ARGENTINA

Quema de pastizales y humo en Buenos Aires

18 abril 2008

Buenos Aires, Argentina — Greenpeace publica el documento a través del cual organizaciones ecologistas de Santa Fe y Entre Ríos dan a conocer las causas de la quema de pastizales en islas del Paraná, lo que ocasiona la constante emisión de humo sobre la región y la Ciudad de Buenos Aires.

Dada la enorme preocupación que despierta la permanente presencia de humo en la región de Santa Fe, Entre Ríos y también en la Ciudad de Buenos Aires, Greenpeace da a conocer la demanda que las organizaciones de Rosario y Paraná han venido realizando desde hace mucho tiempo a propósito de la quema de pasturas en las islas del Paraná que tienen por objeto de expandir la actividad ganadera en esa región. La constante emisión de humo producto de esta quema, ya ha provocado víctimas fatales en accidentes de tránsito y preocupación por los riesgos que entraña para la salud.

Estos incendios en pastizales muestran otra cara de la expansión de los cultivos de soja, que desplazan otras actividades, como la ganadería, a zonas marginales provocando pérdida de valiosos ecosistemas.

Lo que a continuación publicamos es el último comunicado emitido por el Taller Ecologista (Rosario) y M’Bigua (Paraná) y al cual Greenpeace adhiere en sus consideraciones.

La quema en islas y la necesidad de medidas urgentes

¿Quién responde por los riesgos ambientales?

Organizaciones ecologistas de Rosario y Paraná reclamaron un ordenamiento territorial de las islas que permita finalizar con los incendios.

Rosario, Paraná, 16 de abril de 2008–. “El avance de la soja ha desplazado pasturas, y la zona de islas del Delta del Paraná se ha convertido en una región ganadera”, resumieron desde el Taller Ecologista (Rosario) y la organización M´Bigua, Justicia y Ciudadanía Ambiental (Paraná).

“En el caso de Entre Ríos, el mismo gobierno contribuyó a la modificación del uso de nuestros humedales a través de la promoción del Régimen de Arrendamientos de Islas Fiscales”, señaló Diego Rodríguez, especializado en derecho ambiental de M´Bigua. El principal cuestionamiento de las organizaciones ciudadanas es que esta Ley se sancionó sin realizar un estudio con respecto a sus posibles impactos, y de esta manera se perdió una gran oportunidad tomar medidas que apuntaran a la conservación de estos humedales.

La ley 9.603, sancionada en diciembre de 2004, somete a un Régimen de Arrendamientos a todas las islas fiscales de la provincia de Entre Ríos. En su cuarto artículo, la norma establece que los predios arrendados deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas y/o a aquellas vinculadas a proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos, quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas.

No se puede suspender lo que está prohibido.

Si bien la Ley provincial 9291 establece las pautas para la quema y delega la competencia a la Dirección de Recursos Naturales para determinar cuando pueden efectuarse en todo el territorio provincial, la situación es diferente en la zona de islas fiscales. Los contratos suscriptos por la provincia de Entre Ríos con quienes se han incorporado al sistema de arrendamientos que estipula la Ley 9.603, establece taxativamente la prohibición de “desmonte, tala o quema de pastizales y todo tipo de forestación”.

Hoy, en el Departamento Victoria hay arrendadas cerca de 111.000 hectáreas a 108 arrendatarios: 35 de ellos son santafesinos, y cinco tienen domicilio en la ciudad de Rosario. Del resto, la mayoría son entrerrianos, principalmente del Departamento Victoria.

Para Elba Stancich, coodinadora del Taller Ecologista, “es al menos confuso decir que se suspenderán las quemas por dos meses de manera general, ya que en algunas zonas están prohibidas. Lo que deberían hacer las autoridades es detectar los responsables y en el caso de ser arrendatarios, rescindirles el contrato”.

Los riesgos ambientales de las decisiones políticas.

Toda política ambiental supone la adopción de decisiones que introducen nuevos riesgos en la sociedad, y la aceptación de esos riesgos, al igual que su gestión, dependerá de un nuevo acuerdo entre todos los actores involucrados. En ese sentido, las organizaciones ciudadanas señalan que en materia ambiental hay que tener en cuenta que los riesgos tienen características especiales:

1. No encuentran limitaciones espaciales ni temporales. Es decir: una decisión adoptada en el año 2006 por el Estado entrerriano, al permitir un uso en zona de islas sin el debido control, puede causar consecuencias irremediables mucho tiempo después y en otras zonas ajenas a la involucrada en la decisión.
2. No se subsumen a las reglas normales de responsabilidad. Por el trágico hecho ocurrido, por ejemplo, se derivan responsabilidades para: el concesionario de la autopista a causa del incumplimiento de la prestación del servicio en condiciones adecuadas; para el órgano de control por la falta de control en la calidad de la prestación del servicio; para el gobierno de Entre Ríos por la falta de control sobre el uso del fuego en zonas de islas en forma repetitiva; para el arrendatario del campo por la práctica de una medida prohibida como es el uso del fuego y para los posibles conductores que no obraron con la debida cautela en el manejo de los vehículos, etc.
3. Por último, es esencial considerar la imposibilidad de recomposición del daño: estamos frente a una tragedia en la que se han perdido vidas humanas, además de los daños materiales y la destrucción del humedal, con el menoscabo de las funciones ambientales que presta para toda la sociedad.

“Las decisiones sobre qué tipo de gestión se va a adoptar para un ecosistema determinado impacta directamente en múltiples aspectos de nuestra vida en sociedad y la mayor responsabilidad de un gobierno democrático es, precisamente, la administración de éstos riesgos para evitar las consecuencias nocivas y los daños irrecuperables”, sostuvieron las organizaciones.

“Los lamentables hechos ocurridos en la Ruta Nº 9”, señalaron finalmente, “dejan en claro una vez más la necesidad de revisar el uso que merecen nuestros humedales y la adopción de medidas urgentes” (1).

(1) Algunas de las principales medidas propuestas por las organizaciones civiles son:

1) Reformular el proceso de arrendamiento de las islas públicas iniciado por la provincia de Entre Ríos.

Este régimen requiere una revisión y análisis de su pertinencia, teniendo en cuenta el marco establecido por la Ley N° 25.675 en lo que respecta al ordenamiento ambiental y al proceso de evaluación de impacto ambiental, con especial consideración de la emergencia ambiental del bosque nativo declarada por la provincia de Entre Ríos.

2) Recategorizar como provincial a la zona de humedales actualmente declarada como área natural protegida por ordenanza de la municipalidad de Victoria, de acuerdo al Proyecto de Ley obrante en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, conforme a lo dispuesto por Ley Provincial Nº 8967.

Esta recategorización a nivel provincial, eventualmente, se puede realizar con vistas a la incorporación de este ecosistema al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas a través de lo dispuesto por la Ley Nº 22.351. O bien, a través de convenios con la Administración de Parques Nacionales, que permitan el trabajo conjunto de la provincia de Entre Ríos con el Estado Nacional, entendiendo que este organismo nacional es el mejor capacitado a nivel nacional en materia de gestión de áreas naturales.

3) Aplicar los criterios de sustentabilidad ambiental que establece la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos, que destaca la importancia de la conservación de los ecosistemas naturales en sitios de humedales.

Finalmente se debe tener presente, la diversidad de iniciativas de textos constitucionales que propician la incorporación para su protección, del sistema de humedales del río Paraná Inferior, en la Constitución de Entre Ríos, lo que es un contundente llamado de atención que nos convoca a todos, sociedad y Estado, a una gestión sustentable y participada del valle de inundación del río Paraná, pero también de manera conjunta entre las provincias involucradas territorialmente.

Africanos en Argentina

Por Orlando Gabriel Morales (*)

| Desde La Plata, Argentina

Tras una historia de extinción y ocultamiento de su descendencia, una reciente migración que tiene a los senegaleses como principales referentes ha puesto otra vez a la sociedad local frente a la africanía. En Argentina las estadísticas censales no definen con precisión la dimensión numérica de la población senegalesa. Pero los propios migrantes de esa nacionalidad consideran que dicho colectivo cuenta con alrededor de 5 mil integrantes; y en la percepción de los ciudadanos locales la migración africana comienza a hacerse visible y adquiere connotaciones particulares.

Los registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ni siquiera desagregan la cantidad de personas prevenientes de Senegal, sino que incluyen a toda la población extranjera originaria de África en una sola categoría continental. Según esos datos, la población africana empadronada al año 2001 es de 1883 personas.

Estas imprecisiones no son casuales sino que responden a múltiples factores. Durante la época colonial, bajo la égida española, la presencia de africanos en este territorio era significativa. El padrón poblacional correspondiente al año 1778 indica que los afrodescendientes constituían casi un 40 por ciento de la población total. En el mismo sentido hay datos que señalan que hacia 1810 un tercio de la población de la ciudad porteña de Buenos Aires era negra.

Esa presencia se vería afectada por un doble proceso, por una parte de desaparición objetiva a partir de la inclusión de los negros en cuadros militares que resultaron exterminados. Por otra, mediante una operación de invisibilización de la negritud implementada desde el poder público local, imbuido de una ideología política de constitución de un Estado nacional europeizado.

El historiador local Felipe Pigna explicaba oportunamente a BBC Mundo (¿Hay negros en Argentina?, 16/03/07) que el principal motivo del descenso de la población negra en el país fue su exterminio en los sucesivos combates para los que resultó reclutada, de forma casi siempre compulsiva. Ellos fueron: las guerras por la independencia nacional, guerras civiles y la Guerra de la Triple Alianza -que enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay con Paraguay, durante los años 1865 y 1870-.

Mientras que Miriam Gomes, representante de la Sociedad Caboverdeana Argentina, sostiene que también debe considerarse que en la historia nacional ha operado una estrategia de “desaparición artificial”. Esta implica el ocultamiento de los negros, siendo que hacia 1887 el porcentaje oficial de esta población es de 1,8 por ciento y a partir de allí los censos no recogen datos sobre ellos. Además, según esta especialista, hubo una manipulación de los discursos para borrar la negritud local, por ejemplo, reemplazando en la documentación oficial la denominación “negros” por “trigueños”.

La llegada masiva de inmigrantes europeos a fines del siglo XIX y principios del XX, promovida por el Estado, afianza el proyecto racial de una nación blanca y contribuye a la desaparición de lo africano, a pesar de que en diferentes períodos se registran ingresos de contingentes de población de ese origen, provenientes fundamentalmente de Cabo Verde, con nacionalidad portuguesa.

Actualmente, la población afrodescendiente y africana vuelve a hacerse visible a partir de la lucha política por la reivindicación y el reconocimiento de los grupos ya establecidos y por efecto de la nueva migración proveniente de diversos países de África, siendo elevada la población senegalesa.

La predominancia de africanos senegaleses se manifiesta particularmente en la cantidad de trámites iniciados por el Comité de Elegibilidad para los Refugiados, dependencia del ámbito de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. El padrón de solicitudes de reconocimiento del estatuto de refugiado durante el período 2000-2006 indica que los senegaleses constituyen el 4,16 por ciento del total de los solicitantes (4373), siendo la sexta nacionalidad entre 101 referenciadas.

Esta situación pone en evidencia una problemática, en tanto los refugiados no representan migrantes corrientes que salen de su país de origen por motivos personales o en busca de nuevas oportunidades y condiciones más dignas de vida, sino que se hallan obligados a hacerlo por estar bajo amenaza o persecución. En este marco, la cuestión de los refugiados requiere particular atención, pero en relación a la totalidad del colectivo, los senegaleses en condición de refugiados son todavía una minoría.

Para conocer el porqué de la emigración, nada más apropiado que consultar a los actores involucrados. Modou, un senegalés procedente de Touba que actualmente reside en la ciudad de Resistencia, Chaco, señala que “uno emigra por la familia, para ayudar, porque tienen necesidades y hay que aportar para su bienestar”. Babha sostiene que “en Dakar no tenía trabajo” y, a pesar de su muy limitado uso del idioma castellano, el puesto de venta ambulante que instaló en La Plata, Buenos Aires, está funcionando. Cheikh piensa en “trabajar para poder estudiar una carrera universitaria”, estuvo trabajando en una fábrica de neumáticos en la provincia de Córdoba, pero la venta ambulante en La Plata le resultó más redituable.

Oriundo de Thiès, Papis no tenía pensado venir a Buenos Aires hasta que en un viaje de avión conoció a quien pronto se convertiría en su esposa; ahora, entre otros negocios iniciados, ha montado una fábrica de indumentaria para vender a connacionales y locales que gustan vestir el estilo senegalés y africano. Mientras que su mujer, Alima, llegó a esta ciudad porteña del Río de la Plata luego de que su actividad como comerciante minorista en Mékhé fracasara por problemas financieros.

Estos casos evidencian una diversidad de motivos aludidos como causa de la emigración, aunque el trabajo tiene un lugar central.

Como propiedades de este nuevo contingente migrante se destacan la primacía de una población juvenil y masculina, la frecuente experiencia de una trayectoria migratoria anterior a la llegada al país y la preeminencia de la pertenencia al grupo étnico Uolofs o, al menos, el uso mayoritario de su lengua.

¿A qué actividades se dedican?. Estos nuevos migrantes se hacen visibles en los centros comerciales de las grandes ciudades del país a partir de su inserción en el mercado informal como vendedores ambulantes, o callejeros, de productos de bijouterie de bajo costo. Entre los locales, las intrigas y los supuestos sobre la procedencia de la mercadería y su calidad circulan sin cesar en los comentarios cotidianos, pues parece que la exoticidad de los “nuevos extraños” no puede corresponderse con una explicación simple y honesta sobre sus recursos.

Es así que no son pocos los que rumorean que los sencillos productos de oro 14 quilates y enchapados de plata que estos comercializan, provienen directamente de África. Claro que tampoco faltan quienes aprovechan el “exotismo” y las fabulaciones como estrategia de marketing.

Entretanto, desde el sentido común cabría preguntarse: ¿si un trabajador africano pudiera acceder al oro y la plata en cantidades mayoristas, se dedicaría a recorrer la arena caliente de la Costa Atlántica, las frías y ventosas calles de la Patagonia, las sofocantes arterias del norte argentino o los salvajes centros comerciales de Buenos Aires para vender sus productos por módicas sumas de dinero?

Lo cierto es que tales productos son accesibles para el pequeño capital con que cuentan estos migrantes, y una vez que establecen contacto con la red de comercialización -lo cual entre migrantes de un mismo país es una estrategia de inserción laboral reconocida-, los mismos se pueden conseguir con cierta facilidad. Incluso hay senegaleses que en un tiempo relativamente corto se han constituido en empleadores de sus connacionales recién llegados.

(*) Orlando Gabriel Morales es Director Ejecutivo del portal electrónico “Otros en Red: Periodismo para una comunicación intercultural”.

"La casa está en orden, felices pascuas"

Jorge Altamira

Prensa Obrera 10-04-2008

Después de tres discursos presidenciales en un lapso cortísimo y una movilización de aparato de apenas cincuenta mil almas, el gobierno ni siquiera se ha animado a presentar la suspensión del lock-out o paro agrario como un triunfo. Solamente en el túnel subfluvial Santa Fe-Paraná ‘los del campo' le juntaron casi diez mil personas. El gobierno, que obtuvo el 45 por ciento de los votos hace tres meses (en especial en los pueblos campesinos) no pudo doblegar durante tres largas semanas a la movida de las entidades rurales, a pesar de contar, además, con el apoyo del conjunto de la burguesía. La presencia de los Techint, Fiat y Banco Macro en el Salón Blanco de la casa de gobierno, en oportunidad del último discurso, lo demuestra sin discusión. No es casual que la burguesía no le haya armado las clásicas ‘corridas' al dólar o a los bancos.

Las compensaciones que ofreció el gobierno a los productores que no superen las 500 toneladas anuales y el subsidio a los fletes para las distancias alejadas de los puertos no tienen un alcance ni mínimo, pero subraya el impasse oficial y anuncia nuevas corruptelas. En 2007, las retenciones se gastaron casi por completo en subsidios, como un gato que se muerde la cola, sin que un peso de esto haya caído en la mano de un trabajador. Alrededor de 20.000 millones de pesos fueron destinados a cubrir, de este modo, más de 16.000 millones por compensaciones.

Como la geografía de Argentina es inmodificable, en tanto que los precios de exportación y las retenciones se mueven, el Estado seguirá subsidiando fletes incluso cuando los precios internacionales del agro comiencen a bajar, como deberá acontecer como consecuencia de la recesión internacional. Lo mismo ocurrirá con los subsidios para los combustibles, pues es visible para cualquiera que las naftas y el gas oil están aumentando, y esto refleja la caída de la producción interna y de las reservas, y el aumento de las importaciones. El gobierno ya está construyendo una planta re-gasificadora para el gas licuado que piensa importar desde Venezuela. El gobierno prevé que los subsidios y las compensaciones subirán, en 2008, a los 26.000 millones de pesos - el 12% de la recaudación impositiva - pero con la esperanza de cosechar 46.000 millones vía las retenciones (estudio Bein y Asociados). Pero para que ocurra esto último será necesario que los precios internacionales se mantengan en niveles elevados.

Se ha llegado a la suspensión del ‘paro' o lock-out más por espanto que por amor. El temor a revueltas populares por el desabastecimiento suscitó en los medios de comunicación una campaña orquestada a favor del ‘diálogo'. El aumento de los precios producido por la crisis es, sin embargo, irreversible, porque responde a una tendencia de fondo de la economía kirchneriana. El marco de un lock-out suspendido y de un diálogo sin futuro no será el más adecuado para detener las subidas de los precios que preceden por lejos a la presente crisis. Los ‘agrarios' demostraron que tampoco tienen una salida, pues si bajan las retenciones, los precios internos y el déficit fiscal se van por las nubes. La única salida que les quedaría es volver a la convertibildad de Cavallo y perder las ventajas del ‘dólar alto'.

Políticamente, el gobierno ha recogido una crisis salada, que se podría convertir en más picante todavía. En tres meses ha perdido el apoyo en los pueblos del interior. En vísperas de la unción de Kirchner hombre como presidente del PJ, Reutemann, Schiaretti y De la Sota tomaron sus distancias, y lo mismo ha ocurrido con numerosos intendentes y punteros políticos; el chubutense Das Neves pidió la cabeza del jefe de gabinete y el secretario general de las 62, Venegas, se excusó de ir a la Plaza. La cuestión de la coparticipación de impuestos se va a poner ahora al rojo vivo, esto porque luego de la crisis agraria por las retenciones queda más al desnudo el déficit de numerosas provincias, en especial de la más importante de todas: Buenos Aires. El sabueso bonaerense, Montoya, ya anunció una ampliación a la industria de la aplicación del impuesto a los ingresos brutos. La coparticipación impositiva con las provincias forma parte integral de la crisis desencadenada por las retenciones. Con pejotismo o sin él se perfilan crisis provinciales en cadena.

La crisis agraria no es un fenómeno solamente nacional. El encarecimiento de los alimentos ha provocado medidas intervencionistas contra la exportación en todos los países que lo producen, lo que sólo ha servido para agravar la suba de precios al debilitar la oferta internacional. Ya hay rebeliones populares en Asia debido al encarecimiento del arroz. Esta crisis es el resultado de largos años de des-inversión agrícola debida a la sobreproducción previa, como ocurre también con el petróleo y el gas. Los subsidios a la producción de bio-combustibles, para sustituir parcialmente al petróleo, han agravado las cosas todavía más, al desviar parte de la producción agrícola a otro uso que el alimento. Ahora, sin embargo, la situación va camino a invertirse, del ascenso a la caída, como consecuencia de la crisis mundial que tiene su centro en Estados Unidos y en China.

Pero la crisis no solamente ha dividido. En la Plaza se juntaron la CGT y la CTA, Díaz Bancalari y D'Elía - los transversales y derechohumanistas con las patotas y el aparato pejotista. Este rejunte difícilmente le devuelva lustre al pejotismo, pero acabará con el progresismo de los transversales y con sus últimas inhibiciones. La prensa lo destacó poco, pero los progres tipo Ibarra fueron un cero a la izquierda durante toda la crisis.

Los luchadores y la izquierda deben ver a esta crisis como un gran desafío, porque ella plantea una crisis de régimen, que se va a poner en evidencia en cada una de las etapas sucesivas. La burguesía agraria nos ha hecho involuntariamente una gran gauchada, porque ha despertado la deliberación política donde ella aparecía como muy dormida: en el proletariado rural. Hace tiempo que los obreros rurales (permanentes, temporarios, cosecheros, tractoristas) se han dado cuenta de que la burguesía agraria está ganando como nunca mientras la condición del obrero agrícola ha empeorado, pero la novedad ahora es que esto se ha transformado en un debate nacional. La clase obrera industrial debe ir a buscar a los obreros del campo y repudiar a los burócratas que van a la rastra del kirchnerismo, que sostiene la super-explotación del terrateniente y del patrón agrario contra los trabajadores.

Cuando, en 1987, Alfonsín creyó que había salido de la crisis por el levantamiento de Aldo Rico, en medio de un generalizado apoyo popular y el respaldo de todos los partidos e incluso de las cancillerías extranjeras, simplemente ignoró que esa crisis había sido la consecuencia de su propia política, no del desatino de un coronel aislado. Los kirchneristas, ahora, también creen que siguen invictos por las mismas malsanas razones. Pero la reciente crisis con la patronal agraria es la punta del témpano del impasse de la política económica. De modo que ellos también pueden repetir que la "casa está en orden, felices pascuas", pero se engañan del mismo modo que Alfonsín.

Tibet, el Gibraltar chino

Imagine: los gallegos exigen su independencia y asesinan a comerciantes madrileños en nombre de su líder Rouco Varela, que pretende un régimen teocrático

Manuel de Castro García

Rebelión 27-03-2008

Puede creerme, lector, si le digo que el 99 por ciento de los periodistas de España por los que ha pasado el despacho de agencia sobre el conflicto tibetano ha repetido lo que le han puesto delante (a veces hasta lo firman con su propio nombre, como si hubieran aportado algo a la noticia) sin dedicar un minuto a comprobar, cuestionar o reflexionar sobre el sentido del texto que ha caído en sus manos. No se trata de acudir directamente a las fuentes; es que no es necesario, basta con pararse unos segundos, documentarse un poco y reflexionar. Y esto incluye a muchos opinadores de este país, que dicen saber de todo. Un compañero, que trabaja en una conocida emisora, me cuenta su perplejidad al ver algunos de estos tertulianos que llegan al estudio diez minutos antes del programa, recién levantados de la cama y exigiendo los periódicos del día para echar un vistazo a la prensa y hacerse así con una opinión con la que sentar cátedra sin ningún tipo de dudas. Se trata de mantenerse firme, categórico, solemne, aunque se esté diciendo un disparate. En las tertulias radiofónicas y televisivas de hoy, el que pierde es aquel que reflexiona, que titubea o que se descubre mal peinado. Esto no es mala profesionalidad: es ajustarse a las exigencias de las empresas de comunicación actuales.

Así se comprende la facilidad con la que se manipulan campañas de propaganda en el siglo XXI, el de la información. Alguien, por un interés político y económico determinado, da la consigna en la capital del imperio, en una gran agencia de noticias, y todas las redacciones de los periódicos asumen como propia la información y, lo que es peor, la ideología y el oportunismo subyacente. Ahora le ha tocado al Tibet, un territorio que pertenece a China desde hace más de 700 años, bastante antes de que existiera el Estado español y mucho antes de que el ‘concepto España’ incorporase, por ejemplo, a Galicia o a Cataluña (*). Esta región del Himalaya –como otras partes de China- sufrió diversas convulsiones políticas a finales del XIX y principios del XX por las apetencias coloniales de Rusia y Gran Bretaña, invasores cuya actitud sigue sin cuestionarse hoy en día aunque representó algo tan indefendible –salvando las distancias por los muertos- como la influencia británica sobre el Peñón de Gibraltar, un grano inglés en la costa española de Andalucía. O Melilla, un grano español en la costa de un país africano. O la base estadounidense de Guantánamo en Cuba, una agresión sobre la que no se dice nada y que se mantiene desde 1903, cuando Estados Unidos quitó definitivamente a España el papel de matón internacional.

A mediados del siglo XX, China recuperó lo que considera suyo y puso fin al régimen teocrático, feudal y salvaje que existía en el Tibet: poder religioso sobre el político, esclavitud dependiente de la nobleza hereditaria y castigos corporales espantosos. El Gobierno de Pekín abolió la servidumbre y los castigos y modernizó la figura del Estado y de la Administración pública. Hoy en día, el Dalai Lama ejerce como gobernante en el exilio y sus parientes directos ocupan los más importantes puestos en ese gobierno de sacerdotes que ocupan el espacio político a través del religioso. Imaginemos a los gallegos echándose a las calles de sus pueblos, asesinando comerciantes madrileños en nombre de Rouco Varela, que pide la independencia de su territorio y reclama la conversión de Galicia en un espacio en el que los políticos estén a las órdenes directas de los obispos, un espacio en el que las autoridades político/eclesiásticas puedan decretar el ‘secuestro’ de un niño para irse a vivir a un convento. En una situación como esta, me pregunto qué se podría esperar del Estado español. Nadie se imagina a Le Monde, Le Figaro o The Times defendiendo a Rouco Varela de la opresión española. Ni a esa organización tan parcial e interesada como Reporteros sin Fronteras criticando la fuerza desplegada por el Gobierno español para parar los pies al supuesto despropósito de Rouco Varela.

Los europeos tenemos una visión deformada por la romántica ilusión de los exploradores rodeados de sonrientes sherpas (una imagen cruel del millonario ante su paupérrimo porteador de botellas de oxígeno) y la todavía más legendaria visión de aquella ciudad perdida del novelista James Hilton en ‘Horizontes perdidos’, el Shangri-la, que no es otro lugar que el reflejo de nuestra frustación occidental y la identificación con lo exótico (esto daría para otro artículo) que tanto embauca a famosos de Hollywood que hoy cortejan al Dalai Lama y mañana pregonan la Cienciología o rechazan las leyes de Darwin. Esto, en ocasiones, nos hace incapaces para juzgar con empatía porque nos distanciamos demasiado, consideramos lo lejano más distinto de lo que es en realidad, casi como un juego. Y el dolor, el hambre o el abuso de poder son iguales en todas partes y con todos los colores.

No piense el lector que este artículo es una alabanza al régimen político de China, que por cierto será todo lo que se quiera menos comunista. La China de hoy es, en mi opinión, una aberración ideológica que se encarga de mantener vivo el modelo económico occidental gracias a sus millones de esclavos al servicio de los industriales europeos y estadounidenses, que un día se escudan en esa trampa que llaman libertad de mercado pero al día siguiente piden la intervención estatal para imponer aranceles, pedir subvenciones, controlar a la competencia o frenar las protestas sociales. Acaso nadie se pregunta -entre tanto debate sobre la eficiencia energética y la escasez de combustibles fósiles- cómo es posible enviar un trozo de tela cortado en España a una factoría del sur de China, a 10.000 kilómetros de distancia, para que allí sea cosido y luego esa chaqueta vuelva volando a España, donde se plancha, se empaqueta y se vende en la puerta de nuestra casa, donde se cortó el primer pedazo de tejido. Nadie se pregunta cuánto tiene que cobrar el obrero chino para que, pese al viaje de 20.000 kilómetros, la venta de chaquetas convierta al empresario textil en millonario (un millonario europeo y encantado de que el Estado chino mantenga a raya a sus esclavos de alquiler). Esto es lo que hay que criticar de China con firmeza, la explotación laboral extrema coordinada por el Estado y el aumento de las desigualdades en el propio país (bien pensado, en Occidente sucede lo mismo pero el Estado, en lugar de coordinar, se limita a consentir). Pero ninguna de las ‘democracias’ occidentales criticará a China por este motivo porque esa fuerza descomunal de millones de esclavos genera una dependencia enorme para las grandes empresas de Europa y EEUU, que tienen más capacidad de presión sobre los gobiernos que la que tiene la propia ciudadanía. Como tampoco se censura al Gobierno chino por el descontrolado empleo de la pena de muerte para delitos de importancia menor; cómo se va a criticar si en Estados Unidos hay una arbitrariedad parecida y sus fuerzas de seguridad (sin contar sus ejércitos) matan a más personas que los chinos. Con ocasión del conflicto tibetano, tengo que decir que es la primera vez en mucho tiempo que me veo obligado a respaldar la política del Ejecutivo chino.

(*) Nota:

Cuando el irrepetible portugués Magallanes abandonó su emergente país para ponerse al servicio de Carlos V, presumía ante Europa de una flota de cinco naves y algo más de 200 hombres. El imperio chino disponía, unas décadas antes, de juncos enormes que recorrían el Índico y el Pacífico. Los barcos eran cinco o seis veces más grandes que los europeos de entonces, y su flota del tesoro superaba los 30.000 hombres a bordo de barcos de más de cien metros de eslora. Algunos eran exclusivamente enormes huertos flotantes para abastecer de productos frescos a la flota y evitar el escorbuto que no superaron los marinos europeos hasta finales del XIX. Los chinos de entonces, aun considerándose culturalmente superiores a las tierras que descubrían, no tuvieron interés en invadir sino en entablar relaciones comerciales. La contradictoria historia de China ofrece algunos relatos fascinantes, y uno de ellos es la razón que llevó a la mayor flota del mundo –jamás igualada hasta la británica del XIX- tras unas décadas de exploración exitosa que empequeñece los descubrimientos europeos, a replegar sus velas, destruir todos los buques y los documentos con sus descubrimientos y cerrarse al mundo renunciando a surcar por los siete mares. Portugueses y españoles llegaron al Índico y Pacífico aprovechando el enorme hueco dejado por los chinos. Esta referencia histórica nos sirve para ser un poco más prudentes cuando pensamos que los europeos somos el ombligo del mundo.

Reporteros Sin Vergüenza

23-03-2008

Rosa C. Baez

Ria Novosti

Con el propósito de defender la libertad de prensa, Menard siempre se ha asociado con aquellos que más seriamente la amenazan: los grandes consorcios de las comunicaciones. Su relación con Publicis -creadora de las campañas de publicidad para el Ejército de EEUU, la Coca Cola y MacDonalds, y un consultor para la compañía del ron Bacardí, la cual subvenciona el terrorismo anticubano- es particularmente preocupante.

La feroz campaña que RSF sigue desarrollando contra la Revolución Cubana contrasta con su obsequioso silencio cómplice cuando se trata de condenar a gobiernos amigos de Estados Unidos, y al propio gobierno de Estados Unidos, causantes o responsables de la muerte, el secuestro o la censura de periodistas y otras voces disidentes.

Bajo el gobierno de Alvaro Uribe de Colombia, ese país ostenta un record de periodistas asesinados y perseguidos único en el mundo: jamás RSF ha organizado invasiones a las embajadas colombianas por el mundo, como se intentó hacer con la de Cuba en Paris.

El gobierno de Estados Unidos es responsable directo o indirecto de la muerte de numerosos periodistas y reporteros en Irak, entre ellos un camarógrafo de la televisión española asesinado por el disparo de un tanque norteamericano mientras estaba en la habitación de su hotel en Bagdad: jamás RSF ha organizado boicots contra el turismo que desea conocer Disneylandia u otros sitios de Estados Unidos, como si ha intentado hacer, sin resultados, con el turismo que viaja para bañarse en la playa de Varadero.

Ponemos a continuación a disposición de nuestros lectores algunos documentos sobre RSF:

1.- Una 'historia noticiosa' ha circulado recientemente acerca de la restricción en Cuba del acceso a Internet. Una de las fuentes fueron los Reporteros sin Fronteras (RSF) y su vocero Robert Menard, quien ha tenido conexiones con la CIA y otras organizaciones como Bacardí, la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) y Freedom House, opositoras del gobierno cubano. Esto significa que RPSF y Robert Menard no son independientes, objetivos e imparciales con respecto a Cuba. Para más información, vea el siguiente artículo:

Robert 'CIA' Menard: Sensacional Descubrimiento. Reporteros sin Fronteras junto al ejército norteamericano, Bacardí y FNCA, Por Jean-Guy Allard

Las más deshonestas campañas de propaganda anticubana, accionadas por Reporteros sin Fronteras, organización que ha estado atacando febrilmente a Cuba en los últimos años, fueron creadas por Publicis, el gigante mundial de la publicidad.

Entre los más importantes clientes de Publicis están el Ejército de los EEUU, Bacardí y ciertos representantes de la mafia de Miami, incluyendo a algunos que financian a destacados terroristas como Luis Posada Carriles.

El secretario general de los Reporteros sin Fronteras, el oficial operativo de la CIA Robert Menard -quien debutó en la década de 1960 infiltrándose en grupos izquierdistas como las organizaciones trostkystas-, conoce que Saatchi & Saatchi, la famosa agencia de publicidad de Nueva York, está detrás de sus ataques contra Cuba y que la gigantesca empresa de propaganda comercial le proporciona sus servicios 'libres de costo'.

Saatchi & Saatchi no se dedica a desarrollar con benevolencia campañas de publicidad para las organizaciones no gubernamentales (ONGs) ni para obras de caridad. Sus principales clientes son compañías como Dupont, General Mills, Johnson & Johnson, Toyota y Visa.

De hecho, Saatchi & Saatchi Worldwide -para usar su nombre completo- es uno de los tres pilares estratégicos del cuarto grupo más grande de comunicaciones en el mundo: Publicis Group, radicado en París, Francia.

Según sus accionistas del sitio web, Publicis es el número uno en Francia, y el número tres en los Estados Unidos, así como el número uno en el mundo en consultoría y compra de equipos de comunicación.

Como grupo, sus clientes no tienen las características de la ONG de Robert Menard, la cual fue provisionalmente suspendida recientemente debido a actividades como el mal manejo de la organización que no se rige por los lineamientos de las Naciones Unidas. Otros famosos clientes son Coca-Cola, Heinz, Kelloggs, McDonald, Phillip Morris, General Motors, Citibank, United Airlines, Walt Disney, y el Ejército de los EEUU.

'Emoción, aventuras y placer'

El Ejército de los EEUU gasta $100 millones de dólares anualmente en sus campañas de propaganda, dirigidas esencialmente a estimular a los jóvenes a optar por la carrera militar, principalmente para participar en sus guerras de ultramar. A través de su subsidiaria norteamericana, Starcom Mediavest, Publicis ha generado la 'nueva imagen' del ejército imperial, pues las anteriores campañas de publicidad del ejército tuvieron poco impacto en el mercado designado.

La desinformación es el lenguaje usado por Publicis para incitar a los jóvenes norteamericanos a la idea de ir al combate. Tres párrafos del sitio web de la propaganda militar en idioma español creada por aquellos 'generosos' patrocinadores de los Reporteros sin Fronteras dan alguna idea del nivel de demagogia de la operación: 'Los beneficios del Ejército pueden empezar por ti hoy y para el resto de tu vida. Algunos de ellos no tienen precio. Otros merecen sustanciales pagos', así se manifiesta la publicidad de la subsidiaria Publicis.

'Tu entrenamiento en el Ejército pudiera llevarte a lugares que no conoces de los Estados Unidos o del resto del mundo. Podrías recibir un puesto en Hawai, en el Caribe, Alaska, Lejano Oriente o Europa'. Por supuesto, las palabras Irak o Afganistán no forman parte de este 'concepto'.

Y finalmente viene el aspecto sensible del cuidado de la salud para los cuatro millones de familias norteamericanas que no tienen acceso a los servicios médicos: 'Nuestros excelentes servicios de atención a la salud se convertirán en un sustancial beneficio si estás en el Ejército. Tú y tu familia recibirán gratuitamente o a bajo costo los servicios médicos y de estomatología según la disponibilidad'. No hay necesidad de comentar el bajo nivel ético de los engendros del agente Menard en este sitio web dedicado al reclutamiento de 'carne de cañón'.

Publicis, asesor de Bacardí

También está sucediendo que el Consejo de Publicis, la rama de consultoría del grupo, tiene a Bacardí como a uno de sus clientes. Bacardí es el gigante del ron que tiene su oficina central en las Bahamas y una historia como patrocinadora del terrorismo anti-Cuba que data desde enero de 1959.

Según la documentación aparecida en el libro Ron Bacardí: la Guerra Oculta, de Hernando Calvo Ospina y Katlijn Declercq, las relaciones entre los principales líderes y accionistas del ron Bacardí, la Fundación Nacional Cubano-Americana, y el ala ultraderechista de la organización terrorista y la CIA están lejos de alcanzarse.

A través de la arriesgada investigación, Ospina y Declerq muestran cómo este seudonegocio de fabricar ron (Bacardí está básicamente dedicado a promover su producto en el mercado), ha creado su propia red de terrorismo; y ha promovido, organizado y financiado actos de terrorismo; también ha servido como punta de lanza de los fondos de la CIA para los mercenarios paramilitares en Nicaragua y en Angola.

En otra investigación, Ron Bacardí: la CIA, Cuba y la globalización -publicada en Francia por la casa de publicidad belga EPO- Calvo declara que Bacardí ha ayudado a organizar la legislación norteamericana en cuanto a Cuba, con la ayuda de su 'consultante' Otto Reich, empleado de la FNCA y actualmente uno de los principales asesores de George W. Bush sobre Cuba y América Latina. Los abogados de Bacardí influyeron en el proyecto de la Ley Helms-Burton, la cual permite al gobierno norteamericano sancionar el comercio de firmas extranjeras con propiedades expropiadas en Cuba.

Los ocultos vínculos entre Bacardí, la FNCA y Bush, y las 'firmas de ron' relacionadas con el líder español José María Aznar y la extrema derecha europea también han contribuido a la actual confrontación con la Unión Europea.

Publicis en Miami

Publicis también tiene un dedo en el pastel en Miami. Se trata de la compañía Sánchez & Levitan, la cual influye en la comunidad hispanoparlante norteamericana con masivas cuentas tales como Coca Cola y Bell South. Con 100 empleados Sánchez & Levitan tiene un reintegro anual de alrededor de $80 millones de dólares. Es propiedad de Aida Levitan y a Fausto Sánchez, dos emigrantes cubanos.

Aida Levitan, quien fue llevada a la Florida a la edad de cuatro años, fue una de las personas que públicamente expresó su discrepancia por la presencia de la orquesta cubana Los Van Van en Miami en el 2000.

Su nombre apareció recientemente entre otros empresarios que desarrollaron una campaña anticubana en Francia junto a otros individuos famosos más por sus riquezas que por su imagen espiritual: José Valdés-Fauli, anterior presidente del Banco Colonial del Sur de la Florida, un grupo que vale $16 billones de dólares.

Eloy Cepero, otro banquero y propietario de Peninsula Mortgage Bankers; Santiago Morales, fabricante de maquinaria industrial; Richard O'Connell, un millonario de Miami que ahora reside en París, y ¡sorpresa, sorpresa!: el líder extremista Diego Suárez, terrorista y anterior financiero de la Fundación Nacional Cubano-Americana, así como Feliciano Foyo, uno de los miembros más fanáticos y de 'línea dura' del Consejo Cubano de Libertad (CLC) de Ninoska Pérez-Castellón.

Tanto el propietario de Sánchez & Levitan como el secretario de los Reporteros sin Fronteras conocen perfectamente bien que los agentes del CLC promovieron recientemente la campaña de recaudación de fondos para pagar la defensa de Luis Posada Carriles, encarcelado desde hace tres años en Panamá junto a los asesinos a sueldo Guillermo Novo Sampoll, Pedro Crispín Remón y Gaspar Jiménez Escobedo, después de su fallido intento de volar el salón de conferencia en la Universidad de Panamá.

Pero el anteriormente seudotrotskysta Ménard no ha hecho nada por esconder su inclinación hacia los representantes de las fortunas más grandes del mundo. El incluso ha depositado cheques del editor multimillonario François Pinault en su cuenta bancaria en muchas ocasiones, y también de Jean-Guy Lagardére, el acaudalado comerciante de bombas pesadas -recientemente fallecido-, así como de Serge Dassault, otro notorio comerciante de armas.

Chantaje de los medios

Lo realmente cierto es que para los medios franceses Publicis representa una enorme tajada para sus presupuestos publicitarios. Cuando la campaña de desinformación de Ménard alcanza una publicación o una red de televisión que lleva la marca de Saatchi & Saatchi, el mensaje es cada vez más claro y las maniobras de la propaganda están acompañadas de chantaje.

Por lo tanto la penetración de Ménard dentro de varios departamentos editoriales importantes en Francia no debe sorprendernos, ni tampoco su sistemática censura de muchas respuestas dadas por Cuba a estos ataques.

¿Y por qué debería sorprenderse alguien ante la presencia de varias figuras francesas famosas de la 'alta sociedad' en un salón de los Champs-Elysées durante un reciente repliegue anti-Cuba orquestado por Ménard y su maquinaria de publicidad?

Los vínculos de Ménard con varios individuos de la extrema derecha de Miami -quienes dedican su tiempo a atacar a Cuba usando cualquier medio posible, incluyendo el terrorismo- son ya muy bien conocidos. También es conocido que él mantiene relaciones con organizaciones como Freedom House creada desde hace tiempo por el oficial operativo de inteligencia Frank Calzon.

También se conocen las actividades dirigidas por la CIA en la isla para transformar a los favoritos mercenarios de la Sección de Intereses de EEUU en 'periodistas independientes'. Un grupo de individuos fueron reclutados de forma sistemática por la USIS, y su labor es pagada en dólares norteamericanos; ellos se reúnen regularmente en la casa del principal representante diplomático norteamericano en Cuba con el objetivo de recibir instrucciones.

De hecho esto fue demostrado por testimonios de varios patriotas que se infiltraron en las filas de esos mercenarios, algo que la prensa controlada por Ménard omitió totalmente en cualquiera de sus referencias a los arrestos de la red de informantes llamados 'periodistas independientes'.

Y ahora, conociendo que este mismo individuo es un asociado publicitario del Ejército norteamericano, de Bacardí y muchas otras compañías con cuentas multimillonarias para la publicidad, uno se cuetionaría el porqué de la magnitud del gran fraude de los medios en la campaña anti-Cuba desarrollada contra este país por Ménard, a través de los magnates franceses, la USAID y de varias agencias norteamericanas que anualmente dedican cientos de millones de dólares del dinero de los contribuyentes para destruir la imagen de la isla rebelde y su Revolución.

Libertad de expresión al estilo de Reporteros Sin Fronteras

Rodrigo Santillán Peralbo

Rebelión 18-03-2008

Paris, la ciudad Luz de la Revolución Francesa, alberga a una ONG llamada Reporteros sin Fronteras. Siempre pensé que el periodismo honesto, comprometido con las luchas de los pueblos y con los valores universales del humanismo iba más allá de las fronteras; pero el Presidente de esa ONG, Robert Ménard, seguramente cree que Reporteros sin Fronteras debe defender la libertad de expresión del pensamiento si no afecta a Estados Unidos en su fase imperial y que ese valor universal debe ser manipulado para agredir a Cuba y su Revolución por orden de quien le paga; es decir por la CIA, por esa organización neofascista llamada Center for a Free Cuba que es dirigida por Frank Calzón, antiguo dirigente de la mafiosa Fundación Nacional Cubano Americana con sede en Miami y que protege al terrorista Posada Carriles y a otros delincuentes internacionales.

Además, Reporteros sin Fronteras está subvencionada por la Nacional Endowment for Democracy que financia, también, no sólo a los que agreden a Cuba, sino a las actividades ilícitas de las derechas económicas y políticas de América Latina que organizan golpes de Estado para acabar con los gobiernos democráticos y progresistas de América Latina. Esa Fundación ayudó a financiar el golpe de Estado contra el Presidente Chávez e “invierte” millones de dólares para acabar con la Revolución Bolivariana, con los Gobiernos de Evo Morales en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador, de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Por qué el señor Ménard no denuncia con sus Reporteros esos hechos fascistoides?

Reporteros sin Fronteras parece una creación del imperio y su nefasta CIA para atacar a Cuba. El señor Ménard y los suyos deploran que en Cuba haya periodistas encarcelados; pero nada dicen que esas personas se “hicieron periodistas” para recibir dólares de la CIA y ofender a su propia Patria. Si están presos es porque son mercenarios. ¿O será que entre periodistas mercenarios se protegen?

Si de libertad de expresión se trata, ¿por qué Reporteros sin Fronteras no denuncia a Estados Unidos y a la Administración Bush que en nombre de la democracia y la libertad ha suprimido la libertad de expresión en Estados Unidos al prohibir que los “mas media” informen sobre la verdad de las guerras en Irak y Afganistán? Reporteros sin Fronteras calla sobre la misteriosa muerte de escritores y periodistas estadounidenses que han sido fuertes críticos de Bush y sus halcones. Calla también sobre la existencia de centenares de presos políticos que están encerrados en las cárceles del imperio y entre ellos portorriqueños que luchan por la libertad y los propios estadounidenses que reclaman sus derechos y libertades. Los presos políticos en Estados Unidos son los que “atentan contra la seguridad nacional”

A Reporteros sin Fronteras no le preocupa que Cuba sea víctima del bloqueo genocida que hasta impide que tenga acceso a las vías informáticas -internet- porque no puede acceder al cable submarino que pasa cerca de sus costas y que, en consecuencia, tiene que pagar elevados costos por el uso de un satélite para que las computadoras instaladas en centros de trabajo, de organizaciones sociales y centros de estudio tengan ingreso a la Internet. ¿De que libertad de expresión en Internet puede hablar Reporteros sin Fronteras si desconoce la realidad de los pueblos del Tercer Mundo que sumidos en la pobreza por mandato del imperio neoliberal y globalizador no tienen recursos ni para comprar alimentos o medicinas, peor para comprar computadoras y pagar accesos a Internet?

Una organización pagada por el imperio no tiene calidad moral para hablar de libertad de prensa y expresión del pensamiento en ninguna parte del mundo.

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Rodrigo Santillán Peralbo es Doctor en Ciencias de la Comunicación, Ex Presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, Ex Presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha, Ex Vicepresidente de la FELAP y de la OIP y Profesor de la Universidad Central del Ecuador

YPF

La privatización de YPF desde la perspectiva de los trabajadores

Hernán M. Palermo

Argenpress 06-03-2008

Con el apoyo de testimonios vívidos, el autor describe los diversos mecanismos utilizados en la privatización de YPF para prescindir del personal y desactivar toda posibilidad de organización de resistencia.

El ajuste neoliberal instalado en Argentina a partir de mediados de los 70 y cristalizado durante la década de los 90, involucró distintos procesos que transformaron sustancialmente la relación del Estado con el resto de la sociedad, desfavoreciendo claramente a los sectores trabajadores. Lo que se llamó 'Reforma del Estado', incluyó, como una de sus facetas más sustantivas, la política de privatización de las empresas estatales. Sin embargo, no se limitó a las privatizaciones, sino que comprendió toda la reorganización de las administraciones centrales y provinciales, la desregulación y la 'libre' apertura al mercado mundial, la subordinación de la moneda al dólar y la transformación de las leyes laborales.

Estas recetas impulsadas en los '90 por el Consenso de Washington, dirigido a orientar la economía en sentido del neoliberalismo, estuvo -y está- conformado por una compleja interrelación entre el FMI, el BM, el Congreso de los Estados Unidos, grupos concentrados del capital, etc. Estos cambios se fueron dando en un contexto, en el cual Argentina no fue una excepción. No obstante, en materia de privatización, la Argentina llevó adelante un proceso de enajenación de un recurso estratégico y con gran virulencia en las políticas de racionalización del personal, proceso que casi no tuvo antecedentes en América Latina.

Pero más allá de los planteos generales en relación a la implementación de las políticas neoliberales, estas tuvieron consecuencias directas en la vida cotidiana de los trabajadores en general y en YPF en particular.

La racionalización de los trabajadores de YPF

Los procesos de racionalización empresaria han significado la eclosión de los mercados internos de trabajo, particularmente en las empresas privatizadas a inicios y en el transcurso de los años 90.

En primer lugar, se puso en marcha un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para los trabajadores que ya 'no eran necesarios para la empresa' desde el discurso del Gobierno, con el pago de altas indemnizaciones. A esta primera etapa de racionalización de personal se adhirió un gran porcentaje del personal de YPF. Desde la perspectiva de los ex trabajadores 'eran retiros voluntarios obligatorios, que firmabas sí o sí', dado el contexto coercitivo en el que se llevó a cabo esta política de retiros. Las amenazas constantes de las jefaturas eran moneda corriente en el espacio de trabajo. Fundamentalmente, a los que no se adherían a los retiros voluntarios, se los hostigaba con el despido y la pérdida del beneficio de la indemnización.

El sufrimiento por la pérdida inevitable de la empresa, sumado a un contexto que no daba margen para otra opción y la fragmentación del colectivo de trabajo permite pensar a los retiros voluntarios como 'despidos ocultos'.

'Yo me fui, me fui tranquilo, con la conciencia tranquila... Esa noche que yo la tomé, me atajó la guardia ese día y me dijo, 'Nos van a echar a todos'. Entonces yo llamé al encargado, bien ortiva, viste, y le digo '¿Qué pasa acá con la lista de echados?' 'No, es una lista de ranking', me dice, 'No, a mi cantame la justa por que yo no me chupo el dedo' 'No, es una lista de echados'. 'Bueno poneme primero, segundo y tercero'.

Salgo de acá me lleva el micro, llego a casa a las 5 y media de la mañana y le digo: '¡Gorda!', '¿Qué pasa?' me dice. 'Me echaron, no trabajo más en YPF', le digo.'Bueno, por lo menos vas a dormir todas las noches acá'. Eso fue lo que me dijo. Con eso me bastó y alcanzó para dejar la cabeza tranquila.'(Relato de un ex trabajador de la Refinería La Plata)

A principio de los '90 se abrió el camino a un constante hostigamiento, donde el clima de incertidumbre y rumores respecto a los despidos tornaba traumáticas las experiencias individuales de los trabajadores.

Por otra parte, los cursos de capacitación, otra estrategia de racionalización de personal, constituyeron la antesala del despido del trabajador. Con esta política se alejaba de forma definitiva al trabajador del ámbito de trabajo. El trabajador debía elegir entre diversos cursos de capacitación para los que la empresa afrontaba todos los gastos requeridos. Los cursos duraban aproximadamente un año, y durante este tiempo, el empleado percibía normalmente su salario y beneficios sociales, como si se encontrara en el puesto de trabajo. El discurso oficial que justificaba los cursos se centraba en la posibilidad de los despedidos de poder insertarse nuevamente en el mercado laboral. Aunque se trataba de oficios y cursos que no reflejaban una capacitación orientada a las exigencias de un mercado. Los cursos, como estrategia empresaria, aceleraron el proceso de fragmentación de los trabajadores, desarticulando una cotidianeidad compartida durante años y fundamentalmente los alejaba de sus compañeros.

Los emprendimientos fueron una salida de los trabajadores frente a la inminente reestructuración de la empresa. El personal despedido de YPF se organizó tomando distintas formas jurídicas -ya sea como sociedades anónimas, cooperativas o SRL- para ofrecer el mismo trabajo/servicio que antes hacían desde el interior de la empresa, pero ahora como personal subcontratado. En un principio, YPF les aseguraba una subcontratación de dos años, y luego entrarían en la ley de la 'libre competencia'. Pasado el tiempo estipulado de contratación, estos emprendimientos quedaron en su mayoría sin efecto, ya que debieron participar en procesos licitatorios con empresas más competitivas, mejor capacitadas tecnológicamente, frente a su inexperiencia en materia empresaria.

'¿Sabés que fue eso? Engaña pichanga fue eso. Porque le daban la opción, pero qué pasa ¿con quién tenés que competir? Con empresas multinacionales, que van a poner, listo y se terminó'. (Relato de un ex trabajador, Refinería La Plata)

Parte de las consecuencias de una deficitaria política de inserción laboral para los trabajadores despedidos fue, en general, el fracaso de distintas experiencias cuentapropistas que se multiplicaron en las distintas zonas donde la empresa estatal ejercía su influencia.

A estas políticas de racionalización de personal que, en general, se utilizaron a lo largo de las dependencias y refinerías de YPF en todo el país, se suma la estrategia de despidos forzosos con la complicidad de la federación del sindicato. En la Refinería La Plata se llamó por todos los trabajadores 'La Gran Echada'. En 1991 el sindicato filial Ensenada convoca a un paro nacional de actividades debido a un conflicto en la refinería de Salta. Este hecho, una de las últimas movilizaciones masivas convocadas por el sindicato, tuvo un alto acatamiento entre los trabajadores. Luego la huelga es declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y al día siguiente a la movilización, son despedidos aproximadamente 1500 trabajadores.

'Una masacre fue, echaban de a 20 tipos por día. Y vos entrabas todos los días y no sabías si ibas a entrar. Entrabas al laburo como todos los días y había 10 milicos de prefectura con una sábana, que llaman a esos papeles gigantes. Y te decían: 'Nombre', 'Fulanito' y te buscaban en la sábana. Si estabas, no entrabas. Por ahí venía uno atrás tuyo y decían nombre, qué sé yo, 'No puede entrar', listo'. (Relato de actual trabajador de Refinería La Plata)

Estrategias similares se registraron en otras localidades, por ejemplo en Comodoro Rivadavia con lo que se dio en llamar la 'huelga de la traición':

'Con la federación siempre fue horrible la relación. De hecho en aquellos momentos [década de los 90] nos hicieron hacer un paro que después echaron a todos. Fue el paro de la traición. Mandaron al muere a muchos compañeros. Con perforación hicieron un desastre' (Ex delegado del SUPE, filial Comodoro Rivadavia)

La complicidad de la cúpula central del sindicato y su articulación con el proceso privatizador fue fundamental en la racionalización del personal. Desde la perspectiva de los trabajadores, el ex Secretario General Diego Ibáñez es indicado como uno de los responsables de la privatización de YPF.

'Esto más o menos se arregló así. En ese tiempo estaba Estenssoro, cuando se hizo cargo de YPF, es decir, hasta ahí no habían echado a nadie. Se hace un viaje a Alemania entre Menem, Estenssoro y el compañero [irónicamente] Ibáñez...En ese viaje surge la discusión de con cuánta gente esta destilería podría funcionar...Y ahí arreglaron con Ibáñez, se fabricó un paro que no existió, nos sacaron a la calle, y después lo demás ya es historia conocida...' (Relato de ex trabajador de YPF, Refinería La Plata)

Durante mediados de los '90, a pesar de numerosas demostraciones de lucha como marchas, cortes de ruta, y solidaridad entre los trabajadores, el conflicto se logró situar en el plano individual. Los ex trabajadores de YPF a partir del proceso privatizador, fueron conformando experiencias condicionadas por la desocupación. Es decir, que se desestructuró al sujeto trabajador como sujeto social/colectivo y se impuso la experiencia de la desocupación en términos individuales. Dando origen a la fragmentación del colectivo de trabajo, a la vez que actuó como mecanismo de disciplinamiento sobre aquellos trabajadores que mantuvieron sus empleos.

Las distintas estrategias de racionalización de personal desestructuraron la totalidad de las relaciones que se sostenían en torno a la empresa estatal. La privatización de YPF implicó múltiples fracturas en distintos niveles en el colectivo de trabajo. En primer lugar, los que 'quedaron dentro' y lo que 'quedaron afuera'. Los que se sumaron a los retiros voluntarios y los que decidieron resistir. Los que se convirtieron de la noche a la mañana de trabajador a 'empresario' a través de los emprendimientos. Y en el contexto de tercerización laboral y flexibilización, 'los propios de YPF' y 'los de las empresas', estos últimos haciendo referencia a los trabajadores tercerizados.

En la Refinería la Plata hay aproximadamente dos mil quinientos trabajadores, entre operadores de planta, técnicos, profesionales, profesionales inspectores de la tercerización y personal tercerizado, aunque sólo seiscientas personas conforman el personal contratado por YPF. El resto de los mil novecientos trabajadores es personal subcontratado. Esto configura como resultado una distribución de 24% de trabajadores de YPF, mientras que el 76%, es personal tercerizado, que corresponde principalmente al área de mantenimiento.

Una de las características de los trabajadores subcontratados es la profunda heterogeneidad que predomina entre los sujetos. A la diferenciación de los salarios, que varían considerablemente, se le suma el nivel de la formación. Estas diferencias conllevan distintas relaciones con el personal contratado de YPF, que se reflejan en la cotidianeidad del trabajo. Muchos de estos trabajadores deben realizar otros empleos para llegar a una remuneración a fin de mes que les permita la subsistencia, ya que los salarios de algunos de éstos por su trabajo subcontratado son visiblemente bajos.

Esta situación en general lleva a una importante fragmentación del colectivo de trabajo, configurando un espacio en el cual se encuentran en el mismo lugar sujetos de distintas empresas que pertenecen a distintos gremios, con convenios y remuneraciones diferentes y condiciones de trabajo totalmente asimétricas.

A casi una década de la reestructuración y privatización de YPF y de otras empresas estatales, podemos decir que las consecuencias e implicancias que acarreó este proceso privatista, todavía no fueron investigadas ni registradas en su profunda complejidad.

* Hernán M. Palermo es Licenciado en Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Miembro del MORENO.

LATINOAMERICA

Argumentos de por qué Uribe y no Chávez debería ser llevado a la Corte Penal Internacional

Ewa Sapiezynska y Fernando Casado Gutiérrez

Rebelión 08-03-2008

En el medio de la crisis política entre Ecuador, Colombia y Venezuela por el asesinato de Raúl Reyes, el número dos de las FARC, en territorio ecuatoriano, Álvaro Uribe anunció la denuncia de Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional (CPI) “por patrocinio y financiación de genocidas”. Al parecer Uribe había encontrado en una computadora perteneciente a Raúl Reyes, y que sobrevivió al bombardeo del campamento donde se encontraba, información que “prueba” que Chávez donó a las FARC 300 millones de dólares y una dotación de armas.

La CPI sita en la Haya (Países Bajos) fue creada para enjuiciar “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto” (artículo 5 del Estatuto de Roma que regula la CPI). Estos crímenes son genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. Por genocidio se entiende “la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” (art. 6). Dada esta definición del genocidio no es posible aplicarle el calificativo a Chávez, sobre todo teniendo en cuenta que son los documentos supuestamente hallados en una computadora lo que le vincula a las FARC.

Las calumnias vertidas sobre Chávez en realidad no se las cree ni el mismo Uribe, de hecho la mayoría de los miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que integran los ex gobernantes colombianos entre otros, le planteó a Uribe reconsiderar la demanda ante la CPI durante una reunión el martes 4 de marzo en la que analizaron la crisis diplomática con Ecuador y Venezuela. Seguramente la Comisión se dio cuenta de lo ridículo de la acusación, pero el daño ya estaba hecho, aunque el farol de Uribe no llegue a más, los principales medios de comunicación occidentales publicaron la denuncia contra Chávez y muchos de ellos se atrevieron a dar como cierta su relación con las FARC, con lo que la táctica de distracción, en la que el agresor se hizo pasar por víctima, tuvo el efecto esperado.

Ahora en cambio, podríamos estudiar las posibilidades que existen de sentar a Uribe en el banco de los acusados de la CPI. Primero, habría que ver los vínculos que tiene Uribe con los grupos de paramilitares que existen en Colombia, para después establecer si las actividades delictivas de estos grupos criminales podrían caer dentro de la jurisdicción de la CPI.

El llamado escándalo de la “parapolítica”, por el se han descubierto nexos entre altos cargos públicos colombianos y los paramilitares, ha llevado ante las instancias judiciales colombianas hasta ahora a 56 congresistas y muchos altos cargos públicos. Hoy día ya son 22 los congresistas [1] que están en la cárcel, todos pertenecientes a partidos políticos parte de la coalición que apoyó a Álvaro Uribe a conseguir la presidencia. Los últimos 5 curules fueron detenidos a finales de febrero, lo que muestra que el escándalo continúa y para nada se descartan nuevos arrestos en el futuro. La detención uno de esto congresistas, el senador Álvaro Araújo Castro, por sus vínculos con grupos paramilitares, provocó la renuncia de su hermana que fungía en ese momento como Canciller en el gobierno de Uribe.

Entre los funcionarios de alta confianza y nombrados por Uribe implicados en el escándalo y detenido actualmente, encontramos a Jorge Noguera, el ex director del Departamento de Seguridad (DAS). Noguera, ha sido acusado de permitir la infiltración de paramilitares en el DAS. También fue acusado de haber otorgado a los paramilitares una lista con nombres de sindicalistas, muchos de los cuales fueron asesinados subsecuentemente. Su proceso sigue en curso ante la Fiscalía.

El vicepresidente de Uribe, Francisco Santos Calderón, ha sido señalado por un ex jefe desmovilizado del grupo armado ilegal de las AUC, de haberle propuesto crear una organización paramilitar que operara en Bogotá. Por lo que también podría ser llevado a los tribunales si salen a la luz las pruebas necesarias para incriminarle. Incluso el hermano del Presidente, Santiago Uribe, y su primo, el senador Mario Uribe Escobar, podrían estar implicados en delitos de lesa humanidad. Respecto a Santiago, la Justicia informó que "se dictó un auto inhibitorio" y que "si en algún momento aparecen nuevas pruebas, se puede reiniciar la investigación".

Los grupos armados ilegales de extrema derecha, normalmente conocidos como paramilitares, son responsables de una gran cantidad de crímenes que entran dentro de la categoría de lesa humanidad [2] , enjuiciable ante la CPI. Los fiscales de Colombia que investigan a los paramilitares desmovilizados han documentado unos 14.000 crímenes atribuidos a ellos. Son casos de ejecuciones, matanzas, torturas, desapariciones forzadas y expropiación de bienes, entre otros [3] . Estas actividades se han realizado de manera sistemática y donde el blanco han sido justamente los movimientos sociales, organizaciones comunales y partidos políticos de izquierda.

Muchos de los delitos fueron cometidos después de julio de 2002, momento a partir del cual entró en funcionamiento la CPI, y pese a que Colombia realizó, por el artículo 124 del Estatuto de Roma [4] , una salvaguarda respecto de los crímenes de guerra [5] , todavía se pueden juzgar ante la CPI los delitos de lesa humanidad que se han llevado a cabo por los paramilitares, que no son pocos.

De hecho la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una ONG que reúne a 116 organizaciones en cerca de 100 países, ha introducido varias comunicaciones ante la Fiscalía de la CPI para que investigue a los responsables de crímenes bajo su jurisdicción en Colombia. Según la FIDH, la Ley de Justicia y Paz promovida por el gobierno de Uribe para desmantelar los grupos paramilitares es solamente una pantalla, pues en realidad con esta ley se está legitimando la impunidad de sus crímenes.

Dados los estrechos lazos entre los paramilitares (de quienes hay pruebas de la imputación de delitos de lesa humanidad) y el gobierno y familia de Uribe, junto a la impunidad reinante por los delitos cometidos ayudados con la Ley de Justicia y Paz, podría perfectamente presentarse una demanda ante la CPI para que el Fiscal de este organismo investigue la responsabilidad de Uribe y otras personas, a la vez que evalua la Ley de Justicia y Paz.

El miercoles 5 de marzo por la noche, durante una rueda de prensa conjunta con el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, Chávez expresó que quería presentarse ante la CPI, pero acompañado de Uribe. Chávez sabe que él tiene las manos limpias de sangre y Uribe no. En fin, no nos apresuremos, Uribe simplemente quiso hacer un pequeño ”show”, la realidad es que el caso de la parapolítica avanza y que la CPI está consolidándose. Para desgracia de Uribe ya existen precendentes recientes en el que las instancias judiciales extranjeras, la cooperación judicial y la presión internacional han servido para llevar a juicio a ex presidentes criminales, y si no que se lo digan a Pinochet o Fujimori. Lo que esta claro es que tarde o temprano, aunque no creo que demasiado tarde, y por sus propios actos, Uribe también caerá, Chávez si sigue como hasta ahora no.

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[1] Los nombres de estos congresistas son: Álvaro García Romero, Erick Julio Morris, Jairo Merlano, Álvaro Araújo Castro, Dieb Maloof, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Miguel Alfonso de la Espriella, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, José Santos Negrete, William Montes, Óscar Wilchez, Karelly Patricia Lara Vence, Luis Humberto Gómez Gallo, Ciro Ramírez, Luis Fernando Almario, Pompilio Avendaño y Dixon Tapasco y Enrique Emilio Ángel.

[2] El crimen de lesa humanidad se considerará “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; (…) d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física; (…) f) Tortura; g) Violación; (…) h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos;(…) i) Desaparición forzada de personas; (…)k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” Art. 7 del Estatuto de Roma.

[3] La ONG Centro de Investigación y Educación Popular documentó por medio de su Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política 14.476 crímenes de lesa humanidad perpetrados por los paramilitares. El estudio recoge 11.161 casos de personas ejecutadas, 1.869 desaparecidas y 164 torturadas.

[4] El artículo 124 establece: “…al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio…”. Estas categorías establecidas en el artículo 8 son(como se dijo más arriba): genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión.

[5] “(…)A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”: a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber (…): i) El homicidio intencional; ii) La tortura o los tratos inhumanos (…); iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud; iv) La destrucción y la apropiación de bienes (…); v) El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga; (…)vii) La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal;

viii) La toma de rehenes; b) Otras violaciones graves de las leyes (…)” Art. 8 Estatuto de Roma.