, productores independientes, rectores de universidades, directores y profesores de facultades de comunicación, líderes de iglesia y de asociaciones de radios y televisoras comunitarias; para presentar ideas y recibir sugerencias. Sin contar el sinnúmero de debates sobre la Ley promovidos en todo el país por la Coalición por una Radiodifusión Democrática (integrada por sindicatos, asociaciones profesionales, universidades, emisoras comunitarias y movimientos de derechos humanos).

Al aceptar gran parte de los 21 Puntos defendidos por la Coalición, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se tornó expresión de una voluntad social más amplia que la exclusiva visión del gobierno que la propuso y que después la sancionó. La incorporación de las propuestas de la Coalición fue reconocida –a través de una carta a la presidenta Cristina Kirchner– por entidades que actúan a favor de la democratización de la comunicación en América Latina como lo son la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER); la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC); la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (OCLACC) y la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). (1)

La Ley de Medios recogió una reivindicación consensuada por la mayoría de los países latinoamericanos, al definir, en condiciones equitativas, tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión para la concesión pública: de gestión estatal (medios públicos); de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro (organizaciones no gubernamentales; entidades sociales y comunitarias; sindicatos; fundaciones). Este punto es decisivo para revertir el predominio del sector privado comercial en el sistema de medios, pues establece equidad en términos de acceso, participación, prerrogativas y representatividad entre las tres instancias mencionadas. La pertinencia de esta y otras determinaciones de la ley fue reasaltada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), que reúne a 3.000 asociados en 110 países (18 de ellos en América Latina y el Caribe):

Uno de los notables aspectos es el establecimiento de diversas y efectivas medidas para limitar e impedir la concentración indebida de medios. Entre ellas, los límites a la cantidad de licencias que puede tener una misma persona o empresa (a nivel nacional o en una misma área de cobertura) y los límites a la propiedad cruzada de medios, en consonancia con las mejores prácticas internacionales. Con el objetivo de promover la diversidad de contenidos nacionales y locales, la nueva legislación argentina recoge antecedentes de países europeos y también americanos al incluir exigencias mínimas de producción nacional, local y propia, bien como condiciones para la formación de redes de emisoras, para limitar la centralización y la uniformización de la programación de unos pocos grupos empresariales de capital federal en todo el país. Otro aspecto a destacar es el reconocimiento expreso de tres sectores: estatal, comercial y sin fines de lucro, garantizando la participación de las entidades privadas sin fines de lucro, al reservar para ellas el 33% del espectro radioeléctrico. (2)

La influencia inmediata de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puede ser comprobada a partir de ver propuestas semejantes en los proyectos de los gobiernos del Ecuador y del Uruguay. En ambos casos, la revisión de la propia radiodifusión se inspira, de alguna manera, en la legislación argentina, inclusive con la metodología de consultas a la sociedad civil como para la formulación de los respectivos anteproyectos.

El Gobierno de Venezuela viene modificando los criterios y las prioridades legales para la concesión de licencias de radio y televisión. El objetivo es reequilibrar la radiodifusión entre los sectores estatal, privado y social, tomando como base la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El ex Ministro venezolano de Comunicación e Información, Andrés Izarra, “... en la Argentina la legislación es más avanzada que la de Venezuela: un tercio del espacio radioeléctrico va para las comunidades organizadas, para las organizaciones no gubernamentales”. Y agrega:

La Ley argentina da legitimidad al reclamo de uso del espacio radioeléctrico por parte de los medios alternativos. Creo que eso va a ser muy positivo para la Argentina, porque pone al país en sintonía con estos tiempos. El espacio ya no es apenas de la oligarquía ni del sector privado, se está democratizando. Es un factor común para todos nuestros procesos. Aparecen nuevos actores que antes ni soñaban con estar en la comunicación. (3)

Asimismo, en Brasil, donde prácticamente nada fue hecho durante los ocho años del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y los dos iniciales de Dilma Rouseff para modificar la anacrónica legislación de medios, la ley argentina constituye una referencia indiscutible con vistas a cambios en la radiodifusión. Eso puede ser constatado por la similaridad observada en muchas propuestas aprobadas en la Conferencia Nacional de Comunicación de 2009 y hasta hoy no efectivizadas por el gobierno federal. En el manifiesto en defensa de la democratización de la comunicación, divulgado el 2 de abril de 2011, entidades nacionales, entre ellas la Central Única de Trabajadores, la Federación Nacional de Periodistas, el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos y AMARC-Brasil, mencionan explícitamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: “Sigamos los ejemplos de experiencias victoriosas de movilización por la reforma del sistema de medios en América del Sur, como ocurrió en la Argentina, donde la sociedad organizada consiguió ser un actor decisivo en la propuesta de reformar la legislación”.(4)

Por lo expuesto, concluimos que la ley de comunicación audiovisual de la Argentina es la prueba de la viabilidad de un marco regulatorio avanzado: “tanto por el contenido democrático que expresa, como por el proceso de consulta popular que orientó su elaboración”, como declaró el relator de la Comisión de Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas, Frank La Rue.(5) Además de leyes que impidan prácticas monopólicas, la reconfiguración de los sistemas de comunicación en América Latina depende de políticas públicas consistentes, debatidas y formuladas en sintonía con las demandas de la sociedad civil; tanto se trate de instrumentos legales como de la determinación para llevar a la práctica las medidas de descentralización de los medios. No basta con tener principios democráticos generales, sino haber tomado la decisión institucional de hacer valer las normas, regulaciones y los procedimientos que garantizan su aplicación.

En ese sentido, es conveniente que los gobiernos de los países vecinos avalen el trabajo que lleva adelante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Organismo Público creado por la nueva legislación argentina y con incumbencia para fiscalizar el cumplimiento de sus deliberaciones y fomentar la producción cultural comunitaria e independiente.

Finalmente, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expone, de manera paradigmática, las exigencias ineludibles de la voluntad política de los gobernantes y del respaldo popular que se necesitan para llevar adelante estos cambios, dado las sistemáticas campañas opositoras de los medios y de las elites conservadoras. Las corporaciones resisten y resistirán someterse a las restricciones legales que afectan privilegios conquistados en décadas de complicidad con sucesivos gobiernos. Eso explica las medidas cautelares que el grupo argentino Clarín para intentar impedir la aplicación completa de la Ley de Medios. Lo que hace suponer que será preciso empeñar cada vez más fuerza en las batallas mediáticas, de forma de esclarecer a la opinión pública e impedir que prosperen argumentos generalmente falsos sobre las transformaciones realmente necesarias en el horizonte comunicacional.

Los avances en la Argentina ponen de relieve el papel regulador y activo que el Estado precisa desempeñar en la vida social, para lograr, dentro de las reglas de la democracia, legislaciones antimonopólicas, universalizar el acceso y la información e intentar detener la avasalladora concentración de los medios. Para América Latina como un todo, significa la oportunidad histórica de analizar y absorber lecciones de la Ley de servicios de Comunicación Audiovisual, en la búsqueda de legislaciones, que teniendo en cuenta las especificidades de cada país, resguarden y estimulen la diversidad informativa y cultural, a partir del reconocimiento de su esencia para poder profundizar la democracia. (Traducción de Mariana Baranchuk).

Denis de Moraes es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro y profesor e investigador de la Universidad Federal Fluminense, em Brasil. Autor, entre otros libros, de La cruzada de los medios en América Latina (Paidóis, 2011) y Mutacionos de lo visible: comunicación e procesos culturales en la era digital (Paidós, 2010). El presente texto es parte de su artículo “La mirada desde América Latina” publicado en el libro Ley 26.522: hacia un nuevo paradigma en comunicación audiovisual, coordinado por Mariana Baranchuk y Javier Usé (Buenos Aires, Autoridad Federal de Servicios de Comunicacióbn Audiovisual/Universidad Nacional Lomas de Zamora, 2011).

NOTAS

(1) La carta enviada a Cristina Kirchner, el 23 de marzo de 2009, está disponible en: http://alainet.org/active/29629

(2) La nota da AMARC, divulgada el 13 de octubre de 2009, puede ser consultada en: http://www.mesadearticulacion.org/articulos/declaraciones/declaraciones-asociaciones/declaracion-de-amarc-alc-sobre-aprobacion-ley-de-medios-en-argentina

(3) Entrevista de Andrés Izarra a Mercedes López San Miguel “En Argentina la ley sobre los medios es más avanzada que en Venezuela”, 21 de noviembre de 2010, disponible en: http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=print&sid=5603

(4) El manifiesto en favor de la democratización de la comunicación en el Brasil está disponible en: http://www.cut.org.br/acontece/20518/frente-parlamentar-pela-liberdade-de-expressao-e-o-direito-a-comunicacao-sera-lancada-dia-19

(5) Entrevista a Frank La Rue. Disponible en el site “Hablemos todos” http://www.argentina.ar/hablemostodos/

Fuente: http://alainet.org/active/61175

Los logros de Chávez y la revolución bolivariana

Carles Muntaner, Joan Benach y María Páez Victor

Público

Mientras que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez lucha por salvar su vida en Cuba, la prensa de ambos lados del Atlántico no ha dejado de machacar a su gobierno. La importancia de su reciente victoria con 12% de ventaja delante de su competidor, aún no ha sido adecuadamente reconocida por los medios. Es importante destacar que Chávez ha ganado estando enfermo de cáncer, siendo crucificado por los medios de comunicación locales e internacionales.
Uno de los factores principales de la aplastante victoria de Chávez ha sido la reducción de la pobreza. Esto es posible porque el gobierno retomó el control de la empresa petrolera nacional PDVSA, utilizando los ingresos petroleros no para beneficio de una pequeña clase de rentistas, como ocurrió con los gobiernos anteriores, sino para construir infraestructuras que hacían falta e invertir en servicios sociales que se necesitaban con urgencia. Durante los últimos diez años, el gobierno ha aumentado el gasto social en un 60,6%, (772.000 millones de dólares).
La pobreza no se define únicamente por la falta de ingresos así como la salud no se define tampoco por la ausencia de enfermedad. Ambos están correlacionados y ambos tienen una naturaleza multifactorial, es decir, están determinados por un amplio conjunto de procesos sociales. Para evaluar los logros reales de la Revolución Bolivariana de Venezuela durante los últimos 13 años, es indispensable revisar algunos de los principales datos disponibles sobre los determinantes sociales de la salud y la pobreza como son la educación, la desigualdad, el empleo, los ingresos, la atención sanitaria, la seguridad alimentaria y los servicios y protección social.
Uno de determinantes sociales de la salud es la equidad, y Venezuela es hoy el país de la región con el nivel más bajo de desigualdad ( según el Coeficiente de Gini), habiendo reducido la desigualdad en un 54% y la pobreza en un 44%. La pobreza ha pasado del 70,8% (1996) al 21% (2010) y la pobreza extrema se redujo del 40% (1996) a un nivel tan bajo como el 7,3% (2010). Cerca de 20 millones de personas se han beneficiado de los programas contra la pobreza, las llamadas “Misiones”. Hasta el momento, 2,1 millones de personas mayores han recibido pensiones de vejez, es decir, el 66% de la población, mientras que antes del actual gobierno sólo 387.000 recibieron pensiones.
La educación, determinante clave de la salud y la pobreza, es donde el gobierno bolivariano ha puesto un especial énfasis, asignando a ella más del 6% del PIB. La UNESCO ha reconocido que Venezuela está libre de analfabetismo y que es el tercer país de la región cuya población en mayor medida lee. Desde la guardería hasta la universidad, la educación es gratuita: el 72% de los niños asisten a guarderías públicas, el 85% de los niños en edad escolar asisten a la escuela, y hay miles de escuelas nuevas o restauradas (entre las que se incluyen 10 nuevas universidades). El país es el segundo de América Latina y el quinto del mundo en tener proporcionalmente más estudiantes universitarios. De hecho, 1 de cada 3 venezolanos está inscrito en algún programa educativo. También es un gran logro que Venezuela esté ahora al nivel de Finlandia como el 5º país del mundo cuya población se siente más feliz.
Antes del gobierno de Chávez en 1998, el 21% de la población estaba desnutrida, ahora Venezuela tiene una red de distribución de alimentos subsidiados con tiendas de comestibles y supermercados. En 1980 se importaron el 90% de los alimentos, hoy el porcentaje es menor al 30%. Han entregado 454.238 créditos a productores rurales. Cinco millones de venezolanos reciben comida gratis, cuatro millones de los cuales son niños y niñas en las escuelas y 6.000 comedores alimentan a 900.000 personas. La reforma agraria y las políticas agrícolas han aumentado la oferta interna de alimentos. El resultado de todas esas medidas de seguridad alimentaria es que la desnutrición es hoy tan sólo de un 5%, y que la desnutrición infantil, que alcanzó el 7,7% en 1990, hoy es del 2,9%. Se mire como se mire, se trata de logros sociales de enorme trascendencia para la salud de la población.
En cuanto la salud pública, algunos de los datos más importantes son:
* La mortalidad infantil se redujo de 25 por 1.000 (1990) a sólo 13 por 1.000 (2010);
* El 96% de la población tiene acceso ahora a agua limpia;
* En 1998, había 18 médicos por 10.000 habitantes, hoy hay 58
* Los gobiernos anteriores construyeron 5.081 clínicas a lo largo de cuatro décadas, mientras que en tan sólo 13 años el Gobierno Bolivariano construyó 13.721 (aumento del 169,6%);
* Barrio Adentro, el programa de atención primaria que recibe la ayuda de más de 8.300 médicos cubanos, con sus 7.000 clínicas, ha salvado aproximadamente 1,4 millones de vidas;
* En el 2011, 67.000 venezolanos recibieron medicamentos gratuitos de alto costo para tratar 139 patologías como el cáncer, la hepatitis, la osteoporosis, la esquizofrenia; hoy hay 34 centros de tratamiento de adicciones;
* En 6 años, 19.840 personas sin hogar han sido atendidas con un programa especial, y prácticamente no hay niños que vivan en las calles;
* Venezuela tiene ahora la mayor unidad de cuidados intensivos de la región;
* Una red de farmacias públicas vende medicamentos subsidiados en 127 tiendas, realizando ahorros entre el 34-40%;
51.000 personas han recibido tratamiento especializado para la visión en Cuba, y el programa de atención oftalmológica “Misión Milagro” ha devuelto la vista a 1,5 millones de venezolanos.
Un ejemplo de cómo el gobierno ha tratado de responder de la mejor manera posible a las necesidades reales de las personas es la situación que se produjo en 2011, cuando las fuertes lluvias tropicales dejaron a 100.000 personas sin hogar. La población fue inmediatamente protegida en forma temporal en todo tipo de edificios públicos y en sólo un año y medio el gobierno construyó 250.000 viviendas. El gobierno obviamente no ha erradicado todos los males sociales, pero sus habitantes se dan cuenta de que, a pesar de las deficiencias y errores cometidos, el gobierno está a su lado.
La intensa participación política de la democracia venezolana, incluye 30.000 consejos comunales que determinan las necesidades sociales locales, permitiendo que las personas sean los verdaderos protagonistas de los cambios que reclaman.
La economía venezolana tiene una baja deuda, y reservas de petróleo y de ahorro muy elevadas; sin embargo, los economistas occidentales opuestos al presidente Chávez repiten hasta la saciedad que la economía venezolana no es “sostenible” y predicen su desaparición cuando los ingresos petroleros se acaben. Curiosamente, no lanzan esas nefastas predicciones sobre economías petroleras como Canadá o Arabia Saudita. Ignoran que la reserva petrolera de Venezuela (500 millones de barriles de petróleo) es la más grande del mundo y consideran que la inversión social de la renta petrolera, es una pérdida o un empeño inútil. Sin embargo, durante estos últimos 13 años, el gobierno bolivariano ha estado construyendo una infraestructura industrial y agrícola que 40 años de gobiernos anteriores habían olvidado, y su economía continua siendo fuerte incluso ante la crisis financiera global.
Un indicio de la creciente diversificación de la economía es que ahora el Estado obtiene casi tantos ingresos de la recaudación de impuestos como por la venta de petróleo, ya que ha reforzado su capacidad para la recaudación de impuestos y la redistribución de la riqueza. En tan sólo una década, el Estado obtuvo 251.694 millones de dólares en impuestos, es decir, más que sus ingresos anuales por el petróleo.
Entre los hitos económicos de estos últimos diez años cabe incluir la reducción del desempleo del 11,3% al 7,7%, la duplicación del número de personas que reciben beneficios del seguro social, la deuda pública se ha reducido del 20,7% al 14,3% del PIB, y el florecimiento de unas 50,000 cooperativas que han fortalecido a las economías locales endógenas. La economía venezolana ha crecido un 47,4% en diez años, es decir, un 4,3% anual. Muchos países europeos verán con envidia cifras como ésas. Algunos de los economistas que han estudiado detalladamente la economía venezolana señalan que: “Las predicciones de colapso económico, la balanza de pagos o la crisis de la deuda y otros pronósticos sombríos, así como muchas de las previsiones económicas realizadas, han demostrado ser erróneas… el actual crecimiento económico de Venezuela es sostenible y podría continuar al ritmo actual o incluso superior durante muchos años”.
Según el Global Finance y el CIA World Factbook, la economía venezolana presenta los siguientes indicadores: la tasa de desempleo es del 8%, la deuda pública del gobierno es el 45,5% del PIB ( la de la Unión Europea es del 82,5%), y existe un crecimiento real del PIB (el PIB per cápita es de 13.070 dólares). En el 2011, la economía venezolana desafió a la mayoría de pronósticos con un crecimiento del 4,2%, con un aumento del 5,6% en el primer semestre de 2012. La razón entre deuda y PIB se halla claramente por debajo de la de los EE.UU y el Reino Unido, y es más sólida que la de los países europeos; la tasa de inflación, endémico durante muchas décadas, ha caído en el último trimestre del 2012 a un mínimo del 13,7% . Incluso The Wall Street Journal ha señalado que el intercambio de acciones de Venezuela es con mucho la bolsa que mejores resultados tiene en el mundo (alcanzándose un máximo histórico en octubre de 2012), a la vez que los bonos de Venezuela se hallan entre los tienen mejores resultados en los mercados emergentes.
La victoria de Hugo Chávez ha tenido un impacto en todo el mundo. Es reconocido por haber liderado un cambio radical, no sólo en su propio país, sino en América Latina donde han sido elegidos gobiernos progresistas que han remodelado el orden global. Su victoria fue aún más significativa si se tiene en cuenta la enorme ayuda financiera y estratégica que las agencias de Estados Unidos y sus aliados ofrecieron a los partidos de la oposición y a los medios de comunicación. Desde 2002, Washington canalizó 100 millones de dólares a los grupos de oposición en Venezuela siendo distribuidos tan sólo en este año electoral entre 40 y 50 millones de dólares. Sin embargo, el pueblo venezolano pasó por alto el aluvión de propaganda desatada contra el Presidente por unos medios de comunicación que en un 95% son de propiedad privada y claramente anti-Chávez. La ola de cambio progresista en la región ha comenzado a construir la infraestructura para una Latinoamérica realmente soberana a través de organizaciones que permitan su integración política y económica como son el Banco del Sur, CELAC, ALBA, Petrosur, Petrocaribe, UNASUR, MERCOSUR y TELESUR. Estas están mostrando al resto del mundo que en el siglo XXI existen alternativas económicas y sociales. Siguiendo un modelo de desarrollo diferente al del capitalismo mundial y en fuerte contraste con Europa, los niveles de deuda en América Latina son bajos y siguen cayendo.
Los cambios en Venezuela no son abstractos. El gobierno del Presidente Chávez ha mejorado significativamente las condiciones reales de vida de los venezolanos que se han comprometido en un dinámico proceso de participación política. Este nuevo modelo de desarrollo socialista ha tenido un impacto espectacular en toda América Latina, incluyendo en los últimos tiempos a Colombia además de a gobiernos de centro-izquierda que ahora son mayoritarios en la región y que ven en Venezuela el catalizador que ha traído más democracia, soberanía nacional y progreso social y económico a la región. Ninguna retórica neoliberal, puede negar todos esos hechos. Eso es lo que enfurece a sus oponentes.. Un semanario “objetivo” y “empírico” como The Economist no dará a conocer estos datos, prefiere predecir una vez más el inminente colapso de la economía venezolana. Por su parte, en España, el periódico El País prefiere que Moisés Naim, Ministro de Hacienda del anterior gobierno y uno de los responsables directos del Caracazo (la masacre de 3.000 personas en Caracas que protestaban por las medidas de austeridad impuestas de 1989), siga escribiendo de forma obsesiva contra Chávez. Sin embargo, ninguno de ellos puede poner en duda que un Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidad del 2008 sitúa a Venezuela en el lugar número 61 de entre 179 países. Y esa es una razón más por la que la Revolución Bolivariana de Chávez sobrevivirá al líder socialista de Venezuela.
Carles Muntaner
Profesor de Enfermería, Salud Pública y Psiquiatría en la Universidad de Toronto
Joan Benach
Profesor de Salud Pública y Salud Laboral en la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
María Páez Victor
Socióloga venezolana, especializada en salud y medicina.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/6425/los-logros-de-hugo-chavez-y-la-revolucion-bolivariana/