Nisman y la política exterior de la Argentina

Aritz Recalde

Rebelión

Desde la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra el gobierno nacional y en particular a partir de su muerte, se está profundizando una estrategia política tendiente a desestabilizar la administración de Cristina Fernández. Entre los objetivos de la maniobra, se encuentra el intento de alinear geopolíticamente a la Argentina a los planes de los EUA.El desafortunado y tendencioso manejo que realizó de la causa AMIA el fiscal fallecido y la campaña internacional contra el país desatada el último mes, exceden el mero ámbito de la política interna y forman parte de una estrategia más amplia. Su objetivo fundamental intenta:
- Alejar a la Argentina de Irán y de todos aquellos países que no apoyaron en las últimas décadas la estrategia política norteamericana y de Israel en Medio Oriente.
- Ligar a la Argentina a la geopolítica de los EUA en América Latina. Parte de la estrategia norteamericana fue rechazada públicamente en el año 2005 con el “no al ALCA”.
- Deteriorar el poder de los gobiernos nacionales y populares de América Latina. En paralelo a la Argentina, buena parte de los proyectos populares están recibiendo un enfrentamiento mordaz por parte del poder económico y mediático internacional.
- Debilitar políticamente al gobierno nacional de Cristina Fernández, de cara al recambio electoral del año 2015. Una salida estrepitosa del Frente Para la Victoria permitiría el regreso de los EUA y de los capitales financieros internacionales al control del Estado argentino. Derrotado el programa de Cristina Fernández se debilitarían los gobiernos populares de Uruguay, Venezuela, Brasil o Bolivia.
En el terreno judicial y como resultado del accionar político de Nisman y de sus antecesores fiscales y jueces, los 85 muertos del atentado de la AMIA siguen sin encontrar justicia a más de 20 años del terrible atentado. Entre los causantes de la dificultad de la justicia argentina para llegar a los verdaderos ejecutores, debemos destacar que la causa es utilizada como un “botín” de la lucha política internacional.
Nisman y los EUA
Hay varios indicios de que el fiscal Nisman no actuó imparcialmente en su condición de miembro de la justicia argentina. Por el contrario, hay pruebas de que en diversas oportunidades siguió indicaciones de los Estados Unidos y de Israel. En los papeles del Departamento de Estado de los EUA que difundió Wikileaks, el titular de la Unidad de Investigaciones de la causa AMIA aparece dialogando en reiteradas ocasiones con la Embajada norteamericana. Según los cables difundidos, los diplomáticos extranjeros le “sugirieron” investigue la “pista iraní” y no la “pista siria” o la “conexión local” (O´Donell 2011:31-39).
Los norteamericanos tuvieron un rol central en las investigaciones del atentado de la AMIA. Desde el origen de la causa Carlos Menem había decretado la “extraterritorialidad” de la zona del siniestro, favoreciendo el ingreso de militares y personal de inteligencia de los EUA (CIA) y de Israel (Mossad). La estrategia originaria de los EUA en la causa AMIA, fue la de sostener que el atentado lo ejecutó Irán. Extrañamente por la prematura, el gobierno de los EUA impulsó la culpabilidad de Irán y del Hezbollah libanés desde el mismo día del terrorífico atentado (18 de julio de 1994). Desde dicha fatídica jornada a la fecha, tanto el Juez Juan José Galeano, como Rodolfo Canicoba Corral y los fiscales Nisman y Martín Burgos, reiteraron casi exclusivamente esa misma línea de investigación. Los resultados fueron casi nulos y no hay culpables juzgados y detenidos en una causa que ya acumuló la desorbitante cantidad de un millón de fojas en casi 5000 cuerpos (Labaké 2012).
Durante toda una década el fiscal Nisman insistió sin resultados concretos y con dudosas pruebas, dicha hipótesis norteamericana. La obsesión del fiscal (¿imposición norteamericana?) por acusar a los iraníes, lo llevó a cometer improcedencias judiciales importantes. En el año 2003 y formando parte de una actitud que el periodista Jorge Lanatta caracterizó como una “ fiebre de detención” , el fiscal requirió a Interpol la detención de 22 iraníes. En el universo de acusados estaba Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en la Republica Argentina al momento del atentado de 1994. Soleimanpour fue detenido en una prisión de alta seguridad y fue juzgado por tribunales ingleses, que lo declararon libre por la debilidad de las pruebas presentadas por la Argentina. El Estado de nuestro país pagó las costas del juicio a los británicos, que superaron la abultada cifra de 200.000 libras.
Tanto el embajador iraní como el agregado cultural de ese país Moshen Rabbani, habían sido inculpados con información de la hoy disuelta SIDE. Los informes acercados al fiscal fueron elaborados por la gestión del cuestionado Miguel Ángel Toma. El ex diputado Mario Cafiero mencionó que Toma se vinculó estrechamente a los EUA y apoyó las pistas de la CIA. La improcedencia judicial y la falencia de los documentos probatorios de la justicia y de la SIDE, fue reclamada en más de una ocasión por el gobierno de Irán. Varios de sus argumentos pueden leerle en el libro de Juan Labake y fueron explicitados en 2006 por el encargado iraní de negocios, M ohsen B aharvand, al periodista de diario Página 12 Raúl Kollmann (Labaké 2012: 125-200) (Kollmann 2006).
En otro acto improcedente en términos judiciales y cuestionable de cara al buen manejo de las relaciones internacionales del país, Alberto Nisman manifestó públicamente haber encontrado testigos que demostraban la presencia de la persona que detonó el coche bomba (es bueno destacar que la existencia de la Traffic blanca también es dudosa existencia según obra en la causa). El supuesto inculpado terrorista era el libanes Ibrahim Berro y quedó demostrado que murió en el Líbano y no en el atentado en la Argentina. Las pruebas de los falsos testigos habían sido otorgadas por la jefatura de contrainteligencia de la SIDE, a cargo del hoy denunciado Antonio Stiusso y por la CIA. Semejante proceder en un tema tan delicado que hace al honor de los 85 muertos y a las correctas relaciones con el mundo, le permitió decir a Jorge Lanatta que a Nisman “bien podría costarle un juicio político, pero parece que la Argentina da para todo” (Lanatta 2006).
Acusado de mal desempeño, de impulsar encubrimientos y sobornos con apoyo de la SIDE, el Juez Galeano fue destituido. Entre otras cuestiones, se comprobó que intervino en el pago de 400.000 dólares a Carlos Telleidín con la finalidad de que declare falsamente e involucre a un grupo de policías bonaerense. La salida del juez hizo público los infructíferos y preocupantes manejos de la justicia y de la SIDE, desprestigiando aun más el funcionamiento de la investigación del atentado. La disolución actual de la agencia de inteligencia nacional tiene en la causa AMIA un antecedente importante.
La denuncia por encubrimiento contra Cristina Fernández, Héctor Timerman, Luis D`Elia, el miembro de una mezquita Alejandro Khalil, Andrés Larroque o el dirigente Fernando Esteche, carece de solidez y forma parte de la estrategia política que Nisman aplicó a lo largo de su desempeño como fiscal de la causa AMIA. La posibilidad de que Timerman sea el “instrumentador del plan de impunidad” “ideado por la Presidenta”, suena a verdadero disparate. Lo mismo debe decirse acerca de que el ministro Julio De Vido podría involucrase en un accionar de este tipo, para dotar a la Argentina de petróleo. Todo el bloque de legisladores que aprobó el Memorándum con Irán, ¿también serían instrumentadores del encubrimiento?: en este caso, ¿la Argentina sería un país terrorista?. Absurdo, falto de pruebas y realmente delirante, dada la trayectoria de cada uno de los inculpados por Nisman. La improcedencia judicial y la inexistencia de evidencias, llevó al juez Daniel Rafecas a desestimar rápidamente la denuncia contra Cristina Fernández (en éste caso requerida por el fiscal Gerardo Pollicita).
Es importante no perder de vista que en una década él y sus 45 empleados de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la causa AMIA que fue creada en 2004, no aportaron prácticamente nada más allá de profundizar la hipótesis de los EUA y del destituido Galeano. A Nisman y tal cual lo sugirió Jorge Lanata, también pudo -o debió como insinúa el periodista-, haberle caído un requerimiento de destitución.
Las relaciones exteriores y la muerte del fiscal
Desde el año 2003 la República Argentina viene desenvolviendo una política exterior con vocación independiente. Con avances y retrocesos, con limitaciones y con importantes logros, el país encaró la determinación de ser una nación soberana, dejando atrás la humillante y perniciosa etapa del neocolonialismo con los EUA. Históricamente la estrategia de los norteamericanos y del bloque de poder Europeo (principalmente Inglaterra), es que Argentina no alcance lazos políticos estratégicos con otros Estados.
En cuestiones de integración iberoamericana los logros no son pocos y el Frente Para la Victoria acompañó la creación de la UNASUR y Néstor Kirchner fue su primer secretario general.
Los principales aliados comerciales de nuestro país son China y Brasil, dos miembros del bloque de los BRICS.
Hay que destacar que en pleno embate del imperialismo financiero y judicial de los EUA (fondos buitres y juez Thomas Griesa), visitó el país el presidente Ruso Vladimir Putin, quien impulsó acuerdos para desarrollar de manera conjunta la energía nuclear y petrolífera. Como corolario, el presidente ruso apoyó la reivindicación del país en la causa Malvinas.
En el año 2014 Argentina recibió la histórica visita de una delegación de China, que otorgó al país apoyo financiero (“swap” por el equivalente a 11 mil millones de dólares, inversiones en represas hidroeléctricas y en transporte de cargas) y soporte tecnológico (ferrocarriles o energía atómica). En línea con el planteo de Putin, el presidente Xi Jinping se solidarizó con la causa Malvinas y acompañó las negociaciones frente a los fondos especulativos. Resultante de los acuerdos, paulatinamente, la Argentina avanzaría en la estrategia de remplazo del monopolio de las reservas en dólar, incluyendo el yuan chino entre otro paquete de monedas.
También en el “Grupo de los 77” (son 133 países), el gobierno consolidó un apoyo fundamental en las negociaciones contra los grupos financieros y en la causa de recuperación de la Malvinas.
El triunfo de la Argentina en ambas causas implicaría una derrota fundamental del imperio norteamericano y de sus socios europeos, que construyen su poder sobre dos pilares:
- Poder financiero: EUA controla las principales plazas financieras y tiene un manejo importante del FMI y del Banco Mundial.
- Poder militar: las Islas Malvinas son una base militar de la OTAN en el Atlántico Sur. Desde su plataforma en las islas tienen acceso al petróleo y manejan una puerta de entrada y base de operaciones sobre el Como Sur y la Antártida.
En la carrera por el control del mundo, los miembros de los BRICS están disputando el poder militar y financiero de los EUA. La lucha económica mundial parece estar siendo ganada por China, quien en breve será la primera potencia mundial desplazando a los EUA. La década actual es una bisagra en la geopolítica de la post Segunda Guerra y el avance de China y Rusia en Iberoamérica está replanteando el ordenamiento mundial.
El accionar de Nisman en la causa AMIA y la campaña de prensa actual, se inscribe en esta disputa internacional que intenta detener el avance de China y de Rusia en la integración regional abierta en la última década.
Los poderes de segundo orden
En su disputa geopolítica el establishment ordena y moviliza a los otros poderes internos. Entre ellos, tiene importante injerencia en el comportamiento de sectores de la clase política, el periodismo, la justicia o los servicios de inteligencia. La acción de enfrentamiento al gobierno por parte de estos poderes, se aceleró por el hecho de que en agosto de 2015 hay elecciones nacionales.
Los grupos mediáticos concentrados locales y sus redes regionales y mundiales, efectúan un hostigamiento permanente contra el país. La masiva cobertura de la marcha de los fiscales aduciendo la muerte Nisman, es su última y más clara expresión [1] .
Tal cual mencionamos anteriormente, en sectores de la justicia y la SIDE existe una relación estrecha con poderes extraterritoriales. El enfrentamiento que le realiza parte del poder oligopólico insertado en la justicia, el gobierno lo disputó con una ley de democratización (frenada por la misma justicia), movilizando y organizando sectores progresistas del mismo poder (Justicia Legitima), con una disputa de los colegios de abogados y otros ámbitos institucionales y con una reforma de códigos y de normas. La intervención de la SIDE se propone cortar una red de negocios y de complicidades entre la inteligencia nacional, la justicia y los poderes trasnacionales. La respuesta no se hizo esperar y el poder judicial bloqueó leyes fundamentales como la de servicios de comunicación y otras causas por delitos económicos de grupos oligopólicos. Actualmente está en una campaña de “procesamiento” masiva de los funcionarios públicos. La movilización del día 18 de julio forma parte de la disputa y los fiscales enfrentados a Gils Carbó y el gobierno nacional, apuestan a la salida debilitada de Cristina Fernández y a ocupar los lugares en el Ministerio Público.
Poderes locales e internacionales están moviendo sus jugadores en la Argentina y en Iberoamérica. No es el primero, ni tampoco será el último intento de desestabilización. En algunos países están aplicando la estrategia política y mediática que Moniz Bandeira describió enFormula Para el Caos y que posibilitó la caída de Salvado Allende en Chile. La injerencia nociva de los EUA en las políticas de nuestros países es denunciada actualmente por Evo Morales, por Nicolás Maduro o por Lula Da Silva. Anteriormente en nuestro sufrido y combativo continente, la perniciosa acción norteamericana había sido revelada por los mandatarios Juan Perón, Fidel Castro, Getulio Vargas o Joao Goulart.
Nota:
[1] La muerte del fiscal y la marcha del 18 N fue reproducida por la prensa concentrada mundial. La noticia tuvo una cobertura importante en los diarios norteamericanos The Washington Times o The Washington Post; los españoles El País y El Mundo; el británico The Guardian o el francés Liberátion. La CNN norteamericana está operando permanentemente para dar entidad a las acusaciones de Nisman contra el gobierno nacional.
Textos citados
· Kollmann Raúl (2006) Irán versus la fiscalía, Diario Página 12, 19/11/2006. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-76449-2006-11-19.html· Labaké Juan Gabriel (2012) AMIA, Embajada ¿verdad o fraude?, Ed. Reconquista, Buenos Aires.
· Lanata Jorge (2006) Tócala de nuevo Nisman, Diario Perfil, 19/11/06. http://www.perfil.com/columnistas/Tocala-de-nuevo-Nisman-20061119-0005.html
· Moniz Bandeira Luiz Alberto (2001) Formula para el caos. La caída de Salvador Allende (1970-1973), Ed. Corregidor, Buenos Aires.
· O´Donell (2011) ArgenLeaks. Los cables de Wikileaks sobre la Argentina, Ed. Sudamericana, Buenos Aires.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

La escena invertida

Horacio Verbitsky

Página/12

El pronto y categórico fallo de Rafecas desnudó la debilidad de la acusación de Nisman y obstaculizó una operación para trasladar la causa por su muerte a un juez federal de la escudería Stiuso. Con el acto de hoy el gobierno procura volver a su quicio la escena invertida, en la que sus políticas de verdad y justicia fueron alzadas como consignas en su contra, incluso con movilización callejera. Netanyahu contra Obama por Irán, un nuevo escenario internacional que Nisman no ignoraba.Al desestimar la denuncia del extinto fiscal Natalio Alberto Nisman contra la presidente CFK, su canciller Héctor Timerman y el diputado nacional Andrés Larroque, el juez Daniel Rafecas desconcertó a tirios y troyanos, que no esperaban un pronunciamiento tan rápido y categórico. El editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, cuestionó que Rafecas sólo hubiera encuadrado al falso agente de inteligencia Allan Bogado y por “tráfico de influencias”. Le pareció “poco para tanto revuelo”. ¿No será al revés, que se había armado un enorme revuelo en torno de tan poco? Esa inversión de los términos fue el concepto central de una columna publicada aquí el martes, por Verónica Torras, quien llegó al hueso de la operación en desarrollo desde el 14 de enero: inculpar por la muerte del fiscal al gobierno que asumió las consignas del movimiento por los derechos humanos y reclamarle justicia contra la impunidad, incluso con la movilización en las calles. Recomiendo leer ese texto porque es la reflexión más profunda vertida hasta el presente sobre el tema, y para compensar que le tomo prestado el título (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/266790-71676-2015-02-24.html).
Para el sin duda bien intencionado columnista Alberto Amato, “en la Argentina, cuando un crimen roza al poder, queda impune”. ¿Sí? En pocos países más que en la Argentina los crímenes del poder están siendo castigados: desde Videla a Pedraza, de María Soledad a Cabezas y Marita Verón, de Río Tercero a Once y Cromañón. La única excepción han sido los crímenes del poder permanente, económico, eclesiástico, judicial o de Inteligencia. Hasta eso comenzó a cambiar, con el enjuiciamiento de Martínez de Hoz, Carlos Pedro Blaquier, Jimmy Smart, Oscar Justo Laguna u Otilio Romano, las sanciones al Banco Macro, las investigaciones sobre el HSBC, la disolución y la purga en la SI. Entonces todas las furias se desataron sobre el gobierno que lo consintió o lo impulsó. Además es asediado desde afuera por su posición inédita frente a los acreedores externos y los auditores financieros, su independencia en las relaciones internacionales que va desde el eje en el bloque sudamericano a la alianza estratégica con China y la búsqueda de acuerdos con Rusia.
La resolución del juez Rafecas comienza a poner en orden la escena que en los últimos cuarenta y cinco días se trastocó en forma brutal. El Gobierno no esperaba este desenlace porque maltrató a Rafecas cuando con la misma independencia aceptó la solicitud del fiscal Carlos Rívolo de allanar una propiedad del vicepresidente Amado Boudou. Un sector del radicalismo tampoco le perdona la investigación sobre la ley Banelco. En cambio lo respaldaron los organismos defensores de los derechos humanos, que lo reconocen por su tesis de doctorado sobre la tortura y por sus sistemáticas investigaciones sobre los crímenes cometidos en la Zona de Seguridad del Cuerpo de Ejército I, y las organizaciones de las colectividades armenia y judía, por sus estudios y libros sobre ambos genocidios. Eso frustró su destitución y no el presunto negociado con Eduardo de Pedro que le atribuyó Elisa Carrió, quien sustituye con tales ensueños la carencia cada día más evidente de buena información sobre lo que sucede, hasta llegar a la fantasía de un autogolpe que se daría hoy en el Congreso con apoyo militar. Al mismo tiempo que procuraba expulsar a Rafecas, el Gobierno propuso la designación como juez federal del coleccionista de parafernalia nazi Luis Osvaldo Rodríguez, para lo cual desdeñó la muy fundada impugnación del CELS. Integrante de la escudería Stiuso que administra Javier Fernández, Rodríguez es uno de los jueces que hoy acosan al Gobierno con causas disparatadas, como la imputación contra la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, por cumplir con su deber de abogada del Poder Ejecutivo, que es defender a quien lo ejerce, ante la acusación de Nisman por un acto de gobierno. Peor aún, en torno de Rodríguez gira la maniobra en curso para desplazar a la fiscal Viviana Fein de la investigación por la muerte del fiscal y enfangar el expediente en el fuero federal, a partir de una causa previa por amenazas que está radicada en su juzgado. Rodríguez también tiene un expediente contra el propio Rafecas, por haberse atrevido a investigar el uso de los dineros de la ex SIDE para pagar los votos que hicieron ley la precarización laboral, y que el actual gobierno derogó. Rafecas se enterará hoy de que su resolución postergó una conferencia de prensa de los peritos designados por la exposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, para la que los policías bonaerenses Osvaldo Raffo y Daniel Salcedo ya habían comenzado los contactos con periodistas. Raffo fue el perito forense que en 1977 certificó que ni Jacobo Timerman ni Jorge Rubinstein habían sido torturados y en 1984 declaró ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que quienes torturaban a sus víctimas no eran los policías sino los guerrilleros, de lo cual no recordó ni un ejemplo. El informe que ambos pensaban entregar a la prensa aseguraba que la escena de la muerte fue adulterada para ocultar que a Nisman lo asesinaron. Sobre esa base, el juez federal Rodríguez pediría la inhibición de su colega del fuero ordinario Fabiana Palmaghini. Máximo Rosconi, defensor de Diego Cerebrito Lagomarsino, el acompañante de los tours internacionales de compras electrónicas de Nisman en Chile, con ingreso sin aduana garantizado por Antonio Stiuso, participó en forma inusualmente activa en la declaración testimonial de Sergio Berni. Lo interrogó como si fuera un imputado, con repreguntas impertinentes para un testigo. Estuvieron cerca de pasar a los golpes. En apariencia buscaba la declaración de nulidad del primer tramo del expediente. Pero en su infatigable recorrida de medios, el también defensor de Carlos Menem insiste en que no se trató de un suicidio. Esa hipótesis no necesariamente favorece a su cliente (que se convertiría en sospechoso de un crimen) pero encaja con el operativo de traspaso al fuero federal. “Rafecas no sabe que los partió al medio. Por eso lo único que se veía el viernes en televisión y en los portales de noticias era la fiesta de Boca con el debut del otro Daniel Osvaldo y si el vestidito es crudo y dorado o azul y negro”, ironiza desde su despacho judicial alguien que ni forma parte de Justicia Legítima ni se resfrió el jueves 18. “Ahora están pendientes de cualquier cosa que diga CFK sobre el fallo, para volver a la carga”, agrega.
Nunca es demasiado tarde para que los gobernantes aprendan que un juez serio y decente como Rafecas es algo que no tiene precio.
Sobres lacradosAlberto Adrian María Gentili, el amigo que Nisman proponía todos los años para cubrir sus licencias, quedó a cargo en forma interina hasta la designación del equipo que lo reemplazaría. Los empleados de la fiscalía le informaron que Nisman había dejado dos versiones de un mismo escrito, listo para su presentación. Después de leerlo, Gentili ordenó guardarlo dentro de un sobre lacrado en la caja fuerte y entregárselo a quien o quienes se hicieran cargo de la fiscalía especial. Se trata de la solicitud al Poder Ejecutivo para que pidiera la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así esperaba conseguir la cooperación judicial que la República Islámica de Irán se negaba a prestar para que pudieran ser indagados sus nacionales, cuya captura el propio Nisman había pedido en 2006 y que fue el origen de las famosas alertas rojas de Interpol. La secretaria de la Unidad Fiscal, Soledad Castro, certificó en un acta del 20 de febrero que el fiscal había firmado esos documentos en diciembre de 2014 y rubricado sus últimas fojas en enero de 2015 “sin precisar el día”. Rafecas consignó en su resolución el asombro que le produjo constatar que Nisman formula allí una valoración positiva de los pasos que la presidente dio en el tema hasta septiembre del año pasado, es decir un año y nueve meses después de la firma del Memorando de Entendimiento. Si bien Nisman entendía que, a raíz de la negativa iraní a la extradición y al juicio en un tercer país, ese tratado bajaba las exigencias iniciales, no consideraba que su firma constituyera un crimen tipificado en el Código Penal, según sostendría pocos días después, el 14 de enero de este año. “Ante lo expuesto, estimo prudente no formular aquí comentarios” escribió con cierto pudor Rafecas.
Este mecanismo se repite varias veces a lo largo de su resolución: para Rafecas la prueba de que no hay delito en el accionar oficial la suministra el propio Nisman, en “una suerte de refutación a sí mismo”. El juez cita por lo menos tres veces en las que Nisman afirma que el Acuerdo no entró en vigor, por lo cual no tuvo efectos jurídicos, “incluyendo los efectos penales”: en las fojas 16, 121 y 180 de su autocontradictoria acusación.
De frente y de perfilDel mismo modo, el testimonio de José Ricardo Eliaschev ante Nisman refuta la nota periodística por la que fue citado. En el diario Perfil escribió haber visto un documento interno del gobierno persa en el que se afirmaba que la Argentina había perdido interés en el esclarecimiento de los atentados y prefería mejorar sus relaciones económicas con Irán. Pero como testigo dijo algo “claramente distinto”. En “esta declaración juramentada, de ser cierto lo que el ‘paper’ decía, de haber sido correctamente interpretado por el funcionario iraní de su contraparte argentina y de haber sido correctamente traducido del farsí al inglés, el contenido del mismo no revela nada en sí mismo sustancial: la Argentina querría ‘dar vuelta de página’ en las relaciones bilaterales, y para ello, correspondería –dice el “paper”– avanzar en un acuerdo importante”. Nada más que eso.
Basado en la denuncia de Nisman, el fiscal Gerardo Pollicita presentó el requerimiento de instrucción. Rafecas dejó constancia de que Pollicita se basó pura y exclusivamente en la denuncia de Nisman, lo cual puede ser una manera sutil de señalarle que con una simple instrucción preliminar hubiera podido arribar a la misma desestimación que él. Parte de ese camino lo recorrió el propio Rafecas. En una de las escuchas, el falso influyente Bogado se jacta ante su interlocutor musulmán de haber participado en las negociaciones sobre el Memorando de Entendimiento en Ginebra y de haberse reunido por la misma razón con personas de la colectividad judía en Nueva York. Pero “este personaje no registra una sola salida del país en los últimos diez años”, dice Rafecas. El juez también señaló un aspecto menos conocido del dictamen del fiscal Pollicita: “La claridad expositiva y la precisión en la definición de la hipótesis que ha delimitado en su escrito” fijó “el núcleo de la imputación”, lo que permite “despejar cualquier tipo de especulación y conjetura en este punto, sobre todo atendiendo la resonancia e implicancias que la denuncia ha concitado en la opinión pública nacional e internacional”. Pollicita circunscribió la investigación del presunto plan delictivo al señalar acciones concretas que habrían realizado la presidente y los demás imputados para “liberar de responsabilidad a los iraníes”. Una es la creación de una denominada Comisión de la Verdad, según Nisman “con facultades para asumir funciones de carácter estrictamente judicial en reemplazo del juez natural de la causa y del representante del Ministerio Público Fiscal”. Otra, la notificación a Interpol para que levantara “las circulares rojas”. Como la Comisión nunca se creó, las alertas rojas no se levantaron y la Argentina hizo todo lo que estuvo a su alcance para que siguieran en efecto, no hay delito, ni siquiera en grado de tentativa, concluye el juez.
Gente de palabraSi Pollicita apela la resolución de Rafecas, la decisión quedará en manos de una de las dos salas de la Cámara Federal: la I, integrada por Eduardo Farah, Jorge Ballesteros (quienes sin mencionar un solo precedente consideraron inconstitucional el Memorando de Entendimiento con Irán) y Eduardo Freiler, o la II, que integran Horacio Cattani, Martín Irurzun y el mismo Farah, a quien la escudería Stiuso colocó sobre el filo de ambas salas para que tenga una visión más completa del panorama. En forma paralela proseguirá la investigación sobre la muerte de Nisman. A 45 días del disparo, no hay evidencias irrefutables de que se haya suicidado, pero menos aún de que lo hayan muerto. Sin embargo, buena parte de la oposición judicial y mediática afirma sin dudar que se trató de un asesinato y atribuye la responsabilidad al gobierno. “Magnicidio institucional”, sentenció Nelson Castro, quien el jueves agregó que si Nisman estuviera vivo, Rafecas no hubiera cerrado tan pronto el caso contra la presidente, lo cual a su juicio prueba a quién le convino la muerte del fiscal. Su colega Eduardo Van der Kooy fue más allá: sin molestarse por las fuentes ni por el encadenamiento lógico, atribuyó el hecho a “un comando venezolano-iraní (con adiestramiento cubano)”. Joaquín Morales Solá esboza dos interpretaciones: o “sicarios iraníes” o “una dramática conclusión de su denuncia contra el gobierno argentino”, en cuyo caso la “eventual lista” de víctimas adicionales “podría ser más extensa aún y no agotarse ni siquiera en funcionarios judiciales”. El ex procurador fiscal ante la Corte Suprema desde el menemismo hasta su reciente jubilación, Luis Santiago González Warcalde, afirmó que fue “un crimen” en razón del trabajo de un hombre al que el gobierno nacional dejó “abandonado y solo”. Para el sociólogo Marcos Novaro la marcha del 18 de febrero “despertó el rechazo compartido a que la política recurra a la muerte de los adversarios”. La indiferencia por los hechos define los alcances de una neurosis colectiva que afecta al sector de la sociedad que ellos representan o del que provienen.
Otra voz muy distinta se escuchará hoy cuando la presidente inaugure el último período de sesiones de su segundo mandato, acompañada por una movilización que se preparó con esmero. La sanción durante el período de sesiones extraordinarias de la nueva ley de Inteligencia que ilumina uno de los sectores más oscuros del Estado, invierte el principio de secreto por el de transparencia y procura obstruir la relación promiscua entre los servicios y la justicia; la reformulación ministerial ya sin el irresponsable triturador de papel impreso; la incorporación de dos militantes de distintas generaciones como Daniel Gollán y Eduardo De Pedro y la revalorización de la eficiencia en la jefatura de gabinete; la apertura de los concursos públicos para 82 frecuencias de televisión digital en la Zona Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Resistencia, Formosa, Comodoro Rivadavia y Santa Fe, postergada desde el alejamiento de Gabriel Mariotto de la autoridad regulatoria, muestran la decisión de gobernar hasta el último día del mandato presidencial. Además de los anuncios de políticas sociales se esperan también definiciones políticas de la presidente, en una escena que vuelve a su normalidad luego de un mes y medio de desquicio. El martes, dirá lo suyo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sobre quien arrecian las presiones para que arroje nafta al fuego con un pronunciamiento recondiano sobre la independencia judicial. El mismo día, el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, hablará en el Congreso de Estados Unidos. En 2012, Netanyahu formuló una dramática declaración ante las Naciones Unidas, ilustrada con el rústico dibujo de una bomba, según la cual Irán estaba a sólo un año de construir su primer explosivo nuclear y reclamó acciones para impedirlo. Pero un documento secreto del Mossad, filtrado a la cadena de televisión Al Jazeera y al diario inglés The Guardian lo desmiente. Pocas semanas después del mensaje de Netanyahu, la propia Inteligencia israelí informó a Sudáfrica (de donde proviene la filtración) que Irán “no está realizando las acciones necesarias para producir armas”. El 17 de marzo Netanyahu arriesgará su cargo en las primeras elecciones en muchos años que pueden poner límite a la derechización total del “Estado Nacional Judío”, según la ley que priva de derechos a la minoría árabe, cuya sanción hace cien días hizo trizas la coalición gobernante y forzó la convocatoria electoral. En su mensaje del martes en el Capitolio Netanhayu cuestionará al presidente Barak Obama y la negociación nuclear del grupo 5+1 con Irán, que debe culminar con un acuerdo final en junio. Nisman no ignoraba estos cambios en el escenario internacional, que ya no es el de sus años de gloria.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-267135-2015-03-01.html

Billy el Niño, mientras torturaba a Lidia Falcón

"Ya no parirás más, puta"

La abogada y escritora feminista se adhiere a la Querella Argentina con una denuncia en la que describe las torturas sufridas en la Dirección General de Seguridad.

Cuando se desmayaba la desataban y la tendían en el suelo. La despertaban con un cubo de agua. Después el médico la reconocía, miraba el blanco de los ojos y le tomaba la tensión. "Dejénla descansar", solía recomendar. Ella quedaba en el suelo, mojada, durante horas, hasta que la bajaban a la celda. Al día siguiente, las torturas continuaban. Al sexto día los torturadores no pudieron seguir con las mismas sesiones. Ya no podían colgarla de la pared porque perdía el conocimiento rápidamente a causa. Entonces, cuando despertaba, seguía recibiendo puñetazos y patadas tirada en el suelo.

Pacto de silencio
Al noveno día la trasladaron a la Prisión de Mujeres de Yeserías en Madrid. Tenía rotos los tendones supraespinosos de los dos brazos y rasgados la matriz y los músculos del abdomen. Estuvo nueve meses en aquella prisión. Hasta el 11 de junio de 1975 cuando le concedieron la libertad provisional bajo la fianza de 30.000 pesetas. A pesar de estar acusada, nunca fue juzgada. De hecho, nadie fue juzgado por aquel atentado de ETA. Ni ella, ni los otros 21 procesados.

Falcón acudió años más tarde al Archivo Histórico a buscar aquellos expedientes. El de esta estancia en prisión, la anterior y las siete detenciones. No existían. Su nombre sólo aparece en documento que recoge una conversación mantenida por dos policías. "Todo ha sido eliminado. Es parte del pacto de silencio la Transición. Todo aquello queda atrás. No hay culpables. No hay condenados. No hay investigaciones. España es un país único y el bipartidismo tiene gran parte de la culpa", sentencia Falcón.  

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02-03-2015

La enorme influencia del lobby israelí en la política exterior estadounidense

Diez razones para rezar por el declive de la AIPAC

Medea Benjamin

Common Dreams

Traducido del inglés para Rebelión por Sara Plaza

Como judía seglar, no rezo demasiado. Pero esta semana, con el lobby israelí AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) celebrando su convención anual en Washington D.C., estoy rezando para que este año marque el principio del fin de su control sobre la política exterior de EE.UU.Entre el 1 y el 3 de marzo, más de 10.000 simpatizantes de la AIPAC se presentarán en la capital del país. El encuentro llega en un momento en el que la relación entre el presidente Barack Obama y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu toca su punto más bajo. La invitación del presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., el congresista republicano John Boehner, a Netanyahu para pronunciar un discurso en una sesión conjunta del Congreso, inmediatamente después de participar en la conferencia de la AIPAC, es vista por la Casa Blanca como un intento directo de debilitar al presidente y socavar las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear. En una acción sin precedentes, 50 valientes congresistas han decidido saltarse el discurso de Netanyahu en el Congreso.
El apoyo de la AIPAC al primer ministro israelí pasando por encima del presidente estadounidense está convirtiéndola en un lobby a favor de los republicanos, lo cual, con un poco de suerte, podría resultar fatal para su influencia futura en Washington. He aquí diez razones por las que esto podría ser bueno para la paz mundial:
1. La AIPAC quiere sabotear las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear. La AIPAC –como el gobierno israelí– no tiene ninguna fe en las complejas negociaciones que están teniendo lugar entre Irán y EE.UU. (junto con sus cinco socios) para impedir que Irán consiga armas nucleares. Quiere que se impongan mayores sanciones a Irán sabiendo que –como dijo el secretario de Estado, John Kerry– esas nuevas sanciones pondrían en peligro la vía diplomática. La AIPAC, que ejerció una influencia determinante en la imposición de durísimas sanciones económicas a Irán por parte de EE.UU. en el pasado, está ignorando las advertencias de la Casa Blanca y durante su reunión de este año presionará a favor del proyecto de ley Kirk-Menéndez , que Obama ha prometido vetar. Si las conversaciones sobre el programa nuclear fracasan, la violencia que azota Medio Oriente aumentará y arrastrará a EE.UU. por la peligrosa pendiente de la guerra.
2. La AIPAC promueve los asentamientos israelíes en contra del derecho internacional. Durante el pasado año se alcanzó la cifra más alta de israelíes viviendo en asentamientos ilegales, aproximadamente 350.000. A pesar de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reclamó la retirada de todos los asentamientos en Cisjordania y su suspensión sin condiciones, la construcción de éstos ha aumentado en un 40% bajo el primer ministro Netanyahu.  Los asentamientos israelíes violan la Convención de Ginebra y pueden ser investigados por la Corte Penal Internacional como "violaciones manifiestas de las normas internacionales de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario". No es de extrañar que la AIPAC no quiera que Palestina sea miembro de la CPI ... 
3. La AIPAC apoya las terribles invasiones y el asedio a Gaza. Aduciendo que Israel estaba obligado a defenderse de Hamás, la AIPAC apoyó la ofensiva israelí denominada "Operación Borde Protector" durante el verano de 2004. El ataque provocó miles de muertos (entre ellos más de 500 niños), redujo a escombros 6 escuelas y hospitales de la Naciones Unidas, destruyó 18.000 viviendas y desplazó a 108.000 personas de sus hogares. Robert Cohen, el presidente de la AIPAC, justificó la ofensiva israelí en una reunión del Congreso el 23 de julio. La AIPAC también había apoyado las dos invasiones anteriores de Gaza y el bloqueo que ha sumido a 1,8 millones de gazatíes en la pobreza y la miseria.
4. La llamada de la AIPAC a apoyar incondicionalmente al Gobierno israelí amenaza nuestra seguridad nacional.  El apoyo unilateral de EE.UU. a Israel, exigido por la AIPAC, ha reforzado de manera significativa el sentimiento antiestadounidense en todo Oriente Medio, sembrando las semillas de posibles nuevos ataques terroristas contra nosotros. El prestigioso general caído en desgracia, David Petraeus, admitió que el conflicto israelí-palestino "fomenta el sentimiento antiestadounidense debido a una percepción de favoritismo de EE.UU. hacia Israel". Irán, por ejemplo, podría convertirse en un aliado fundamental de EE.UU. en Oriente Medio en la lucha contra el EI. Sin embargo, debido al odio de Israel a Irán y a la enorme influencia (léase, dinero) que ejerce sobre nuestros políticos, nuestra política exterior refleja mejor los intereses de Israel que los nuestros.  
5. La AIPAC convierte a EE.UU. en un paria dentro de las Naciones Unidas. La AIPAC describe a las Naciones Unidas como un organismo hostil al estado de Israel y ha presionado al Gobierno estadounidense para que se oponga a aquellas resoluciones que comprometan a Israel. Desde 1972, EE.UU. ha vetado al menos 45 resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenando los actos de violencia de Israel contra Palestina. En 2011, la AIPAC ayudó a convencer a 446 miembros del Congreso para copatrocinar resoluciones en contra de la petición de Palestina de obtener el estatus de Estado observador de las Naciones Unidas. Haciendo caso omiso de las objeciones de EE.UU (y de la AIPAC), en 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una moción que reconocía a Palestina como "Estado observador no miembro" con 138 votos a favor y 9 en contra. Más recientemente, en respuesta a la solicitud de Palestina de formar parte de la Corte Penal Internacional (CPI), la AIPAC ha estado presionando a la administración Obama para que retirara su apoyo financiero a la Autoridad Palestina. A pesar de la oposición estadounidense, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, confirmó la adhesión de Palestina a la CPI a partir del 1 de abril de 2015, un movimiento muy controvertido que permitirá a Palestina presentar demandas por crímenes de guerra contra Israel.
6. La AIPAC facilita a los funcionarios del gobierno estadounidense una visión distorsionada sobre el conflicto israelí-palestino. La AIPAC ofrece a los representantes estadounidenses golosos viajes a Israel, viajes que son prácticamente obligatorios para todos los nuevos miembros del Congreso. La AIPAC regala a los congresistas –y a muchas de sus esposas– viajes pagados a Israel para que vean precisamente lo que Israel quiere que vean. Es ilegal que los lobbies se lleven de viaje a los congresistas, pero la AIPAC elude la ley recurriendo a una falsa fundación educativa, la AIEF (American Israel Education Foundation), que es la que se encarga de "organizar" los viajes. Las oficinas y el personal de la AIEF son los mismos que los de la AIPAC. Estos viajes consolidan los vínculos entre la AIPAC y el Congreso, sobre el que la primera ejerce una influencia indebida.
Para comprobar que la AIPAC tiene en el bolsillo a la mayoría del Congreso solo hace falta fijarse en cómo alardea de su conferencia política, en la cual "participarán más miembros del Congreso que en ningún otro acto, salvo una sesión conjunta del Congreso o un discurso sobre el Estado de la Unión".
7. La AIPAC ataca a los políticos que cuestionan el apoyo incondicional a Israel.  La AIPAC exige que el Congreso dé el visto bueno a la legislación elaborada por su propio personal. Además lleva un registro de las votaciones de los miembros del Congreso, que sirve a los donantes para hacer aportaciones a los políticos que votan bien, en tanto que los miembros del Congreso que no apoyan la legislación propuesta por la AIPAC corren el riesgo de no ser reelegidos. Es lo que les sucedió a los senadores Adlai Stevenson III y Charles H. Percy, y a los representantes Paul Findley, Pete McCloskey, Cynthia McKinney y Earl F. Hilliard. Recientemente muchos demócratas que han hecho pública su negativa de asistir al discurso de Netanyahu en marzo han sido el blanco directo de los partidarios de la AIPAC. El representante del magnate del juego Sheldon Adelson dijo que " si estos demócratas prefieren poner la política partidista por delante de los principios y dejar plantado al primer ministro de Israel, entonces tenemos la obligación de decirlo" . Quienes desde la derecha apoyan a Adelson y Netanyahu prometen emplear su riqueza y sus enormes recursos para castigar a los demócratas que se salten el discurso.
8. La AIPAC intenta silenciar las críticas a Israel tildando a los críticos de "antisemitas", "deslegitimadores" o "judíos que se odian a sí mismos".  Periodistas, think tanks, estudiantes y profesores han sido acusados de antisemitismo por el mero hecho de mantener posiciones críticas hacia las políticas del Gobierno israelí. Estos ataques ahogan las discusiones y debates críticos que constituyen la esencia de la política democrática.
9. La AIPAC presiona para que miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses vayan a Israel en vez de a la reconstrucción de EE.UU.  Mientras las comunidades de todo el país recortan drásticamente los presupuestos del profesorado, los bomberos y la policía, la AIPAC presiona para conseguir más de 3.000 millones de dólares para Israel. Este dinero va a parar a manos del ejército israelí para mantener a la última el régimen de apartheid que oprime a los palestinos.
10. El dinero para Israel sale de los fondos de ayuda a los pobres del mundo. Israel ocupa el puesto 24 entre las economías más grandes del mundo, pero gracias a la AIPAC, consigue más dólares de los contribuyentes estadounidenses que ningún otro país. En un momento en el que el presupuesto para la ayuda exterior está siendo recortado, el que Israel siga acaparando la mayor parte de la ayuda exterior significa que se están deduciendo fondos de programas que son esenciales para proporcionar alimentos, alojamiento y ayuda de emergencia a las poblaciones más pobres del mundo.
El resultado final es que la AIPAC, que es un agente de facto de un gobierno extranjero, influye en la política estadounidense de manera absolutamente desproporcionada en comparación con el número de estadounidenses que apoyan sus políticas. Cuando un pequeño grupo como este tiene un poder desproporcionado perjudica a todo el mundo, incluyendo a los israelíes y a los judíos estadounidenses.
Tanto si hablamos de impedir una guerra catastrófica con Irán como de solucionar finalmente el conflicto israelí-palestino, un punto de partida obligatorio es acabar con el control de la AIPAC sobre la política estadounidense. Ese es el motivo por el que estoy rezando estos días, para que el desaire al presidente Obama y la ofensa a los congresistas demócratas lleven a la AIPAC hacia su propia desaparición.
Medea Benjamin ([email protected]), es cofundadora de Global Exchange y CODEPINK: Women for Peace, y la autora de Drone Warfare: Killing by Remote Control. Entre sus libros anteriores se encuentran Don’t Be Afraid Gringo: A Honduran Woman Speaks from the Heart , yStop the Next War Now (Inner Ocean Action Guide) (con Jodie Evans) .

Fuente original: http://www.commondreams.org/views/2015/02/27/10-reasons-pray-aipacs-decline

De los atentados (Embajada de Israel y la AMIA) a la muerte de Nisman

Reflexiones sobre una larga historia de encubrimientos

Roberto Perdía, Carlos Aznárez, Héctor Carrica et al.

Rebelión

Introducción
Estamos transitando el último acontecimiento (por ahora) de esta historia iniciada con la explosión en la Embajada de Israel y la reciente muerte del Fiscal Alberto Nisman, 23 años después.
No se trata de sumar más opciones a la investigación detectivesca o sembrar nuevas hipótesis judiciales.
Es probable que nunca sepamos las características de lo ocurrido, más allá de que la justicia acuse a tal o cual persona, institución o país. Ello hoy se debate entre el oficialismo y la oposición y sirve para dirimir sus cuentas de corto plazo aunque aporte muy poco a una comprensión cabal de lo que está ocurriendo.
El problema central, que está en el eje de estas reflexiones, tiene que ver con el marco en el que se inscriben tanto los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA y sus encubrimientos como la acusación, por parte del Fiscal Nisman, a la Presidenta, su Canciller y un grupo de argentinos como encubridores del atentado a la AMIA, y la muerte posterior del propio Fiscal.
Lo gravitante, a lo que tenemos que responder como militantes del campo popular, es acerca de los intereses que se mueven en torno a este conjunto de acontecimientos y su evolución.
Lo hacemos convencidos de la confusión que reina en la propia militancia donde corremos el riesgo de prestar mayor atención a voces enemigas que al avasallamiento de nuestra propia soberanía.
Adentrarnos en la búsqueda de los responsables de estos hechos es identificar a quienes están en el origen y la actualidad del saqueo a nuestros recursos y la explotación de nuestros trabajadores. Ubicarlos es encontrar la clave de nuestra dependencia y de quienes son los actores interesados en mantenernos disciplinados y sometidos a sus designios mientras ellos se enseñorean sobre nuestra Patria, sus trabajadores y el conjunto del pueblo.
Los atentados – Muchas denuncias y pocas investigaciones
El 17 marzo de 1992 fue el atentado a la Embajada de Israel y el 18 de julio de 1994 ocurrió lo propio en la sede de la AMIA, Mutual Israelita.
Ambos atentados sumaron más de un centenar de muertos. Esa cifra solo es superada –para toda la segunda mitad del siglo pasado- por la masacre producida por militares y civiles gorilas, en junio de 1955, cuando bombardearon la Plaza de Mayo y sus alrededores.
Sobre los atentados es mucho lo que se ha hablado y denunciado y muy poco lo realmente investigado. En aquellos tiempos gobernaba Carlos Menem. Desde los inicios fue quedando claro que ambos hechos no podían ser desvinculados de cuestiones internacionales. Uno de los comentarios más fuertes, que se fue instalando en la prensa, era que se trataba de una “factura” de algunos países del Medio Oriente, enfrentados a Israel. ¿El motivo? Que Menem habría incumplido con el compromiso de facilitarles información sobre el misil –Cóndor– que la Argentina estaba experimentando. Proyecto que la presión los estadounidenses, junto a la decisión política de Menem de mantener relaciones carnales con ellos, llevó a desmantelar.
De ese enfoque surgieron la “pista siria”, un atisbo –abortado– de una “pista pakistaní” y… por fin la “pista iraní”. Esta fue la que finalmente adoptó Menem, consolidó Eduardo Duhalde y profundizó el kirchnerismo, en todos los casos con la anuencia de la inmensa mayoría de sus respectivas oposiciones y de los principales medios de prensa.
Pero hubo otra versión que, apenas fueron apareciendo pruebas, fue rápidamente silenciada. Según la misma tales atentados estarían vinculados a una “interna” israelí o un hecho accidental, en el caso de la Embajada, producido por un acopio de material explosivo dentro de ese edificio.
Recordemos que el 4 de noviembre de 1995 fue asesinado el Primer Ministro Israelí, Isaac Rabin, promotor -junto a Yasser Arafat- de los Acuerdos de Oslo (13 de setiembre de 1993). Acuerdos fuertemente cuestionados por los sectores más reaccionarios y belicistas de la política israelí, a los que también se vincula con el asesinato de Rabin.
El “atentado a la Embajada de Israel” que dejara un saldo de 29 muertos y 242 heridos fue la primera manifestación de esta trágica saga que se está desarrollando, desde hace más de dos décadas, en nuestro territorio.
Inmediatamente después del hecho, las declaraciones de los diplomáticos israelíes trataron de instalar la responsabilidad de Irán mediante la explosión de un coche-bomba en la puerta de la Embajada, procurando desvirtuar todos los indicios y las declaraciones de los primeros testigos que señalaban la existencia de una implosión.
La maleabilidad de los funcionarios del Gobierno y la Justicia de nuestro país y su escaso espíritu patriótico hicieron que se terminara aceptando el criterio de una explosión exterior y el coche-bomba. Pero antes ocurrieron algunas cuestiones que permiten afirmar la existencia de encubrimientos que durante largos años impusieron e imponen esa lógica.
Entre otras varias responsabilidades vale la pena detenerse en el rol de nuestra Suprema Corte de Justicia, natural instancia jurisdiccional por tratarse de la sede diplomática de un país extranjero.
En el expediente había criterios encontrados acerca del lugar de la explosión. Los de la Policía Federal y Gendarmería indicaban que se había producido en el exterior, un perito de oficio y otro del Ejército la ubicaban en el interior del edificio. Para zanjar la duda Corte solicitó a la Academia Nacional de Ingeniería otro peritaje. La tarea, a cargo de 3 ingenieros estructuralistas y con metodologías diferentes, fue concluyente: La explosión se produjo en el interior. Ese peritaje fue hecho público por la Corte en setiembre de 1996.
Desde el gobierno de Israel se rechazaron esas pericias alegando “que se quería culpar a las víctimas”. Vinieron las presiones y denuncias de antisemitismo. La Corte comenzó a retroceder y realizó una audiencia “reservada” (15-5-97) para “compatibilizar pericias”. Dicha audiencia no alcanzó sus objetivos. Fue resignando tareas de instrucción y en mayo de 1999, mediante una “acordada”, dio por cierta la versión del coche-bomba, sin acusar al gobierno de Irán. No siguió investigando. Los encubridores habían logrado su objetivo.
El “atentado a la AMIA (Mutual Israelita)” producido el 18 de julio de 1994 dejó un saldo de 85 muertos y alrededor de 300 heridos.
Los criterios utilizados para que nunca se pudiera investigar y determinar responsabilidades son conceptualmente semejantes a los aplicados al caso de la Embajada. Se plantaron pruebas (nuevamente un coche-bomba) y se eligió un responsable (el Estado de Irán); lo demás son farragosos trámites e impugnaciones judiciales que permiten que el encubrimiento funcione.
Como en este caso intervenía la Justicia Federal y no la Suprema Corte, como en el caso de la Embajada, las cosas tuvieron más “idas y venidas”.
Desde el primer momento, apareció con un protagonismo mayor la inteligencia israelí, actuando –casi inmediatamente- en el mismo escenario de los hechos. Nuevamente, la inconsistencia de las pruebas respecto a las acusaciones formuladas hizo que las investigaciones se fueran derivando hacia cuestiones secundarias de la llamada “conexión local”. Todo ello culminó en un laberinto de falsedades y corrupciones, que terminó cuando, en setiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal Nº 3 (TOF 3) ordenó la nulidad de lo actuado. Los acusados de haber participado en el ataque de la AMIA recuperaron su libertad. El Juez instructor Juan José Galeano fue apartado de la causa. Idéntico proceder se adoptó respecto a 2 de los 3 fiscales intervinientes, Gabriel Müllen y José Carlos Barbaccia; el tercero, Alberto Nisman, continuó en sus funciones. Los funcionarios judiciales separados, junto al Presidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), Rubén Beraja, y otros involucrados, fueron procesados.
Luego de la separación del juez Galeano, la causa quedó en manos de Rodolfo Canicoba Corral. Se designó al Fiscal Alberto Nisman al frente de la Unidad Fiscal de Investigación para la AMIA (UFI-AMIA). En estos últimos 10 años el Fiscal Nisman fue la voz cantante de dicha “investigación”. Se apoyó en la misma información que había utilizado Galeano y siguiendo la “pista iraní” pidió, junto al Fiscal Marcelo Martínez Burgos, el 25 de octubre de 2006, el procesamiento de 8 iraníes, acusando al gobierno iraní como responsable de su planificación y a Hezbollah de ejecutarlo.
Aquí también el encubrimiento funcionó, en este caso con mayor incidencia que en el caso de la propia Embajada, porque continuó el “guión” de una acusación preparada desde los intereses de potencias imperiales y sus servicios de inteligencia, particularmente la MOSSAD (agencia de inteligencia israelí) y el FBI.
El acompañamiento del gobierno a las políticas imperialistas de aislamiento de Irán y los virajes producidos
Argentina “acompañó” la política norteamericana de colocar al Estado de Irán en el “ojo de la tormenta” como “eje del mal” con las acusaciones que anualmente hacían Néstor y Cristina Kirchner en las Naciones Unidas y con el hecho de dejar en manos del dúo Stiuso-Nisman las investigaciones. Stiuso fue hasta hace poco el director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia. Durante 6 Asambleas Generales de las Naciones Unidas, el kirchnerismo (Néstor en 2007, Cristina en 2008 / 2009 / 2010 / 2011 y 2012) atacó a Irán haciéndolo responsable de los mencionados atentados. De esta manera se comportaba en línea con las políticas de Estados Unidos e Israel, que tenían como propósito el aislamiento de Irán.
Hasta aquí la relación del dúo Stiuso-Nisman y el gobierno transitaba pacíficamente, con una amplia apoyatura y aval del gobierno. Cabe recordar que, en Julio de 2004, Gustavo Béliz, Ministro de Justicia de Néstor Kirchner, confrontó con Stiuso y tuvo que renunciar. Allí, Beliz mostró una foto de Stiuso -lo que le valió un juicio penal- y dijo que Stiuso le hacía mucho mal a la Argentina ya que “manejaba un ministerio de seguridad paralelo que operaba como la Gestapo”.
Hacia el año 2012 se fue consolidando el cambio de política del kirchnerismo respecto al Estado de Irán. El 27 de enero del año 2013, los cancilleres de Argentina e Irán firmaron en la ciudad de Adís Abeba, Etiopía, el Memorándum de Entendimiento, procurando una salida a la situación planteada entre ambos países, a través de una Comisión Internacional de Juristas.
Israel siempre se opuso a ese acuerdo, los Estados Unidos no lo cuestionaron y la comunidad judía –en la Argentina- tuvo posiciones ambiguas.
Eso pasó cuando los Estados Unidos también viraban su propia posición, ante sus necesidades estratégicas -entre otras razones por el retiro de sus tropas de Irak y Afganistán- de aflojar la tensión con Irán. Ello tomó estado público cuando el vicepresidente norteamericano, Joe Biden, propuso negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán en la Conferencia de Seguridad de Munich el 13 de febrero de 2013. Esto ocurría prácticamente en simultáneo con la firma del Memorándum de Entendimiento, que nunca tuvo principio de ejecución.
Esta coincidencia de fecha y reorientación política tiene dos lecturas: una que la Argentina también en este caso “acompañó” la política estadounidense. Dos, que “leyó mal” sobre las razones estratégicas de los cambios estadounidenses y avanzó sin reparar en las consecuencias de su viraje.
A partir de allí la relación con el tándem Stiuso-Nisman se fue tensando. Nisman se opuso al Memorándum de Entendimiento. A eso hay que agregar que, al mismo tiempo –cuestiones de orden interno, como el haber proporcionado informaciones incorrectas sobre el lanzamiento de la candidatura de Sergio Massa por fuera del oficialismo- también contribuyeron al deterioro de las relaciones respecto de Stiuso.
Por ese entonces la Argentina ya comenzaba a tener dificultades económicas, fundamentalmente en el sector externo. La caída de los precios internacionales de los productos primarios afectó a nuestro país y la falta de divisas se hacía evidente. El gobierno creyó que podía obtenerlas restableciendo vínculos con los mercados financieros internacionales, a pesar de las críticas que la Presidenta les venía formulando en foros internacionales. En ese camino se pagaron varios juicios que teníamos ante el CIADI; se acordó el pago al Club de París de una deuda que veníamos arrastrando desde mucho tiempo atrás; se negoció el pago –sin reparar en los denunciados “daños ambientales”- de una indemnización a REPSOL por la nacionalización de YPF. La “frutilla del postre” era lograr que los reclamos, ante la justicia norteamericana, de los bonistas que no habían entrado en los canjes (2005/2010) fueran aplazados. Ello dependía de que la Suprema Corte de los Estados Unidos aceptara una apelación argentina. El fallo negativo (junio 2014) fue un duro golpe a la estrategia del gobierno argentino. El no-pago de sentencias anteriores, dictadas por el juez Thomas Griesa de Nueva York, hizo que la Argentina entrara en un “default selectivo”.
El gobierno argentino endureció su posición. Buscó y logró diversas apoyaturas internacionales para sus denuncias contra ese tipo de fondos. Llevó el tema hasta la Asamblea General de las Naciones. En todos los foros logró significativos apoyos. Ello, obviamente no benefició su posición respecto al sionismo-imperialismo. Debemos tener presente que Paul Singer, uno de los principales “fondos buitre” es un reconocido financiador del sionismo y los sectores más reaccionarios de los Estados Unidos.
En medio de estas controversias Argentina fortaleció sus vínculos con Rusia y China. Con esta última, los acuerdos comerciales y financieros de corto y largo plazo le están permitiendo a nuestro país sobrellevar la compleja situación que atraviesa. Así es, por ejemplo, como los swaps (un intercambio de divisas: pesos por moneda china que puede cambiarse por dólares) con China contribuyen a mantener un buen nivel de reservas en el Banco Central. Las inversiones y actividades chinas en sectores claves (hidrocarburos, transporte, represas, minería) implican una nueva relación estratégica que privilegia estos vínculos sobre los tradicionales con los Estados Unidos.
Esto fue colocando progresivamente a nuestro país en una vereda distinta al bloque de las potencias occidentales.
Fortaleciendo esa misma tendencia, en el reciente mes de diciembre, la Presidenta ordenó cambios en la conducción de la Secretaría de Inteligencia, donde colocó a Oscar Parrilli, un funcionario de su más absoluta confianza. Ello derivó en una “limpieza” que dejó afuera a Jaime Stiuso –después de 42 años– del aparato oficial de inteligencia.
Este conjunto de elementos dan sustento al “combo” que explica la “molestia” de los países occidentales respecto a la actual política internacional de nuestro país.
Atentado de París - Las horrendas dudas sobre su autoría y la actitud del gobierno argentino
Arranca el presente año con un contexto internacional donde encontramos a Estados Unidos procurando redefinir su política exterior y adecuando su situación militar a las nuevas condiciones. Con Francia como principal aliado y colocando los mayores esfuerzos en encontrar la forma de contrarrestar la creciente influencia china. Sabe que además de Ucrania, en Europa, es en el Medio Oriente donde hoy se despliegan las principales estrategias. Luego del fracaso en Siria, por los vetos de Rusia y China en el Consejo de Seguridad y por la resistencia encontrada al interior de ese país, está repensando su estrategia. En ella, ese extraño engendro llamado Estado Islámico tiene un rol importante, al igual que las denominadas “células dormidas” de Al Qaeda.
En ese marco, se produjo en París, el 7 de enero, el ataque a la revista satírica Charlie Hebdo, con un saldo de 19 muertos (12 de ellos periodistas que integraban la redacción de dicho medio).
Diversos factores intervienen para que se produzcan este tipo de situaciones. Componentes religiosos, económico-sociales y geopolíticos deben ser considerados a la hora de analizar ese hecho.
La condena fue universal. Solo lo aplaudió el Estado Islámico, esa extraña fuerza en cuya preparación, fortalecimiento y acciones hay fuertes y naturales sospechas de que estrategias norteamericanas e israelíes algo que tienen que ver.
El mundo que emergió de la Segunda Guerra Mundial, el mundo de la Guerra Fría, fue el reino de la bipolaridad. Estados Unidos y la Unión Soviética fueron sus protagonistas. En términos generales el resto se alineaba en alguno de los bandos de esos grandes decisores universales, en función de las “áreas de influencia” acordadas en Yalta, al final de aquella guerra.
Luego vino la implosión de la Unión Soviética, se impuso la unipolaridad estadounidense y la creencia occidental de que ese momento sería eterno.
Pero las aberraciones culturales e históricas, la injusticia sobre la que estaba construida y la propia crisis del sistema capitalista –en el que se sustenta– hicieron que se abrieran paso manifestaciones de multipolaridad. Otros actores comenzaron a pesar y viejas reivindicaciones de todo tipo ocuparon el escenario mundial.
Ahora el “enemigo” no era uno y fácil de identificar. Para sostener sus intereses y mantener su hegemonía Estados Unidos alimentó conflictos y desató guerras. Junto a sus aliados de la OTAN invadió y ocupó territorios. Algunos casos fueron: Irak, 1990 y 2003; Somalia, 1993 y 2002; Yugoslavia, 1995 y 1999; Sudán, 1998; Afganistán, 1998 y 2001; Pakistán y Yemen 2002; Libia, 2011. Solo en Irak hubo más de un millón de muertos. En muchos de esos casos se enarboló la bandera de la democracia y los derechos humanos como causal que justificara la intervención. Se le incorporaba otro “guión” que parecía un libreto que el Presidente George Bush puso al servicio de aquellas intervenciones militares. Se trata de lo sostenido en los 90 por el filósofo Samuel Huntington, en el sentido que los futuros enfrentamientos estarían sustentados –más que en problemas ideológicos o entre estados– en un “choque de civilizaciones”. Según esa idea, ahora las cuestiones religiosas se irían instalando en el centro de muchos conflictos.
Para el decadente occidente, el islam se fue transformando en una poderosa fuente de confrontaciones. Para evitar un choque directo nada mejor que tomar compromisos con las fuerzas islámicas. Esto se hizo bajo distintas formas, ya sea promoviendo alguna de sus formas de organización o exaltando sus propias contradicciones, en este último caso aprovechándose de las históricas diferencias entre entre sunnitas y chiitas. Así fue como apoyaron a Bin Laden y su Al Qaeda, cuyo poder luego tratarían de debilitar. En tiempos más cercanos están apoyando al Estado Islámico, y lo utilizan para sus propios fines respecto a Siria e Irán, aunque temen por su desarrollo futuro.
De todos estos elementos se alimenta esto que suele denominarse “extremismo islámico”. Es uno de los modos que utiliza, la estrategia sionista y norteamericana, para producir hechos o atentados de “falsa bandera” (operación encubierta para ser atribuida a quienes no son sus responsables), que sirven a sus intereses. Esta es la principal lógica para entender lo ocurrido en París cuando recién se iniciaba el año.
Este hecho, definido por las usinas comunicacionales como “un atentado contra la libertad de prensa” y producido en París, la “capital de los derechos humanos”, debería tener un efecto notable. Así fue y en lo que puede considerarse como “una explotación del objetivo” se hizo la gigantesca Marcha de París. Marcha que fue transmitida de forma permanente y en directo por los canales de televisión argentinos.
Si bien las informaciones sobre la cantidad de participantes no son coincidentes, no caben dudas que se trató de una movida imponente, numéricamente hablando. No parece exagerada la apreciación de muchos periodistas en el sentido que se trató de una marcha tan o más importante que la realizada con motivo del fin de la ocupación de París por parte de los nazis, en la Segunda Guerra Mundial. Se habla de 1,5 a 3 millones de franceses, en su inmensa mayoría, legítimamente preocupados por su futuro. Son parte de una sociedad acorralada por una pinza de la que no logran zafar. La crisis económica cuyo final es un horizonte al que no pueden llegar y los riesgos de una violencia cuya causa no logran descifrar aunque una creciente islamofobia les hace creer que tiene que ver con la creciente presencia de inmigrados musulmanes. Esto último, aunque negado en el discurso oficial, está omnipresente en la vida cotidiana. Ello llega a tal punto que una novela -“Sumisión”- que salió a luz el mismo día de los atentados ironiza con la ficción de un Presidente musulmán para el año 2022.
Si lo dicho vale para la mayoría de un pueblo que -altivo en su gesto y temeroso en su alma- se movilizó el domingo 18 de enero, no puede decirse lo mismo de la cabecera de dicha movilización. Allí primó la hipocresía de la dirigencia de una cincuentena de estados. Allí estaban las máximas autoridades de varios estados integrantes de la OTAN y responsables de miles y miles de asesinatos en varias intervenciones armadas contra pueblos diversos. Dejando en claro el modo en que se usa una vara diferente para medir las muertes si se trata de víctimas occidentales o de otros pueblos. Tampoco faltaron aquellos que ocupan sillones presidenciales, en países emergentes de lo que se conocía como el Tercer Mundo, que fueron electos en “democracias a la occidental” después de haber aceptado las reglas de juego impuestas por esas invasiones militares o dominaciones imperiales.
La foto de esa cabecera –publicada por el diario Le Monde– la muestra fuera de la movilización, ajena al pueblo allí presente y “para la galería”. Ella es una muestra y símbolo de esa contradicción.
En la decadencia del occidente desarrollado, en la miseria y el dolor de sentirse violados e invadidos –que los pueblos musulmanes sometidos padecen cotidianamente– se encuentra el campo fértil para reclutar las desesperaciones juveniles que alimentan al “terrorismo” que cínicamente dicen combatir.
Es por eso que la mayoría de la dirigencia de la Marcha de París está manchada con sangre.
Hizo bien la Presidenta, si lo ordenó, en no permitir que el Canciller asumiera la representación del país en la misma. Aunque después de la muerte de Nisman, la propia Presidenta aludió a su presencia.
Pero los hechos de París no se agotaron en esa marcha y la muerte de quienes habrían sido sus ejecutores.
Mientras tanto, adolescentes de algunas escuelas del París suburbano pobladas por hijos de inmigrantes pobres provenientes de países musulmanes, se negaron a rendir homenaje a las víctimas; el Papa Francisco sostuvo que las religiones merecen respeto –ya que forma parte del respeto que merecen las personas que las practican y las naciones que las asumen– y que “no se puede insultar la fe de los demás” y los redactores sobrevivientes de la masacre a la revista Charlie Hebdo sacaron un número extra, del que sostienen haber vendido 7 millones de ejemplares, con una imagen nuevamente satírica de Mahoma que, en nuestro país, acompañó vergonzosamente –en una reciente edición– la Revista Noticias.
Mientras todo eso acontece trascienden algunas informaciones que provocan horror. Se trata de opiniones en algunos casos, afirmaciones y pruebas en otros, sobre los responsables del atentado realizado en París.
Julian Assange -el fundador de Wikileaks- refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, quien diera a publicidad comunicaciones oficiales que afectan a muchos estados y dirigentes, proporciona algunos detalles que es bueno tener presente. Assange afirma que Francia tiene responsabilidad, por acción u omisión, en el atentado. Por omisión, por la escasa o nula eficacia preventiva. Lo más grave es que plantea que es posible que los servicios franceses dieran protección a los atacantes para facilitar el ataque. Lo explica en el hecho de que ello legitimaría sus escandalosas intervenciones en Libia, Siria y otros lugares.
Para la francesa Red Voltaire y el diario norteamericano McClatchy, los hermanos Kouachi, responsabilizados por las autoridades francesas del ataque, fueron reclutados por el francés David Drugeon, miembro de los servicios de inteligencia franceses. En noviembre de 2014 la cadena norteamericana Fox News anunciaba la muerte de David Drugeon con motivo de ataque con drones, en Siria, reivindicando que trabajaba para los servicios secretos franceses.
Paul Craig Roberts, un conservador norteamericano de 75 años quien fuera Subsecretario del Tesoro en la Administración Reagan, lo ocurrido en París fue una operación de “falsa bandera” destinada a fortalecer el dominio norteamericano sobre Francia y ponerle cuerpo a la amenaza terrorista. Sostiene que el documento perteneciente a uno de los “Kouachi”, encontrado “casualmente” en el lugar de los hechos, confirma la perspectiva en el sentido que la responsabilidad atribuida a los “islámicos” Kouachi está fundada en una mentira que los “pueblos occidentales estúpidos van a creer”.
El Presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía ha hecho responsable al MOSSAD. Es un dato a tener en cuenta, a pesar de que dicho presidente no sea santo de nuestra devoción por reprimir al pueblo turco y a los revolucionarios kurdos del PKK.
Entre nosotros, la periodista Stella Calloni, autora de un irrebatible trabajo sobre el “Plan Cóndor” en nuestra región, sostiene que es común que las potencias occidentales apelen a estos mecanismos. Ella nos recuerda que hace pocas semanas la Corte Penal Internacional aceptó la participación de Palestina en su seno, con el voto afirmativo de Francia. Situación que es un problema para Israel, por las denuncias que lloverán sobre ese Estado. Según Calloni esta podría ser una “devolución de favores” al estado francés por haber apoyado esa decisión. Quienes niegan el rol del imperialismo en el mundo, y ridiculizan con el mote de “teorías conspirativas” cualquier análisis que vincule las disputas dentro de un país con las grandes disputas geopolíticas, deberían revisar sus posiciones, especialmente si políticos y analistas de tan diversas filiaciones ideológicas han planteado la posibilidad de un atentado de “bandera falsa”.
Todo lo anterior lleva a reflexionar sobre el hecho de que lo que se denomina “terrorismo islámico” está en gran parte controlado por las grandes potencias occidentales que lo utilizan al servicio de sus intereses.
Independientemente de si el lector se convenció de que los servicios secretos actuaron por omisión o acción en el atentado de París, hay algo que es innegable: el atentado fue aprovechado por los gobiernos de los países que manejan el mundo. No es muy atrevido pensar que el “atentado de París” y los hechos que lo rodean fueron un detonante para la producción de diferentes acciones posteriores. En este punto ya señalamos algunas de ellas, sucedidas en Francia, inmediatamente después del atentado. Pensamos que lo desencadenado pocos días después en nuestro país con las denuncias y muerte de Nisman, no es totalmente ajeno a ese atentado.
La extraña denuncia del fiscal Nisman y su no menos extraña muerte
Este marco internacional profundiza lo que ya venía aconteciendo con el cambio de conducción en la Secretaría de Inteligencia.
Ese “combo” hizo que los jugadores locales de un ajedrez cuyas piezas se mueven desde otros lugares, tuvieran que acelerar jugadas. Esto explica la oportunidad en que el fiscal Nisman solicitara –en plena feria judicial– la citación a indagatoria de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del Canciller Héctor Timerman y otros ciudadanos argentinos, acusándolos de encubrimiento del atentado a la AMIA.
Los vínculos de Nisman con la Embajada de los Estados Unidos son conocidos. Nisman era indiscutiblemente un agente de intereses extranjeros; era un funcionario traidor con todas las letras.
La importancia de esos atentados para la política de los Estados Unidos lo da el hecho que, según los cables de Wikileaks, hay 196 cables –muchos de ellos “secretos” o “clasificados”– intercambiados entre la Embajada de Buenos Aires y el Departamento de Estado de EEUU, vinculados a esos acontecimientos. Allí están las pruebas sobre la relación de los intereses estadounidenses con el Fiscal Nisman. La investigación sobre dichos cables le permite afirmar a Santiago O´Donnell, autor de “Argenleaks” y “Politileaks” que “Nisman le anticipaba dictámenes a la Embajada, que inclusive los mandaba a corregir, y él los corregía. En los Wikileaks también hay registros de los pedidos de disculpas de Nisman a la embajada norteamericana por no anticipar determinados movimientos”.
Respecto a Stiuso, tampoco caben dudas de sus vínculos con la MOSSAD y los servicios estadounidenses (CIA y FBI). El propio Nisman no ocultaba el hecho de que las informaciones sobre la “pista iraní” se las proporcionaba Stiuso, a quien se las hacían llegar servicios de inteligencia extranjeros.
Es por ello que el encubrimiento sobre el atentado a la AMIA se produjo por parte del propio Fiscal, que tomó como propias las informaciones de estos servicios. Todas ellas estaban fundadas en el famoso coche-bomba que habría explotado en la puerta de acceso de la AMIA, conducido por un autoinmolado yihadista del Hezbollah, quien respondía a directivas del Estado de Irán. Información que se corresponde con el “guión” elaborado desde el inicio por los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Dicha “prueba” fue cuestionada inclusive por las primeras informaciones proporcionadas por la Policía y la Gendarmería.
La inconsistencia de las pruebas llega al punto de que la mayor parte de las investigaciones periodísticas (Salinas, Levinas, Lanata-Goldman) descartan las pruebas sobre la “pista iraní”. Un conocido opositor al gobierno, Jorge Lanata, publicó en la revista Perfil de noviembre de 2006 que “en las 113.600 fojas del expediente usado por Nisman para acusar no hay nada”.
A la hora de calibrar las razones de este exabrupto judicial hay que recordar que según la acusación del Fiscal Nisman los objetivos prácticos del “encubrimiento” serían: poner fin a las “circulares rojas” (el instrumento que tiene INTERPOL para detener sospechosos), que impiden a los iraníes acusados salir de su país a cambio de una mejora en el comercio bilateral. Las “circulares rojas” siguen vigentes y Argentina nunca pidió su levantamiento. Si bien es cierto que en el “punto 7” del Memorándum de Entendimiento se decía: “Este acuerdo, luego de ser firmado, será remitido conjuntamente por ambos cancilleres al Secretario General de Interpol en cumplimiento a requisitos exigidos por Interpol con relación a este caso”. En lo que respecta al comercio con Irán, efectivamente creció, pero ello ocurrió antes del 2012 y la firma del mencionado Memorándum. Nisman trabajaba con información provista por servicios, que muy probablemente estuvieron implicados en el atentado o por lo menos en su encubrimiento. Su interés estaba en que la responsabilidad de los mismos cayese en Irán, u otro de los estados enemigos de los yankis e Israel. Nunca tuvo interés en investigar nada.
Esta saga de acontecimientos no terminó con la acusación de Nisman, producida el 15 de enero. El domingo 18 apareció muerto, con un tiro en la cabeza, en el baño de su departamento.
Su muerte ocurrió en una de las Torres de Puerto Madero. Un barrio hermético, supuestamente seguro, donde residen poderosos –de todo tipo– en una mezcla que haría las delicias del autor de “Cambalache”.
Si el lugar es llamativo, la forma en que aconteció el hecho también lo es. El arma, aparentemente usada, traída por un subordinado; rastros del disparo que no se encuentran en las manos del difunto; puertas y entradas llamativamente fáciles de abrir; custodios que poco custodian; funcionarios de roles ambiguos que rápidamente dicen que fue “suicidio”. En fin… detalles detectivescos que pululan por las pantallas televisivas y los comentaristas de todo tipo que poco aclaran y mucho oscurecen.
Todo lo dicho sobre el lugar y la forma podría ser menor si no tuviéramos en cuenta la oportunidad en la que muere este “personaje”. Fue un domingo y al día siguiente debía concurrir al Congreso para presentar las pruebas sobre las cuales se asentaba la denuncia sobre la Presidenta, el Canciller y un grupo de personas acusadas de encubrimiento del atentado a la AMIA. El diario La Nación aceptó en una nota titulada “Según juristas, a la acusación de Nisman le costará probar el delito” que la denuncia es insostenible. Naturalmente, la oposición igual aprovecha para golpear al gobierno.
La muerte del Fiscal, inédito acusador de la Presidenta, fue la que no solo potenció al hecho investigado, sino que transformó su muerte en una cuestión internacional de primer orden. La denuncia en sí no hubiese tenido demasiado efecto si el fiscal no estuviese muerto. Llamativas miradas internacionales se posaron sobre nuestro gobierno, desacreditando al Estado Argentino por su supuesta responsabilidad, por acción u omisión, sobre ese hecho. Los principales diarios del mundo y diversas organizaciones se hicieron eco –críticamente– de esta muerte. El Secretario General de las Naciones Unidas ha ofrecido colaboración técnica para investigarlo. Estados Unidos han solicitado una “investigación completa e imparcial”. Desde el Estado de Israel llovieron críticas.
Desde el punto de vista de la política interna de nuestro país no quedan dudas de que lo acontecido incomoda al gobierno. Más allá de lo que luego se pueda determinar, es indudable que en el imaginario colectivo se trata de un hecho delictivo del cual el gobierno difícilmente pueda “despegarse” totalmente.
Parece que estamos asistiendo a una “operación de inteligencia” pero… ¿qué es una operación de inteligencia? Se trata de acciones desarrolladas principalmente por Estados que tienen por objetivo producir hechos que parecen haber sido llevados a cabo por otros. Esta muerte y los propios atentados, publicitariamente muy usados aunque escasamente investigados, forman parte de esas “operaciones de inteligencia”, que obviamente no solo involucran a los agentes de inteligencia.
Es por eso que, por la envergadura de los actores más importantes y más allá del “éxito” de la tarea judicial, es posible pensar que descifrar la verdad es una perspectiva que difícilmente podamos ver.
Las diferentes y contradictorias apreciaciones que tuvo la Presidenta sobre la forma en que se produjo la muerte de Nisman ejemplifican el nivel de confusión en el que se mueve el gobierno. Sin embargo el contexto de sus últimas presentaciones parece asomarse a la complejidad de responsabilidades que aquí se señalan, aunque insiste en que no se puede pensar en su encubrimiento dada las múltiples denuncias y acciones en contra del Estado de Irán.
Ideas para seguir
Vemos la necesidad de analizar algunas informaciones y reflexionar sobre las mismas para evitar que sean los enemigos de nuestro pueblo los que nos digan qué pasó, qué tenemos qué pensar y hacer.
Sí tenemos muchas preocupaciones.
Ellas nacen de un hecho fundamental: Las agencias imperialistas, sus voceros y propaladores pagos, ingenuos o “idiotas útiles” contribuyen a moldear un pensamiento funcional a quienes nos someten con el objetivo de disciplinar nuestros comportamiento y tener mejores condiciones para profundizar el saqueo y la explotación.
Nos preocupa el hecho de que la muerte trágica del Fiscal Nisman sea utilizada para reivindicarlo. La tragedia humana no modifica el hecho de que fue un agente al servicio de un “guión” elaborado desde las usinas imperialistas, uno de cuyos objetivos fue el encubrimiento sobre un atentado que debía investigar.
Nos preocupa la islamofobia, una forma de racismo, que se está instalando. Las diferentes culturas merecen todo nuestro respeto. Es lamentable que se las denigre cuando de su seno nacen fuerzas antiimperialistas que procuran luchar contra el sistema de dominación.
Nos preocupa y nos alarma la denuncia contra militantes populares como Yussuf Khalil, Fernando Esteche y Luis D’Elía. Vemos dicha acusación como una advertencia al conjunto de la militancia que se viene manifestando en oposición al sionismo y al imperialismo por la reiteradas masacres y genocidios que practican. En el marco de las llamadas políticas antiterroristas que el imperio despliega, dichas acusaciones se constituyen en una “espada de Damocles” sobre la militancia popular. La vigencia de la Ley Antiterrorista, elaborada por el FMI, es uno de los instrumentos legales que tiene el Estado para esos fines.
Nos preocupa que la situación en la que estamos sea la antítesis de las certezas que –desde hace más de dos décadas- reclaman los familiares de las víctimas. Además, lamentablemente, hay sectores del campo popular que han hecho propia las posiciones de nuestros enemigos, sectores que se centran en un análisis y políticas puntuales escapando al problema de fondo, mientras se ignora el ataque a militantes del campo popular.
La corrupción, mentiras y encubrimientos que rodearon a las presuntas investigaciones han ocupado el lugar de la verdad. Sólo cuando el pueblo recupere la plenitud de su soberanía éstos y otros hechos semejantes podrán ser investigados y habrá una inteligencia al servicio de esa soberanía.
Argentina está metida en un berenjenal de difícil solución. Una auténtica salida, aunque de muy difícil realización, es recuperar el derecho a decir y sostener la verdad. Eso supone poner en cuestión lo “investigado” desde el inicio, incluida –obviamente- la autoría de los atentados. De lo contrario la verdad seguirá oculta entre los escombros de la Embajada y la AMIA. El país seguirá pendiente de enfrentamientos en los que no tiene decisión y de injerencias que violan nuestra soberanía y que, desde el principio, obstruyeron las posibilidades de una real investigación, colocándose en el papel de víctimas y contribuyendo al encubrimiento de lo ocurrido.
Ello seguirá así mientras la política continúe subordinada a las encuestas y los asesores de imagen ocupen el lugar de los estadistas.
Esperamos que cada compañero, desde su lugar de militancia, elabore las propuestas y modos de acción más eficaces para responder a estas provocaciones que van contra los intereses de la inmensa mayoría de los argentinos.
Firman este artículo: Roberto Perdía, Carlos Aznárez, Héctor Carrica, Norman Briski, Vicente Zito Lema y Facundo Guillén

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

24-06-2013 ¿Un nuevo ciclo de luchas populares? Atilio A. Boron Rebelión Las grandes manifestaciones populares de protesta en Brasil demolieron en la práctica una premisa cultivada por la derecha, y asumida también por diversas formaciones de izquierda -comenzando por el PT y siguiendo por sus aliados: si se garantizaba “pan y circo” el pueblo –desorganizado, despolitizado, decepcionado por diez años de gobierno petista- aceptaría mansamente que la alianza entre las viejas y las nuevas oligarquías prosiguieran gobernando sin mayores sobresaltos. La continuidad y eficacia del programa “Bolsa Familia” aseguraba el pan, y la Copa del Mundo y su preludio, la Copa Confederación, y luego los Juegos Olímpicos, aportarían el circo necesario para consolidar la pasividad política de los brasileños. Esta visión, no sólo equivocada sino profundamente reaccionaria (y casi siempre racista) quedó hecha añicos en estos días, lo que revela la corta memoria histórica y el peligroso autismo de la clase dominante y sus representantes políticos a quienes se les olvidó que el pueblo brasileño supo ser protagonista de grandes jornadas de lucha y que sus períodos de quietismo y pasividad alternaron con episodios de súbita movilización que rebasaron los estrechos marcos oligárquicos de un estado apenas superficialmente democrático. Basta recordar las multitudinarias movilizaciones populares que impusieron la elección directa del presidente a comienzos de los años ochentas; las que precipitaron la renuncia de Fernando Collor de Melo en 1992 y la ola ascendente de luchas populares que hicieron posible el triunfo de Lula en el 2002. El quietismo posterior, fomentado por un gobierno que optó por gobernar con y para los ricos y poderosos, creo la errónea impresión de que la expansión del consumo de un amplio estrato del universo popular era suficiente para garantizar indefinidamente el consenso social. Una pésima sociología se combinó con la traidora arrogancia de una tecnocracia estatal que al embotar la memoria hizo que los acontecimientos de esta semana fueran tan sorpresivos como un rayo en un día de cielos despejados.La sorpresa enmudeció a una dirigencia política de discurso fácil y efectista, que no podía comprender -y mucho menos contener- el tsunami político que irrumpía nada menos que en medio de los fastos futboleros de la Copa Confederación. Fue notable la lentitud de la respuesta gubernamental, desde las intendencias municipales hasta los gobiernos estaduales y el propio gobierno federal. Opinólogos y analistas adscriptos al gobierno insisten ahora en colocar bajo la lupa estas manifestaciones, señalando su carácter caótico, su falta de liderazgo, la ausencia de un proyecto político de recambio. Sería mejor que en lugar de exaltar las virtudes de un fantasioso “posneoliberalismo” de Brasilia y de pensar que lo ocurrido tiene que ver con la falta de políticas gubernamentales hacia un nuevo actor social, la juventud, dirigieran su mirada hacia los déficits de la gestión gubernativa del PT y sus aliados en un amplio abanico de temas cruciales para el bienestar de la ciudadanía. Plantear que las protestas fueron causadas por el aumento de 20 centavos de real en el transporte público de Sao Paulo es lo mismo que, salvando las distancias, afirmar que la Revolución Francesa se produjo porque, como es sabido, algunas panaderías de la zona de la Bastilla habían aumentado en unos pocos centavos el precio del pan. Confunden estos propagandistas el detonante de la rebelión popular con las causas profundas que la provocan, que dicen relación con la enorme deuda social de la democracia brasileña, apenas atenuada en los últimos años del gobierno Lula. El disparador, el aumento en el precio del boleto del transporte urbano, tuvo eficacia porque según algunos cálculos para un trabajador que gana apenas el salario mínimo en Sao Paulo el costo diario de la transportación para concurrir a su trabajo equivale a poco más de la cuarta parte de sus ingresos. Pero esto sólo pudo desencadenar la oleada de protestas porque se combinaba con la pésima situación de los servicios de salud pública; el sesgo clasista y racista del acceso a la educación; la corrupción gubernamental (un indicador: la presidenta Dilma Rousseff ha echado a varios ministros por esta causa), la ferocidad represiva impropia de un estado que se reclama como democrático y la arrogancia tecnocrática de los gobernantes, en todos sus niveles, ante las demandas populares que son desoídas sistemáticamente: caso de la reforma de la previsión social, o de la paralizada Reforma Agraria o los reclamos de los pueblos originarios ante la construcciones de grandes represas en la Amazonía. Con estas asignaturas pendientes, hablar de “posneoliberalismo” revela, en el mejor de los casos, indolencia del espíritu crítico; en el peor, una deplorable sumisión incondicional al discurso oficial. A la explosiva combinación señalada más arriba hay que sumar el creciente abismo que separa al común de la ciudadanía de la partidocracia gobernante, incesante tejedora de toda suerte de inescrupulosas alianzas y transformismos, que burlan la voluntad del electorado sacrificando identidades partidarias y adscripciones ideológicas. No por casualidad todas las manifestaciones expresaban su repudio a los partidos políticos. Un indicador del costo fenomenal de esa partidocracia –que resta recursos al erario público que podrían destinarse a la inversión social- está dado por lo que en Brasil se denomina el Fondo Partidario, que financia el mantenimiento de una maquinaria meramente electoralista y que nada tiene que ver con ese “príncipe colectivo”, sintetizador de la voluntad nacional-popular del que hablara Antonio Gramsci. Un solo dato será suficiente: a pesar de que la población exige infructuosamente mayores presupuestos para mejorar los servicios básicos que hacen a la calidad de la democracia, el mencionado fondo pasó de distribuir 729.000 reales en 1994 a la friolera de 350.000.000 de reales en el 2012, y está por acrecentarse aún más en el curso de este año. Esa enorme cifra habla con elocuencia del hiato que separa representantes de representados: ni los salarios reales ni la inversión social en salud, educación, vivienda y transporte tuvieron la prodigiosa progresión experimentada por una casta política completamente apartada de su pueblo y que no vive para la política sino que vive, y muy bien, de la política, a costa de su propio pueblo. ¿Eso es todo? No, hay algo más que provocó la furia ciudadana. El exorbitante costo en que incurrió Brasilia a cuenta de una absurda “política de prestigio” encaminada a convertir al Brasil en un “jugador global” en la política internacional. La Copa del Mundo de la FIFA y los Juegos Olímpicos exigirán enormes desembolsos que podrían haber sido utilizados más provechosamente en solucionar añejos problemas que afectan a las clases populares. Hubiera sido bueno que se recordara que México no sólo organizó una sino dos Copas del Mundo en 1970 y 1986, y los Juegos Olímpicos de 1968. Ninguno de estos grandes fastos convirtió a México en un jugador global de la política mundial: pero aún, sirvieron para ocultar los problemas reales que irrumpirían con fuerza en la década de los noventas y que perduran hasta el día de hoy. Según la ley aprobada por el congreso brasileño la Copa del Mundo dispone de un presupuesto inicial de 13.600 millones de dólares, que seguramente aumentará a medida que se acerque la inauguración del evento, y se estima que los Juegos Olímpicos demandarán una cifra aún mayor. Conviene aquí recordar una sentencia de Adam Smith, cuando decía que “lo que es imprudencia y locura en el manejo de las finanzas familiares no puede ser responsabilidad y sensatez en el manejo de las finanzas del reino.” Quien en su hogar no dispone de ingresos suficientes que garanticen la salud, la educación y una adecuada vivienda para su familia no puede ser elogiado cuando gasta lo que no tiene en una costosísima fiesta. La dimensión de este despropósito queda graficado, como observa con perspicacia el sociólogo y economista brasileño Carlos Eduardo Martins, cuando compara el costo del programa “Bolsa Familia”, 20.000 millones de reales, con el que devoran los intereses de la deuda pública: 240.000 millones de reales. Es decir, que en un año los tiburones financieros de Brasil y del exterior, niños mimados del gobierno, reciben como compensación a sus tramposos préstamos el equivalente doce planes “Bolsa Familia” por año. Según un estudio de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, en el año 2012 el desembolso por concepto de intereses y amortizaciones de la deuda pública insumió el 47.19 por ciento del presupuesto nacional; por contraposición, se le dedicó a la salud pública el 3.98 por ciento, a la educación el 3.18 por ciento y a l transporte el 1.21 por ciento. Con esto no se quiere disminuir la importancia del programa “Bolsa Familia” sino de resaltar la escandalosa gravitación de la sangría originada por una deuda pública-ilegítima hasta la médula- que ha hecho de los banqueros y especuladores financieros los principales beneficiarios de la democracia brasileña o, más precisamente, de la plutocracia reinante en el Brasil. Por eso tiene razón Martins cuando observa que la dimensión de la crisis exige algo más que reuniones de gabinete y conversaciones con algunos líderes de los movimientos sociales organizados. Propone, en cambio, la realización de un plebiscito para una reforma constitucional que recorte los poderes de la partidocracia y empodere de verdad a la ciudadanía; o para derogar la ley de auto-amnistía de la dictadura; o para realizar una auditoría integral sobre la turbia génesis de la escandalosa deuda pública (como hizo Rafael Correa en el Ecuador). Agrega también que no basta con decir que el 100 por ciento de los royalties que origine la explotación del enorme yacimiento petrolero del Pre-Sal serán dedicados, como lo declaró Rousseff, a la educación, en la medida en que no se diga cuál será la proporción que el estado captará de las empresas petroleras. En Venezuela y Ecuador el estado retiene por concepto de royalties entre el 80 y el 85 por ciento de lo producido en boca de pozo. ¿Y en Brasil quién fijará ese porcentaje? ¿El mercado? ¿Por qué no establecerlo mediante una democrática consulta popular? Como puede colegirse de todo lo anterior, es imposible reducir la causa de la protesta popular en Brasil a una eclosión juvenil. Es prematuro prever cual será el futuro de estas manifestaciones, pero de algo estamos seguros. El “¡Que se vayan todos!” de la Argentina del 2001-2002 no pudo constituirse como una alternativa de poder, pero por lo menos señaló los límites que ningún gobierno podría volver a traspasar so pena de ser derrocado por una nueva insurgencia popular. Más aún, las grandes movilizaciones populares en Bolivia y Ecuador demostraron que sus flaquezas y su inorganicidad -como las que hoy hay en Brasil- no le impidieron tumbar a gobernantes que sólo solo lo hacían a favor de los ricos. Las masas que salieron a la calle en más de cien ciudades brasileñas pueden tal vez no saber adónde van, pero en su marcha pueden acabar con un gobierno que claramente eligió ponerse al servicio del capital. Brasilia haría muy bien en mirar lo ocurrido en los países vecinos y tomar nota de esta lección que presagia crecientes niveles de ingobernabilidad si persiste en su alianza con la derecha, con los monopolios, con el agronegocios, con el capital financiero, con los especuladores que desangran al presupuesto público de Brasil. La única salida a todo esto es por la izquierda, potenciando no en el discurso sino con hechos concretos, el protagonismo popular y adoptando políticas coherentes con el nuevo sistema de alianzas. No sería exagerado pronosticar que un nuevo ciclo de ascenso de las luchas populares estaría dando comienzo en el gigante sudamericano. Si así fuera lo más probable sería una reorientación de la política brasileña, lo cual sería una muy buena noticia para la causa de la emancipación de Brasil y de toda Nuestra América. * Una versión resumida de esta nota salió publicada en la edición dominical de Página/12, del 23 de Junio del corriente año. Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.