Reporteros Sin Vergüenza

23-03-2008

Rosa C. Baez

Ria Novosti

Con el propósito de defender la libertad de prensa, Menard siempre se ha asociado con aquellos que más seriamente la amenazan: los grandes consorcios de las comunicaciones. Su relación con Publicis -creadora de las campañas de publicidad para el Ejército de EEUU, la Coca Cola y MacDonalds, y un consultor para la compañía del ron Bacardí, la cual subvenciona el terrorismo anticubano- es particularmente preocupante.

La feroz campaña que RSF sigue desarrollando contra la Revolución Cubana contrasta con su obsequioso silencio cómplice cuando se trata de condenar a gobiernos amigos de Estados Unidos, y al propio gobierno de Estados Unidos, causantes o responsables de la muerte, el secuestro o la censura de periodistas y otras voces disidentes.

Bajo el gobierno de Alvaro Uribe de Colombia, ese país ostenta un record de periodistas asesinados y perseguidos único en el mundo: jamás RSF ha organizado invasiones a las embajadas colombianas por el mundo, como se intentó hacer con la de Cuba en Paris.

El gobierno de Estados Unidos es responsable directo o indirecto de la muerte de numerosos periodistas y reporteros en Irak, entre ellos un camarógrafo de la televisión española asesinado por el disparo de un tanque norteamericano mientras estaba en la habitación de su hotel en Bagdad: jamás RSF ha organizado boicots contra el turismo que desea conocer Disneylandia u otros sitios de Estados Unidos, como si ha intentado hacer, sin resultados, con el turismo que viaja para bañarse en la playa de Varadero.

Ponemos a continuación a disposición de nuestros lectores algunos documentos sobre RSF:

1.- Una 'historia noticiosa' ha circulado recientemente acerca de la restricción en Cuba del acceso a Internet. Una de las fuentes fueron los Reporteros sin Fronteras (RSF) y su vocero Robert Menard, quien ha tenido conexiones con la CIA y otras organizaciones como Bacardí, la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) y Freedom House, opositoras del gobierno cubano. Esto significa que RPSF y Robert Menard no son independientes, objetivos e imparciales con respecto a Cuba. Para más información, vea el siguiente artículo:

Robert 'CIA' Menard: Sensacional Descubrimiento. Reporteros sin Fronteras junto al ejército norteamericano, Bacardí y FNCA, Por Jean-Guy Allard

Las más deshonestas campañas de propaganda anticubana, accionadas por Reporteros sin Fronteras, organización que ha estado atacando febrilmente a Cuba en los últimos años, fueron creadas por Publicis, el gigante mundial de la publicidad.

Entre los más importantes clientes de Publicis están el Ejército de los EEUU, Bacardí y ciertos representantes de la mafia de Miami, incluyendo a algunos que financian a destacados terroristas como Luis Posada Carriles.

El secretario general de los Reporteros sin Fronteras, el oficial operativo de la CIA Robert Menard -quien debutó en la década de 1960 infiltrándose en grupos izquierdistas como las organizaciones trostkystas-, conoce que Saatchi & Saatchi, la famosa agencia de publicidad de Nueva York, está detrás de sus ataques contra Cuba y que la gigantesca empresa de propaganda comercial le proporciona sus servicios 'libres de costo'.

Saatchi & Saatchi no se dedica a desarrollar con benevolencia campañas de publicidad para las organizaciones no gubernamentales (ONGs) ni para obras de caridad. Sus principales clientes son compañías como Dupont, General Mills, Johnson & Johnson, Toyota y Visa.

De hecho, Saatchi & Saatchi Worldwide -para usar su nombre completo- es uno de los tres pilares estratégicos del cuarto grupo más grande de comunicaciones en el mundo: Publicis Group, radicado en París, Francia.

Según sus accionistas del sitio web, Publicis es el número uno en Francia, y el número tres en los Estados Unidos, así como el número uno en el mundo en consultoría y compra de equipos de comunicación.

Como grupo, sus clientes no tienen las características de la ONG de Robert Menard, la cual fue provisionalmente suspendida recientemente debido a actividades como el mal manejo de la organización que no se rige por los lineamientos de las Naciones Unidas. Otros famosos clientes son Coca-Cola, Heinz, Kelloggs, McDonald, Phillip Morris, General Motors, Citibank, United Airlines, Walt Disney, y el Ejército de los EEUU.

'Emoción, aventuras y placer'

El Ejército de los EEUU gasta $100 millones de dólares anualmente en sus campañas de propaganda, dirigidas esencialmente a estimular a los jóvenes a optar por la carrera militar, principalmente para participar en sus guerras de ultramar. A través de su subsidiaria norteamericana, Starcom Mediavest, Publicis ha generado la 'nueva imagen' del ejército imperial, pues las anteriores campañas de publicidad del ejército tuvieron poco impacto en el mercado designado.

La desinformación es el lenguaje usado por Publicis para incitar a los jóvenes norteamericanos a la idea de ir al combate. Tres párrafos del sitio web de la propaganda militar en idioma español creada por aquellos 'generosos' patrocinadores de los Reporteros sin Fronteras dan alguna idea del nivel de demagogia de la operación: 'Los beneficios del Ejército pueden empezar por ti hoy y para el resto de tu vida. Algunos de ellos no tienen precio. Otros merecen sustanciales pagos', así se manifiesta la publicidad de la subsidiaria Publicis.

'Tu entrenamiento en el Ejército pudiera llevarte a lugares que no conoces de los Estados Unidos o del resto del mundo. Podrías recibir un puesto en Hawai, en el Caribe, Alaska, Lejano Oriente o Europa'. Por supuesto, las palabras Irak o Afganistán no forman parte de este 'concepto'.

Y finalmente viene el aspecto sensible del cuidado de la salud para los cuatro millones de familias norteamericanas que no tienen acceso a los servicios médicos: 'Nuestros excelentes servicios de atención a la salud se convertirán en un sustancial beneficio si estás en el Ejército. Tú y tu familia recibirán gratuitamente o a bajo costo los servicios médicos y de estomatología según la disponibilidad'. No hay necesidad de comentar el bajo nivel ético de los engendros del agente Menard en este sitio web dedicado al reclutamiento de 'carne de cañón'.

Publicis, asesor de Bacardí

También está sucediendo que el Consejo de Publicis, la rama de consultoría del grupo, tiene a Bacardí como a uno de sus clientes. Bacardí es el gigante del ron que tiene su oficina central en las Bahamas y una historia como patrocinadora del terrorismo anti-Cuba que data desde enero de 1959.

Según la documentación aparecida en el libro Ron Bacardí: la Guerra Oculta, de Hernando Calvo Ospina y Katlijn Declercq, las relaciones entre los principales líderes y accionistas del ron Bacardí, la Fundación Nacional Cubano-Americana, y el ala ultraderechista de la organización terrorista y la CIA están lejos de alcanzarse.

A través de la arriesgada investigación, Ospina y Declerq muestran cómo este seudonegocio de fabricar ron (Bacardí está básicamente dedicado a promover su producto en el mercado), ha creado su propia red de terrorismo; y ha promovido, organizado y financiado actos de terrorismo; también ha servido como punta de lanza de los fondos de la CIA para los mercenarios paramilitares en Nicaragua y en Angola.

En otra investigación, Ron Bacardí: la CIA, Cuba y la globalización -publicada en Francia por la casa de publicidad belga EPO- Calvo declara que Bacardí ha ayudado a organizar la legislación norteamericana en cuanto a Cuba, con la ayuda de su 'consultante' Otto Reich, empleado de la FNCA y actualmente uno de los principales asesores de George W. Bush sobre Cuba y América Latina. Los abogados de Bacardí influyeron en el proyecto de la Ley Helms-Burton, la cual permite al gobierno norteamericano sancionar el comercio de firmas extranjeras con propiedades expropiadas en Cuba.

Los ocultos vínculos entre Bacardí, la FNCA y Bush, y las 'firmas de ron' relacionadas con el líder español José María Aznar y la extrema derecha europea también han contribuido a la actual confrontación con la Unión Europea.

Publicis en Miami

Publicis también tiene un dedo en el pastel en Miami. Se trata de la compañía Sánchez & Levitan, la cual influye en la comunidad hispanoparlante norteamericana con masivas cuentas tales como Coca Cola y Bell South. Con 100 empleados Sánchez & Levitan tiene un reintegro anual de alrededor de $80 millones de dólares. Es propiedad de Aida Levitan y a Fausto Sánchez, dos emigrantes cubanos.

Aida Levitan, quien fue llevada a la Florida a la edad de cuatro años, fue una de las personas que públicamente expresó su discrepancia por la presencia de la orquesta cubana Los Van Van en Miami en el 2000.

Su nombre apareció recientemente entre otros empresarios que desarrollaron una campaña anticubana en Francia junto a otros individuos famosos más por sus riquezas que por su imagen espiritual: José Valdés-Fauli, anterior presidente del Banco Colonial del Sur de la Florida, un grupo que vale $16 billones de dólares.

Eloy Cepero, otro banquero y propietario de Peninsula Mortgage Bankers; Santiago Morales, fabricante de maquinaria industrial; Richard O'Connell, un millonario de Miami que ahora reside en París, y ¡sorpresa, sorpresa!: el líder extremista Diego Suárez, terrorista y anterior financiero de la Fundación Nacional Cubano-Americana, así como Feliciano Foyo, uno de los miembros más fanáticos y de 'línea dura' del Consejo Cubano de Libertad (CLC) de Ninoska Pérez-Castellón.

Tanto el propietario de Sánchez & Levitan como el secretario de los Reporteros sin Fronteras conocen perfectamente bien que los agentes del CLC promovieron recientemente la campaña de recaudación de fondos para pagar la defensa de Luis Posada Carriles, encarcelado desde hace tres años en Panamá junto a los asesinos a sueldo Guillermo Novo Sampoll, Pedro Crispín Remón y Gaspar Jiménez Escobedo, después de su fallido intento de volar el salón de conferencia en la Universidad de Panamá.

Pero el anteriormente seudotrotskysta Ménard no ha hecho nada por esconder su inclinación hacia los representantes de las fortunas más grandes del mundo. El incluso ha depositado cheques del editor multimillonario François Pinault en su cuenta bancaria en muchas ocasiones, y también de Jean-Guy Lagardére, el acaudalado comerciante de bombas pesadas -recientemente fallecido-, así como de Serge Dassault, otro notorio comerciante de armas.

Chantaje de los medios

Lo realmente cierto es que para los medios franceses Publicis representa una enorme tajada para sus presupuestos publicitarios. Cuando la campaña de desinformación de Ménard alcanza una publicación o una red de televisión que lleva la marca de Saatchi & Saatchi, el mensaje es cada vez más claro y las maniobras de la propaganda están acompañadas de chantaje.

Por lo tanto la penetración de Ménard dentro de varios departamentos editoriales importantes en Francia no debe sorprendernos, ni tampoco su sistemática censura de muchas respuestas dadas por Cuba a estos ataques.

¿Y por qué debería sorprenderse alguien ante la presencia de varias figuras francesas famosas de la 'alta sociedad' en un salón de los Champs-Elysées durante un reciente repliegue anti-Cuba orquestado por Ménard y su maquinaria de publicidad?

Los vínculos de Ménard con varios individuos de la extrema derecha de Miami -quienes dedican su tiempo a atacar a Cuba usando cualquier medio posible, incluyendo el terrorismo- son ya muy bien conocidos. También es conocido que él mantiene relaciones con organizaciones como Freedom House creada desde hace tiempo por el oficial operativo de inteligencia Frank Calzon.

También se conocen las actividades dirigidas por la CIA en la isla para transformar a los favoritos mercenarios de la Sección de Intereses de EEUU en 'periodistas independientes'. Un grupo de individuos fueron reclutados de forma sistemática por la USIS, y su labor es pagada en dólares norteamericanos; ellos se reúnen regularmente en la casa del principal representante diplomático norteamericano en Cuba con el objetivo de recibir instrucciones.

De hecho esto fue demostrado por testimonios de varios patriotas que se infiltraron en las filas de esos mercenarios, algo que la prensa controlada por Ménard omitió totalmente en cualquiera de sus referencias a los arrestos de la red de informantes llamados 'periodistas independientes'.

Y ahora, conociendo que este mismo individuo es un asociado publicitario del Ejército norteamericano, de Bacardí y muchas otras compañías con cuentas multimillonarias para la publicidad, uno se cuetionaría el porqué de la magnitud del gran fraude de los medios en la campaña anti-Cuba desarrollada contra este país por Ménard, a través de los magnates franceses, la USAID y de varias agencias norteamericanas que anualmente dedican cientos de millones de dólares del dinero de los contribuyentes para destruir la imagen de la isla rebelde y su Revolución.

Libertad de expresión al estilo de Reporteros Sin Fronteras

Rodrigo Santillán Peralbo

Rebelión 18-03-2008

Paris, la ciudad Luz de la Revolución Francesa, alberga a una ONG llamada Reporteros sin Fronteras. Siempre pensé que el periodismo honesto, comprometido con las luchas de los pueblos y con los valores universales del humanismo iba más allá de las fronteras; pero el Presidente de esa ONG, Robert Ménard, seguramente cree que Reporteros sin Fronteras debe defender la libertad de expresión del pensamiento si no afecta a Estados Unidos en su fase imperial y que ese valor universal debe ser manipulado para agredir a Cuba y su Revolución por orden de quien le paga; es decir por la CIA, por esa organización neofascista llamada Center for a Free Cuba que es dirigida por Frank Calzón, antiguo dirigente de la mafiosa Fundación Nacional Cubano Americana con sede en Miami y que protege al terrorista Posada Carriles y a otros delincuentes internacionales.

Además, Reporteros sin Fronteras está subvencionada por la Nacional Endowment for Democracy que financia, también, no sólo a los que agreden a Cuba, sino a las actividades ilícitas de las derechas económicas y políticas de América Latina que organizan golpes de Estado para acabar con los gobiernos democráticos y progresistas de América Latina. Esa Fundación ayudó a financiar el golpe de Estado contra el Presidente Chávez e “invierte” millones de dólares para acabar con la Revolución Bolivariana, con los Gobiernos de Evo Morales en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador, de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Por qué el señor Ménard no denuncia con sus Reporteros esos hechos fascistoides?

Reporteros sin Fronteras parece una creación del imperio y su nefasta CIA para atacar a Cuba. El señor Ménard y los suyos deploran que en Cuba haya periodistas encarcelados; pero nada dicen que esas personas se “hicieron periodistas” para recibir dólares de la CIA y ofender a su propia Patria. Si están presos es porque son mercenarios. ¿O será que entre periodistas mercenarios se protegen?

Si de libertad de expresión se trata, ¿por qué Reporteros sin Fronteras no denuncia a Estados Unidos y a la Administración Bush que en nombre de la democracia y la libertad ha suprimido la libertad de expresión en Estados Unidos al prohibir que los “mas media” informen sobre la verdad de las guerras en Irak y Afganistán? Reporteros sin Fronteras calla sobre la misteriosa muerte de escritores y periodistas estadounidenses que han sido fuertes críticos de Bush y sus halcones. Calla también sobre la existencia de centenares de presos políticos que están encerrados en las cárceles del imperio y entre ellos portorriqueños que luchan por la libertad y los propios estadounidenses que reclaman sus derechos y libertades. Los presos políticos en Estados Unidos son los que “atentan contra la seguridad nacional”

A Reporteros sin Fronteras no le preocupa que Cuba sea víctima del bloqueo genocida que hasta impide que tenga acceso a las vías informáticas -internet- porque no puede acceder al cable submarino que pasa cerca de sus costas y que, en consecuencia, tiene que pagar elevados costos por el uso de un satélite para que las computadoras instaladas en centros de trabajo, de organizaciones sociales y centros de estudio tengan ingreso a la Internet. ¿De que libertad de expresión en Internet puede hablar Reporteros sin Fronteras si desconoce la realidad de los pueblos del Tercer Mundo que sumidos en la pobreza por mandato del imperio neoliberal y globalizador no tienen recursos ni para comprar alimentos o medicinas, peor para comprar computadoras y pagar accesos a Internet?

Una organización pagada por el imperio no tiene calidad moral para hablar de libertad de prensa y expresión del pensamiento en ninguna parte del mundo.

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Rodrigo Santillán Peralbo es Doctor en Ciencias de la Comunicación, Ex Presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, Ex Presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha, Ex Vicepresidente de la FELAP y de la OIP y Profesor de la Universidad Central del Ecuador

YPF

La privatización de YPF desde la perspectiva de los trabajadores

Hernán M. Palermo

Argenpress 06-03-2008

Con el apoyo de testimonios vívidos, el autor describe los diversos mecanismos utilizados en la privatización de YPF para prescindir del personal y desactivar toda posibilidad de organización de resistencia.

El ajuste neoliberal instalado en Argentina a partir de mediados de los 70 y cristalizado durante la década de los 90, involucró distintos procesos que transformaron sustancialmente la relación del Estado con el resto de la sociedad, desfavoreciendo claramente a los sectores trabajadores. Lo que se llamó 'Reforma del Estado', incluyó, como una de sus facetas más sustantivas, la política de privatización de las empresas estatales. Sin embargo, no se limitó a las privatizaciones, sino que comprendió toda la reorganización de las administraciones centrales y provinciales, la desregulación y la 'libre' apertura al mercado mundial, la subordinación de la moneda al dólar y la transformación de las leyes laborales.

Estas recetas impulsadas en los '90 por el Consenso de Washington, dirigido a orientar la economía en sentido del neoliberalismo, estuvo -y está- conformado por una compleja interrelación entre el FMI, el BM, el Congreso de los Estados Unidos, grupos concentrados del capital, etc. Estos cambios se fueron dando en un contexto, en el cual Argentina no fue una excepción. No obstante, en materia de privatización, la Argentina llevó adelante un proceso de enajenación de un recurso estratégico y con gran virulencia en las políticas de racionalización del personal, proceso que casi no tuvo antecedentes en América Latina.

Pero más allá de los planteos generales en relación a la implementación de las políticas neoliberales, estas tuvieron consecuencias directas en la vida cotidiana de los trabajadores en general y en YPF en particular.

La racionalización de los trabajadores de YPF

Los procesos de racionalización empresaria han significado la eclosión de los mercados internos de trabajo, particularmente en las empresas privatizadas a inicios y en el transcurso de los años 90.

En primer lugar, se puso en marcha un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para los trabajadores que ya 'no eran necesarios para la empresa' desde el discurso del Gobierno, con el pago de altas indemnizaciones. A esta primera etapa de racionalización de personal se adhirió un gran porcentaje del personal de YPF. Desde la perspectiva de los ex trabajadores 'eran retiros voluntarios obligatorios, que firmabas sí o sí', dado el contexto coercitivo en el que se llevó a cabo esta política de retiros. Las amenazas constantes de las jefaturas eran moneda corriente en el espacio de trabajo. Fundamentalmente, a los que no se adherían a los retiros voluntarios, se los hostigaba con el despido y la pérdida del beneficio de la indemnización.

El sufrimiento por la pérdida inevitable de la empresa, sumado a un contexto que no daba margen para otra opción y la fragmentación del colectivo de trabajo permite pensar a los retiros voluntarios como 'despidos ocultos'.

'Yo me fui, me fui tranquilo, con la conciencia tranquila... Esa noche que yo la tomé, me atajó la guardia ese día y me dijo, 'Nos van a echar a todos'. Entonces yo llamé al encargado, bien ortiva, viste, y le digo '¿Qué pasa acá con la lista de echados?' 'No, es una lista de ranking', me dice, 'No, a mi cantame la justa por que yo no me chupo el dedo' 'No, es una lista de echados'. 'Bueno poneme primero, segundo y tercero'.

Salgo de acá me lleva el micro, llego a casa a las 5 y media de la mañana y le digo: '¡Gorda!', '¿Qué pasa?' me dice. 'Me echaron, no trabajo más en YPF', le digo.'Bueno, por lo menos vas a dormir todas las noches acá'. Eso fue lo que me dijo. Con eso me bastó y alcanzó para dejar la cabeza tranquila.'(Relato de un ex trabajador de la Refinería La Plata)

A principio de los '90 se abrió el camino a un constante hostigamiento, donde el clima de incertidumbre y rumores respecto a los despidos tornaba traumáticas las experiencias individuales de los trabajadores.

Por otra parte, los cursos de capacitación, otra estrategia de racionalización de personal, constituyeron la antesala del despido del trabajador. Con esta política se alejaba de forma definitiva al trabajador del ámbito de trabajo. El trabajador debía elegir entre diversos cursos de capacitación para los que la empresa afrontaba todos los gastos requeridos. Los cursos duraban aproximadamente un año, y durante este tiempo, el empleado percibía normalmente su salario y beneficios sociales, como si se encontrara en el puesto de trabajo. El discurso oficial que justificaba los cursos se centraba en la posibilidad de los despedidos de poder insertarse nuevamente en el mercado laboral. Aunque se trataba de oficios y cursos que no reflejaban una capacitación orientada a las exigencias de un mercado. Los cursos, como estrategia empresaria, aceleraron el proceso de fragmentación de los trabajadores, desarticulando una cotidianeidad compartida durante años y fundamentalmente los alejaba de sus compañeros.

Los emprendimientos fueron una salida de los trabajadores frente a la inminente reestructuración de la empresa. El personal despedido de YPF se organizó tomando distintas formas jurídicas -ya sea como sociedades anónimas, cooperativas o SRL- para ofrecer el mismo trabajo/servicio que antes hacían desde el interior de la empresa, pero ahora como personal subcontratado. En un principio, YPF les aseguraba una subcontratación de dos años, y luego entrarían en la ley de la 'libre competencia'. Pasado el tiempo estipulado de contratación, estos emprendimientos quedaron en su mayoría sin efecto, ya que debieron participar en procesos licitatorios con empresas más competitivas, mejor capacitadas tecnológicamente, frente a su inexperiencia en materia empresaria.

'¿Sabés que fue eso? Engaña pichanga fue eso. Porque le daban la opción, pero qué pasa ¿con quién tenés que competir? Con empresas multinacionales, que van a poner, listo y se terminó'. (Relato de un ex trabajador, Refinería La Plata)

Parte de las consecuencias de una deficitaria política de inserción laboral para los trabajadores despedidos fue, en general, el fracaso de distintas experiencias cuentapropistas que se multiplicaron en las distintas zonas donde la empresa estatal ejercía su influencia.

A estas políticas de racionalización de personal que, en general, se utilizaron a lo largo de las dependencias y refinerías de YPF en todo el país, se suma la estrategia de despidos forzosos con la complicidad de la federación del sindicato. En la Refinería La Plata se llamó por todos los trabajadores 'La Gran Echada'. En 1991 el sindicato filial Ensenada convoca a un paro nacional de actividades debido a un conflicto en la refinería de Salta. Este hecho, una de las últimas movilizaciones masivas convocadas por el sindicato, tuvo un alto acatamiento entre los trabajadores. Luego la huelga es declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y al día siguiente a la movilización, son despedidos aproximadamente 1500 trabajadores.

'Una masacre fue, echaban de a 20 tipos por día. Y vos entrabas todos los días y no sabías si ibas a entrar. Entrabas al laburo como todos los días y había 10 milicos de prefectura con una sábana, que llaman a esos papeles gigantes. Y te decían: 'Nombre', 'Fulanito' y te buscaban en la sábana. Si estabas, no entrabas. Por ahí venía uno atrás tuyo y decían nombre, qué sé yo, 'No puede entrar', listo'. (Relato de actual trabajador de Refinería La Plata)

Estrategias similares se registraron en otras localidades, por ejemplo en Comodoro Rivadavia con lo que se dio en llamar la 'huelga de la traición':

'Con la federación siempre fue horrible la relación. De hecho en aquellos momentos [década de los 90] nos hicieron hacer un paro que después echaron a todos. Fue el paro de la traición. Mandaron al muere a muchos compañeros. Con perforación hicieron un desastre' (Ex delegado del SUPE, filial Comodoro Rivadavia)

La complicidad de la cúpula central del sindicato y su articulación con el proceso privatizador fue fundamental en la racionalización del personal. Desde la perspectiva de los trabajadores, el ex Secretario General Diego Ibáñez es indicado como uno de los responsables de la privatización de YPF.

'Esto más o menos se arregló así. En ese tiempo estaba Estenssoro, cuando se hizo cargo de YPF, es decir, hasta ahí no habían echado a nadie. Se hace un viaje a Alemania entre Menem, Estenssoro y el compañero [irónicamente] Ibáñez...En ese viaje surge la discusión de con cuánta gente esta destilería podría funcionar...Y ahí arreglaron con Ibáñez, se fabricó un paro que no existió, nos sacaron a la calle, y después lo demás ya es historia conocida...' (Relato de ex trabajador de YPF, Refinería La Plata)

Durante mediados de los '90, a pesar de numerosas demostraciones de lucha como marchas, cortes de ruta, y solidaridad entre los trabajadores, el conflicto se logró situar en el plano individual. Los ex trabajadores de YPF a partir del proceso privatizador, fueron conformando experiencias condicionadas por la desocupación. Es decir, que se desestructuró al sujeto trabajador como sujeto social/colectivo y se impuso la experiencia de la desocupación en términos individuales. Dando origen a la fragmentación del colectivo de trabajo, a la vez que actuó como mecanismo de disciplinamiento sobre aquellos trabajadores que mantuvieron sus empleos.

Las distintas estrategias de racionalización de personal desestructuraron la totalidad de las relaciones que se sostenían en torno a la empresa estatal. La privatización de YPF implicó múltiples fracturas en distintos niveles en el colectivo de trabajo. En primer lugar, los que 'quedaron dentro' y lo que 'quedaron afuera'. Los que se sumaron a los retiros voluntarios y los que decidieron resistir. Los que se convirtieron de la noche a la mañana de trabajador a 'empresario' a través de los emprendimientos. Y en el contexto de tercerización laboral y flexibilización, 'los propios de YPF' y 'los de las empresas', estos últimos haciendo referencia a los trabajadores tercerizados.

En la Refinería la Plata hay aproximadamente dos mil quinientos trabajadores, entre operadores de planta, técnicos, profesionales, profesionales inspectores de la tercerización y personal tercerizado, aunque sólo seiscientas personas conforman el personal contratado por YPF. El resto de los mil novecientos trabajadores es personal subcontratado. Esto configura como resultado una distribución de 24% de trabajadores de YPF, mientras que el 76%, es personal tercerizado, que corresponde principalmente al área de mantenimiento.

Una de las características de los trabajadores subcontratados es la profunda heterogeneidad que predomina entre los sujetos. A la diferenciación de los salarios, que varían considerablemente, se le suma el nivel de la formación. Estas diferencias conllevan distintas relaciones con el personal contratado de YPF, que se reflejan en la cotidianeidad del trabajo. Muchos de estos trabajadores deben realizar otros empleos para llegar a una remuneración a fin de mes que les permita la subsistencia, ya que los salarios de algunos de éstos por su trabajo subcontratado son visiblemente bajos.

Esta situación en general lleva a una importante fragmentación del colectivo de trabajo, configurando un espacio en el cual se encuentran en el mismo lugar sujetos de distintas empresas que pertenecen a distintos gremios, con convenios y remuneraciones diferentes y condiciones de trabajo totalmente asimétricas.

A casi una década de la reestructuración y privatización de YPF y de otras empresas estatales, podemos decir que las consecuencias e implicancias que acarreó este proceso privatista, todavía no fueron investigadas ni registradas en su profunda complejidad.

* Hernán M. Palermo es Licenciado en Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Miembro del MORENO.

LATINOAMERICA

Argumentos de por qué Uribe y no Chávez debería ser llevado a la Corte Penal Internacional

Ewa Sapiezynska y Fernando Casado Gutiérrez

Rebelión 08-03-2008

En el medio de la crisis política entre Ecuador, Colombia y Venezuela por el asesinato de Raúl Reyes, el número dos de las FARC, en territorio ecuatoriano, Álvaro Uribe anunció la denuncia de Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional (CPI) “por patrocinio y financiación de genocidas”. Al parecer Uribe había encontrado en una computadora perteneciente a Raúl Reyes, y que sobrevivió al bombardeo del campamento donde se encontraba, información que “prueba” que Chávez donó a las FARC 300 millones de dólares y una dotación de armas.

La CPI sita en la Haya (Países Bajos) fue creada para enjuiciar “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto” (artículo 5 del Estatuto de Roma que regula la CPI). Estos crímenes son genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. Por genocidio se entiende “la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” (art. 6). Dada esta definición del genocidio no es posible aplicarle el calificativo a Chávez, sobre todo teniendo en cuenta que son los documentos supuestamente hallados en una computadora lo que le vincula a las FARC.

Las calumnias vertidas sobre Chávez en realidad no se las cree ni el mismo Uribe, de hecho la mayoría de los miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que integran los ex gobernantes colombianos entre otros, le planteó a Uribe reconsiderar la demanda ante la CPI durante una reunión el martes 4 de marzo en la que analizaron la crisis diplomática con Ecuador y Venezuela. Seguramente la Comisión se dio cuenta de lo ridículo de la acusación, pero el daño ya estaba hecho, aunque el farol de Uribe no llegue a más, los principales medios de comunicación occidentales publicaron la denuncia contra Chávez y muchos de ellos se atrevieron a dar como cierta su relación con las FARC, con lo que la táctica de distracción, en la que el agresor se hizo pasar por víctima, tuvo el efecto esperado.

Ahora en cambio, podríamos estudiar las posibilidades que existen de sentar a Uribe en el banco de los acusados de la CPI. Primero, habría que ver los vínculos que tiene Uribe con los grupos de paramilitares que existen en Colombia, para después establecer si las actividades delictivas de estos grupos criminales podrían caer dentro de la jurisdicción de la CPI.

El llamado escándalo de la “parapolítica”, por el se han descubierto nexos entre altos cargos públicos colombianos y los paramilitares, ha llevado ante las instancias judiciales colombianas hasta ahora a 56 congresistas y muchos altos cargos públicos. Hoy día ya son 22 los congresistas [1] que están en la cárcel, todos pertenecientes a partidos políticos parte de la coalición que apoyó a Álvaro Uribe a conseguir la presidencia. Los últimos 5 curules fueron detenidos a finales de febrero, lo que muestra que el escándalo continúa y para nada se descartan nuevos arrestos en el futuro. La detención uno de esto congresistas, el senador Álvaro Araújo Castro, por sus vínculos con grupos paramilitares, provocó la renuncia de su hermana que fungía en ese momento como Canciller en el gobierno de Uribe.

Entre los funcionarios de alta confianza y nombrados por Uribe implicados en el escándalo y detenido actualmente, encontramos a Jorge Noguera, el ex director del Departamento de Seguridad (DAS). Noguera, ha sido acusado de permitir la infiltración de paramilitares en el DAS. También fue acusado de haber otorgado a los paramilitares una lista con nombres de sindicalistas, muchos de los cuales fueron asesinados subsecuentemente. Su proceso sigue en curso ante la Fiscalía.

El vicepresidente de Uribe, Francisco Santos Calderón, ha sido señalado por un ex jefe desmovilizado del grupo armado ilegal de las AUC, de haberle propuesto crear una organización paramilitar que operara en Bogotá. Por lo que también podría ser llevado a los tribunales si salen a la luz las pruebas necesarias para incriminarle. Incluso el hermano del Presidente, Santiago Uribe, y su primo, el senador Mario Uribe Escobar, podrían estar implicados en delitos de lesa humanidad. Respecto a Santiago, la Justicia informó que "se dictó un auto inhibitorio" y que "si en algún momento aparecen nuevas pruebas, se puede reiniciar la investigación".

Los grupos armados ilegales de extrema derecha, normalmente conocidos como paramilitares, son responsables de una gran cantidad de crímenes que entran dentro de la categoría de lesa humanidad [2] , enjuiciable ante la CPI. Los fiscales de Colombia que investigan a los paramilitares desmovilizados han documentado unos 14.000 crímenes atribuidos a ellos. Son casos de ejecuciones, matanzas, torturas, desapariciones forzadas y expropiación de bienes, entre otros [3] . Estas actividades se han realizado de manera sistemática y donde el blanco han sido justamente los movimientos sociales, organizaciones comunales y partidos políticos de izquierda.

Muchos de los delitos fueron cometidos después de julio de 2002, momento a partir del cual entró en funcionamiento la CPI, y pese a que Colombia realizó, por el artículo 124 del Estatuto de Roma [4] , una salvaguarda respecto de los crímenes de guerra [5] , todavía se pueden juzgar ante la CPI los delitos de lesa humanidad que se han llevado a cabo por los paramilitares, que no son pocos.

De hecho la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una ONG que reúne a 116 organizaciones en cerca de 100 países, ha introducido varias comunicaciones ante la Fiscalía de la CPI para que investigue a los responsables de crímenes bajo su jurisdicción en Colombia. Según la FIDH, la Ley de Justicia y Paz promovida por el gobierno de Uribe para desmantelar los grupos paramilitares es solamente una pantalla, pues en realidad con esta ley se está legitimando la impunidad de sus crímenes.

Dados los estrechos lazos entre los paramilitares (de quienes hay pruebas de la imputación de delitos de lesa humanidad) y el gobierno y familia de Uribe, junto a la impunidad reinante por los delitos cometidos ayudados con la Ley de Justicia y Paz, podría perfectamente presentarse una demanda ante la CPI para que el Fiscal de este organismo investigue la responsabilidad de Uribe y otras personas, a la vez que evalua la Ley de Justicia y Paz.

El miercoles 5 de marzo por la noche, durante una rueda de prensa conjunta con el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, Chávez expresó que quería presentarse ante la CPI, pero acompañado de Uribe. Chávez sabe que él tiene las manos limpias de sangre y Uribe no. En fin, no nos apresuremos, Uribe simplemente quiso hacer un pequeño ”show”, la realidad es que el caso de la parapolítica avanza y que la CPI está consolidándose. Para desgracia de Uribe ya existen precendentes recientes en el que las instancias judiciales extranjeras, la cooperación judicial y la presión internacional han servido para llevar a juicio a ex presidentes criminales, y si no que se lo digan a Pinochet o Fujimori. Lo que esta claro es que tarde o temprano, aunque no creo que demasiado tarde, y por sus propios actos, Uribe también caerá, Chávez si sigue como hasta ahora no.

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[1] Los nombres de estos congresistas son: Álvaro García Romero, Erick Julio Morris, Jairo Merlano, Álvaro Araújo Castro, Dieb Maloof, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Miguel Alfonso de la Espriella, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, José Santos Negrete, William Montes, Óscar Wilchez, Karelly Patricia Lara Vence, Luis Humberto Gómez Gallo, Ciro Ramírez, Luis Fernando Almario, Pompilio Avendaño y Dixon Tapasco y Enrique Emilio Ángel.

[2] El crimen de lesa humanidad se considerará “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; (…) d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física; (…) f) Tortura; g) Violación; (…) h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos;(…) i) Desaparición forzada de personas; (…)k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” Art. 7 del Estatuto de Roma.

[3] La ONG Centro de Investigación y Educación Popular documentó por medio de su Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política 14.476 crímenes de lesa humanidad perpetrados por los paramilitares. El estudio recoge 11.161 casos de personas ejecutadas, 1.869 desaparecidas y 164 torturadas.

[4] El artículo 124 establece: “…al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio…”. Estas categorías establecidas en el artículo 8 son(como se dijo más arriba): genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión.

[5] “(…)A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”: a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber (…): i) El homicidio intencional; ii) La tortura o los tratos inhumanos (…); iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud; iv) La destrucción y la apropiación de bienes (…); v) El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga; (…)vii) La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal;

viii) La toma de rehenes; b) Otras violaciones graves de las leyes (…)” Art. 8 Estatuto de Roma.

San Juan de pie contra el saqueo

Katy García

PrensaRed 25-02-2008

La resistencia social al modelo de explotación minera no sustentable se reproduce a ambos lados de la cordillera de los Andes. Miles de voces disidentes intentan perforar el muro construido por gobernantes y multinacionales.

Un fuerte grito brotó de las gargantas de un grupo de argentinos y chilenos que marcharon por la calle principal de El Rodeo, departamento Iglesia, en la provincia de San Juan. Cruzó la cordillera, se escuchó en Chile y los vientos y el río Jáchal lo propagaron por todo cuyo. 'No a la minería contaminante, sí a la vida', proclamaban.

Fue durante el Encuentro en Defensa de la Cordillera y el Agua realizado del 8 al 10 de febrero en esa localidad y que reunió a diversos actores sociales de la provincia de San Juan y de otras regiones del país afectadas por la misma problemática. Asistieron representantes de organizaciones de la producción, sindicales, sociales, ciudadanas, de los pueblos originarios, políticas, periodísticas y vecinos autoconvocados.

A ellos se sumaron miembros de juntas vecinales y del medio ambiente de Chile. Unos y otros condenaron el modelo de desarrollo basado en la minería depredatoria que contamina el medio ambiente, pone en riesgo la provisión y el consumo de agua, extrae recursos no renovables y recibe migajas de las ganancias que la Barrick-Gold obtiene de la explotación a cielo abierto de la minera Veladero.

Por otra parte, se oponen a la iniciación del mega proyecto Pascua Lama que se encuentra detenido en la fase de instalación, porque amenaza con la destrucción de la cuenca hídrica y de los glaciares. Los pobladores advierten que de ponerse en marcha las economías regionales basadas en actividades agrícolas y turísticas, morirán.

La reunión fue promovida desde la cancillería. Este hecho produjo un corto circuito entre algunas organizaciones que cuestionaron la participación de sectores ligados al kirchnerismo y no fueron. Silvia Ferreira, de la organización, recordó que esta idea 'nació en una Cumbre de los Pueblos realizada en Chile. Durante 2007, hubo 12 encuentros y vimos la necesidad de juntarnos aquí, donde hay más de 180 proyectos en carpeta y nos pareció importante darle visibilidad al problema e interesar a algunos diputados'.

Precisamente, Cecilia Merchán y Ariel Basteiro, miembros del bloque Encuentro Popular y Social, participaron de la reunión. 'Estamos a disposición de las organizaciones que ya vienen trabajando. Además, sabemos que hacen falta nuevas leyes para transformar el país', expresó Merchán. 'Creo que haber terminado con un documento conjunto y un plan de trabajo es algo espectacular. Mi compromiso es trabajar con las organizaciones y en el congreso poder iniciar el debate sobre todos los recursos naturales', agregó.

Basteiro por su parte afirmó que 'los intereses económicos no pueden ser superiores a la vida de la gente. Por eso es importante participar en este encuentro y luego traducirlo en un proyecto de ley'.

Los emprendimientos mineros metalíferos provinciales son Veladero y Pascua Lama. Veladero se encuentra a 350 kilómetros, al norte de la capital sanjuanina, a una altura de entre 4000 y 4850 metros sobre el nivel del mar. El 2003, la empresa canadiense Barrick Gold obtuvo la aprobación del informe de impacto ambiental y en octubre de 2005 comenzó con las extracciones de oro y plata a cielo abierto utilizando cianuro en el proceso. Cuenta con una vida útil de 17 años en los que extraerá unos 13 millones de onzas de oro.

Pascua Lama es un mega proyecto binacional que le permitirá a la Barrick extraer oro, plata y otros minerales durante 20 años. Fue adjudicado durante la gestión de Carlos Menem y Eduardo Frei. Durante el proceso se calcula que utilizaría más de 400 litros de agua por segundo y toneladas de cianuro y explosivos. La obra está en periodo de instalación. No cuenta aún con la aprobación ambiental y se sabe que su ejecución afectará a los glaciares.

Según el secretario general del Partido Comunista (PC), la primera fuerza política que toma la lucha antiminera en 2003, el técnico ambiental Marcos Barragán, por negarse a firmar informes adulterados por la empresa minera Barrick, fue preso y luego cesanteado. 'Está procesado y represaliado', denunció. Es así que al no contar con la aprobación el proyecto Pascua Lama se detuvo. Entonces, compraron Veladero.

'Uno de los problemas más serios es que los cupos de aguas ya están asignados. Estos emprendimientos requieren agua y se les ha otorgado el 35 % de lo que necesitan. El sistema de riego en la zona es artificial. Existe un código de agua y una constitución provincial que el giogismo quiere atacar para sacarle el agua a los viñateros', afirmó.

Enemigo silencioso

Así como la hipertensión es un enemigo silencioso que cuando aparece deja huellas en quien la padece, la explotación minera en la cordillera avanza desde Jujuy a Santa Cruz dejando daños ambientales graves. Muy pocos hablan del tema y los que protestan son acallados. Para eso el gobierno de José Luis Gioja tiene métodos convincentes. Sancionó un código capaz de persuadir a cualquiera sobre las ventajas de la política minera. Uno de sus artículos expresa que cualquier protesta pública que 'anuncia infortunios o peligros inexistentes que provoquen alarma en la población (…) será castigada con hasta 30 días de arresto'. Pascual Mancinelli, dirigente del Sindicato Unico de Obreros y Empleados Municipales (Suoem) ironizó: 'Monseñor dice que se viene el fin del mundo, o sea que está en falta. Tengo unos más de 20 procesos judiciales por cuestiones falsas y lo que quieren es sacarnos de la calle y llevarnos a los tribunales'.

José Ramos, de la Asociación de Viñateros, explicó que 'hemos perdido 748 productores viñateros, mientras el país y la agricultura tienen un desarrollo espectacular. La vitivinicultura a nivel macro económico ha crecido y las exportaciones de pasa y mosto concentrado, alcanzaron un record histórico. Pero los productores van desapareciendo, porque la estrategia es que sean menos para darle el agua a las mineras'.

En ese sentido revalorizó el debate entre las organizaciones que quieren un modelo 'agrícola, industrial, turístico y minero no contaminante ni metalífero'. Recordó que 'somos el principal centro calero del país'. Luego desmintió aquél argumento que anunciaba que si no se desarrollaba la minería metalífera habría que expulsar a 200 mil sanjuaninos. 'Estas empresas no nos dejan nada, y todo esto que la prensa lo muestra como fabuloso es mentira. Se llevan el oro y acá no queda nada', sentenció.

Por su parte el intelectual y periodista Daniel 'Chango' Illanes, opinó que 'esto es un crimen ecológico. La minería es un ecocidio y creemos también que debe haber otras discusiones como el diseño de un nuevo modelo porque el actual instalado por el giogismo está agotado'. En esa línea, definió que 'en San Juan la guerra del agua ya comenzó. Es parte de una lucha social muy fuerte y hay que tomar partido en esa dirección. Nosotros estamos a favor de la producción genuina, de bienes renovables que generen un modelo diferente, por eso luchamos junto a sectores sindicales y productivos'.

En el mismo sentido se expresó el productor Janson, miembro de la Federación de Viñateros y del Centro de Productores de Calingasta quien alertó que 'San Juan esta amenazada de extinción porque no hay actividad económica, ni vida que se pueda desarrollar sin agua. Estamos a contrapelo del planeta. No hay alternativa para vivir si no proviene de las cuencas de los ríos San Juan y Jáchal'. Lamentó también que la comunidad se haga cómplice del gobierno 'por la razón que sea, temor o conveniencia'.

Hugo Leglise, secretario general de ATE y de la CTA, manifestó que el problema 'no es de un solo sector'. Entonces, 'la dirigencia asume compromisos en defensa de la sociedad. Como miembros de ATE le decimos no a la minería que contamina. Nosotros creemos que el agua será el próximo conflicto mundial y tenemos que preservar las reservas para las generaciones que vienen'. Se mostró optimista con la convocatoria que demandó a los asistentes sacrificios. 'Creo que tenemos que trabajar todos en la justicia y también en los colegios', finalizó.

Al otro lado de la cordillera

Eduardo Medina, presidente del Consejo de Defensa del Medio Ambiente (Codema) de la comuna chilena de Maipú, y presidente del Renace consideró que el problema del agua y de la cordillera es crucial. Porque 'el agua debe ser un derecho humano fundamental' y no debe ser 'privatizado'. Con respecto al proyecto minero Pascua Lama expresó que 'es uno de los crímenes más grandes que se están cometiendo en nuestra región porque hay denuncias acerca de la demolición de glaciares'. En ese orden argumentó que el escenario actual 'tiene que ver con el modelo de desarrollo elegido por los gobernantes: un modelo neoliberal, que acaba con los recursos naturales, tala los bosques, contamina las aguas y lleva miseria a la población'. Así, 'las trasnacionales son las mismas en todas partes, por eso nuestra lucha también tiene que ser globalizada', sentenció.

En la comuna de Maipú ya tienen problemas en la provisión de agua. Primero porque la presentación de megaproyectos pondría en peligro el estado sanitario. Luego, porque 'el tratado maldito firmado por Menem y Frei que entregó gratuitamente el recurso y el saqueo para dejarnos el hoyo y la contaminación'. Pero-aclara- no es solo la Barrick que opera en el valle de Huasca, sino que hay una serie de otros proyectos que utilizan gran cantidad de agua y dejan a los productores sin agua. También acusó al Estado de no respetar las normas. 'Codelco la más grande empresa de cobre de Chile también contamina y no hacen nada'.

Otras voces

Consultado el diputado bloquista Jorge Espejo expresó que su partido siempre apoyó a la minería como industria 'porque crea fuentes de trabajo y progreso para los pueblos. Fue una bandera del bloquismo, incluso los trámites de la minera Veladero se realizaron durante la gestión del gobernador bloquista Gualdino Acosta', amplió. Espejo destacó que 'no hay una contaminación dañina. Sabemos que existe, pero no perjudicaría la vida humana, animal, la flora y la fauna'. Pero, no come vidrio así que rápidamente señaló que 'donde nosotros no llegamos- los controles- no ponemos la manos en el fuego' tras lo cual abogó para que se brinde mayor información al pueblo sobre 'cuáles son las faltas y como se corrigen, porque sabemos que hubo derrames y filtraciones'. También se mostró partidario de que se 'incluya en la currícula de las escuelas, información del impacto ambiental y los controles que se realizan'. El legislador contó que 'nunca hemos conocido ni recibido denuncias de contaminación con fundamentos y pruebas.
Solo rumores, nada concreto'. Cabe destacar que el bloquismo apoyó la candidatura a gobernador de Gioja en las últimas elecciones.

De la conversación entablada con diferentes personas del lugar la conclusión es clara. La mayoría piensa que la mina está contaminando. Pero, no hay un espacio donde puedan socializar sus miedos y sospechas y así poder avanzar en organización. Por caso, comentan por lo bajo que George Buch es uno de los mayores accionistas de la empresa y que en realidad no busca oro sino uranio para la industria de la guerra. También dicen que el empleo no es significativo y que será pan para hoy y hambre para mañana.

Un ex empleado de la mina, que trabajó dos años en Veladero, cuenta su paso por la empresa. Un año estuvo en el área de medio ambiente y el otro como chofer de los camiones gigantes. Tuvo un accidente en el camión y fue despedido. No les hizo juicio porque 'los que lo hacen, después no consiguen trabajo. Aparte, cuando entrás, firmás como tres biblias juntas', graficó. No hay sindicatos que los defiendan y los reclamos son tomados por un empleado de la empresa.

Los periodistas están en el palacio

Medios, periodistas, gobernantes y la empresa Barrick fueron los más criticados por los dirigentes sociales. Las actividades fueron invisibilizadas por los medios masivos que optaron por cubrir el viaje a lomo de mula realizado por 'el gobernador de las mineras' y su séquito que crece año tras año.

'Los periodistas están complotados en un 99% con el gobierno y con la Barrick que son lo mismo. El periodismo está en la vereda de enfrente, está en el palacio y no en la plaza. Canal 8 y canal 11-del grupo Vila Manzano- responden a Gioja. El diario de Cuyo está en su peor época y hace poco nos hemos dado el lujo de responder a las mentiras, usando las herramientas que da la constitución', contó el periodista de FM Municipal, Ernesto Lloveras. Se refiere al derecho a réplica que el diario tuvo que otorgarle al gremio municipal. Lloveras se siente muy dolido con sus pares a los que considera 'lobbistas' y no periodistas. Hace seis meses, fue despedido de un diario 'porque no mandaba por fax, a la casa de gobierno, lo que se iba a publicar al otro día. En 30 años nunca vi algo así'.

En esa línea, Ramos manifestó que la prensa local no promueve el debate sobre 'qué San Juan queremos. Salvo radio Municipal y el diario del Chango Illanes, los demás no hablan del tema. Esta minería esta prohibida en el mundo y en el país, seis provincias lo han hecho. El agua es nuestra vida y si se usan en estos mas de 180 proyectos, nos quedamos sin agua y corremos el riesgo de desaparecer', enfatizó.

La radio del pueblo

Pascual Mancinelli, representa a 4500 afiliados en la provincia. 'Una empresa que no es chilena ni argentina viene a saquear el oro y a dejarnos la contaminación. Decían que hay unos 3500 trabajadores y de aquí hay unos 600. Las regalías son por declaración jurada, asi que la moneda que tiene San Juan es por la vitivinicultura, los productos agropecuarios y el carozo que deja un círculo virtuoso', relató.

Acosados por los medios de prensa y sin contar con derecho a réplica, tramitaron una radio FM. Desde hace seis años están en el aire tras ganar la disputa con una empresa española. 'Ofrecemos libertad de expresión y derecho a la información porque este derecho está asegurado en la constitución', afirmó entusiasmado. Como no reciben avisos del gobierno ni de la Barrick hablan del tema con total libertad.

Desafíos pendientes

Al inicio del encuentro, sorprendió que un grupo de gendarmes apostados en la ruta, detuvieran al pasaje durante 45 minutos. En ese tiempo, controlaron meticulosamente la papelería de los choferes. Este hecho fue interpretado como un acto intimidatorio porque no es frecuente. Si hubiera habido una contravención- especulan- con labrar un acta hubiese bastado. Luego trascendió que un rumor sugería que se 'iban a hacer piquetes'.

Uno de los ejes de la propaganda de la minera es la creación de fuentes de trabajo para la región. Varios ex empleados aseguran que no es así. Los reclutan en otras provincias o en países como Perú, Bolivia y Canadá.

El gobernador es un férreo defensor del proyecto minero contaminante. Desafía a las organizaciones tomando el agua que, según estudios realizados por las Madres Jachalleras, ya presenta arsénico y otros metales pesados por encima de los valores tolerables.

Poco a poco, las patas cortas de la gran mentira aparecen. No hay regalías. Las fuentes laborales no son significativas y lo único que va a quedar en 20 años será un desierto contaminado que, de no mediar una solución de fondo, obligará a los habitantes de la zona al éxodo. Un panorama sombrío que la sociedad organizada está dispuesta a revertir. Un paso, fue la declaración de Rodeo. Pero del dicho al hecho, como dice la sabiduría popular, hay un trecho.

Acerca de la inventada prohibición sobre Alejandro Sanz

Carta, sin ningún cariño, a algunos cómicos patéticos

Carlos Tena

Rebelión 23-02-2008

Vaya por delante mi respeto, que no mi cariño, por cualquier ser humano que se enfrenta a una multitud, en la esperanza de que le ovacionen por lo que diga o cante, aunque en cualquiera de ambos casos, lo que deduzco es que la necesidad del aplauso constante es peor la droga más peligrosa.

Pero aún más lamentable es que, pudiendo obtener información veraz, rigurosa y objetiva, personas que gozan de una posición económica envidiable, sean tan capullos (un eufemismo que utilizo en lugar de gilipollas, que tan vez fuera más exacto en el caso del que me ocupo), que confundan churras con merinas, tal vez porque desde hace tiempo, tienen decidido quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ya que aquellos que les abonan cantidades millonarias por sus trabajos, podrían tomar represalias, en el hipotético supuesto de que actuaran de forma distinta, ante hechos como el de la inventada prohibición para que el caricato Alejandro Sanz desgranara, en la bendita Venezuela, sus malas imitaciones de tonadas italianas, remedando igualmente a los urlatori de aquel país.

Lo que Serrat y Sabina han firmado, además de unos cuantos bienintencionados colegas del este infame remedo de Marco Massini, protestando por esa falsa noticia de la no menos inexistente prohibición, demuestra varias cosas. En primer lugar, la vejez prematura que ataca a los firmantes, que les impide demandar, por otras vías de información que las que habitualmente les sirven, otras realidades que contrasten la ya aceptada, con el sano propósito de conocer algo parecido a la objetividad.

Mas, ¡oh, cruel destino¡, las neuronas de Serrat y Sabina han resbalado en la yema de huevo, pero las de Fito Páez (uno de los peores cantantes que he tenido la desdicha de escuchar, aunque jamás en directo porque yo me cuido mucho), deben estar en huelga general desde hace lustros. No es coincidencia que entre el de Jaén y el de Buenos Aires surgiera aquel patético disco titulado Enemigos Íntimos. En mí, ya tienen a otro.

En segundo término, la lista de protestantes por el inventado hecho del veto al tal Sanz en Caracas, rezuma ignorancia por todos lados, habida cuenta que la prensa que leen los signatarios del libelo ha ocultado siempre: o sea, la verdadera historia de esa falacia, que ya se aclaró convenientemente en las instancias consultadas, incluyendo los hoteles en los que el histrión Sanz suele hospedarse. Afirmar, como hizo, que el Tamanaco o el Meliá le negaron una suite, es como asegurar que el George W. Bush cumple con el cociente intelectual de un ser humano.

El ministro del ramo de la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, Francisco Sesto, ha escrito con cariño y admiración a los mismos cómicos a los que yo me dirijo, una misiva en la que viene a aclararles aquello que deberían haber conocido, si hubieran tenido al menos la inteligencia de contrastar hechos (que no opiniones). Eso es lo malo: que todos los incautos que pusieron su nombre en el panfleto, queriendo erigirse en quijotes defensores del maltratado Sanz, jamás quisieron conocer la realidad, porque la opinión ya la tenían formada y definida como una verdad absoluta, sin tener otro dato que lo que Alejandro les aseguraba. Tal vez no saben que el lamentable imitador de Fausto Leali, acostumbra a ser tan mentiroso como Felipe González en sus mejores tiempos.

Es curioso también, que muchos de los firmantes hayan manifestado su intención de votar al PSOE el próximo 9 de Marzo, acaso para tranquilizar su supuesta conciencia de seres situados a la izquierda, porque lo único que les queda para sentirse demócratas es intentar detener la irresistible ascensión del franquismo del PP. No puede haber mayor ridículo para estas cándidas criaturas que aún creen que defienden la libertad de expresión, que admitir que no hay otra alternativa. Las hay y muchas: la primera es ser honesto y denunciar a los cuatro vientos, en CD, CD-ROM, DVD, o en casette proletaria, que nunca una España fue tan aburrida y desinformada, anti democrática y casposa, como esa que presume de primer mundista.

Todo ellos quieren aparentar poseer una valentía y un coraje dignos de encomio, por lo que me atrevo a preguntarles:

¿Por qué no os atrevisteis poner nombre y apellido o a levantar siquiera un dedo, para denunciar las continuas torturas demostradas en esa democracia?

¿Por qué ninguno habéis osado protestar ante las amenazas al cantante Fermín Muruguza o al grupo Sociedad Alkohólika, cuando fueron acusados de compañeros de viaje de ETA?

¿Por qué ninguno de vosotros habéis firmado siquiera una carta de apoyo a vuestros colegas cubanos, ante la vesania que sufren todos los creadores de esta isla, a quienes desde hace años se les tiene vetado actuar en EEUU, ya que son considerados un peligro para la seguridad del estado?

Y ya, en plan más costumbrista: ¿por qué ninguno os atrevisteis a firmar contra la decisión del Obispado de Jaca, administrado por el prelado de Huesca, Jesús Sanz, que denegó el permiso para un concierto de música antigua mudéjar, a cargo del grupo Axivil Aljamía, acompañado por el cantaor Pedro Sanz?

¿Por qué no tuvisteis arrestos para protestar por las amenazas al actor Pepe Rubianes en las televisiones y teatros de esa España tan democrática?

¿Por qué? Sencillo y rotundo. Lo que manda Prisa es una orden para Serrat, Sabina, Páez y toda la extensa ristra de crédulos que firmaron el escrito. Pero lo más repelente es que ninguno de ellos, sabiendo que han orinado fuera del tiesto, pedirá disculpas y rectificará. Y es que eso es sólo de sabios.

Naomi Klein

Por qué a la derecha le encanta el desastre

naomiklein.org/ 06-02-2008

Traducido para Rebelión por S. Seguí

La agencia de calificación Moody’s asegura que la clave para resolver los problemas económicos de Estados Unidos está en la drástica reducción de los desembolsos de la seguridad social. La National Association of Manufacturers (Asociación National de Fabricantes, patronal) afirma que la receta consiste en que el Gobierno federal acepte la “lista de la compra” de esta organización en la que se prescriben nuevos recortes fiscales. Para la publicación Investor's Business Daily el permiso para realizar prospecciones petrolíferas en la Arctic National Wildlife Refuge (Reserva natural ártica de Alaska) constituye “probablemente el estímulo más importante de todos.”

Pero de todos estos cínicos intentos de camuflar como “estímulos económicos” lo que no es sino la apropiación masiva de recursos por parte de los capitalistas, la palma se la lleva Lawrence B. Lindsey, ex asistente del presidente Bush para asuntos económicos y asesor de éste durante la recesión de 2001. El plan de Lindsey consiste en resolver la crisis desatada por la práctica de préstamos fraudulentos mediante una gran ampliación de los créditos de riesgo. “Una de las soluciones más fáciles sería permitir que los fabricantes y distribuidores –en particular, Wal-Mart— abriesen sus propias instituciones financieras, mediante las cuales podrían negociar empréstitos y conceder créditos”, afirmó recientemente Lindsey en un artículo en el Wall Street Journal.

No importa que un número creciente de estadounidenses no puedan hacer frente a los pagos de sus tarjetas de crédito, y tengan que empeñar sus pensiones y perder sus hogares. Si Lindsey se sale con la suya, antes que perder sus ventas, Wal-Mart podría simplemente prestar dinero a sus clientes para que siguieran comprando, convirtiendo así en la práctica a este gigante minorista en una cadena de tiendas a la antigua usanza, a la que los estadounidenses llegarían a deber hasta su alma.

Si esta clase de oportunismo en tiempos de crisis le resulta a usted familiar es porque realmente lo es. En estos últimos cuatro años he investigado un ámbito poco estudiado de la historia económica: la manera como las crisis han allanado el camino para el avance de la revolución económica derechista en todo el planeta. Se produce una crisis, se extiende el pánico y los ideólogos llenan la brecha reorganizando rápidamente las sociedades en interés de los grandes entes corporativos. Es una maniobra que llamo “capitalismo del desastre”.

En ocasiones, los desastres nacionales que han hecho posible esta maniobra han sido hechos tangibles, como guerras, ataques terroristas, desastres naturales. Pero con más frecuencia se ha tratado de crisis económicas: endeudamiento creciente, hiperinflación, choques monetarios, recesiones.

Hace más de una década, el economista Dani Rodrik, entonces en la Universidad de Columbia, estudió las circunstancias en las que los gobiernos habían adoptado políticas librecambistas. Sus conclusiones fueron llamativas: “No ha habido un solo caso significativo de reforma librecambista en un país en desarrollo en la década de 1980 que se haya producido fuera del contexto de una crisis económica grave”. En la década de 1990 se produjo un extraordinario ejemplo de esta tesis: en Rusia, una economía en estado de fusión preparó la escena para una serie de privatizaciones aceleradas. A continuación, la crisis asiática de 1997-1998 abrió las puertas de los “tigres asiáticos” a una avalancha de compras extranjeras, un proceso que el periódico New York Times calificó como “la mayor operación mundial de liquidación por cierre.”

No cabe duda de que, los países en situación desesperada suelen hacer todo lo necesario para conseguir salir del embrollo. Una atmósfera de pánico deja a los políticos con las manos libres para introducir cambios radicales que de otro modo serían demasiado impopulares, como por ejemplo la privatización de servicios esenciales, la reducción de la protección de los trabajadores y la introducción de acuerdos comerciales librecambistas. En una situación de crisis, el debate y el proceso democráticos pueden descartarse con facilidad como lujos inabordables.

Y surge la pregunta: ¿son útiles las políticas librecambistas, presentadas como curas de emergencia, para resolver realmente las crisis a que se enfrentan? Para los ideólogos en cuestión, este asunto no ha tenido la menor importancia. Lo que importa es que, en tanto que táctica política, el capitalismo del desastre funciona. El fallecido economista librecambista Milton Friedman, en su texto de introducción a la edición de 1982 de su libro “Capitalismo y libertad”, articuló sucintamente esta estrategia: “Sólo una crisis, real o supuesta, produce un cambio real. Cuando esta crisis se produce, las acciones que se adopten dependerán de las ideas predominantes. He ahí, creo, nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, y mantenerlas vivas y disponibles hasta que lo políticamente imposible se convierta en políticamente inevitable.”

Una década más tarde, John Williamson, importante asesor del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial (y creador de la expresión “consenso de Washington”) fue aún más allá. En una conferencia de creadores de políticas del más alto nivel preguntó si “sería concebible provocar deliberadamente una crisis como medio de eliminar las trabas políticas a las reformas.”

Una y otra vez, el gobierno de Bush ha echado mano de las crisis para eliminar las trabas que le impedían aplicar las partes más radicales de su programa económico. En primer lugar, una recesión proporcionó el pretexto necesario para realizar una serie de drásticas reducciones de impuestos. A continuación, la “guerra contra el terror” fue el inicio de una era de privatizaciones militares y de la seguridad nacional sin precedentes. Más tarde, el huracán Katrina permitió al gobierno dar “vacaciones fiscales”, recortar la legislación laboral, cerrar proyectos de viviendas públicas y transformar Nueva Orleans en un laboratorio de escuelas comunitarias (charter schools), todo ello en nombre de la “reconstrucción” tras el desastre.

Con estos antecedentes, los grupos de presión de Washington pueden razonablemente esperar que el actual temor a la recesión puede provocar una nueva ronda de regalos a las grandes corporaciones. Sin embargo, parece que la opinión pública está cada vez más avisada en relación con estas tácticas del capitalismo del desastre. Es evidente que el paquete de estímulo propuesto, por un valor de 150.000 millones de dólares, es poco más que una reducción de impuestos apenas camuflada, que incluye una nueva serie de “incentivos” empresariales. Pero los demócratas han parado un más ambicioso intento del Partido Republicano de financiar la crisis suprimiendo la reducción de impuestos pero echando mano de los fondos de la seguridad social. Por el momento, parece que la crisis desencadenada por la cerrada negativa a regular los mercados no será “reparada” dando dinero público a Wall Street para que juegue con él.

No obstante, a pesar de su resistencia –a duras penas—, los demócratas de la Cámara de Representantes parecen haber abandonado la idea de ampliar los subsidios de desempleo y de aumentar la financiación de cupones de comida y seguros médicos como parte del paquete de estímulo. Además, no han conseguido en absoluto aprovechar la crisis para proponer soluciones alternativas al statu quo puntuado por las crisis cíclicas, sean éstas medioambientales, sociales o económicas.

El problema no es la falta de ideas “vivas y disponibles”, para utilizar la expresión de Friedman. Hay muchas ideas practicables, desde los servicios de salud de pagador único a la legislación de un salario mínimo vital. Es posible crear cientos de miles de empleos con la reconstrucción de las achacosas infraestructuras públicas y con su transformación en favor del transporte público y las energías renovables. ¿Hay necesidad de fondos de lanzamiento de empresas? Se puede proceder a corregir las escapatorias fiscales que permiten que los gestores de fondos de inversión multimillonarios paguen sólo un 15% de sus beneficios de capital, en lugar del 35% aplicable como impuesto sobre la renta, y a adoptar un impuesto sobre las transacciones internacionales de divisas propuesto hace ya mucho tiempo. ¿Beneficio adicional? Un mercado menos volátil y expuesto a las crisis.

La forma en que se da respuesta a las crisis es siempre altamente política: he aquí una lección que los progresistas parecen haber olvidado. Hay una ironía en todo ello, por cuanto las crisis han dado lugar a algunas de las grandes políticas progresistas de EE UU. En particular, tras el dramático crash de 1929 la izquierda estaba preparaba y disponía de ideas propias: pleno empleo, grandes obras públicas, sindicalización masiva. El sistema de seguridad social que Moody’s desea fervientemente desmantelar fue una respuesta directa a la Gran Depresión.

Cada crisis es una oportunidad, y uno u otro la explotará. La cuestión es la siguiente: ¿va a ser esta confusión un pretexto para transferir aún más riqueza pública a manos privadas, y con ello borrar hasta el último vestigio de Estado del bienestar, siempre en nombre del crecimiento económico? O bien, ¿será este último fracaso de los mercados no reglamentados el catalizador necesario para revivir el espíritu del interés público, y tomar en serio las crisis de nuestro tiempo, desde la creciente desigualdad al calentamiento global y las defectuosos infraestructuras?

Los capitalistas del desastre han estado al timón durante tres décadas. Ha llegado el momento, una vez más, del populismo del desastre.

http://www.naomiklein.org/articles/2008/01/why-right-loves-disaster

S. Seguí pertenece a los colectivos de Rebelión y Cubadebate. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, el traductor y la fuente.

Argentina. El reino del revés

Meridian Gold vs los vecinos de Esquel

Ganaron los buenos

Lavaca 02-02-2008

La justicia rechazó la demanda que la minera canadiense presentó contra los integrantes de la asamblea de vecinos y periodistas. La Cámara Nacional de Apelaciones lo confirmó y uno de sus jueces fundamentó su fallo asegurando que 'hacer conocer la estrategia de la empresa para torcer la resistencia de los vecinos de Esquel a que, según ellos y con sobrados motivos, no se contamine el medio ambiente', jamás puede ingresar en el ámbito de la protección de secretos corporativos.

El fallo lleva fecha 25 de octubre de 2007. Ese día terminó por knock out el capítulo judicial de los vecinos de Esquel contra la multinacional minera Meridian Gold. Un nuevo triunfo, que se suma al plebiscito que el 23 de marzo de 2003 y con el 81% de los votos dejó en claro la voluntad de la comunidad: 'No a la mina'. En el dictamen, los integrantes de la cámara Nacional de Apelaciones reseñan el origen de la causa, los argumentos de la empresa, reproducen los párrafos más significativos de la grabación objeto del reclamo y declaran extinguida la acción penal contra los vecinos de Esquel -Nora Rodríguez, Alejandro Corbeletto, Claudia Ojeda- y los periodistas -Andrés Campos y Pablo Quintana-, defendidos por el Cels. Un fallo anterior ya había liberado del proceso a Gustavo Macayo, uno de los principales referentes de la asamblea de vecinos de Esquel.

Breve historia

En el resumen de los hechos, el fallo cuenta que la causa fue iniciada por la empresa contra 'quienes resulten responsables de la difusión, en el mes de marzo de 2005, de una grabación clandestina de lo tratado, discutido y programado en la reunión de directivos y asesores' de la minera, realizado el 17 de septiembre de 2003 en un salón privado del Hotel Crowne Plaza Panamericano, de la ciudad de Buenos Aires. 'Los presuntos responsables serían -recuerda el fallo, al citar con exactitud la presentación de la minera- los vecinos de Esquel Nora Rodríguez, Alejandro Corbeletto, Claudia Ojeda y Gustavo Macayo; Pablo Quintana y Andrés Campos, periodistas de la Radio FM Stations, de la ciudad de Esquel'; además de 'integrantes aún desconocidos' del personal que proveyó el equipo de sonido y el personal que realizó la traducción simultánea de la reunión.

Confesión de parte: la asamblea vista por la empresa

Así resume la minera Meridian Gold el objeto de esa reunión:

'Explican en su querella -sigue el fallo- que en el mes de julio de 2002 Minera El Desquite -nombre con que Meridian opera en la zona- inició actividades orientadas al estudio, prospección, análisis de impacto ambiental, exploración y futura explotación del llamado Empredimiento Minero Cordón Esquel. Sin embargo, tiempo después comenzó a gestarse -a iniciativa de activistas ecologistas, políticos y vecinos- la oposición a dicha actividad por considerarlas perjudiciales para el medio ambiente. En ese menester se señaló a los autodenominados Asamblea de Vecinos Autoconvocados, entre quienes se destacaban Nora Rodríguez, Alejandro Corbeletto, Claudia Ojeda y Gustavo Macayo. Este grupo a fin de captar adeptos habría organizado diversas reuniones y asambleas populares, utilizando los medios periodísticos para dar mayor repercusión a sus objetivos.'

La campaña por 'quebrar la resistencia'

Continua el fallo: 'Frente a ello y con el objeto de gestionar una política empresaria para revertir la campaña negativa existente, la empresa decidió, entre otras cosas, contratar a dos consultores (Braga Menéndez y Asociados y Bussines for Social Responsabily -BSR-) con quienes organizó diversas reuniones los días 16,17 y 18 de septiembre de 2003 en el Hotel Crowne Panamericano.

El querellante destacó -dice el fallo- 'que en las reuniones se analizó la situación en la que se encontraban, las estrategias posibles, las personas encargadas de llevarlas adelante y las personas dependiente de la minera que resultaban -por diversas razones- cuestionables o al menos sospechosas de estar actuando o que podrían hacerlo en contra de los intereses de la empresa.' Dado el contenido de la reunión, la minera exigió -asegura- confidencialidad de todos los asistentes.

Sin secretos

'Sin embargo -sigue el falló, citando a la minera- el 16 de marzo de 2005, a las 19, la agrupación Vecinos Autoconvocados realizó una conferencia de prensa en el local No a la Mina, encontrándose en la mesa expositora Nora Rodríguez, Gustavo Macayo, Claudia Ojeda y Alejandro Corbelleto y otros vecinos, habiendo asistido al encuentro diversos representantes de medios de comunicación (entre ellos Ricardo Bustos y Alejandro Corbelleto) donde dieron a conocer distintos pasajes de la grabación que se habría obtenido subrepticiamente en la citada reunión del 17 de setiembre, luego de lo cual entregaron a cada uno de los periodistas concurrentes un CD con la grabación íntegra, junto con un informe impreso dirigido a 'Sres Periodistas' y con la leyenda: 'En los audios se puede escuchar el rol que la empresa implementó para con sus trabajadores y familias, la intromisión en las juntas vecinales, la especulación que hicieron durante las elecciones de noviembre de 2003 y la verdadera intención de la empresa respecto del plebiscito de marzo de 2003.'

La ruta de la demanda

El 3 de julio de 2007 el juez de primera instancia declaró extinguida la acción penal. Los abogados de la minera Meridian Gold presentaron un recurso de queja, apelaron, pero en el camino desistieron de perseguir a las empresas de sonido y traducción: se concentraron en los vecinos y periodistas de Esquel. Así, llegó la causa a la Cámara Nacional de Apelaciones. Los jueces se reunieron en una audiencia pública a los defensores del Cels -los doctores Santiago Felgueras y Rodrigo Borda- y lo que allí escucharon determinó en gran medida los alcances del fallo. Si bien en lo esencial el pronunciamiento se apoyó en el endeble trabajo de los abogados de la minera demandante -que se presentaron fuera de término en instancias clave del proceso- decidieron avanzar sobre la cuestión de fondo, en especial, el juez Gustavo Bruzzone, que fundamentó su voto en forma separada y dejó así una argumentación clara y útil para resguardar derechos por sobre intereses corporativos.

Cuando un secreto no es secreto

El juez Bruzzone se adentra sobre la cuestión central. Los vecinos y periodistas son acusados por la minera por 'violación de secretos', delito reprimido por el artículo 153 del Código Penal. Su condena hubiese dejado un peligroso precedente para el ejercicio del periodismo en particular, y para la libertad de expresión, en general. Sin embargo, el juez Bruzzone determina que 'no toda información resulta protegida' por este artículo, 'dado que dicha norma fue creada para dar un marco de protección básicamente a la información que surge de investigaciones científicas'. Para dimensionar la diferencia que hay entre este tipo de información y la divulgada, el juez cita los párrafos más escandalosos de la grabación, dejando así por escrito -pública y abiertamente- aquello que la minera con esta querella pretendía proteger. Y concluye: 'Aquello que habría sido subrepticiamente grabado y luego entregado para su difusión de ningún modo reviste las característica exigidas por la ley. Con leer el contenido de lo difundido se advierte que hacer conocer la estrategia de la empresa para torcer la resistencia de los vecinos de Esquel a que, según ellos y con sobrados motivos, no se contamine el medio ambiente, jamás puede ingresar en el ámbito de la protección de la norma en cuestión.'

Finalmente, los tres jueces determinan que los costos de esta increíble demanda sean abonados por la empresa Meridian Gold.

Bolivia

¿A qué teme la oposición en Bolivia?

Rubén Martínez Dalmau 30-01-2008

Rebelión

El domingo 27 de enero de 2008 el Prefecto “y Comandante General” del Departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, publicó en todos los periódicos del país una carta de página entera dirigida al Sr. José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, donde expresa improperios contra el proceso constituyente y el proyecto de Constitución de Bolivia que se votó en Oruro hace poco más de un mes. Se trata de una respuesta, escrita con poca reflexión, a las declaraciones de Insulza en su reciente visita a Bolivia de apoyo al proyecto constitucional. No es que Insulza haya lanzado grandes loas al texto; simplemente dijo lo que una persona mínimamente instruida y objetiva que lea el proyecto, diría: que la democracia en Bolivia no está amenazada, que el texto constitucional garantiza los derechos fundamentales, y cosas por el estilo. Lugares comunes si no fuera porque en Bolivia, todo lo que significa respaldo nacional o internacional al proyecto de Constitución, produce extrañas reacciones surgidas más de las vísceras que de la cabeza.

La reacción del Prefecto de Santa Cruz era, por tanto, previsible. Haciendo alusión a una resolución de la III Cumbre Judicial Nacional (reunión de jueces que demuestra la situación del poder judicial en el país), entra en los argumentos tan manidos como falsos que ya conocemos. Que el proyecto fue aprobado contraviniendo las normas del procedimiento, cuando la Asamblea Constituyente cumplió escrupulosamente con la Ley de convocatoria y sus reformas, así como su propio Reglamento; que se vulneró el derecho de la oposición a intervenir en el debate constituyente, cuando la oposición participó en pleno en todas las sesiones hasta las aprobaciones de Sucre y Oruro, donde se negaron a acudir en un intento desesperado –y fracasado- de impedir que hubiera quórum suficiente para sesionar (por otro lado, una manera muy democrática de actuar); que no se aprobó el texto final con dos tercios de todos los constituyentes, cuando si leen la ley de convocatoria y el Reglamento –en cuya redacción participaron- se percatarán que no es necesaria esa mayoría, sino la de dos tercios de los presentes, para la aprobación del texto, y se obtuvo mucho más que este apoyo; que es la “Constitución del MAS”, cuando prácticamente todas las fuerzas estaban representadas, entre ellas varias de la oposición, con constituyentes de PODEMOS y, casi al completo, la bancada de Unidad Nacional, y participaron constituyentes de los nueve departamentos del país.

Por no decir que siguen alegando que no se cumplió el mandato del referendo autonómico, cuando el proyecto prevé no sólo facultades normativo-administrativas para los departamentos, como solicitaba dicho referendo (que, por otro lado, perdió en la totalidad del país), sino también competencias legislativas; y que la Constitución se aprobó con un puñado de horas de discusión, cuando ha sido una de las Asambleas constituyente modernas más largas: año y medio de debates, informes, consultas a la población... En fin, para qué aburrirles. Ya conocen la cantaleta y el método de Goebbels: una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad. Lean las aclaraciones de la Presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, publicadas el día después, donde desmonta una por una las “razones” del Prefecto.

La carta del Sr. Costas hubiera pasado desapercibida si no contuviera un elemento sorpresa de los que hacen doblar la ceja. En varias ocasiones, el Prefecto insiste en que ese proyecto “ilegal” de Constitución no debe someterse a referendo: “Pasar por alto la ilegalidad del Proyecto –dice el “Comandante General”- para someterlo a consideración ciudadana significa no sólo convalidar los atentados a la democracia y al Estado de Derecho, sino comprometer a la ciudadanía en la validación de un texto arbitrariamente impuesto”. ¡Cáspita! –que diría el Capitán Trueno-, ¿cómo puede “imponerse arbitrariamente” a la ciudadanía un texto votado por la mayoría del pueblo? Los teóricos de la política ya pueden darle vueltas al asunto; quizás encuentren la cuadratura del círculo.

Ha tenido suerte el Sr. Costas de que este proceso constituyente boliviano es plenamente democrático. Si hubiera sido cualquiera de los tantos anteriores que ha experimentado el país, el proyecto de Constitución no sería un proyecto, sino una Constitución. Nunca antes se ha votado en Bolivia un proyecto constitucional; las constituciones anteriores no requerían de ninguna consulta al pueblo; entraban directamente en vigor. Pero la disposición final de este proyecto de Constitución es clara: para que entre en vigor tiene que ser aprobada por el pueblo boliviano. Esto es, la máxima expresión de la democracia.

Intentemos hurgar un poco más en el miedo del Sr. Costas que, en definitiva, es el miedo de la oposición boliviana. Hace poco los prefectos acudieron a la solicitud de diálogo del Presidente para estudiar el régimen autonómico de la Constitución, pero en la segunda reunión patearon el tablero pidiendo que se debatiera la “ilegalidad” del texto. Demuestra esta acción lo que todos sospechábamos: que no son capaces de entrar a debatir el contenido del proyecto. ¿Y por qué?

¿Será porque el proyecto de Constitución de Bolivia, si finalmente entra en vigencia, será en muchos aspectos la Constitución más avanzada de América Latina, si no del mundo? ¿Será porque establece derechos fundamentales como la soberanía alimentaria o el derecho al agua? ¿Será porque crea un Estado pacifista que renuncia a la guerra de agresión? ¿O será quizás porque establece mecanismos de justicia social que, manteniendo la propiedad privada, crea nuevos cauces para la redistribución de la riqueza?

Pensándolo bien, quizás sea porque los recursos naturales del país van a ser propiedad del pueblo boliviano y no podrán ser privatizados; o porque se reconoce el derecho de las minorías, marginadas durante siglos en un sistema de desigualdad social atroz. Puede ser porque desaparece la independencia de un banco central neoliberal; o porque establece el mayor catálogo de derechos constitucionales reconocido, así como un sistema de garantías envidiable; porque crea puentes entre los diferentes sectores del país, incorporando a los pueblos indígenas históricamente relegados de sus tierras originarias; o porque afirma que los miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional deben ser elegidos democráticamente por el pueblo...

Pero si no es por nada de esto... ¿A qué teme la oposición en Bolivia? ¿Quizás tiene miedo de que el pueblo boliviano se percate de los avances incuestionables del proyecto de Constitución, o de que el texto ha recogido sus aspiraciones de cambio, de avance hacia el “vivir bien” boliviano, que tanto dolor y sangre ha costado en las luchas sociales?

Es decir, ¿teme la oposición boliviana a una contundente victoria del “Sí” en el referendo aprobatorio? Eso sería todo un problema, ¿verdad Sr. Costas? Vaya, en qué problema les metió quien inventó la “ilegal” democracia.

Rubén Martínez Dalmau es Vicepresidente de la Fundación CEPS y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València.

martinezdalmau@gmail.com